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miércoles, 9 de marzo de 2011

Testigo del plagio en Vichada cuenta cómo fue la liberación

En entrevista con Caracol Radio, Roger Bertel, uno de los 23 empleados de la empresa contratistaSouth Exploration America (SAE) que fueron secuestrados el lunes en Vichada, dijo que el secuestro comenzó a la 1:15 p. m., mientras algunos de los empleados estaban descansando, jugando dominó o durmiendo.

Indicó que los secuestradores eran cuatro mujeres y dos hombres.

“Nos llevaron arriba pa un monte. Nosotros estábamos vestidos en pantaloneta y chanclas, ninguno esperaba ese momento, no nos dejaron que nos colocáramos los overoles”, dijo.

Aseguró además que los soldados asignados a la seguridad se encontraban a cien metros del campamento en el que estaban los trabajadores. En un descuido, los guerrilleros ingresaron al campamento “por un lado”.

“Ellos (los soldados) estaban reunidos como a cien metros de distancia y ellos (los guerrilleros) se metieron por un lado… Porque así ellos (los soldados) se mantenían jugando parqués y mirando películas. Dijeron los mismos guerrilleros: 'Nosotros tenemos días de estar viendo el movimiento de que (sic) ellos se la pasan es jugando'”, aseguró.

Bertel aseguró que los guerrilleros no les dieron comida, ni agua. “No comida ni agua ni nada. Pero el trato si fue bien, pa qué, antes nos decían que calmados”, señaló.

El trabajador aseguró que fue la guerrilla la que los dejó en libertad, pues sólo querían a un topógrafo que llevaba varios meses trabajando en la zona.

“Ellos (los guerrilleros) decían que querían una persona de más cargo, de más rango. Entonces dijeron que era el topógrafo. Y dijeron si nos acosan con helicópteros, entonces de ahí depende la vida del topógrafo. Pero si la tropa nos sigue, de pronto a ese señor lo liberamos hoy o mañana”, aseguró Bertel.

Según el testigo, el objetivo de las FARC sólo era enviar un mensaje.

El hombre aseguró: “Nosotros llegamos solos, solos, sin nadie que nos fueran a buscar. Obviamente que ellos nos mandaron y nos dijeron váyanse tranquilos para su casa que no les pasa nada”.

La versión del comandante de las fuerzas militares

Entre tanto, el comandante de las fuerzas militares, almirante Édgar Cely, en diálogo con la misma cadena radial, reconoció que los secuestradores nunca se encontraron con las fuerzas militares, pero reiteró que sí hubo rescate gracias a la presión y el bloqueo que lograron hacerles a los guerrilleros. Cely fue enfático en decir que todo se hizo con mucho "sigilo" y "silencio", razón por la cual los plagiados no habrían escuchado sus labores.

El almirante Cely reiteró que no hubo combates, ni explosiones en la labor del rescate, pero que sí se logró hacer un cerco militar que si bien no hizo que los secuestradores se sintieran “asfixiados”, sí logró presionarlos.

“La tropa va avanzando durante toda la noche y esto va generando una presión”, señaló Cely a Caracol Radio.

El almirante Cely dijo que cuando un indígena que había sido secuestrado logró escaparse y contar los hechos, se organizó un operativo con la sección que estaba en la zona y luego se agregó un pelotón, aproximadamente unos 45 hombres, y “arrancó la persecución, pero hay que tener en cuenta que se tenía una desventaja de unas horas”.

Dijo también que a diferencia de cómo caminan las FARC, este grupo de secuestrados deja una marca, “y se va haciendo el seguimiento y se van acercando, eso es lo que pasó por tierra, es una operación que se hace con muchísimo sigilo, sin levantar ningún tipo de señal, para proteger las vidas de quienes están secuestrados”.

El comandante de las fuerzas militares aseguró que para el operativo en la parte aérea se ordenó que un avión Caravan, un aparato que mide la irradiación de calor, volara por el área para una ubicación desde el espacio del grupo.



viernes, 4 de marzo de 2011

"Ecuador jamás apoyará intervención armada en Libia"

El presidente Rafael Correa afirmó este jueves que Ecuador jamás apoyará una intervención armada en Libia y dijo que le molesta “la doble moral internacional” aplicada en el caso libio.

