Colombia Y Chile: ¿El ‘eje del bien’ en la región?

A pesar de ser escrita hace ya 10 meses, creo que esta columna de opinión tiene mucha actualidad.

Como es ya sabido, el nuevo presidente de Chile y toda su coalición de gobierno, profesan desde hace tiempo una gran admiración por el mandatario colombiano Álvaro Uribe, quien como buen político de derecha, no se cansa de hacer pública su incomodidad ante temas como: la democracia, el pluralismo político, la institucionalidad (que sostiene la democracia) y los Derechos Humanos.

La pregunta que podemos hacernos es ¿Cómo se materializará esta afinidad político-ideológica después del 11 de marzo?

A nivel interno, ya Sebastian Piñera, anunció que adoptará el modelo de los informantes colombianos, quienes en la práctica serán ojos y oídos (sapos) de las autoridades en zonas con altos niveles de criminalidad. Lo que al parecer no sabe el actual mandatario de Chile, es que el modelo de los informantes en las ciudades de Colombia ha sido un completo fracaso, ya que la delincuencia organizada, la criminalidad y el narcotráfico han aumentado sostenidamente durante los últimos 3 años. Llevando al gobierno colombiano a incluir como informantes a los vigilantes privados, taxistas y estudiantes universitarios. Este modelo solo funcionó en zonas rurales, contra la guerrilla, y por lo general los informantes son desertores de la guerrilla o delincuentes que ante la posibilidad de hacer dinero y blanquearse jurídicamente, optaron por prestar “servicios a la patria”.

Lo que preocupa es que no es claro y no creo que lo sea, cuáles serán los criterios para la escogencia de los informantes ¿serán simpatizantes de la UDI o RN? ¿Un comunista puede ser informante?, ¿qué beneficios recibirán y que tipo de delitos o delincuentes deben delatar? Estas preguntas debieran ser resueltas antes de implementar dicho programa, ya que se corre el riesgo de generar cacerías de brujas, aumentar desconfianzas y romper manifestaciones de cooperación y solidaridad entre vecinos, en poblaciones marginadas y con profundos problemas socio-económicos, ya que al igual que en Colombia, no se quiere entender que la delincuencia es un efecto directo y no causa, de la marginalidad y la desigualdad. Y nuevamente a un problema de tipo social se le dará una respuesta policial.

Por otro lado, Colombia dejará su ostracismo regional, ya que no volverá a estar solo en los espacios de integración regional y sub-regional. Al igual que Uribe, el nuevo mandatario chileno también es muy amigo de los Estados Unidos y piensa que Venezuela es una especie de basilisco que va contra los valores occidentales que ambos presidentes encarnan: el libre mercado, la democracia restringida, la familia, el catolicismo, la propiedad privada y la moral protestante. En este sentido debiera esperarse una pronta cooperación en términos de lucha contra el terrorismo, es decir, Chile declarará como organizaciones terroristas a las FARC y el ELN (cosa que ningún gobierno de la región ha hecho, salvo Perú) e iniciará una persecución inmediata contra aquellos que militen o simpaticen desde Chile con esas organizaciones (obviamente desde la oposición). Ojalá dicha persecución no tenga como base los mágicos computadores de Raúl Reyes. Esta nueva alianza posibilitará la vieja aspiración colombiana de destacar agentes de inteligencia en sus sedes diplomáticas, con el fin de rastrear actividades “terroristas contra Colombia” (estigmatización preventiva), es decir, marchas, foros y cualquier evento académico o social que critique las políticas del actual gobierno.

En lo económico debe esperarse una profundización de esta relación, que en el año 2009 hizo que Chile fuera el primer socio comercial de Colombia en la región y que Colombia se convirtiera en el quinto destino a nivel mundial de capitales chilenos.

Ojalá la opinión pública chilena se dé a la tarea de conocer los altos costos que para la sociedad, la democracia y las instituciones han tenido en Colombia las “exitosas políticas” que en materia de seguridad ciudadana y Derechos Humanos ha aplicado la administración Uribe, y que seguramente Sebastian Piñera importará desde ese país andino.

Reapareció ‘Gabino’ con mensaje del ELN y habla de "una propuesta de paz"

http://www.youtube.com/watch?v=hU2Gd3ue3zU

CONFLICTO ARMADO. En un video subido a Youtube, Nicolás Rodríguez le dice al Gobierno que tiene “el reto de ofertar al país un camino hacia la paz, pues el mandato constitucional así lo establece”. Estas son sus declaraciones.
En un video recién colgado en la página de Youtube, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, comandante del Ejército de Liberación Nacional, expresó la voluntad del grupo guerrillero de abrir “un diálogo de paz”. “Que Colombia cuente con el ELN para una propuesta de paz que nos deje justicia social y una verdadera democracia”, dice el jefe guerrillero al final del comunicado.

