Bandas criminales y Farc serían amenaza para 300 municipios, admite el gobierno

La próxima semana el gobierno tendrá listo un “plan de choque” para contrarrestar la amenaza que suponen los grupos armados ilegales para las próximas elecciones de octubre.

Lo particular del asunto es que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reveló que no son sólo los 67 municipios dados a conocer hace 15 días los que estarían en riesgo. Un nuevo mapa de riesgos indicaría que cerca de 300 serían los municipios que estarían bajo presión del accionar de las bandas criminales y de la guerrilla de las Farc, o al menos donde el gobierno tiene “serias preocupaciones”.

Dicho plan, para contrarrestar la amenaza a la democracia que puede suponer, tendrá una fase piloto que se adelantará en aquellos 67 municipios. “Se trata de un plan integral sobre la estrategia que usará el gobierno para prevenir que el accionar de los irregulares afecten el proceso electoral del próximo mes de octubre”, dijo Vargas Lleras.

Agregó que se coordinará la acción del Estado para evitar que organizaciones ilegales hagan presencia en el debate electoral.

Vargas Lleras explicó que la presión de los grupos ilegales podría generar participaciones atípicas, anomalías por votos blancos, nulos o tarjetones no marcados, así como limitaciones a la competencia electoral.

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ONU: Por Bacrim, aumentaron en 40% las masacres en Colombia

El auge de las bandas criminales y las disputas entre estos grupos delincuenciales, que incrementaron en 40 por ciento las masacres en el país, es la principal preocupación que la ONU dio a conocer este jueves en su informe anual de derechos humanos.

La ONU resalta las situaciones que se viven en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Meta, en donde hay con estos grupos “aquiescencia, tolerancia e incluso convivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública”.

En este sentido, el organismo le recomienda al Gobierno adoptar políticas y medidas que no se limiten solo al aumento del pie de fuerza, sino que enfrenten la corrupción dentro de la fuerza pública, fortalezcan los órganos de justicia y estén acompañadas de políticas sociales, educativas y de generación de empleo.

La ONU ve con preocupación que a pesar de las advertencias de la Defensoría del Pueblo, como ocurrió en Córdoba, las autoridades no hayan tomado las previsiones. Sólo en este departamento se registraron diez masacres en ocho meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre del año pasado.

Ley de justicia y paz

Una de las recomendaciones que más resalta la ONU es la reforma de la ley de justicia y paz, que para este organismo el progreso ha sido “modesto”.

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“Menos del 54 por ciento de los procesados, que constituyen el 4,5 por ciento de todos los desmovilizados, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Aunque sus confesiones revelaron un número importante de homicidios, no permiten conocer la diversidad, el contexto y el carácter de los actos cometidos por las organizaciones paramilitares”.

En esa “revisión” que la ONU recomienda hacer a la ley de justicia y paz, llama la atención al Congreso para que adopte una legislación que favorezca a las víctimas.

Aconseja “identificar criterios adecuados para la reparación, establecer la obligación de reparar desde el comienzo de las versiones libres y reforzar los mecanismos para que el Estado persiga los bienes de los victimarios”.

Desapariciones aumentaron 40 por ciento

El organismo califica como “positivo” que en el gobierno de Juan Manuel Santos haya sancionado la ‘Ley de homenaje’ a las víctimas de desaparición forzada. Aún así, destaca que hasta ahora se comienza a conocer la dimensión real del fenómeno de la desaparición en Colombia, que se agrava por la impunidad.

“A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas (personas desaparecidas por agentes estatales). Entre estas últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años”, contempla el informe.

Parapolítica

La llamada ‘parapolítica’ es para la ONU un problema que no desaparece. El organismo destaca la investigación contra 13 congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia. También ve con preocupación los posibles casos de “testaferrato político entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de ‘parapolítica’”.

Interceptaciones ilegales

Para la ONU, durante 2010 avanzaron las investigaciones y procesos judiciales sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Considera urgentes las reformas de inteligencia, no solo para esta entidad, sino para todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano.

Advierte que el asilo de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado en Panamá “no debe entorpecer las investigaciones judiciales ni contribuir a que los delitos queden en la impunidad”.

Falsos positivos

El informe resalta la disminución de los llamados ‘falsos positivos’, pero considera fundamental avanzar en los procesos judiciales por las violaciones ocurridas durante 2010. Se estima que más de tres mil personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército.

ONU, preocupada por violencia generada por bandas emergentes

En su informe anual sobre derechos humanos en Colombia, el organismo multilateral rechazó el incremento de la violencia por acción de las bandas emergentes.

El representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para DD. HH., Christian Salazar, presentó su informe sobre la situación de derechos humanos en el país durante el 2010.

El estudio indica que todas las partes del conflicto armado en Colombia "continuaron cometiendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario".

"Esta situación se vio agravada por la violencia que generaron los grupos armados ilegales que surgieron del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares y las disputas entre los distintos actores armados ilegales alrededor del control del narcotráfico", resume el informe.

En otro de sus apartes, el estudio "saluda la confirmación de la drástica disminución de las prácticas conocidas como 'falsos positivos', que resultaron en ejecuciones extrajudiciales".

De igual forma, Naciones Unidas "reconoce" el compromiso con la defensa de los derechos humanos que ha manifestado el presidente Juan Manuel Santos en los primeros meses de su gobierno, y califica como "pasos positivos" en tal sentido la política de restitución de tierras emprendida por su administración.

La ONU "exige" a los grupos armados ilegales la liberación inmediata de todos los secuestrados, el cese del reclutamiento de menores y al abandono de la colocación de minas antipersonal.

Durante la presentación del informe también estuvieron presentes Margarita Uprimny, coordinadora del programa de promoción y concertación de derechos humanos, y Antonio Menéndez, coordinador del programa de lucha contra la impunidad, entre otros.

REDACCIÓN POLÍTICA

Rinden homenaje de desagravio a Pérez Esquivel por insultos de Uribe

Tras conocer que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez lo llamó "promotor del terrorismo" y lo denunció penalmente en Colombia, activistas de derechos humanos decidieron rendirle un homenaje de desagravio al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Al culminar el foro 'Haciendo la paz en Colombia', la representante de Madres de la Plaza de Mayo, Laura Baravalle, leyó una carta de respaldo a Pérez Esquivel, que fue firmada por más de 20 organizaciones de derechos humanos de América Latina y Europa.

"Atacar a Pérez Esquivel es atacar a todo el movimiento de Derechos Humanos de Argentina y de Latinoamérica", sostiene el documento en referencia a las consideraciones que el ex presidente Alvaro Uribe Vélez tuvo para con el dirigente.

El conflicto empezó el pasado lunes, cuando Pérez Esquivel aseguró que el ex presidente colombiano y su primo Mario Uribe, condenado esta semana a 7 años de prisión por concierto para delinquir, tenían vínculos con el paramilitarismo.

La afirmación desató la furia de Uribe Vélez, quien usó su cuenta de Twitter para expresar: "Por qué Pérez Esquivel les hace mandados a las Farc?", "Pérez Esquivel: nobel difamador al servicio de los terroristas colombianos" y "Falto llevar a la cárcel a Pérez Esquivel, patrocinador de terroristas Farc".

Mientras Pérez Esquivel descartó iniciar cualquier acción legal contra Uribe Vélez, el ex presidente anunció que instauró una acción legal contra el nobel argentino.

Concluyó el foro

De otra parte, el foro "Haciendo la paz en Colombia" concluyó haciendo un llamado al Gobierno de Juan Manuel Santos y a las Farc para que agoten todos los esfuerzos que permitan llegar a una mesa de diálogo.

La ex senadora Piedad Córdoba saludó la declaración que hizo el presidente Santos, en su discurso de posesión, de avanzar hacia una solución política del conflicto.

Los asistentes al foro se comprometieron con enviar un documento al Gobierno de Colombia y a las guerrillas, firmado por personalidades internacionales, para impulsar un proceso de negociación en el país.

JOSÉ VALES

Corresponsal de EL TIEMPO

Buenos Aires

Ex comisionado Restrepo, a explicar 'falsa' desmovilización de Farc

Las declaraciones de dos desmovilizados de las Farc ante fiscales de Justicia y Paz, que aseguran que la entrega de 66 hombres del frente Cacica Gaitana, en el 2006, fue "un montaje del Gobierno", puso a dar explicaciones al ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

El 4 de de febrero pasado, la Unidad de Justicia y Paz compulsó copias para investigar a Restrepo, al ex comandante de la VI Brigada de Ibagué general Lelio Suárez Tocarruncho y al coronel Jaime Joaquín Ariza, por su supuesta participación en el reclutamiento, compra de armas y ejecución del plan que terminó con la entrega de decenas de guerrilleros en La Tebaida, en Alvarado (Tolima).

Estos hombres eran liderados por Raúl Agudelo, alias 'Olivo Saldaña', quien es gestor de Paz y que le aseguró a ELTIEMPO.COM que la desmovilización "fue transparente", y que tanto Restrepo como las Fuerzas Militares son víctimas de "una guerra provocada por las versiones libres".

Según la investigación, 'Saldaña' -que podría salir de Justicia y Paz, y perder el reconocimiento como gestor de Paz- incluyó en la lista de desmovilizados al narcotraficante Hugo Alberto Rojas a cambio de dos mil millones de pesos.

En medio de este escándalo, varios de los desmovilizados llegaron el miércoles ante fiscales de Justicia y Paz y confesaron haber recibido montos superiores a los 500 mil pesos por parte de la reclutadora Rocío del Pilar Hernández. De ella se conoce que contactó a 11 personas en Bogotá y -según una fuente cercana a la investigación- "las reunió en la avenida Primero de Mayo y se las llevó para el Tolima".

"Que la justicia opere si algo se hizo mal", dijo el presidente Juan Manuel Santos, quien tras ofrecer su colaboración a la Fiscalía, recordó que esa desmovilización ocurrió antes de que él fuera Ministro de Defensa.

Por su parte, el ministro Germán Vargas Lleras calificó las versiones como "muy graves" y dijo que de comprobarse tendrían que "judicializarse a los responsables".

En entrevista con ELTIEMPO.COM, el ex comisionado Luis Carlos Restrepo dijo "que no tenía elementos para sospechar que a los guerrilleros les hubieran dado armas y entrenamiento como parte de una falsa desmovilización".