En declaraciones al canal de televisión Telemar, el mandatario ecuatoriano respondió a consultas sobre la crisis en Libia y respecto a Irán, con el cual Ecuador mantiene estrechas relaciones.

“Nosotros jamás vamos a apoyar una intervención armada en Libia, y sobre la decisión de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, ellos tendrán sus razones ... Molesta la doble moral internacional, porque toda sanción contra Israel es bloqueada por Estados Unidos (en ese Consejo). Israel también ha atentado contra los derechos humanos”, dijo Correa.

Aseveró que “mientras haya esa doble moral internacional, qué difícil es confiar en esas instituciones”.

Sobre las consecuencias de la crisis en Medio Oriente, Correa opinó que “pueden cerrarse oportunidades (comerciales) no solo con Libia, (sino) con Egipto, con Túnez, con todos”.

Consultado si Ecuador apoyaba una condena de la comunidad internacional a países que Estados Unidos considera que apoyan actos terroristas, entre ellos Irán, Correa respondió con una alusión al ex presidente estadounidense George W. Bush.

“Ponemos como condición que antes de condenar a cualquier país como terrorista, que lleven a Bush a la Corte Penal Internacional, ¨quién ha producido más muertes que Bush?, ¨digan quien ha producido más muertes que Bush?, que ha masacrado centenas de miles de personas en Irak”.

Ecuador e Irán han estrechado notablemente sus relaciones desde que Correa, que se define como cristiano de izquierda, llegó al poder en enero del 2007, incluso con mutuas visitas de los mandatarios de cada país.

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/ecuador-jamas-apoyara-intervencion-armada-en-libia-correa-12461


El Ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos para construir en bases colombianas

El senador Jorge Enrique Robledo le solicitó al ministro de Defensa que explicara por qué el ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos por más de 12 millones de dólares para hacer construcciones en bases militares colombianas, algunos de los cuales se firmaron luego de que la Corte Constitucional declarara inaplicable el tratado que permitía a las fuerzas estadounidenses usar y adecuar al menos 7 bases.

De acuerdo con la información publicada por el gobierno de Estados Unidos, en septiembre de 2010, entidades militares norteamericanas firmaron contratos por casi cinco millones de dólares para construir instalaciones en las bases colombianas de Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. Entre otros, hay uno firmado el 30 de septiembre por el Departamento de Defensa con la empresa HCS Group, por un valor de USD $185.681.00, cuyo objeto es prestar servicios para un “centro de operaciones de una base avanzada del Comando de Operaciones Especiales para el Sur, en Tolemaida” (“SOCSOUTH ADVANCE OPERATION BASE CENTER AT TOLEMAIDA BASE, COLOMBIA”).

El senador Robledo explicó que la finalidad de estos contratos es la misma que la del tratado que tumbó la Corte Constitucional. Señaló que no sería raro que Juan Manuel Santos, al igual que lo intentó hacer como ministro de Defensa, violara la Constitución para permitir que las fuerzas armadas estadounidenses se instalen en el territorio nacional.

Se anexa el texto de la carta.

Bogotá, 26 de enero de 2011.

Doctor RODRIGO RIVERA Ministro de defensa Ciudad

Ref.: Solicitud de información.

Atento saludo,

De acuerdo con información publicada por el gobierno de Estados Unidos, el Ejército estadounidense ha firmado más de 126 contratos por USD $12.362.907,63, para ser ejecutados en el territorio colombiano, especialmente en las bases de Tolemaida, Málaga y Larandia. Por esta razón, de manera respetuosa solicito a Usted la siguiente información:

1. ¿Cuál es el número de personal militar y civil estadounidense que hace presencia en Colombia en cumplimiento de cada uno de los acuerdos de asistencia técnica y militar firmados con Estados Unidos? Favor especificar si se trata de personal militar o civil, y las empresas privadas a las que pertenecen estos últimos. Sírvase indicar el mínimo de tiempo de estadía requerido para que el personal militar sea contabilizado en estos acuerdos.

2. ¿Cuál es el presupuesto militar que el gobierno colombiano dispone para la aplicación de estos acuerdos?