“Hoy, más que nunca, la paz es una exigencia para el país”, comienza diciendo en tono pausado, mientras lee un comunicado de más de tres páginas ante las cámaras. El jefe guerrillero, quien es uno de los cinco integrantes del Comando Central, recuerda que durante algunos de los gobiernos anteriores hubo acercamientos con la guerrilla para buscar una salida negociada al conflicto armado. Sin embargo, aseguró que en las últimas elecciones la paz pasó a un segundo plano.

“Ocho años de guerra contrainsurgente bajo la figura de la Seguridad Democrática pesaron y seguirán pesando en el diseño de las políticas de la elite gobernante”, dijo. Alias ‘Gabino’, quien luce envejecido, le envió un mensaje al gobierno de Juan Manuel Santos: “Le decimos que tiene el reto de ofertar al país un camino hacia la paz, pues el mandato constitucional así lo establece.

La insurgencia existe por unas causas sociales económicas y políticas que los gobiernos no han querido transformar. A ese camino de transformaciones es al que la insurgencia llama construcción de paz y para ese propósito siempre estaremos dispuestos a dialogar”, dice. No obstante califica el acuerdo de “Unidad Nacional”, propuesta de Gobierno de Santos, como limitado y “burgués”, y en su lugar propone “retomar la construcción de un camino de paz con la participación de todos los colombianos”. Y al Congreso le dijo: “El parlamento debe estar abierto a escuchar al conjunto del movimiento social discutir los problemas del país, y no ser la manguala que ha entregado el país a la corrupción, las mafias y el paramilitarismo”.

Para el efecto, el ELN aduce que el camino podría ser “el proceso de convención nacional, ya que nos permitirá convocarnos a todos los colombianos a discutir los problemas, recrear y construir democracia participativa y además diseñar caminos de futuro. Todo ese proceso podría concluir con una Asamblea Constituyente”.

Alias ‘Gabino’ también le hizo un llamado al Polo Democrático, le dijo que su creación junto a las de otros movimientos de izquierda generaron expectativas que no se podían dejar “decaer”, y, por el contrario, “hay que revitalizarlas abogando por la unidad del campo popular y democrático, levantando y ampliando las bases programáticas para una nueva Colombia”, dijo. Agradeció a la Iglesia y a quienes han participado en los procesos de paz anteriores. “Hoy la paz es una exigencia. Solo la suma de voluntades la hará posible”, reiteró. Al final, el jefe del grupo guerrillero asegura que no tiene nada que ver con el narcotráfico y que respeta el Derecho Internacional Humanitario.

El comunicado del ELN se da meses después de que Alfonso Cano, jefe máximo de las FARC, le hubiera enviado un mensaje al Gobierno en el que también mostró su disposición a hablar de paz, bajo algunas condiciones.

Fuente: http://www.semana.com/noticias-nacion/reaparecio-gabino-mensaje-del-eln-habla-propuesta-paz/146751.aspx

¿VUELA DE NUEVO EL CÓNDOR?

Ante la captura de Manuel Olate por parte de autoridades chilenas por el requerimiento de extradición del Estado colombiano, quien lo acusa de ser el enlace en Chile de las FARC, cabe hacer las siguientes reflexiones:

1- Esta detención hace parte de la renovada cooperación binacional en materia de seguridad que se presentara entre Santiago y Bogota. Dos gobiernos con profundas coincidencias político-ideológicas (de derecha y neoliberales), una especie de “neoconservadores latinoamericanos”, alineados con la cruzada que libran los Estados Unidos contra “el terrorismo internacional”.

En este sentido, es una práctica común de estos gobiernos la satanización y penalización de todas aquellas expresiones sociales y políticas que cuestionen o confronten públicamente los valores occidentales que defienden (libre mercado, democracia representativa, “la familia” y el catolicismo). En el caso colombiano los enemigos internos son: la oposición política de izquierda (PDI), las ONG´S defensoras de Derechos Humanos, los indígenas del Departamento del Cauca y los sindicatos. En el caso chileno la Coordinadora mapuche Arauco-Malleco, los grupos anarquistas y últimamente hasta la dirigencia de la Asociación Nacional de Futbol Profesional.