Restrepo dijo que en la desmovilización cumplió un papel importante el coronel Hugo Castellanos, quien hacía "puente entre la oficina del Alto Comisionado y el Ejército" y otros dos oficiales.

Esta no es la primera vez que Restrepo es salpicado por los desmovilizados. La última vez, Juan Carlos Sierra, 'el Tuso', aseguró haber pagado para que lo metieran en Justicia y Paz y Freddy Rendón, 'el Alemán', dijo que un número indeterminado de menores de edad fueron enviados a sus casas por orden de Restrepo.

Se pagó por fusiles falsos

Uno de los testigos protegidos de la Fiscalía aseguró que fue contactado por 'Saldaña' para desmovilizarse y que le pagaron 8 millones de pesos por darle "el visto bueno" a las armas que compraron para entregar junto con los 66 supuestos guerrilleros.

Para ello -dice- viajó dos veces a Santa Marta, donde se negoció armamento de paramilitares a través de Hugo, un delegado del Comisionado de Paz que "era retirado del Ejército". Según el desmovilizado, que dice haber pertenecido al frente 25 de las Farc, recibió la instrucción de Hugo y de un hombre de alias 'ET', quienes le manifestaron que estaban pensando en formar una compañía mixta.

Según Restrepo, para la época, el coronel Hugo Castellanos era el oficial enlace del Ejército con el Gobierno. Sin embargo, --dice-- "era una persona de toda mi confianza".

Para el primer viaje --dice-- le dieron 1.200.000 pesos de viáticos. Luego de llegar al aeropuerto, fue conducido a 20 minutos de Santa Marta donde verificó que el buen funcionamiento de 3 fusiles AK47, 20 escopetas y 1 ametralladora aire-tierra, entre otras.

La segunda vez, los viáticos los habría cuadrado Álvaro Agudelo, hermano de 'Saldaña'. "Agudelo me da la plata: 1.200.000. Y yo viajo, pero eran 20 fusiles que no tenían aguja ni mecanismo para disparar. Yo les dijo que esto no sirve pero me dijeron que tenían poco tiempo y que tocaba traerlos. Cada fusil terminó costando 3 millones y medio".

Las armas falsas fueron entregadas en Ibagué y transportadas debajo de un camión.

Cuando el desmovilizado llega al campamento se encuentra que un hermano suyo y un cuñado hacen parte de las tropas que estaba entrenando como supuestos guerrilleros. "Hugo me dice que tocaba completar la gente entonces que metieron mariguaneros y de todo. Álvaro me desafió a muerte porque yo no estuve de acuerdo pero igual me tocaba aguantarme porque allí estaba dos familiares", dijo, y explicó que le dieron a 8 personas, entre ellos su hermana, para que los entrenara.

El entrenamiento duró un mes y medio y, dicen los desmovilizados, el general Tucarrunche estuvo a cargo del cerco de seguridad del sitio para que nadie los molestara. Sobre el coronel Ariza, las versiones coinciden con que 8 días antes de la desmovilización se hizo presente en la zona y vestido de civil ultimó los detalles de la entrega. Habría grabado todo lo que se hacía en el entrenamiento.

'General Montoya dio aval'
Habla ex comisionado Luis Carlos Restrepo

¿Qué piensa de lo que dicen los desmovilizados?

Lo rechazo. Ni los conozco ni jamás hice coordinación directa con 'Olivo Saldaña' para esa desmovilización. Jamás fui a la cárcel a visitarlo; nosotros trabajamos de manera coordinada con el Ejército, a partir de una información de inteligencia que nos entregó el mismo ejército.

¿Quién manejó el tema?

Allí cumplió un papel importante un oficial de enlace entre la oficina del comisionado y el Ejército, que era el coronel Hugo Castellanos, pero también estaban comprometidos otros oficiales porque se hacían coordinaciones con la Brigada de Ibagué. De hecho el día de la desmovilización nos acompañó el general Mario Montoya.

¿Qué papel cumplió el general Mario Montoya?

Él nos acompañó ese día y por supuesto avaló este procedimiento. El Ejército cumplió un papel fundamental porque la información la recibimos a través de ellos y la dinámica operativa también la coordinó el Ejército.

¿Sospechó en algún momento de las irregularidades?

Yo no tuve ninguna sospecha al respecto, porque estuve hablando con estos muchachos, no sólo con 'Olivo' que salió de la cárcel con autorización del Gobierno, sino con 'Biofilo' y 'Boris', yo hable con ellos y nada me despertó sospecha, incluso los comentarios que hacían de sus vidas, de su deseo de abandonar la organización.

¿La avioneta que fue presentada pertenecía al narcotraficante Hugo Alberto Yepes?

No sé. Lo que sabíamos era que esa avioneta estaba decomisada y que en realidad la habían comprado las Farc.

¿Cómo entra Yepes en la desmovilización?

El nunca entró a la lista de desmovilizados, eso será algo que tendrá que indagar la Fiscalía.

¿Pero él fue metido en la lista?

Una vez se desmoviliza la estructura ellos nos pasan algunos nombres de miembros del grupo que están en cárceles y que aspiran a los beneficios, si ese señor estaba en esa lista no lo tengo claro, no lo recuero. Lo cierto fue que de esa lista sólo aceptamos a 'Olivo' y otra persona que teníamos certeza que hacía parte de las Farc. Sobre otras dos personas se decidió no aceptarlas.

¿Se reunió en algún momento con 'Saldaña'?

Trabajamos con estrecha coordinación con el Ejército. Esta estructura quería desmovilizarse. El coronel Hugo Castellanos fue oficial de enlace entre el Ejército y el Alto Comisionado para Paz. No nos generó sospechas. Él se reunio en la cárcel con 'Saldaña'. Yo nunca me reúno en la cárcel con 'Saldaña' y el coronel sí porque era parte de su labor. Por recomendación del Ejército acompañamos la primera desmovilización del frente Norma Patricia Galeano, el 16 noviembre del 2005 y la segunda (la del Cacica Gaitana) en marzo del 2006.

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Uribe quiso realizar acciones clandestinas en Venezuela para atacar a las Farc

En noviembre de 2006, además de la génesis del escándalo de la parapolítica, existía otra alta preocupación en el gobierno Uribe: sus relaciones con Venezuela y el primer mandatario de ese país Hugo Chávez. En un cable diplomático enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia queda claro cuál era entonces la estrategia del Gobierno: no confrontar con Hugo Chávez, manejarlo y aprovechar la porosa zona de frontera para realizar operaciones contra narcotraficantes y terroristas en territorio venezolano.

El reporte a Washington señala que el entonces presidente Uribe no tenía ilusiones con Chávez y veía su enfoque anti Estados Unidos como un serio problema, pero que prefería manejar al presidente de Venezuela e incluso plantear una atmósfera bilateral positiva con proyectos de energía y comercio, para manejar su comportamiento. El cable resaltó el interés de Uribe por colaborar con Estados Unidos y no con la revolución Bolivariana, pues la consideraba de una naturaleza antidemocrática.

Sin embargo, el informe de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá deja claro que esa postura de Uribe, de énfasis en la unión antes que la confrontación, le permitía la opción de llevar a cabo acciones armadas en Venezuela para proteger a Colombia de ataques terroristas. Es decir, autorizar operaciones clandestinas contra las Farc al otro lado de la frontera según fuera apropiado, eso sí, evitando que se repitieran crisis como la que se generó en su momento con la captura del llamado canciller de las Farc, Rodrigo Granda.

En otras palabras, la Embajada reportó que Uribe utilizaba el espacio político de sus aproximaciones con Chávez “y autoriza operaciones clandestinas al otro lado de la frontera contra las Farc”. Una estrategia que visualizó el cable con un comentario atribuido al asesor presidencial José Obdulio Gaviria: “somos los perfectos hipócritas”. Más adelante, el reporte refirió que tanto el vicecanciller Camilo Reyes como el general Óscar Naranjo comentaron que el interés de Chávez por el gasoducto lo llevó a ser más acomodaticio con la seguridad de Colombia.

También con relación a Venezuela, el cable aborda el análisis de las aproximaciones que por esos días tenía el gobierno Uribe con el Eln. Con expresa preocupación por la evidencia de que figuras altas de esta guerrilla vivieran de manera abierta en Caracas. El cable expresó incluso que el comandante militar del Eln, Antonio García, ha pasado la mayor parte de su vida adulta entre Europa y Venezuela. Por eso, en comentario también atribuido a José Obdulio Gaviria, quedó escrito que era preferible tener a Chávez dentro del proceso que por fuera causando problemas.

En otro cable, fechado un mes antes (octubre de 2006), al transcribir los términos de un encuentro del entonces subsecretario de Estado de Estados Unidos Nicholas Burns con líderes de opinión, se reportó que el criterio generalizado era que se consideraba un error estratégico que Colombia entrara en una carrera armamentista, pues eso sería caer en manos de Venezuela y malgastar un dinero que serviría para programas sociales o de seguridad. La conclusión fue que ante el armamentismo venezolano la respuesta debía ser diplomática.

De manera paralela a la preocupación de Estados Unidos por el tema Venezuela, los cables diplomáticos de 2006 tuvieron como asunto recurrente la posibilidad de diálogos entre el gobierno Uribe y el Eln. De hecho, en noviembre, la Embajada en Bogotá remitió un informe según el cual el mediador Moritz Ackerman iba a ir a Venezuela a entregar al Eln la propuesta del Gobierno, pero el jefe guerrillero Antonio García le dijo que el presidente Hugo Chávez le había pedido un bajo perfil mientras estuviera en territorio venezolano.

En el cable quedó escrito que, según Ackerman, el Eln quería mover las conversaciones fuera de Cuba para evitar presiones de la inteligencia cubana, pues los cubanos no querían que el Eln llegara a algún acuerdo sin aprobación de las Farc. En el mismo reporte, la Embajada dice que Antonio García sacó del equipo negociador a Ramiro Vargas porque le estaba pasando información a las Farc y a los cubanos; y que cuatro prominentes colombianos estaban dispuestos a sumarse al proceso para contrarrestar las preocupaciones de que los garantes eran muy izquierdistas.