3. ¿Qué zonas del país tienen o han tenido en los últimos dos años presencia militar o civil norteamericana en desarrollo de estos acuerdos? ¿Cuáles brigadas, fijas o móviles, han recibido apoyo o asistencia militar estadounidense en ese período, tales como inteligencia, equipos, armamento y entrenamiento?

4. ¿Cuál es la participación colombiana y estadounidense en el financiamiento de estos acuerdos?

5. ¿Favor informar en detalle cuál es la presencia militar y la ayuda financiera de los Estados Unidos en la base aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la base aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el fuerte militar de Tolemaida, Nilo; el fuerte militar Larandia, Florencia; la base aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; Base naval ARC Bolívar en Cartagena; Base naval ARC Málaga en Bahía Málaga?

6. ¿A quién y cuándo se ha rendido informes sobre el desarrollo de estos acuerdos? Favor remitir copia de los mismos.

7. Según datos publicados por el Gobierno de los Estados Unidos, en cumplimiento del Federal Funding Accountability and Transparency Act, el 30 de septiembre de 2010 el Ejército de Estados Unidos firmó un contrato con la empresa HCS Group, P.C. por un valor de USD $185.681.00. En la orden de trabajo que se adjunta, aparece que el objeto del contrato es la prestación de servicios para un “centro de operaciones de una base avanzada del Comando de Operaciones Especiales para el Sur, en Tolemaida” (“SOCSOUTH AOB [Advance Operation Base] OPERATIONS CENTER AT TOLEMAIDA BASE, COLOMBIA”) Favor explicar en detalle cuál es el objeto de este contrato y remitir un informe sobre su ejecución. ¿Bajo qué fundamento jurídico Estados Unidos hace construcción militar en las bases militares en Colombia? Explique los acuerdos y sus términos para el uso de y acceso a esta construcción por parte de fuerzas de Estados Unidos después de concluida la construcción.

8. De acuerdo con información sobre el gasto público de Estados Unidos, publicada en los portales usaspending.gov y ffata.org, los contratos que se incluyen en el listado que se anexa han sido celebrados por el Ejército de Estados Unidos para ser ejecutados en Colombia. Favor informar cuál es el objeto de cada uno de estos contratos, si los mismos ya se han ejecutado y cuáles son los fundamentos legales que permiten su contratación y ejecución. Se anexa un listado de los contratos y adjunto un CD con la información de las páginas de internet.

Favor explicar en detalle cuál es el objeto de estos dos contratos y remitir un informe sobre su ejecución. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que permiten la ejecución de estos contratos en el territorio colombiano?

9. Favor remitir un informe que describa en detalle las actividades de construcción y modernización que en los dos últimos años se han realizado en las bases militares colombianas y que se han financiado con recursos de Estados Unidos o donados por este país. Favor especificar el monto de cada una de las actividades y los fundamentos jurídicos que permiten su ejecución.

La presente solicitud se fundamenta en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

Jorge Enrique Robledo Senador

http://www.moir.org.co/A-pesar-del-fallo-de-la-corte.html




La guerra en el Cauca

El miedo domina por estos días a los caucanos. Los ataques de la guerrilla en diferentes zonas del departamento aumentan con el paso de los días y la respuesta de las autoridades pareciera no ser suficiente para contener las acciones de los violentos. En los últimos cinco días, seis ataques, emboscadas y hostigamientos se han presentado en el departamento del Cauca.

La racha comenzó el sábado 26 de febrero, con la muerte de un uniformado durante el ataque de un reducto de las Farc al puesto de Policía de Caldono, otra tierra con nombre de guerra. Dos días después, en la misma localidad, el patrullero Róbinson Osorio perdió la vida, luego de que miembros de esa guerrilla lanzaran una granada contra las instalaciones del Concejo Municipal.

Ese mismo día, en López de Micay, un lanchero y un suboficial murieron cuando las Farc cargaron una lancha con artefactos explosivos y la hicieron estallar en momentos en que pasaba por un puesto de control de la Infantería de Marina.

Pasaron sólo 24 horas antes de que la guerrilla atacara de nuevo. Esta vez en el nororiente caucano, en una zona no muy diferente donde habitan los indígenas Nasa, en el resguardo de Huellas (Caloto). Un helicóptero que llevaba dinero con destino al Banco Agrario fue asaltado en tierra, dejando cuatro policías y dos civiles muertos.