2- La captura y posible extradición de Olate a Colombia, cumple un efecto disuasivo ya que envía un claro mensaje a todas aquellas personas y organizaciones chilenas que directa o indirectamente manifiesten alguna simpatía por organizaciones político-militares.

Por otro lado, si Chile accede a entregar a Olate a la justicia colombiana, se mostraría como un país que coopera irrestrictamente con la justicia internacional y juega un papel activo en la lucha contra el terrorismo, como quedo demostrado con el caso del pakistaní, lo que también puede servir como mecanismo de presión contra el gobierno argentino, que al no extraditar a Chile a Galvarino Apablaza, se muestra como un gobierno cómplice o encubridor.

Solo resta esperar el fallo de la justicia chilena, pero lo que queda claro es que situaciones como la de Olave se repetirán en el corto y mediano plazo.

La defensa de derechos humanos en 75 días del gobierno Santos

Informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos advierte que la situación sigue crítica y tiende a empeorar.

El pasado lunes fue asesinado por sicarios en el municipio de Manaure el líder social Juan Carlos Arredondo Lozada, miembro del movimiento indígena wayuu y fundador del Polo Democrático en La Guajira. El miércoles, en el barrio Obrero de Apartadó (Antioquia) fue baleado Fernando Enamorado, líder campesino de la Asociación de Víctimas y Restitución de Tierras y Bienes en la región. Dos hechos que corroboran la actual situación de amenaza que afrontan los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos en el país, pese al “nuevo lenguaje” y a las buenas intenciones expresadas por el gobierno Santos.

Según el informe ‘Las palabras y los hechos: los primeros 75 días del gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de la defensa de los derechos humanos’, elaborado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (ver recuadro) y presentado este miércoles en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 22 activistas, un periodista y un juez murieron durante los primeros dos meses y medio del nuevo mandato.

El documento señala que si bien se ha implementado un nuevo acercamiento y despliegue de acciones para acercarse a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y se ha propuesto una ley de tierras y de reparación a las víctimas, la realidad de vulneración de líderes sociales y comunitarios, sindicalistas, periodistas, indígenas, afros, de las organizaciones de mujeres y reclamantes de tierras, sigue siendo crítica y, en algunos casos, parece mostrar tendencia a incrementarse.

El informe, conocido por El Espectador, advierte además que “la falta de una estrategia adecuada y eficaz para enfrentar y desmantelar estructuras económicas, políticas y militares del narcoparamilitarismo evidencia que éste comienza a poner en riesgo los propósitos del Gobierno relacionados con la restitución de tierras y la reparación a las víctimas, generando dudas sobre la efectividad de la misma”.

Asimismo, señala que “tampoco se conocen medidas eficaces para combatir la impunidad en la que se encuentran crímenes graves contra los derechos humanos, y permanecen los obstáculos que han impedido la verdad y la sanción de crímenes cometidos en los años recientes, tales como los relacionados con la parapolítica, las ejecuciones extrajudiciales, la yidispolítica y las persecuciones ordenadas por el DAS”.

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos cree también que “la falta de imparcialidad e independencia de los actuales candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General, así como la ausencia de medidas para garantizar la eficacia de los procesos de juzgamiento de crímenes en que están implicados miembros de las Fuerzas Armadas y la continuidad en la dirección del DAS de Felipe Muñoz, impiden avanzar en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos en este período”. Y concluye el informe: “Si el Gobierno no toma medidas eficaces para enfrentar las causas de esas violaciones, la realidad de las mismas continuará su tendencia de seguir inmune a las palabras y los buenos propósitos expresados”.

En sus líneas iniciales, el documento expresa que “los anuncios de desarmar la palabra han sido bien acogidos por la sociedad colombiana y la comunidad internacional, sobre todo después de los ocho años de brutales persecuciones, asesinatos, campañas de desprestigio y acoso por parte del anterior gobierno y sus agencias de inteligencia”, dice.

Seguidamente —con nombres y fechas— se hace una reseña de todos los casos de asesinatos, amenazas y otro tipo de agresiones físicas que desde el pasado 7 de agosto, día de inicio del gobierno Santos, se han realizado contra defensores de derechos humanos, líderes de comunidades indígenas, sindicalistas, periodistas, madres comunitarias y miembros de la comunidad LGBT.

Por ejemplo, se incluyen casos de presuntos ‘falsos positivos’, como el asesinato de Jenny Narveiz (14 años), Jimmy Ferney (9 años) y Jeferson Guiovanny Torres Jaimes (6 años), en Arauca, hecho por el cual están siendo investigados algunos miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 45 de la Octava División del Ejército, con sede en Yopal, y se denuncian “agresiones físicas o demostraciones de fuerza” en contra de organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta y la Fundación Infancia Feliz, entre otros.