Finalmente, en el cable diplomático quedó manifiesto que Noruega había ofrecido financiar el proceso de negociación del gobierno Uribe y el Eln, sólo si este movimiento guerrillero estaba irreversiblemente comprometido con la paz. Además, la Embajada de Estados Unidos en Colombia reportó que el Eln quería abrir un canal directo con Washington y que le pidieron al mediador Moritz Ackerman que escribiera una carta para el Embajador. Según el cable diplomático, la propuesta era que el Eln podía cooperar en la guerra antidrogas.

Desde comienzos de 2006, ya la Embajada de Estados Unidos consideraba importantes los contactos con el Eln a través de prediálogos en La Habana, pues se estimaba en 4.000 el número de posibles desmovilizados, sin contar que el proceso iba a permitir presionar a las Farc, acabar con cientos de secuestros y legitimar el proceso de paz paralelo que entonces se llevaba con las autodefensas. Sin embargo, el cable de febrero de 2006, ya dejaba claro que el gobierno Uribe no era optimista y que a la Embajada le preocupaba que cualquier concesión adicional al Eln, tendrían que hacérsela a los ‘paras’.

Esa expectativa no era muy distinta a la que se tenía respecto al país. En el mismo cable ya se hablaba de la reelección de Uribe, lo cual era evaluado como cuatro años y medio más de alianza. Se celebraba el número de extradiciones y la guerra antidrogas, pero también se advertía sobre una tercera generación de “droguistas” en las fuerzas armadas ilegales, luego de los ideólogos originales y de los organizadores militares posteriores. Sobre las Farc, su visión era que se apreciaban débiles pero que iban a jugar con el intercambio humanitario, como en efecto sucedió.

En el cable se admite que hay frustraciones colombianas en sus relaciones con Estados Unidos, entre otros aspectos, porque no reciben más blackhawks o no los dejan usar la extradición como instrumento de negociación con los paramilitares y los narcotraficantes. Y se incluye un comentario particular sobre la presión sin descanso a que tiene sometidos Uribe a los militares, advirtiendo que podía estar quemando a los uniformados o al menos creando una distancia entre ellos y el liderazgo civil.

2006 terminó con cables de octubre y diciembre, en los cuales, primero se informó que había tensiones entre Antonio García y el comisionado Luis Camilo Restrepo y que el Eln estaba listo para un cese al fuego y soltar secuestrados a cambio de asistencia del Gobierno a los desplazados. Después se reportó que el mediador Moritz Ackerman había dicho que el Eln no iba a suspender contactos pero que lo hizo porque estaba a la espera de ver qué tanto se debilitaba el Gobierno con el escándalo de la parapolítica. Con el paso del tiempo, los acercamientos fracasaron.


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México tiene miedo

A pesar de los logros obtenidos por el gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico, una encuesta publicada por el periódico ‘El Universal’ revela que el 52% de los mexicanos se siente amenazado por los problemas de criminalidad y violencia.

El fin de semana pasado fue el más violento del año en Ciudad Juárez, principal urbe del estado mexicano de Chihuahua que colinda con los Estados Unidos. Cuarenta y tres personas perdieron la vida en enfrentamientos que, a priori, parecen haber sido producto de la pugna entre el cártel de Juárez y el de Sinaloa por el control de la ruta de tráfico de drogas desde Ciudad Juárez a Estados Unidos. Pero la violencia incluso se está sintiendo en estados antes tranquilos como Monterrey. La semana pasada, el agente de inmigración y aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, fue asesinado en un supuesto ataque de sicarios del narcotráfico en San Luis de Potosí, en la ruta que lleva de Monterrey a la capital mexicana.

Los hechos de la semana pasada son una prueba más de la difícil situación que está atravesando el país por cuenta del narcotráfico. Un problema que de acuerdo a las cifras oficiales ha dejado 34,600 muertos desde que el presidente Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006. El 2010 ha sido el año más violento, con 15.273 asesinatos.

A pesar de lo alarmante de la cifra, el Ejecutivo se ha mostrado optimista de cara al futuro. Hace tres semanas, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Alejandro Poiré Romero, destacó los éxitos de la Estrategia Nacional de Seguridad y en especial el debilitamiento del cartel ‘La familia Michoacana’ después de que las fuerzas federales abatieran al líder de la organización, Nazario Moreno González, alias ‘El Chayo’, y capturaran a otros miembros como Rafael Cedeño Hernández, alias ‘El Cede’, y Carlos Rosales, alias ‘El Tísico’.

Pero las cifras de mortalidad no son las únicas que reconocen que la situación de inseguridad es cada vez más inquietante en el país. Una encuesta realizada por la firma Buendía & Laredo, y publicada por el periódico ‘El Universal’, reveló que el 52% de los encuestados se sienten amenazados por los problemas de criminalidad y violencia y el 83% cree que la violencia aumentó en el último trimestre.
Para algunos analistas la diferencia entre la percepción ciudadana y la posición del gobierno se debe principalmente a que el gobierno ha enfocado su estrategia en la detención de los capos de la droga y ha dejado de lado los delitos comunes.

“En los últimos cuatro años se han multiplicado los delitos que más afectan a la población, como son el robo en las calles y transportes, los asaltos en carreteras, en el exterior de los bancos y centros comerciales, el saqueo en Pemex, las extorsiones y los secuestros, generando así un índice de inseguridad que no tiene paralelo ni antecedente alguno”, asegura el diputado y ex secretario de Seguridad Pública de México, Alejandro Gertz Manero, en su columna en el diario El Universal.

Para otros, como el investigador Jorge Chabat, la discusión sobre si la estrategia del gobierno de Felipe Calderón ha si exitosa o no es superficial. Para él, el corazón del asunto radica en que “este es un problema de eficiencia y corrupción de las instituciones mexicanas. Mientras eso no se resuelva cualquier estrategia que venga no va a funcionar y va tomar muchos años ver un progreso importante en el combate a la delincuencia organizada simplemente porque el Estado no tiene los instrumentos necesarios para hacer frente a esta amenaza permanente”.

De momento, lo único claro es que el aumento en la tasa de inseguridad mexicana ha traído consecuencias en uno de los sectores más prósperos de su economía: el turismo. Las nueve alertas que ha emitido el gobierno de EE.UU. para que sus ciudadanos eviten viajar a ciertas zonas del país tendrán un fuerte impacto en la temporada de spring break en febrero y en la que tradicionalmente decenas de miles de estudiantes estadounidenses y canadienses visitan los balnearios mexicanos. Según Pedro Falcón, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Guerrero, las empresas hoteleras en Acapulco (donde el pasado viernes una serie de enfrentamientos dejó un saldo de 13 muertos) son poco optimistas y prevén que “no se llegará ni a los mil estudiantes”, lo que significaría una caída de 88% con respecto al 2009, cuando se registraron 18.000 visitantes.


Redacción Internacional Elespectador.com

Mal día para Álvaro Uribe Vélez

El 21 de febrero de 2011 quedará registrado como uno de los días más aciagos del expresidente Álvaro Uribe Vélez en materia personal y política. No hubo “trinos” a través de Twitter, tampoco largas entrevistas en emisoras de pueblo ni en periódicos regionales, donde siempre se ha sentido a gusto. Esta vez guardó silencio.

Y calló porque tuvo un mal día. La justicia intervino con severidad en dos procesos donde tiene profundos lazos personales y políticos: de un lado, la Corte Suprema de Justicia condenó a 90 meses de prisión a su primo segundo y mano derecha en la política, Mario Uribe Escobar; de otro, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra siete exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y por lo menos 15 beneficiarios de subsidios provenientes del programa Agro Ingreso Seguro.

En el plano personal, Uribe Vélez ha perdido a un aliado incondicional con quien anduvo el departamento de Antioquia por más de 30 años en sendas campañas electorales. A ambos los cobijaba la ambición de poder y tenían, juntos, la fortaleza para enfrentar grandes retos políticos, entre ellos superar a barones electorales regionales como Bernardo Guerra Serna y Fabio Valencia Cossio.

Conquistaron la Cámara de Representantes, el Senado, la Gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República. Unidos en las ideas del Sector Democrático del Partido Liberal y luego en el movimiento Colombia Democrática, tuvieron a su haber millones de votos e influencias en el sector público, tanto local, como regional y nacional. Pero la ambición traiciona cuando se extralimita. Y la sentencia contra Mario Uribe Escobar así parece demostrarlo.

El mal día del expresidente Uribe Vélez no sólo va por cuenta de la pena impuesta a su fiel escudero, sino por la posibilidad de que su primo sea juzgado por delitos de lesa humanidad. Es claro que los acuerdos entre políticos y paramilitares ocasionaron muertos, desaparecidos y desplazados, provocaron masacres y despojos de tierras. De ahí que se vislumbre que los llamados ‘parapolíticos’ sean procesados también por esos crímenes. Si ello llegara a concretarse, Mario Uribe Escobar estará en el estrado, afrontando un nuevo juicio.

Pero Uribe Vélez no sólo fue afectado por la condena contra un socio leal e incondicional; también corre el riesgo de perder políticamente a uno de sus jóvenes seguidores, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura de su gobierno y quien ha estado sonando en las encuestas electorales para la Gobernación de Antioquia.

La decisión tomada por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, de formular cargos contra algunos funcionarios que estuvieron subordinados a Arias, así como contra varios beneficiarios con los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, pone a tambalear las aspiraciones políticas del exministro, entre otras razones porque su expediente está en el despacho de la Fiscal General de la Nación, quien tiene la potestad de investigarlo y el caso aún no se ha cerrado. Dentro del juego de las posibilidades cabe una decisión en su contra, lo que acabaría con su corta y sonada carrera política.

Como ministro de Agricultura no escatimó esfuerzos para beneficiar a todos aquellos que tienen el poder económico, por encima de los más pobres. Recuérdese, por ejemplo, el caso del predio Carimagua, de Puerto Gaitán, Meta, de propiedad de la Nación y que pretendió entregárselo a grandes empresarios para su explotación, con el argumento de que los campesinos, muchos de ellos desplazados de la violencia, no tenían los recursos suficientes para hacerlo. En esa ocasión, la Procuraduría General de la Nación conceptuó que ‘”no solo se vulneró los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación de estas personas, sino que impidió que recibieran la mínima atención del Estado”.