Cerca de $250 millones se transportaban ese día en la aeronave. La entrega del dinero al banco era coordinada por Nidier González, el auxiliar operativo de una empresa de valores. Su padre, don Javier González , recuerda que la última vez que vio a su hijo fue el domingo. El martes a mediodía recibió la noticia a través de una emisora local. “Le insistí tres veces a su celular, pero nunca me contestó”, dice su voz lenta y apagada, mientras a su espalda los amigos despiden a su hijo.

Javier Fernández, indígena de la comunidad Nasa y representante del resguardo de Huellas Caloto, vive cerca a la cancha de fútbol donde se perpetró el atraco al helicóptero. Estaba dentro de su casa cuando sonaron los disparos. Por instinto se lanzó al suelo para evitar ser alcanzado por las balas. “Cuando salí, ya estaban los cuerpos tirados”, recuerda aún con la zozobra de seguir viviendo en una zona de la que sólo queda un pueblo fantasma: “Habitualmente aquí en Caloto a las 9 de la noche uno salía al parque y encontraba gente por ahí recochando, pero ahora las calles están solitarias”.

La historia de ataques al Banco Agrario es sorprendente. El 15 de septiembre de 2009, las Farc detonaron un artefacto explosivo en la sede del Banco en Corinto. “Iban por $200 millones y sólo se llevaron $1 millón en monedas”, dicen los titulares de prensa de esa época. En abril de 2010, esa misma sede despertó con sus instalaciones destruidas.

A todos estos ataques se sumaron el miércoles dos hostigamientos más de la guerrilla en los municipios de Silvia y Santander de Quilichao, hechos que por fortuna no dejaron víctimas mortales.

La guerra en el Cauca se debate entre el narcotráfico, el control territorial y la minería ilegal, tal como lo denunció el propio gobernador del Cauca: “Nosotros estamos siendo asediados por una minería ilegal que está haciendo a través de esas actividades lavado de activos y que fuera de eso está contaminando el ambiente. Existen 60 retroexcavadoras”.

En 2010, por estos mismos meses, el frente 30 de las Farc, que opera en la zona, tuvo más de 14 enfrentamientos con miembros del Batallón José Hilario López del Ejército, lo cual perturbó la tranquilidad de los pobladores de Jambaló, Mondomo, Toribío, Caldono, Cajibío, Miranda, El Tambo, Corinto, Inzá y Caloto, municipios declarados en alerta temprana por los actos de alteración al orden público.

El Cauca se convierte en una zona difícil de interpretar. Tras el asalto al helicóptero en Caloto, el gobernador del departamento, Guillermo Alberto González, advirtió que existía una “alianza maldita entre bacrim, guerrilla y narcotraficantes. Esa es una zona por donde circulan múltiples caminos, en donde hay tráfico de marihuana, una de altísimo valor que se produce en la parte alta de Corinto, más la coca que circula por toda la parte de más arriba”.

Pero la guerra no termina ahí. En Popayán, la capital caucana, hasta hace unos días circularon panfletos firmados por ‘Los Rastrojos’, que decían: “Los niños buenos se acuestan temprano, los malos los acostamos nosotros”, haciendo alusión a una serie de personas señaladas de consumir drogas, pertenecer a pandillas o ejercer la prostitución. Pocos días después aparecieron asesinadas tres mujeres en la Comuna Cinco y seis jóvenes en la Comuna Siete, según denunció la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

Ante la arremetida de los violentos, que parecen estar ensañados con el Cauca, el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, aseguró ayer que se intensificaron las operaciones ofensivas en el departamento, específicamente en Caloto y Caldono. “Las Farc están delinquiendo en pequeños grupos, de igual manera la Fuerza Pública se ha adecuado en números lógicos para combatirlos”, dijo el alto oficial.


Elespectador.com Elespectador.com

Bacrim son un reto mayúsculo para Colombia, señala EE. UU.

Estados Unidos alertó sobre los peligros que representan las llamadas bacrim o bandas criminales para la lucha contra las drogas en Colombia. Esas organizaciones, que surgieron de la alianza entre narcos y antiguos 'paras', son ahora un "reto mayúsculo" para las autoridades en el país.

