El gobierno Santos termina con un buen balance su trabajo en el Congreso de la República durante este primer semestre del año. Su principal triunfo fue sacar adelante la ley de víctimas y restitución de tierras. Ahora en capilla están, la ley Lleras sobre derecho a la información y derechos de autor, el estatuto de la oposición y la ley de desarrollo rural.
El experto en desarrollo rural, Darío Fajardo, opina que lograr la sanción de la ley de desarrollo rural, la cual muy seguramente impulsará el Ejecutivo para el segundo semestre del año, iniciará el camino para desaparecer la Unida Agrícola Familiar -UAF-, reglamentada por la ley 135 de 1991, que reconoce al campesinado colombiano y le permite, por ejemplo, participar en la apropiación de tierras baldías. ‘La ley de desarrollo rural no elimina de tajo las UAF, pero en la práctica va encaminada a ello’.
Para Fajardo el actual Plan de Desarrollo Económico propone un modelo agrícola eficaz para la exportación, en el que el campesino se convierte en un jornalero o un rentista, como viene ocurriendo en regiones del Magdalena Medio. Esta ‘agricultura de exportación’ se concentra en zonas como la Amazonía y los Llanos Orientales, donde las grandes empresas son las llamadas a desarrollar megaproyectos agrícolas y el campesino no tiene cabida.
Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el alto Ariari con los proyectos de palma. En esta zona se producen 50 mil toneladas al año de aceite, de las cuales 38 mil salen de la mano de obra campesina, y las ganancias van a parar en su gran mayoría a las arcas de las empresas.
La relocalización de la agricultura
Casos como el de la palma en el alto Ariari están enmarcados en lo que se denomina la relocalización de la agricultura, una tendencia mundial basada en grandes zonas homogéneas de monocultivos, en manos de multinacionales con presencia en los campos de países como Argentina y Brasil. Dos tipos de cultivos dominan esta tendencia: los cereales para consumo humano, y los de materia prima para biocombustibles.
La ley de desarrollo rural del gobierno Santos reconfiguraría el escenario local para entrar en esta lógica mundial. En el Vichada estarían listas cerca de un millón de hectáreas para pasar a manos de grandes grupos económicos nacionales y del extranjero.
En el Valle del Cauca se discute actualmente cómo la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, está acabando con la seguridad alimentaria de productos como el azúcar y la panela. Las fuentes naturales de agua están siendo absorbidas en gran parte por la caña para los biocombustibles, lo que genera conflictos entre el empresariado y los campesinos. En la economía mundial el petróleo y los alimentos, están compartiendo escalas del mercado.
Colombia está importando el 50% de los cereales para consumo interno. ‘En el año 1989, éramos autosuficientes, hoy importamos 10 millones de toneladas de alimentos’ puntualiza Fajardo.
El 2010 mostró una dura realidad para el producto estrella de la agricultura colombiana: el café. La producción nacional no alcanzó a cumplir las cuotas de exportación del grano, 600 mil toneladas de café se tuvieron que importar. En este mismo año, la Organización Mundial de Alimentos -FAO-, señaló dos países en Latinoamérica en su mapa con necesidades de asistencia alimentaria: Haití y Colombia.
La revolución ‘verde’ y el TLC
El Tratado de Libre Comercio incluye altas cuotas de importación de alimentos para Colombia, que aplastarían la producción nacional del mercado interno. A diferencia de nuestro país, la agricultura de EE.UU es una actividad altamente subsidiada, sin embargo, la llegada de productos cultivados en suelo norteamericano se encarecería por las vías y el costo de su traslado a las distintas regiones del país, que finalmente pagaría el bolsillo de los consumidores.
Los países que producen más barato Etanol en el mundo son Indonesia y Malasia. En la región, Colombia no puede competir con Brasil y México, pues los costos de producción son demasiado altos. La producción agrícola de alimentos en Colombia es de pequeña y mediana escala, y genera un alto consumo de mano de obra. La de biocombustibles está pensada en una lógica diferente que sí interesa a las grandes empresas.
La llamada ‘revolución verde’ plantea, en palabras de Darío Fajardo, ‘volver dependiente la producción de alimentos de la de biocombustibles, vamos a terminar sembrando y exportando cereales para China y teniendo que importar la comida’.
El parámetro que finalmente se impones es que la gran propiedad agrícola es la única capaz de exportar, a partir de enormes unidades de monocultivos con bajos costos de producción.
El pacto de Chicoral
En materia de legislación antecedentes como el pacto de Chicoral, previo al período del Frente Nacional, y las leyes de 1976 permitieron que los campesinos expandieran sus fronteras agrícolas, colonizando las selvas y otros territorios propicios para la agricultura de cultivos de uso ilícito. A comienzos de los 80 empiezan a aparecer los grandes cultivos de marihuana. Este conjunto de leyes particularmente, fueron propicias para el mercado mundial del narcotráfico.
Hoy la premisa del Plan Nacional de Desarrollo es que ante un déficit alimentario en Colombia, éste se podría cubrir combinando la producción nacional de alimentos con la importación, pero la fluctuación de los precios internacionales no daría una certeza de la eficacia de la medida.
El país carece de una política de tierras funcional a brindar la seguridad alimentaria de Colombia. Frente a esto, Fajardo recalca que ‘los límites los ponemos nosotros, no las multinacionales, su interés es que se consuma más etanol, menos petróleo, y que aumente la producción de biocombustibles.’