El Espectador intentó conocer la opinión del vicepresidente Angelino Garzón sobre el informe de la Cooperación Colombia-Europa-Estados Unidos, pero no fue posible. Sin embargo, se puede inferir en recientes declaraciones suyas que su intención es de “mano dura” contra los violadores de los derechos humanos, palabras que, como dice el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, no han sido realmente corroboradas en los hechos. “No conozco el informe, pero es evidente que ha habido una gran cantidad de ataques contra líderes sociales y no parece existir una política para enfrentarlos”, dijo.

A su vez, el representante a la Cámara del Polo Democrático Iván Cepeda, vocero de las víctimas de agentes del Estado, se refirió al asesinato de siete militantes del Partido en los últimos meses. “Si bien es cierto que hay un cambio en el lenguaje y el discurso del Gobierno, también es cierto que no ha habido un cambio profundo en términos de garantías a los defensores de derechos humanos”.

Denuncian a Uribe en España por supuestos seguimientos ilegales

ONG españolas reclaman la responsabilidad del ex presidente en supuestos seguimientos ilegales que, según ellas, el DAS adelantó a ciudadanos de ese país.
Martes 26 Octubre 2010.

Un grupo de ONG españolas presentaron este martes una denuncia en Madrid contra el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe por supuestos seguimientos en España, a través del DAS, a unas veinte personas de estas organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos humanos.

Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia, Mauricio Valiente y Francisco Pérez Esteban, explicaron en rueda de prensa los detalles de la denuncia, que incluye también a Jorge Noguera, quien dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez.

El gobierno de Uribe, dicen los abogados de Justicia por Colombia, consideraba "objetivos de su 'guerra política'" a estas ONG y a los activistas que supuestamente fueron espiados en Madrid y otras ciudades españolas. Valiente resaltó que, según avancen las investigaciones, no descartan ampliar el contenido de la denuncia, la tipificación de los delitos e, incluso, el número de denunciados.

Ya el pasado mes de junio varias ONG colombianas y europeas instaron en Bruselas a la Eurocámara a crear una comisión especial que investigue el espionaje llevado a cabo por el DAS a defensores de derechos humanos en Europa. Todos, entre ellos la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, denunciaron ser víctimas de amenazas, escuchas telefónicas y persecución en suelo europeo. Según consta en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, explicado este martes por los abogados españoles, los servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos "para tratar de desacreditarlos". Señalaron que en ese informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas "actividades" en Europa era Villalba Chávez, enlace en Europa del "cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó" ese organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle.

Según la ONG, los agentes del DAS en Colombia y España "grabaron conversaciones telefónicas, interceptaron correos electrónicos, vigilaron actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales".

"Es hora de que Uribe dé la cara y asuma su responsabilidad política y judicial", subrayó Pérez Esteban, quien añadió que el Gobierno español debe pronunciarse al respecto. Este miércoles, Uribe visitará Madrid para recoger el II premio "La Puerta del Recuerdo", que le concede el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU española. Precisamente, las ONG convocaron una concentración frente al Casino de Madrid para expresar su "indignación" por la concesión de este galardón. El pasado 12 de octubre, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación a Uribe por el caso de las ‘chuzadas’. Unos días antes, el 4 de octubre, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos a Bernardo Moreno, ex secretario general de Uribe, a Jorge Noguera y a otros dos ex directores del DAS, involucrados en el mismo escándalo. EFE

Es la ilegalidad lo que hace más dañinas a las drogas": Antonio Caballero

Antonio Caballero, escritor y periodista. DEBATEAnte la posibilidad de que California legalice el consumo de marihuana, el escritor y periodista dice que esto no afectaría "ni la fuerza de las mafias, ni a Colombia". Pero admite que puede ser un paso para un cambio de conciencia frente al problema.

Lunes 25 Octubre 2010
El escritor, periodista y columnista Antonio Caballero, habló con Semana.com sobre la legalización de la droga, a propósito de las elecciones que el próximo 2 de noviembre se llevarán a cabo en el estado de California, el más grande de Estados Unidos.

¿Qué opina de las elecciones del próximo 2 de noviembre en el estado de California, donde se votará si se legaliza o no la marihuana? Me parece que el tema de la marihuana es secundario, entre otras cosas porque no están proponiendo la legalización de todas las drogas. Resolver el problema de la marihuana es resolver el problema de los consumidores, pero no afecta en nada ni la fuerza de las mafias que controlan todas las drogas, ni la peligrosidad de esas mafias, ni el recurso violento de esas mafias. Por eso no le cambia la vida ni a México, ni a Colombia.