En el proceso de Agro Ingreso Seguro, un programa de subsidios no reembolsables a través del cual el Ministerio de Agricultura pretendía “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”, se evidenció la misma tendencia que en el caso de Carimagua: beneficiar a grandes empresarios con miles de millones de pesos en subsidios.

A través de las labores de investigación de la Fiscalía General de la Nación, se pudo determinar que decenas de empresarios, en particular grupos familiares de la Costa Norte, accedieron a esos beneficios para financiar supuestamente proyectos agroindustriales sin cumplir con los requisitos legales, circunstancia que no fue objetada por los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Todo este tejemaneje de favorecimientos económicos se hizo bajo la administración de Arias como ministro de Agricultura.

El hecho de que se vayan a procesar penalmente a sus subordinados en el Ministerio de Agricultura y se aplace una decisión en su contra, deja en suspenso la carrera de Arias por la Gobernación de Antioquia, un golpe que tendrá que asumir el expresidente Uribe Vélez y que lo obliga a reformular su estrategia para conquistar sus antiguos feudos.

Las decisiones de la justicia le amargaron el día al exmandatario. Y lo que presumo es que tendrá más días agrios, entre otras razones porque las investigaciones por parapolítica han llegado a Antioquia, donde el expresidente ha tenido influencia notable; además, hay una mayor colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos para permitir que los exjefes paramilitares extraditados sean versionados por los fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, lo que permitirá conocer cómo tejieron sus alianzas con sectores políticos, económicos, sociales y militares; y finalmente, la solidez que refleja el proceso de la Fiscalía en el caso de Agro Ingreso Seguro afectará irremediablemente a su joven protegido político.

No serán días fáciles para el expresidente Uribe Vélez. Espero que todo lo que se revele del pasado lo obligue a guardar un prudente, respetuoso y reflexivo silencio, tal como lo hizo este 21 de febrero de 2011. La contundencia de la justicia no le dará para más.


Por Juan Diego Restrepo E.*

Francia ofreció a las FARC una oficina en París: WikiLeaks

Francia ofreció a la guerrilla de las FARC abrir una oficina en París a cambio de la libertad de Ingrid Betancourt, pocos meses antes de que esta fuera rescatada en julio de 2008, según un cable diplomático de la embajada de EE.UU. en Bogotá filtrado por WikiLeaks y divulgado por el diario El Tiempo.

El ofrecimiento incluía también que Francia "levantaría" a las FARC la clasificación como "grupo terrorista" impuesta por la Unión Europea (UE), de acuerdo con el citado cable, fechado el 24 de junio de 2008.

El documento, enviado a Washington por su embajada en Bogotá, revela que la oferta fue hecha en febrero de 2008 por el francés Noël Saez, entonces intermediario entre las FARC y el Gobierno de Nicolás Sarkozy para el caso de la colombo-francesa Betancourt, a ‘Raúl Reyes’, portavoz internacional de la guerrilla y muerto en un bombardeo en marzo de ese mismo año.

"En febrero, Saez le dijo a 'Reyes' que el Gobierno de Francia levantaría a las FARC) la clasificación como grupo terrorista por parte de la Unión Europea y les permitiría abrir una oficina en París, a cambio de la liberación de Betancourt", detalla el cable.

Ingrid Betancourt, secuestrada en febrero de 2002, fue rescatada junto a tres estadounidenses y once policías y militares colombianos el 2 de julio de 2008 en la llamada Operación Jaque, un operativo del Ejército camuflado de misión humanitaria.

De acuerdo con otro cable de la embajada filtrado por WikiLeaks y divulgado el pasado sábado por Caracol Radio, alias ‘César’, uno de los "carceleros" de Betancourt durante su secuestro, buscó acuerdos con el Gobierno colombiano para liberarla a cambio de poder refugiarse en Francia con su familia.

Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias ‘César y capturado durante la Operación Jaque junto al también guerrillero Alexander Farfán (‘Gafas’), fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2009 por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

EFE

Campesinos insisten en frenar erradicación de coca

La escena de la marcha en Anorí (norte de Antioquia), que se realizó hace tres semanas, en la que 5.500 campesinos presionados por la guerrilla pidieron que los aviones de la Policía no regaran más glifosato en sus veredas para erradicar coca, se repite en Tarazá.

Agitando la misma consigna, hasta la zona urbana de este municipio limítrofe con Anorí, desde el sábado han arribado entre 1.500 y 2.000 labriegos, según informó el alcalde Yuan Pablo Restrepo quien esperaba la llegada de dos buses escalera más con labriegos de veredas lejanas.

El comandante del Distrito Especial de la Policía en el Bajo Cauca, coronel Miguel Moncaleano Gómez, denunció que en el corregimiento Santa Rita, a 12 horas de la cabecera de Ituango, la guerrilla obligó a 135 estudiantes y a 15 profesores a unirse al éxodo para apoyar la protesta.

"Lo que han manifestado es que la persona que emitió el mensaje, para que se desplazara toda la población excepto los niños menores de diez años y las embarazadas, es alias 'el negro Tomás'", dijo Moncaleano.

Mediante un comunicado, los líderes del movimiento piden el cese inmediato de la aspersión en el Bajo Cauca y el Nudo de Paramillo, la indemnización de los campesinos a los cuales, dicen, los aviones les han dañado sus huertas de pan coger y la inversión en proyectos de sustitución.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue enfático en que el Gobierno departamental no se sentará en ninguna mesa.

"Qué va a negociar uno cuando piden que no se asperje. Mientras haya coca habrá erradicación manual y cuando hay mucha mina (antipersona) habrá aspersión", enfatizó.

En esa localidad, en el 2008 se presentaron cuatro marchas campesinas con la misma pretensión y finalmente una comisión gubernamental facilitó el retorno tras prometer la inclusión de los marchantes en proyectos económicos que involucraban la siembra de cacao, caucho, caña y café.

Lo curioso es que muchos de los participantes en la presente movilización hicieron parte del anterior movimiento.

Uno de los líderes de la protesta le dijo a EL TIEMPO que los programas no se desarrollaron de la manera que el Gobierno prometió y aceptó que cerca del 30 por ciento reincidieron con la coca.

No obstante, Rendón asegura que no se trata del fracaso de los programas de sustitución y erradicación, pues de casi 10 mil hectáreas que se contaban hace tres años, ya hay menos de la mitad.

Además, existen 9.500 familias vinculadas beneficiadas con el programa de Guardabosques, el mismo que no han dejado penetrar en los corregimientos El Guaimaro, La Caucana (de Tarazá) y Santa Rita, zonas principales que hoy protagonizan el desplazamiento.

Tanto Rendón como la Policía y el Ejército han coincidido en que la guerrilla y las bandas están presionando a los campesinos como una estrategia para defender las 4.554 hectáreas que aún hay en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, donde hacen presencia los frentes 18 y 36 de las Farc, lo mismo que bandas criminales.

En las últimas horas y con el fin de facilitar contactos con los labriegos llegó a la zona una comisión de la Gobernación de Antioquia, encabezada por el Coordinador de Derechos Humanos del Departamento.

REDACCIÓN MEDELLÍN

'Alfonso Cano', un blanco de alto valor estratégico

“La Fuerza Pública le está respirando en la nuca”, refiriéndose al jefe máximo de las Farc, alias Alfonso Cano , fue el comentario del presidente Juan Manuel Santos el pasado jueves 17 de febrero. Al día siguiente proliferaron los rumores de que el comandante guerrillero había sido dado de baja, pero la Casa de Nariño salió a desmentirlo. Lo único claro es que sí hay operaciones contra Cano y al parecer éste utilizó los momentos de cese de operaciones militares de la semana pasada, por la liberación de secuestrados, para darle respiro a su movilidad.

Según fuentes de El Espectador, desde mediados de enero se tuvo conocimiento de la presencia de Alfonso Cano en un campamento móvil entre las veredas La Hacienda y Los Guayabos, ubicadas sobre el río Támara, al sur del municipio de Planadas (Tolima). De inmediato se activaron las acciones porque el jefe guerrillero ha sido calificado como un “Blanco de Alto Valor Estratégico” para su captura o su baja. Y lo primero en aclararse fue cuál es hoy el plan de seguridad de las Farc en el Cañón de Las Hermosas.

El hombre clave de Alfonso Cano parece ser un sujeto a quien apodan El Ardillo , de quien se dice es algo así como su jefe logístico. Además, el insurgente que le provee las herramientas para moverse en la arisca zona. Sobre este individuo se concentró la actividad de las Fuerzas Militares, a tal punto que fue blanco de un ataque en el sector de Puerto Limón del municipio de Planadas. No obstante, logró eludir la acción. De paso, con todo el operativo de liberación de secuestrados en la zona, las Farc lograron reacomodarse.

En concreto y según fuentes de inteligencia, Alfonso Cano aprovechó los momentos de desmilitarización y especialmente la confusión que se formó en torno a las coordenadas para la liberación de dos militares en el Cauca, para hacer un movimiento estratégico. Supuestamente salió de las márgenes del río Támara y se desplazó hacia los ríos Cambrín y Siquila, situados en las zonas altas de los municipios de Río Blanco y Planadas. No es clara su suerte, pero la Fuerza Pública le sigue los pasos pues está convencida de que puede provocar un desenlace.

Es un verdadero ajedrez en una zona altamente militarizada y cada quien maneja su estrategia. Según las fuentes consultadas, además del apoyo de El Ardillo y el respaldo de la compañía Alfredo González, al máximo jefe de las Farc lo protege el frente 21 de la organización. Con dos anillos de seguridad, se mueven también en la histórica región del Cañón de Las Hermosas unidades de la columna móvil Daniel Aldana y de la columna móvil Héroes de Marquetalia. El gran protector de Cano es alias Pablo Catatumbo, también en la mira militar.

A su vez, las Fuerzas Militares saben que se mueven en una zona que conoce muy bien la guerrilla y por eso tienen su propia estrategia, basada en campamentos móviles, mucho trabajo de inteligencia, máxima atención en materia de comunicaciones. Debido a que en anteriores acciones militares, las Farc han demostrado vulnerabilidad cuando tratan de dar órdenes, como en el pasado reciente, hoy los jefes se cuidan mucho de dejarse oír. Más aún en una zona donde las señales son difíciles de captar. Sin embargo, la operación es envolvente.