En el informe anual sobre la lucha contra el narcotráfico, que el presidente Barack Obama entregó al Congreso de ese país, el Departamento de Estado destaca que las bandas "compiten y colaboran" en el comercio de droga con las Farc.

El informe las señala de corromper a funcionarios públicos -menciona el caso de Ramiro Antury, un abogado militar que fue arrestado por pasarle información a la organización 'los Rastrojos'- y de haber desatado una ola de violencia que se ha expandido a las principales ciudades.

El informe también alerta sobre el litoral Pacífico colombiano y sugiere expandir operaciones navales y de guardacostas en esa zona, donde se han concentrado los intereses de bandas, guerrilla y narcos.

Al hacer su evaluación, el Departamento de Estado destaca que la producción de coca en el país viene en descenso desde hace dos años y que esta tendencia también es evidente en el reporte de la ONU.

En el 2009, recuerda EE. UU., se presentó una disminución del 3 por ciento de los cultivos en comparación con el 2008 (de 19.000 a 16.000), y dice que la producción potencial de coca pura ha caído en un 61 por ciento desde el 2001. En el 2010, agrega, Colombia erradicó 146.000 nuevas hectáreas de coca y decomisó 226 toneladas métricas del alcaloide.

El informe menciona que las metas de erradicación manual previstas para el 2010 (70 mil hectáreas) no se pudieron cumplir (se erradicaron 45 mil) y constituye una caída frente a las 61.000 que se destruyeron en el 2009.

El Departamento de Estado atribuye este descenso a "retrasos en la entrega de fondos, preocupación por las condiciones de seguridad y la dispersión de la coca a cultivos más pequeños".

El Departamento de Estado sugiere que se deben proporcionar recursos adicionales al Plan Nacional de Consolidación, con el fin de mejorar la seguridad, desarrollar infraestructura y crear oportunidades económicas en regiones que históricamente han estado en manos de terroristas y criminales.

En ese sentido, destaca las propuestas del gobierno de Juan Manuel Santos, que busca ligar el Plan de Consolidación con la reforma de la Ley de Tierras.

El informe también sostiene que el Gobierno debe asegurarse de que los fondos que se entregan para la erradicación manual no sufran interrupciones y de mantener el declive en producción y en cultivos de coca.

Insuficientes esfuerzos de Bolivia, Venezuela y Perú

EFE. EE. UU. también valora lucha antidrogas en Ecuador, pero critica la de Bolivia y Perú, que se han consolidado como segundo y tercer mayores productores de cocaína. El Departamento de Estado considera los esfuerzos de ambos países como insuficientes. El informe también define como "inadecuada" la cooperación venezolana y la sitúa entre las principales naciones utilizadas para el tránsito de drogas, por aire, mar y tierra.

www.eltiempo.com

ONU: Bandas criminales son el principal impulsor del terror en Colombia

Las nuevas bandas criminales fueron el principal impulsor del terror en Colombia y provocaron un incremento del 40 por ciento de las masacres en 2010, según la ONU, que, al tiempo, destacó avances en las políticas de derechos humanos desde que Juan Manuel Santos asumió la Presidencia.

Éstas son algunas de las conclusiones del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presentado hoy en Bogotá y en el que se evidencia que, si bien el conflicto armado sigue siendo uno de los mayores generadores de violencia, las nuevas bandas se presentan como la mayor amenaza.

El representante en Colombia de la ONU, Christian Salazar, dijo que estos grupos, también denominados ‘bacrim’ por el gobierno, cometieron "homicidios, amenazas, extorsiones, actos de violencia sexual y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos".

Salazar consideró "particularmente preocupante" el aumento del 40 por ciento de las masacres el año pasado, la mayoría a manos de estas bandas.

Para el funcionario, estas organizaciones, nacidas a partir de la desmovilización en 2006 de las AUC, tienen "elementos de continuidad" con los antiguos paramilitares.

"Muchos mandos medios de las AUC tomaron posiciones clave en estos nuevos grupos", dijo, al expresar que alrededor del 50 por ciento de los actuales jefes provienen de los escuadrones de la muerte.