¿Pero no sería al menos un primer paso para buscar una nueva solución al problema de las drogas? Eso sólo soluciona una parte marginal del problema. Soluciona el consumo marginal en California, que es uno de los muchos estados de Estados Unidos. La legalización sólo es útil, sólo tiene efectos para acabar con la peligrosidad de la droga, si es universal, encabezada por Estados Unidos que fueron los que la prohibieron. Pero también tiene que ser en Europa, África, Asia. El pretexto del referendo de California le ha dado pie al presidente Juan Manuel Santos para hacer la propuesta de replantear el tema global de las drogas.

¿Es hora de que Colombia cambie su política antidrogas? La hora llegó hace muchísimo tiempo. Lo de California es una cosa muy marginal. Desde hace 30 años se ha venido proponiendo, pero no he sido el único que ha dicho que esto es una insensatez. Hasta la revista The Economist, que es de derechas, lo ha dicho. En mi opinión esto tiene que pasar por dos razones: primero, porque el Estado no puede intervenir en la intimidad de las personas, y segundo, porque la ilegalidad es la que las hace dañinas. Claro, es dañino el tabaco, el alcohol, pero es mucho más dañino volverlas ilícitas.

Presión por resultados condujo a falsos positivos: Procuraduría

Por: Germán Jiménez Redacción EL TIEMPO

Acusación a 27 militares dice que Brigada tenía rezago en bajas en combate.

Por primera vez desde que estalló el escándalo de los falsos positivos, hace dos años, un organismo de control asegura que detrás de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate estuvo la presión de altos mandos por obtener más muertos en la lucha contra los grupos armados ilegales. En la acusación disciplinaria contra 2 coroneles, 2 mayores, 1 capitán, 4 suboficiales y 18 soldados por el caso de dos de los 19 jóvenes reclutados en Soacha y asesinados en el Catatumbo, la Procuraduría afirma que los falsos positivos fueron producto de un "plan criminal cuyo único propósito era satisfacer una exigencia institucional, nacida de la necesidad de mostrar a los altos mandos militares y, por qué no decirlo, al Gobierno, que la lucha contra los grupos armados ilegales se estaba ganando".

El pliego de cargos, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, comandante operativo de la desaparecida Brigada Móvil 15, y militares bajo su mando, "acordaron acabar con la vida de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, el 27 de enero del 2008 en Ocaña".Buscaban, según la Procuraduría, "que dicho homicidio les fuera reconocido como un resultado operacional por los altos mandos en consideración a que esta unidad militar no había tenido éxito desde hacía un buen tiempo".

Al coronel Rubén Darío Castro Gómez lo señala de encubrir.Los dos muchachos habían salido de Soacha, al sur de Bogotá, apenas 24 horas antes, reclutados por dos civiles que les ofrecieron dinero fácil. Según la investigación -el caso penal está estancado, en espera de que se programen audiencias para el juicio-, ese y otros crímenes con el mismo modus operandi, que provocaron la histórica purga de 27 militares, entre ellos 3 generales, hicieron parte de una "quirúrgica operación" en la que hubo asignación de tareas puntuales.Así se dividían las tareas"Unos se dedicaron a darle los visos de legalidad al operativo, produciendo los documentos necesarios para lograrlo; otros, a conseguir a las víctimas para ubicarlas en el sitio acordado para su sacrificio con la ayuda de civiles, y otros a ejecutar materialmente el homicidio".

La investigación señala al coronel Rincón como uno de los cerebros de las muertes, y a su inmediato superior, el coronel Castro, de iniciar una investigación interna, "como mero formalismo para evitar la acción de la justicia ordinaria". Dice la Procuraduría que él tuvo acceso a los informes sobre el operativo que a todas luces era irregular: la patrulla disparó 250 tiros contra los dos supuestos delincuentes, y alteró la escena.La confesión de uno de los suboficiales, Jhon Muñoz Rodríguez, y las declaraciones de los dos reclutadores fueron claves en la investigación.

Van 280 condenados por estos casos La Fiscalía sigue encontrando evidencias de ejecuciones de civiles cometidas por miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el DAS. Ha logrado sentencias en 95 casos en los que resultaron condenados 280 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos 3 coroneles del ejército, el grado más alto al que han llegado las investigaciones. 52 de los investigados aceptaron los cargos y fueron condenadas a penas de entre 15 y 20 años.