Por eso aumentan los rumores. Es claro que bien sea en el caso de Alfonso Cano, Pablo Catatumbo o algunos de sus segundos en la región, identificados con los alias de El Ardillo, Marlon, Mauricio, El Gordo Eduardo, El Toro, El Abuelo o Perro Viejo, se están librando combates hora tras hora y en cualquier momento puede haber reportes. Hoy existe expectativa por conocer los términos de una carta de Alfonso Cano, de la cual es portadora la senadora Piedad Córdoba, quien además ha dicho que antes de marzo se conocerá una gran noticia.

Como están hoy las acciones militares en la región del Cañón de Las Hermosas, esta noticia puede ser de diversas facetas. O en el campo de la negociación política si las propuestas de las Farc apuntan hacía un anuncio de propuesta en este sentido, o en el campo militar, porque más allá de las conjeturas sobre la suerte del líder guerrillero, lo claro es que en la estrategia en marcha de las Fuerzas Militares, al igual que en la operación en la que se dio de baja a alias El Mono Jojoy, Cano es un blanco de alto valor estratégico.

¿Quién es alias ‘Alfonso Cano’?

El guerrillero más buscado en el país, nacido el 22 de julio de 1948 en Bogotá, quien el sábado pasado cumplió mil días en la comandancia de las Farc, luego de la muerte natural de Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’, en marzo de 2008, hizo cursos de derecho y antropología en la Universidad Nacional antes de recluirse en la selva con las Farc, a finales de los años setenta, y tras militar activamente en las juventudes del Partido Comunista.

Proviene de una familia de clase media, integrada por una maestra y un agrónomo. En los años ochenta estuvo al frente de la creación del partido político Unión Patriótica, en medio de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur. Luego, tras la ruptura de los diálogos, siguió su militancia activa en las Farc y pronto llegó al Secretariado de esa organización. Tiene en su contra 47 órdenes de captura, una circular roja de la Interpol y una condena de 40 años de prisión por la muerte de diez civiles y 11 policías en un ataque al municipio de Puerto Lleras (Meta) entre el 10 y el 12 de julio de 1999.


María del Rosario Arrázola Elespectador.com

Inversión militar de EE.UU. aumentó un 8 % las ventas de la industria de armas

Las ventas de las cien mayores compañías de armamento del mundo aumentaron un 8 por ciento en 2009 hasta los 401.000 millones de dólares (293.000 millones de euros), según un informe difundido hoy por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

El aumento del gasto en mercancías y servicios militares de Estados Unidos es un "factor clave" para explicar esta subida del gasto mundial, que se ha producido a pesar a la recesión económica sufrida en 2009, señaló Susan Jackson, experta del SIPRI y una de las autoras del estudio.

De este modo, se sigue la tendencia ascendente en la venta de armas de los principales fabricantes, que desde 2002 a 2009 ha subido un 59 por ciento en términos reales.

El SIPRI considera el comercio de armas como la venta de productos y servicios a clientes militares, incluidas tanto las contrataciones en territorio nacional como las exportaciones.

Las ventas de las diez principales compañías, siete de ellas estadounidenses, supusieron el 56,9 por ciento del total.

La lista la encabeza Lockheed Martin (EEUU), seguida por la británica BAE Systems, ambas con el 8,3 por ciento, y luego por otras tres estadounidenses: Boeing, con el 8,1; Northrop Grumman, con el 6,7, y General Dynamics, con el 6,4 por ciento.

El constructor aeronáutico Sociedad Europea Aeroespacial y de Defensa (EADS), del que la española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee el 5,5 por ciento, ocupa el séptimo lugar con el 4 por ciento del total de las ventas.

En la clasificación de los cien principales fabricantes, 78 compañías son de EEUU o de Europa Occidental y éstas acaparan en conjunto el 91,7 por ciento de las ventas, según el informe del SIPRI.

EEUU cuenta con 45 empresas entre las cien primeras, que controlan el 61,5 por ciento de las ventas totales.

Entre los 33 fabricantes europeos, más de tres cuartas partes proceden de cuatro países: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

La española Navantia ocupa el puesto número 43, con unas ventas en armamento de 1.420 millones de euros.

Ninguna de las cien mayores compañías armamentísticas del mundo es de América Latina o de África, mientras que diez proceden de Asia y siete de Oriente Medio.

La base de datos de la industria armamentística del SIPRI, creada en 1989, contiene datos financieros y laborales de compañías productoras de armas de los 30 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los países en desarrollo, excepto China.

El SIPRI es una prestigiosa institución internacional dedicada a la investigación de conflictos, armamento, control de armas y desarme, creada en 1966 y con sede en Estocolmo.



Agencia EFE Elespectador.com

Lo de Egipto

La televisión del mundo mostró a los manifestantes egipcios en la plaza Tahrir de El Cairo bailando felices porque los militares se habían tomado el poder. Pero no se lo tomaron ahora. Lo tienen -por lo menos- desde cuando el general Naguib dio un golpe militar para derrocar al frívolo rey Faruq en 1952, y a continuación el coronel Nasser derrocó a su vez al general Naguib en 1953. Nasser murió en 1970, y el poder lo heredó su vicepresidente Anuar el Sadat, un general del Ejército. Cuando once años después fue asesinado Sadat, su sucesor fue un general de la Aviación, Hosni Mubarak. Ahora se retira Mubarak, y toma el mando un mariscal, Mohamed Hussein Tantawi, que preside el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (integrado por cinco generales) y a los 75 años de edad lleva veinte siendo ministro de Defensa: es un pilar del régimen. Del régimen militar, que manda en Egipto no desde hace treinta años, como dice la prensa, sino cerca de sesenta. Y ha convertido a Egipto en lo que es hoy: un país miserable, corrupto y oprimido, donde solo prospera la casta militar, alimentada por la corrupción y armada por los gobiernos de los Estados Unidos.

¿Y a eso llama la prensa mundial "revolución"? Tal vez lo sea, sí, pero solo en el sentido astronómico estricto: una revolución completa es la que, por ejemplo, cumple la tierra en un año en torno al sol para volver a quedar en donde estaba.

Que la prensa y la televisión occidentales muestren su satisfacción con lo ocurrido en Egipto es comprensible. El golpe militar -el autogolpe militar: solo pasa a retiro el general en jefe- garantiza la permanencia de un régimen militar, y laico (si es que un régimen militar es exactamente "laico"), que sirva de barrera contra el islamismo militante de los Hermanos Musulmanes, que a excepción del propio Ejército son la única fuerza política relativamente organizada en el país, pese a estar prohibida. Lo que no es comprensible es que se alegren también los egipcios -los cuales, para empezar, son en su inmensa mayoría musulmanes creyentes y practicantes, incluso dentro de las filas del Ejército: no desconfían del Islam.

A pesar de todo, la "revolución" egipcia despierta la inquietud de los gobiernos árabes de toda la región, desde Mauritania hasta Arabia Saudita. Para los gobernantes, los pueblos nunca son de fiar. No porque de verdad teman que vayan dichos pueblos a "tomar en sus propias manos su destino", como cantan las más líricas voces de la prensa de Occidente: eso no ha sucedido sino muy rara vez en la historia. Sino porque temen, en el tumulto, ser sustituidos por otros gobiernos. Después de Túnez, donde empezó todo hace un mes, se agitan Argelia (donde, como en Egipto, manda el Ejército: cuando hubo elecciones libres las ganaron los extremistas islamistas), la Libia del coronel Gadafi, Bahréin, Yemen, Arabia Saudita. Países todos ellos gobernados por ancianos dictadores que llevan décadas en el poder, o, en el caso de las monarquías, varias generaciones.

Pero la demostración más elocuente de que nada ha cambiado en Egipto con la muy escareada "revolución de los jóvenes", o "revolución blanca" (y, de paso, se están agotando los colores: se frustró la "revolución verde" de Irán, se marchitó la "revolución naranja" de Ucrania; en cuanto a los calificativos botánicos -la "revolución de los jazmines", la "de los juncos"-, son demasiado cursis para tomarlos en serio), la demostración más elocuente de que todo sigue igual, es la satisfacción manifestada por el presidente Barack Obama de los Estados Unidos. Siguiendo la costumbre inveterada de los gobernantes de su país, abandonó a Mubarak, su fiel aliado de treinta años, en cuanto tuvo problemas: y ni siquiera mencionó su nombre en el discurso con que saludó su caída. Pero en cambio no dudó en dejarse arrastrar por la más inflamada retórica, que es tal vez lo único que le queda de las esperanzas que despertó su propia elección a la presidencia. Y llamó al proceso sucesorio egipcio "un triunfo de la dignidad humana", y la prueba de lo que es capaz de lograr "un pueblo, no por la violencia, sino por la fuerza moral", y saludó el advenimiento de "una verdadera democracia". Y, tras afirmar que lo sucedido en ocho días en la plaza Tahrir (que significa "Liberación", y se refiere al golpe militar de 1952) es comparable con los veinticinco años de la "resistencia pacífica" de Gandhi en la India contra el Imperio británico y a la caída del muro de Berlín que marcó el fin del comunismo en Europa, concluyó diciendo:

—Los egipcios han cambiado su país, y al hacerlo han cambiado el mundo.

Si un presidente de los Estados Unidos creyera de veras eso, estaría preocupadísimo.

Antonio Caballero

Wikileaks: 'César' buscó acuerdo con el gobierno para liberar a Íngrid Betancourt

El 24 de junio de 2008, la embajada de Estados Unidos en Bogotá expidió un cable diplomático en el que da cuenta sobre un presunto intento de acuerdo entre Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias 'Cesar', en ese entonces comandante del frente primero de las Farc, y el gobierno colombiano.

El propósito del acuerdo sería, según la información revelada por Wikileaks, la liberación de Íngrid Betancourt.

Lo particular del caso es que la nota diplomática, según Wikileaks, fue expedida una semana antes de la llamada ‘Operación Jaque’, la estrategia militar que culminó con la liberación de Íngrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos y once miembros de la fuerza pública que estaban secuestrados por las Farc.

El documento diplomático protege a su fuente y dice “XXXXXXXXXXXX nos ha dicho el 13 de junio que la iglesia está en contacto indirecto con el comandante del frente de las Farc Antonio Aguilar Ramírez ('Cesar') quien supuestamente está buscando que el gobierno colombiano libere a su esposa y a su hija, que el gobierno colombiano se comprometa a permitirle a él, a sus familiares y a cualquier otro guerrillero que decida desmovilizarse con él, tener acceso a un paso seguro hacia Francia, todo a cambio de la liberación de Íngrid Betancourt”.

