Gustavo Sierra Prieto es un abogado especializado en derecho penal. En dos épocas fue alto funcionario del DAS. La primera entre 1987 y 1997. La segunda entre junio de 2006 y febrero de 2009. Su último cargo fue subdirector de Análisis de la Dirección Nacional de Inteligencia. El pasado 25 de octubre, en procura de que se le aplique el principio de oportunidad dentro del escándalo de las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales, le contó a la Fiscalía cómo trabajaba el DAS para informar a la Casa de Nariño sobre los opositores políticos del Gobierno.
Sierra Prieto reveló que a comienzos de 2006, el entonces director del DAS, Andrés Peñate, ordenó la realización de una reunión llamada “Revista de Documentos”, que semanalmente, con la participación de altos funcionarios del organismo, elaboraba análisis de tipo político, internacional, de defensa y económicos, que tenían como destino, inicialmente la Secretaría General de la Presidencia, y con el paso de los días, varios ministerios, el alto comisionado de Paz y algunos de los principales consejeros de la sede presidencial.
Los trabajos estaban relacionados con los opositores del Gobierno, es decir, el Polo Democrático y el Partido Liberal, así como también análisis sobre la Corte Suprema de Justicia. Para hacerles llegar a los altos funcionarios de Palacio los reportes se utilizó un sistema llamado “Valija”, que fue copiado de la CIA de Estados Unidos, y que consistía en trasladar los documentos en un sofisticado maletín con varias claves, que era llevado a la Casa de Nariño por una agraciada detective que no conocía el contenido de los informes.
Como soporte de sus declaraciones, el abogado Sierra Prieto entregó algunos de estos reportes, en los cuales se advierte, por ejemplo, cómo eran los movimientos de la senadora Piedad Córdoba en Venezuela o México, y sobre qué hablaba en sus distintas informaciones públicas. Igual metodología se utilizaba respecto a los movimientos del senador del Polo Democrático Gustavo Petro, y los informes también incluyeron reportes sobre Wilson Borja Díaz, el periodista Carlos Lozano y el senador del Polo Alexánder López.
Según Sierra, el sistema de la valija se mantuvo durante la administración de María del Pilar Hurtado, de Joaquín Polo y de Felipe Muñoz. Pero el declarante enfatizó que cuando muchas de estas informaciones estaban en manos del ex director, Andrés Peñate, le ordenaba a su jefe de prensa que difundiera parte de estos documentos a los medios de comunicación con el fin de neutralizar las intenciones de los políticos o, por ejemplo se buscara relacionar a la congresista Piedad Córdoba con las actividades de las Farc.
En la declaración, Sierra recalcó que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado exigía a sus subalternos información constante del senador Gustavo Petro y del director del periódico Voz, Carlos Lozano, porque según ella el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, les pedía esa información. En particular, la ex directora del DAS ordenaba que se difundieran a través de los medios de comunicación reportes que dejaban entrever alguna relación del periodista con las Farc para desprestigiarlo públicamente.
En otros apartes de la declaración, que ayer fue difundida por La FM, se expresa que desde la administración de Andrés Peñate se comenzó a pedir información desde la Casa de Nariño sobre la Corte Suprema de Justicia, resaltándose que era muy importante para el Gobierno, “sobre todo si se trataba del primo del presidente, Mario Uribe”. En otra ocasión, el día que se presentó la diligencia judicial del presidente Uribe con el magistrado Valencia Copete, se pidió la hoja de vida del jurista y de su abogado. Y añadió, el abogado Sierra Prieto, que en otra oportunidad, el asesor de María del Pilar Hurtado, llamado Jaime Polanco, quien siguió trabajando en el DAS después de la salida de ésta, pidió la hoja de vida del abogado Ramiro Bejarano. “Eso fue en febrero de 2009 porque la estaba necesitando el director, y preguntó si había alguna información de las ‘chuzadas’ a la embajada norteamericana en el gobierno de Samper, porque según él, Bejarano tenía algo que ver ahí, y también con la fuga de un extraditable de las instalaciones del DAS”.
Sierra expresó que, sin embargo, él le dijo que no tenía ninguna información al respecto. En cambio, comentó que todos los fines de semana se le enviaban dossieres al consejero presidencial, Miguel Peñaloza, para que los tuviera en cuenta durante los consejos comunales del presidente Uribe. Estos reportes, con ocho días de anticipación, identificaban quiénes iban a ir al evento, qué manifestaciones en contra se pretendía, para que de esta manera el Gobierno pudiera tener la información necesaria y preparar previamente su defensa.
De manera individual, en sobres de manila de color anaranjado, sin firma ni logotipo alguno que identificara al DAS, se enviaban análisis con destinatarios identificados por sus iniciales: BM correspondía a Bernardo Moreno; Vpresid, al vicepresidente; ACPP, al alto comisionado para la Paz; LAH, a Luis Alfonso Hoyos, de Acción Social; JME a Jorge Mario Eastman. Los destinatarios expresaban su complacencia porque la información sobre los opositores políticos era muy útil para sus diferentes actividades.
Interrogado Sierra Prieto sobre si lo sucedido con los opositores del Gobierno o los magistrados de la Corte era normal en el DAS, según su experiencia, este contestó que en otras épocas se hacían análisis de los políticos, tanto de los opositores como del Gobierno, pero que cuando volvió al organismo en 2006, encontró unas directrices de Andrés Peñate de que los análisis políticos tuvieran un énfasis marcado en la oposición. Y así continuó en la administración de María del Pilar Hurtado, cuando el énfasis fue la Corte Suprema de Justicia.
Redacción Judicial EL ESPECTADOR