/ Giovanni Moreno C.
El experto en desarrollo rural, Darío Fajardo, opina que lograr la sanción de la ley de desarrollo rural, la cual muy seguramente impulsará el Ejecutivo para el segundo semestre del año, iniciará el camino para desaparecer la Unida Agrícola Familiar -UAF-, reglamentada por la ley 135 de 1991, que reconoce al campesinado colombiano y le permite, por ejemplo, participar en la apropiación de tierras baldías. ‘La ley de desarrollo rural no elimina de tajo las UAF, pero en la práctica va encaminada a ello’.
Para Fajardo el actual Plan de Desarrollo Económico propone un modelo agrícola eficaz para la exportación, en el que el campesino se convierte en un jornalero o un rentista, como viene ocurriendo en regiones del Magdalena Medio. Esta ‘agricultura de exportación’ se concentra en zonas como la Amazonía y los Llanos Orientales, donde las grandes empresas son las llamadas a desarrollar megaproyectos agrícolas y el campesino no tiene cabida.
Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el alto Ariari con los proyectos de palma. En esta zona se producen 50 mil toneladas al año de aceite, de las cuales 38 mil salen de la mano de obra campesina, y las ganancias van a parar en su gran mayoría a las arcas de las empresas.
La relocalización de la agricultura
Casos como el de la palma en el alto Ariari están enmarcados en lo que se denomina la relocalización de la agricultura, una tendencia mundial basada en grandes zonas homogéneas de monocultivos, en manos de multinacionales con presencia en los campos de países como Argentina y Brasil. Dos tipos de cultivos dominan esta tendencia: los cereales para consumo humano, y los de materia prima para biocombustibles.
La ley de desarrollo rural del gobierno Santos reconfiguraría el escenario local para entrar en esta lógica mundial. En el Vichada estarían listas cerca de un millón de hectáreas para pasar a manos de grandes grupos económicos nacionales y del extranjero.
En el Valle del Cauca se discute actualmente cómo la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, está acabando con la seguridad alimentaria de productos como el azúcar y la panela. Las fuentes naturales de agua están siendo absorbidas en gran parte por la caña para los biocombustibles, lo que genera conflictos entre el empresariado y los campesinos. En la economía mundial el petróleo y los alimentos, están compartiendo escalas del mercado.
Colombia está importando el 50% de los cereales para consumo interno. ‘En el año 1989, éramos autosuficientes, hoy importamos 10 millones de toneladas de alimentos’ puntualiza Fajardo.
El 2010 mostró una dura realidad para el producto estrella de la agricultura colombiana: el café. La producción nacional no alcanzó a cumplir las cuotas de exportación del grano, 600 mil toneladas de café se tuvieron que importar. En este mismo año, la Organización Mundial de Alimentos -FAO-, señaló dos países en Latinoamérica en su mapa con necesidades de asistencia alimentaria: Haití y Colombia.
La revolución ‘verde’ y el TLC
El Tratado de Libre Comercio incluye altas cuotas de importación de alimentos para Colombia, que aplastarían la producción nacional del mercado interno. A diferencia de nuestro país, la agricultura de EE.UU es una actividad altamente subsidiada, sin embargo, la llegada de productos cultivados en suelo norteamericano se encarecería por las vías y el costo de su traslado a las distintas regiones del país, que finalmente pagaría el bolsillo de los consumidores.
Los países que producen más barato Etanol en el mundo son Indonesia y Malasia. En la región, Colombia no puede competir con Brasil y México, pues los costos de producción son demasiado altos. La producción agrícola de alimentos en Colombia es de pequeña y mediana escala, y genera un alto consumo de mano de obra. La de biocombustibles está pensada en una lógica diferente que sí interesa a las grandes empresas.
La llamada ‘revolución verde’ plantea, en palabras de Darío Fajardo, ‘volver dependiente la producción de alimentos de la de biocombustibles, vamos a terminar sembrando y exportando cereales para China y teniendo que importar la comida’.
El parámetro que finalmente se impones es que la gran propiedad agrícola es la única capaz de exportar, a partir de enormes unidades de monocultivos con bajos costos de producción.
El pacto de Chicoral
En materia de legislación antecedentes como el pacto de Chicoral, previo al período del Frente Nacional, y las leyes de 1976 permitieron que los campesinos expandieran sus fronteras agrícolas, colonizando las selvas y otros territorios propicios para la agricultura de cultivos de uso ilícito. A comienzos de los 80 empiezan a aparecer los grandes cultivos de marihuana. Este conjunto de leyes particularmente, fueron propicias para el mercado mundial del narcotráfico.
Hoy la premisa del Plan Nacional de Desarrollo es que ante un déficit alimentario en Colombia, éste se podría cubrir combinando la producción nacional de alimentos con la importación, pero la fluctuación de los precios internacionales no daría una certeza de la eficacia de la medida.
El país carece de una política de tierras funcional a brindar la seguridad alimentaria de Colombia. Frente a esto, Fajardo recalca que ‘los límites los ponemos nosotros, no las multinacionales, su interés es que se consuma más etanol, menos petróleo, y que aumente la producción de biocombustibles.’
/ Giovanni Moreno C.
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