“XXXXXXXXXXXX informó que el viceministro de defensa, Sergio Jaramillo, promete su entera colaboración. Si el trato se completa, XXXXXXXXXX dice que la Iglesia participaría a nivel sacerdotal por miedos de que el involucramiento de un nivel superior queme las relaciones de la Iglesia con el Secretariado de las Farc”.

“XXXXXXXXXXXX nos dijo el 17 de junio que el CICR no ha podido volver a contactarse con el Secretariado desde la muerte de 'Raúl Reyes'. Él considera que la desmovilización de un comandante local que cuide a secuestrados es más probable que la autorización de una liberación por parte del Secretariado”.

El cable también habla de un presunto contacto del exsecuestrado Luis Eladio Pérez con el miembro del secretariado de las Farc Andrés París.

"XXXXXXXXXXXXX nos dijo que Pérez mientras estaba en Europa recibió una llamada del miembro del secretariado internacional de las Farc 'Andre París' quien le dijo que las Farc iban a liberar muy pronto a Betancourt y a otros rehenes".

Uribe liberó guerrilleros detenidos por presión de Francia y Suiza

No fue el único cable diplomático conocido este sábado. Otra de las notas diplomáticas reveladas por Wikileaks advierte que presiones de Francia y Suiza fue las que permitieron que en 2007 el gobierno de Álvaro Uribe accediera a la liberación de Rodrigo Granda y otros guerrilleros presos en cárceles colombianas.

Sin embargo, para Estados Unidos esa liberación de guerrilleros no fue calificada como un hecho que pusiera en riesgo la seguridad.

El 5 de junio de 2007, el funcionario norteamericano en Bogotá John S. Creamer le informa al Departamento de Estado de Estados Unidos que el presidente Uribe liberará un grupo de miembros de las Farc por presiones internacionales de gobiernos como el de Suiza y Francia para promover un intercambio humanitario.

“La iniciativa unilateral del presidente Uribe fue diseñada para cortar de raíz lo que Uribe percibe como una creciente presión internacional sobre el gobierno colombiano para que acepte una zona de despeje y reactive el diálogo para un acuerdo humanitario”, dice.

El cable no revela su fuente a quien llama como “XXXXXX”, pero precisa que este funcionario asistió a una reunión entre el presidente Uribe y la cúpula militar en la que el mandatario aseguró que el presidente francés Nicolas Sarkozy le había pedido que liberara a Rodrigo Granda.

“Uribe decidió cumplir la petición diciéndole a XXXX y a altos comandos que la liberación de Granda valía la pena con tal de recibir a cambio el apoyo de Sarkozy y ganar otro partidario del G8 a favor de Colombia.

El cable concluye: “XXXXXXXXXXXX dice que la liberación de 200 guerrilleros presos no significa un riesgo para la seguridad del gobierno colombiano. El comandante de las fuerzas militares, General Fredy Padilla de León y otros altos mandos apoyan a Uribe. Dicen que es mejor soltar prisioneros en vez de despejar una zona para negociar”.

¿Por qué fracaso el intento de despeje en el Valle del cauca en 2005’

Otro de los cables emitido el 29 de septiembre de 2005 habla sobre los intentos de diálogo del gobierno con las guerrillas del Eln y las Farc. El documento está calificado como “ultrasecreto” y firmado por el embajador William Brownfield.

El documento resume un encuentro entre el representante diplomático y otro funcionario a quien le protegen la identidad llamándolo durante todo el texto como “XXXXXXXX”.

El informante asegura que el proceso de paz con las guerrillas está completamente “estancado” pero precisa que la iglesia había planteado la idea de realizar un “intercambio de prisioneros” en alguna zona desmilitarizada en Valle del Cauca.

Según el documento, el entonces gobernador del Valle, Angelino Garzón, propuso el corregimiento de Bolo Azul y planeaba mantener la iniciativa en secreto “hasta que la Corte Constitucional decidiera si la reelección era legal o no”.

El informante precisa que la iniciativa se terminó “filtrando” al ex presidente Ernesto Samper, quien la publicó para presionar al gobierno. Desde entonces, la idea del encuentro con las Farc se “uribizó” y adquirió un carácter político, lo que a las Farc no les gustó y terminaron cancelando el contacto.

El documento también confirma que Rodrigo Granda tiene cáncer de próstata y que no quiere tratarlo médicamente porque teme por su vida.

www.semana.com

WikiLeaks revela que Uribe buscaba llevar a las Farc al diálogo

El Mandatario calculaba que esa guerrilla se sentaría a negociar antes de terminar su mandato.
Nuevos cables de WikiLeaks revelan la confianza del Gobierno de Álvaro Uribe en que sería posible, mediante la vía militar, empujar a las Farc a iniciar una negociación antes del fin de la década. En un cable, del 2 de noviembre del 2004, se reporta una reunión entre Uribe y el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Charles Shapiro, a quien Uribe dijo que "como los paramilitares, tanto las Farc como el Eln optarán por negociaciones pacíficas en los próximos cinco años".

Esa confianza se ve reiterada en una comunicación del 2006, en la que el entonces alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, informa a funcionarios de EE. UU. sobre las "grandes esperanzas" de la Casa de Nariño de que "el uso de armas de alta tecnología permitirá matar o capturar a un miembro del secretariado de las Farc, forzando a la guerrilla a comenzar negociaciones serias".

Versión libre

Un despacho de febrero del 2006 muestra que la Embajada "recomendaba" parte del procedimiento a seguir con los paramilitares. En referencia a la desmovilización de los 2.789 miembros del bloque Mineros de las Auc, el cable dice: "La versión libre que rindieron fue la recomendada por la Embajada, que consiste en 16 preguntas, incluyendo alias, conocimiento de acciones criminales por su grupo, activos ilícitos e información sobre la ubicación de rehenes". Y precisa que la versión libre original constaba, apenas, de cinco preguntas básicas.

'Corte Suprema bloqueó investigaciones'

Un cable de noviembre del 2006 cita a una fuente reservada que expresa alivio por la salida del antiguo presidente de la Corte Suprema Carlos Isaac Nader, pues afirmaba que éste "había bloqueado investigaciones para proteger a políticos de Sucre".

En campaña, 'Uribe jugaba a ser víctima'

Un cable del 2006 cita al Procurador General, Edgardo Maya, quien dijo a funcionarios de EE. UU. que, en su opinión, el presidente Uribe "rompía las reglas de la campaña para provocar críticas de la oposición y jugar la carta de 'víctima'".

Lo que dijeron sobre 'César'

¿Hubo acercamiento del guerrillero al gobierno?

"No creo que alguien del Gobierno haya hablado con 'César' (...) no creo que haya habido esa circunstancia", dijo José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial, acerca del cable que asegura que días antes de la operación 'Jaque', alias 'César' le envió un mensaje al Gobierno ofreciendo liberar a Íngrid Betancourt a cambio de su salida al exterior con su familia. Rodolfo Ríos, ex abogado 'Cesar' dijo que vio acercamientos de su cliente con el Gobierno. Rafael Pardo director del liberalismo, anotó que "no sabemos que tan cierto es lo que dice el cable".

www.eltiempo.com
REDACCIÓN INTERNACIONAL

Estados Unidos veta resolución de la ONU que condena los asentamientos judíos

Estados Unidos vetó este viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que reafirma la ilegalidad de los asentamientos judíos en territorio ocupado.

La delegación estadounidense, que tiene derecho de veto por ser miembro permanente, fue la única de los 15 países del máximo órgano de seguridad internacional que no aprobó la medida.

Según la corresponsal de la BBC en Naciones Unidas, era probable que EE.UU. vetara la resolución, para así prevenir que la ONU critique a Israel.

BBC

Irak: Historia de una mentira

No fue el único que faltó a la verdad para desatar una guerra que hoy ha cobrado miles de víctimas.

Lo reveló en una entrevista con el diario inglés 'The Guardian'. Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, conocido como 'Curveball' por la inteligencia alemana y norteamericana, aceptó que se inventó todas las historias sobre fábricas clandestinas y armas biológicas para acabar con el régimen de Sadam Hussein, del que huyó en 1995. "Me dieron la oportunidad de inventar algo y estoy orgulloso de ello", aseguró Janabi.

Con la información que este hombre proporcionó, la Casa Blanca se convenció de que Irak tenía un programa secreto de armas químicas y decidió irse a la guerra, el 20 de marzo de 2003. Así lo hizo saber el entonces secretario de Estado, Colin Powell, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace justo ocho años. Según el funcionario de la administración estadounidense, "la fuente (Janabi) era muy confiable".

Con los datos proporcionados por el mismo informante, Tony Blair, primer ministro británico, insistió días después en que "no me cabe ninguna duda de que esas armas están ahí, contamos con información de científicos, expertos y gente iraquí. Las encontraremos".

La mentira creció aún más. Antes de tomar Bagdad, las tropas estadounidenses recibieron un informe elaborado por el Pentágono, basados en hechos "creíbles", que advertían sobre la autorización que Sadam Hussein habría dado a la Guardia Republicana para utilizar armas químicas.

Con el paso de los años, la mentira se fue cayendo. Las armas químicas nunca aparecieron y los funcionarios de la administración de George W. Bush han ido reconociendo por estos días que en realidad no había armas biológicas, como lo informaron inicialmente. El primero en hacerlo fue el teniente coronel James Conway, general a cargo de los marines estadounidenses en Irak, quien afirmó que ninguno de los informes que les entregó el Pentágono fueron ciertos. Todo estaba basado en datos erróneos."Fue una sorpresa para mí... no descubrimos armas. Vigilamos cada supuesto punto de aprovisionamiento, de almacenamiento y de fabricación en la frontera entre Kuwait y Bagdad, pero simplemente no estaban".

Hace una semana, el exsecretario de Estado, Donald Rumsfeld, gran responsable de la invasión iraquí y quien además llenó sus arcas con millonarios contratos de prestación de servicios médicos y de seguridad durante la guerra en Irak, admitió en su libro de memorias que, "Irak no tenía un programa de armas de destrucción masiva".