Para Salazar, "el móvil fundamental es la obtención de lucro económico" y por ello "ejercen control social y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada", aunque "sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política".

"Son la principal amenaza al estado de derecho y a los Derechos Humanos en Colombia", remarcó, para precisar que son además los causantes de la mayoría de las masacres perpetradas en 2010.

Aclaró que sus víctimas son líderes sociales, defensores de los derechos humanos, funcionarios públicos, indígenas y aquellos que simplemente se niegan a colaborar o solicitan la restitución de las que tierras que les habían usurpado.

Asimismo, alertó del uso de niños y adolescentes en actividades delictivas, incluido el sicariato, y también por la violencia sexual contra las mujeres en este contexto de conflicto.

Salazar también informó hoy de que, según los datos aportados por la Fiscalía General y los recabados por su propia oficina, las ejecuciones extrajudiciales practicadas en su mayoría por el Ejército en los últimos años se elevarían a 3.000.

"El 89 por ciento de todos los casos que conocemos se produjo en ese lapso, de 2004 a 2008", matizó en alusión a la mitad del mandato de Uribe, quien gobernó entre 2002-2010.

El representante de la ONU se refirió así al escándalo de los ‘falsos positivos’: civiles asesinados por el Ejército y presentados como muertos en combate para justificar éxitos en la confrontación armada.

Aclaró que "las sentencias dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas, como habían sostenido algunos políticos y militares", y dejó clara la falta de colaboración de la Justicia militar.

"Ante las ejecuciones cometidas por la Fuerza Pública es imperativo que el Estado colombiano avance en los procesos judiciales (...) para esclarecer en el menor tiempo posible todas las denuncias", insistió Salazar.

En definitiva, el Alto Comisionado consideró que "el panorama de los derechos humanos durante 2010 se caracterizó por una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras que contrastan con la persistencia de serias violaciones en las diferentes regiones".

En ese sentido, reconoció el nuevo "clima político" impulsado por el gobierno de Santos, traducido "en una mejora significativa de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial y con las organizaciones de derechos humanos".

Salazar mencionó la Ley de Víctimas y el hecho de que el Gobierno mantuviera "firme su posición de no excluir a las víctimas de agentes del Estado" frente a la imposibilidad de sacar adelante esa legislación durante la gestión de Uribe.

También valoró la Ley de Tierras, por la que se espera devolver dos millones de hectáreas a despojados; pero ahí llamo la atención porque, a su juicio, ese proceso debe ir acompañado de medidas de protección.

EFE


Descartan que las FARC actúen en Chile junto a los indígenas mapuches

Así lo afirmaron el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcos Vásquez, y el general director de Carabineros en funciones, Gustavo González, al comparecer este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Ambos sostuvieron que no existe información fidedigna que permita acreditar que las FARC participan en los disturbios que se registran con cierta frecuencia en la región de la Araucanía.

En cambio, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha opinado en diversas ocasiones que sí existen indicios para vincular a las FARC con activistas mapuches.

El director general de la PDI (cuerpo civil) sostuvo que "si bien en alguna oportunidad se ha detectado a personas extranjeras, algunas españolas o francesas que han andado por los sectores, no se puede decir que sean personas que pertenezcan a alguno de estos grupos".

Por su parte, el responsable de Carabineros (cuerpo militarizado) indicó que, tras las indagaciones de los servicios especializados, resulta "delicado" afirmar que las FARC actúan en el sur de Chile "si no se tienen los antecedentes bastante concretos sobre esta materia".

"Puede que alguna persona se refiera a una situación de esta naturaleza porque en la zona se ha detectado gente que no corresponde a la etnia mapuche, más bien a extranjeros; pero no es factible sindicar a un país determinado respecto de esta materia", concluyó.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó en diciembre una resolución que declara a las FARC como organización terrorista y expresa su "repudio" a supuestos nexos entre la guerrilla y organizaciones sociales o partidos políticos chilenos.

Con ello, los diputados hacían alusión al Partido Comunista de Chile (PC). Según han informado medios locales, en un documento interno, la Fiscalía General de Colombia acusó a siete miembros de esa formación de participar y apoyar actividades de las FARC.

EFE