El periodista Ron Sunkind, ganador del premio Pulitzer, en su libro "The Way of the World" cuenta que el presidente George W. Bush mandó falsificar un documento de la CIA para justificar los nexos entre Al Qaeda y Hussein, incluso sabía, por información de un funcionario de inteligencia iraquí, que no había armas de destrucción masiva.

Según un estudio publicado por el Centro para la Integridad Pública en Estados Unidos, la administración estadounidense dijo 935 mentiras para justificar la guerra, entre ellas 532 en las que se afirmó que Irak tenía en su poder un poderoso arsenal biológico. La investigación reveló que sólo el presidente Bush hizo 259 declaraciones falsas sobre las armas de destrucción masiva y los vínculos de Irak con Al Qaeda.


Redacción Internacional Elespectador.com

Unión Europea cuestiona 'contradicción' de las Farc

Afrima que por un lado hace liberaciones y por el otro sigue secuestrando.

El embajador de la Unión Europea (UE) en Colombia, Fernando Cardesa, celebró la liberación de seis secuestrados durante la última semana, pero también reconoció que el incumplimiento de las previsiones en el proceso "ha puesto en duda la supuesta buena voluntad de las Farc".

Cardesa se refirió así al compromiso que se incumplió el domingo de liberar a dos rehenes, lo que llevó a que el operativo se extendiera hasta este miércoles, cuando la guerrilla entregó a los dos últimos cautivos: el mayor de la Policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel.

"El cumplimiento de las previsiones no se ha producido de la manera como estaba anticipada. Este retraso ha generado zozobra y ha puesto en duda la supuesta buena voluntad por parte de las Farc", manifestó el embajador europeo.

Cardesa hizo estas declaraciones después de que la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, dijera, a través de un comunicado, que la liberación de estas personas por las Farc "constituye un buen paso hacia el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario".

Sin embargo, declaró que "el secuestro, el 10 de febrero, de dos trabajadores en el departamento del Cauca es una clara contradicción con el espíritu humanitario que, según las Farc, está detrás de estas liberaciones".

Ashton también reconoció que "las circunstancias que rodearon la liberación de los dos últimos secuestrados suscitan serios interrogantes".

Así, la UE hizo un llamamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y a los demás grupos armados que operan en Colombia "a liberar inmediatamente a todos los demás secuestrados que permanecen en cautiverio".

Cardesa, por su lado, ofreció el "apoyo incondicional" de la Unión Europea al Gobierno de Colombia y comentó que "sólo" si el presidente Juan Manuel Santos "diera una orientación o pidiera a la UE cualquier apoyo en un proceso de paz se aceptaría gustosamente".

El siguiente es el texto de la declaración de la UE sobre las Farc:

"La Alta Representante ha recibido la noticia de las últimas liberaciones de secuestrados por las FARC. La liberación unilateral de un número de personas secuestradas por las FARC, durante varios años, constituye un buen paso hacia el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Sin embargo, el secuestro el 10 de febrero de dos trabajadores en el departamento del Cauca, es una clara contradicción con el espíritu humanitario que, según las FARC, esta detrás de estas liberaciones. Además, las circunstancias que rodearon la liberación de los dos últimos secuestrados suscitan serios interrogantes.

La Unión Europea hace un llamado a las FARC y a los demás grupos armados ilegales en Colombia a liberar inmediatamente a todos los demás secuestrados que permanecen en cautiverio.

La Alta Representante reitera el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea con el pueblo colombiano y con su Gobierno en su lucha contra el terrorismo, por el final de toda violencia y por una paz duradera en el país".

Ex 'paras' revelan secretos de las peores masacres del Llano

Un año duró entrenamiento de los Auc enviados desde Urabá.

Un año duró el entrenamiento de cerca de 200 paramilitares de Urabá que, en julio de 1997, realizaron la primera incursión de las Auc a los antiguos feudos de las Farc en el suroriente del país: la masacre de Mapiripán.

Casi tres lustros después, varios de los asesinos están hablando ante la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía sobre esa matanza, por la que un general, Jaime Humberto Uscátegui, fue sentenciado a 40 años de cárcel, y por la que el Estado colombiano fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los ex 'paras' aseguran que, más que Mapiripán, Carlos Castaño tenía en la mira una población, Caño Jabón, que de todos modos sentiría después todo el horror 'para'.

Durante cuatro días, los paramilitares asesinaron y lanzaron al río Guaviare a por lo menos 50 personas en Mapiripán. Y el 4 de mayo de 1998, con lista en mano, se metieron a Caño Jabón y asesinaron a, por lo menos, 20 personas, desaparecieron a otras cuatro y quemaron el pueblo.

Según los ex Auc, el asesinado esmeraldero Yesid Nieto y un ganadero que ha sido señalado en varias versiones, Mario Zambrano, pusieron plata para que las Auc entraran al Llano.

Manuel de Jesús Pirabán, 'Jorge Pirata', jefe 'para' en el Meta, y 18 de sus hombres armaron ese rompecabezas criminal ante Yolanda Prado, fiscal 30 de Justicia y Paz. Por la masacre de Caño Jabón fueron condenados en la justicia ordinaria Humberto Antonio Aguilar, alias 'Drácula', y Elkin Casarrubia, el 'Cura', a más de 15 años de cárcel cada uno. Como la mayoría de responsables que siguen vivos está en Justicia y Paz, no pagarán más de 8 años.

Primer combate en Urabá

Sin saber exactamente a dónde irían a sembrar muerte, un grupo de 80 paramilitares fueron entrenados en la famosa finca Las Tangas, la casa de los Castaño, ubicada entre Córdoba y Urabá.

Desde el Llano, Castaño mandó a llevar a varios habitantes, para entrenarlos y asegurar guías confiables. Uno de ellos fue Dúmar de Jesús Guerrero, el polémico 'Carecuchillo', quien soltó en su versión un dato inédito: que uno de los militares incluidos en la lista de 'canjeables' por las Farc fue secuestrado en un combate en el que el Ejército y los 'paras' lucharon mano a mano.

Ese militar era el sargento Pedro José Guarnizo, uno de los sobrevivientes, en el 2003, del fallido operativo de rescate en el que murieron el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, el ex ministro Gilberto Echeverri y ocho soldados y policías. Una vez se reciban todas las versiones de los paramilitares sobre el capítulo de Mapiripán y Puerto Alvira, la Fiscalía llamará a versión al sargento Guarnizo y a otros militares que son mencionados en los testimonios de los 'paras'. EL TIEMPO intentó ubicar al suboficial, pero el Ejército no suministró información sobre él.

"Las Fuerzas Especiales entraron en contacto con el frente 58 de las Farc en Turbo (...) -dijo 'Carecuchillo'-. Pidieron ayuda porque les estaba yendo muy mal y por orden de los comandantes nos mezclamos con ellos: un 'para', un soldado. Allí mataron a un capitán y a unos soldadosy se llevaron a Guarnizo".

El sargento Pedro José Guarnizo fue secuestrado en julio de 1997 y duró seis años en poder de la guerrilla. Después, fue detenido por un supuesto falso positivo, en 1992, y ahora está en libertad.

Les fue tan mal en los combates que los Castaño ordenaron que los comandantes de la avanzada 'para' fueran de inmediato a un reentrenamiento. Según alias el 'Cura', en la finca 'La 15' hubo cursos intensivos de contraguerrillas y, el 12 de julio de 1997, 87 paramilitares de Urabá se embarcaron en un avión Antonov rumbo a San José del Guaviare. Tal era la complicidad de miembros de la Fuerza Pública que como de Necoclí no pudo despegar el avión, por las condiciones de la pista, se ordenó mover a los 'paras' al aeropuerto de Apartadó.

"El avión Antonov no podía levantar en esa pista. Por eso 'JL', 'Doble Cero' y 'el Alemán' determinaron que había que llevar el personal al aeropuerto de Apartadó. Llegamos, no fuimos registrados ni por la Policía ni por el Ejército, que estaban en la pista. Se emprendió vuelo hacia San José del Guaviare. Allí había llegado el avión con el armamento, se recoge y se llega al Cañero", dijo Agustín Sánchez Mejía, alias el 'Político'.

Según los desmovilizados, los urabeños se reunieron con los Buitrago (comandados por 'Martín Llanos') y los 'paras' de 'Guillermo Torres'. Este último negó su participación y la de sus hombres en las masacres de Caño Jabón y Mapiripán.

'La Brasil, base de las Auc'

El grupo de asesinos estaba dividido en 'Las Águilas' (comandadas por el 'Cura); 'Los Dragones' (bajo mando de Darío Antonio Úsuga, 'Mauricio', actual jefe de 'Los Urabeños'); 'Los Tigres' y 'Los Cobra'.
Después de Mapiripán, los 'paras' tuvieron una base donde, según Efraín Pérez Cardona -alias '400', entonces jefe de seguridad de los Castaño- se entrenaron durante varios años, al menos, 2.000 paramilitares. Era la finca La Brasil, que tiene una pista abandonada y perteneció al 'zar' de las esmeraldas Víctor Carranza.

"Llegamos a Puerto Gaitán (Meta), zona de don Guillermo ('Guillermo Torres'), él se encargó de conseguir el sitio. El primer curso duró 18 o 20 días y fue en octubre de 1997".

De allá salieron, meses después, para Caño Jabón. En cuatro camiones, tres volquetas y varios carros robados llegaron los paramilitares. A su paso iban asesinando, pero a la mayoría de víctimas las sacaron de la cancha, pues allá se reunió todo el pueblo por las órdenes que, a gritos y con megáfonos, les dieron los 'paras'.

Los llevaron a la bomba de gasolina y los acribillaron. Después, cumplieron la orden de reducir todo a cenizas que había dado Carlos Castaño más de un año atrás, para no dejarle nada a la guerrilla, que, supuestamente, controlaba el caserío. "Cuando quemamos la bomba se incendió toda la manzana, incluso, había una casa en paja y dentro de esa casa había municiones y eso parecía un combate dentro del pueblo; sonaba munición de diferentes calibres", relataron los ex 'paras'.

Castaño envió a sus más despiadados asesinos a incursiones en los Llanos

Las macabras historias de los temidos 'mochacabezas' (paramilitares que descuartizaban) de Urabá, las cuentan también los pobladores de Mapiripán y Puerto Alvira, en el Meta. Era una manera de sembrar el temor porel nuevo poder armado que irrumpía en las zonas donde antes solo imperaba la guerrilla. Pero no solo generaban terror con estos métodos. Uno delos enviados fue un paramilitar conocido como el 'Pollo Roger', que finalmente fue asesinado por sus jefes. En las Auc le temían porque, decían, estaba loco y tenía pacto con el diablo. El 'para', según la Unidad de Justicia y Paz, tenía centenares de muertos en su haber y, en Caño Jabón, asesinó a Angie Carolina Ducuara, una niña de 8 años, y a su padre, a quienes les disparó con una ametralladora hasta verlos muertos, un día en que trataron de escapar en una canoa. Era tal su crueldad que, según confesión de los propios jefes 'paras' del Llano, ordenaron fusilarlo porque sus crímenes habían comenzado a generarles demasiados problemas con las comunidades, incluso las más atemorizadas.

En la zona y en la Unidad de Justicia y Paz el 'Pollo Roger' es casi una leyenda, porque las versiones coinciden en que tuvieron que dispararle más de 200 tiros para matarlo. "Estaba 'cruzado'", aseguran ex miembros de las Auc.

REDACCIÓN JUSTICIA
EL TIEMPO

No a las nuevas formas de impunidad

Nuevas formas de impunidad se están imponiendo en Chile. La “política de los consensos” de ayer facilitó durante dos décadas el ocultamiento de ex agentes de seguridad en las filas de las Fuerzas Armadas, mientras “la nueva forma de gobernar” les ha abierto paso a ocupar cargos de distinta relevancia en la estructura del Estado.

Así quedó en evidencia con los recién despedidos asesores del Ministerio de Defensa que fueron parte de la DINA-CNI y de uno de los autores directos del crimen de Carmelo Soria. Particular indignación produce que el general Guillermo Castro Núñez, ex agente de la CNI entre 1979 y 1982, ocupe hoy el cargo de jefe del Estado Mayor de Ejército y que desde ese puesto esté encargado de informar a los tribunales chilenos acerca de los procesos por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde su cargo, el general Castro valida la información que llega a los jueces que investigan los crímenes.

Los argumentos en defensa del general Castro esgrimidos por las actuales autoridades y por ex ministros de la Concertación, en el sentido de que el alto oficial no está procesado en ninguna causa, son insostenibles. El general Castro durante cuatro años perteneció una asociación ilícita –según ha sido calificada por fallos judiciales- a través de la cual la dictadura militar aplicó el terrorismo de Estado.

Según el Informe Rettig, durante su existencia, la CNI “cometió sistemáticamente acciones ilícitas en el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas” y 160 personas fueron asesinadas en ese periodo, la mayoría atribuibles a ese organismo. La CNI instauró el método de exterminio a través de los “falsos enfrentamientos”. Según el mismo Informe Rettig, “durante este período constantemente se entregó como explicación oficial de la muerte de militantes de colectividades de izquierda el que habían caído en enfrentamientos armados con organismos de seguridad, fundamentalmente la CNI, sin embargo esta Comisión ha podido determinar que en un elevado número esos enfrentamientos jamás existieron, siendo las versiones de la Autoridad para eludir la responsabilidad del Estado en los hechos”.

Entre 1979 y 1982, cuando el general Castro integró sus filas, la CNI secuestró, torturó y asesinó tal como lo hizo la DINA en los años anteriores. Cuando Castro perteneció a la CNI fueron asesinados Tucapel Jiménez, el estudiante Eduardo Jara, el dirigente sindical Juan Olivares y el profesor Francisco Álvarez Santibañez, entre muchos otros. En ese mismo periodo, la CNI ejecutó sumariamente a una decena de jóvenes que organizaban la resistencia a la dictadura desde las montañas de Neltume.

“Ningún responsable de violaciones a los derechos humanos será parte de las Fuerzas Armadas o del gobierno”, dijo el presidente Sebastián Piñera. Si esa es la definición del gobierno, entonces debe remover del Ejército al general Guillermo Castro Núñez, ya que éste perteneció una asociación ilícita y ilegítima que con recursos del Estado cometió crímenes de lesa humanidad. Igual suerte deberían correr todos los oficiales de las Fuerzas Armadas en cuyo historial estén registrados vínculos con los aparatos represivos de la dictadura.

Es preocupante que el gobierno avale que un alto oficial castrense involucrado en acciones ilícitas y represivas ocupe un cargo como el que tiene, cuando al mismo tiempo despliega una política que criminaliza las luchas y protestas sociales.

La democracia chilena, pese a todas sus limitaciones, ha sido conquistada con la lucha y sacrificio de todo el pueblo, por lo que no resulta aceptable la convivencia con estas nuevas formas de impunidad.

Santiago de Chile, febrero 2011.

Firman

Londres 38, espacio de memorias

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Casa Memoria José Domingo Cañas

Comisión Ética contra la Tortura (CETC)

Centro Verdad y Justicia, Juan Hernández, Luis Muñoz, Manuel Tamayo.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)

Coordinadora Memoria y Derechos Humanos de Valdivia

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos “Por la Memoria Histórica” Antofagasta

Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – Codepu

Observatorio Ciudadano

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine

Corporación Paine " Un lugar para la Memoria "

Comité de Derechos Humanos de la Cisterna Nido 20

Comité de Refugiados Peruanos en Chile

Agrupación de Familiares de los Detenidos Ejecutados y Desaparecidos
de Palacio de la Moneda

Regional Metropolitano de ex Presas y Presos Políticos,

Fundación Juan Antonio Chávez

Chile SCDA (Chilean Community in South Yorkshire)

Colectivo 119, Familiares y Compañeros

Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile (Pdte. Miguel Retamal)

Corporación 3 y 4 Álamos

Agrupación de ex Presas y ex Presos Políticos V Región

Agrupación de Familiares de Ejecutados Polìticos (AFEP)

BM: Hay 44 millones más de personas pobres por alza en alimentos

La institución que lucha contra la pobreza dijo que el índice de precios de alimentos del Banco Mundial se incrementó en 15% entre octubre del 2010 y enero del 2011 y está a sólo un 3% del nivel alcanzando en el 2008, durante la última crisis por los precios de alimentos.

En un comunicado, el Banco Mundial calcula que hay casi 1.000 millones de personas que sufren hambre en todo el mundo y más del 60% son mujeres. Cuando deben afrontar el alto precio de los alimentos, los hogares pobres eligen los más baratos, los menos nutritivos y dejan de utilizar los servicios de salud y educación.

"Precios más altos del maíz, azúcar y aceite han contribuido a incrementar los costos de varios tipos de alimentos, aunque los precios locales del maíz se han mantenido ampliamente estables en Africa subsahariana", dijo el Banco Mundial en un informe.

En tanto, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, dijo que los crecientes precios de los alimentos se encuentran en "niveles peligrosos" y podrían agudizar las frágiles condiciones sociales en Oriente Medio.

En declaraciones a la prensa en una conferencia telefónica, Zoellick dijo que los altos precios de los alimentos a nivel global eran un "factor agravante", pero no el motivo principal, de las violentas protestas que causaron el derrocamiento de los presidentes de Egipto y Túnez.

Zoellick dijo que la situación financiera en Egipto "debería poder controlarse", al sugerir que el país no requeriría financiamiento adicional del Banco Mundial.

En tanto, un equipo del banco se encuentra actualmente en Túnez evaluando la transición política del país y sus posibles requerimientos financieros.

(Reuters y Dinero.com)

Santos no descarta que durante liberaciones hayan movido a 'Alfonso Cano'

Este martes en la noche, el presidente Juan Manuel Santos habló de las versiones según las cuales las Farc aprovecharon que no hubo operativos militares en las zonas de las liberaciones para mover a su máximo cabecilla, 'Alfonso Cano'.

"Es posible", le dijo el mandatario a la cadena estadounidense CNN, al explicar que las Farc pudieron hacer movimientos estratégicos aprovechando la ausencia de Fuerza Pública.

De igual forma, el jefe de Estado dijo que "Piedad Córdoba se equivocó" al pedir públicamente ser mediadora ante las Farc cuando, explicó, él le advirtió que dicha facultad no la iba a tener.

De otro lado, la excongresista Piedad Córdoba emitió un comunicado, este martes en la noche, en el que anunció que este miércoles sí participará en el operativo de liberación de los secuestrados.

Tras ser consultada por un periodista, la excongresista dijo que "las Farc no incumplieron" e invitó al mismo a remitirse al comunicado, que habla de dificultades logísticas.

Córdoba también desmintió versiones según las cuales se iba a retirar del proceso e informó que canceló el viaje que tenía previsto para Buenos Aires y viajará a Cali, donde se reanudarán los operativos.

A través de Colombianos por la Paz, la excongresista emitió un comunicado explicando las razones por las cuales, según ella, no se llevaron a cabo las liberaciones en su momento.

Comunicado

15 de febrero de 2011

Colombianas y Colombianos por la Paz - @colombianospaz

Colombianas y Colombianos por la Paz reafirma su compromiso en la búsqueda de acciones humanitarias que habiliten caminos para la paz con justicia social, la liberación de todos los retenidos, el fin del secuestro como instrumento de acción política, la discusión sobre las minas antipersona, el reclutamiento forzado, la violencia sexual en contra de las mujeres y otras graves situaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario.

Para la consecución de estos propósitos hemos trabajado incansablemente para la liberación unilateral de los retenidos por las Farc-Ep. A la fecha han sido liberadas 18 personas, entre ellas, los concejales Marcos Baquero y Armando Acuña, el infante de Marina Henry López y el agente de policía Carlos Ocampo.

1. Reiteramos nuestra disposición para continuar la labor de facilitación en la humanización de la guerra para propiciar la liberación del mayor de la Policía, Guillermo Solórzano, y el cabo del Ejército, Salín Sanmiguel.

2. Dificultades logísticas, técnicas, atmosféricas, topográficas y, las propias de la guerra interna, dificultaron la entrega de las dos personas que la guerrilla de las Farc Ep anunció dejar en libertad.

3. Desde el mismo domingo 13 de febrero de 2011, en horas de la tarde, durante la liberación del agente de policía, Carlos Ocampo, el CICR y los delegados de Colombianas y Colombianos por la Paz conocimos de la disposición de la guerrilla de las Farc EP para dejar en libertad a los dos retenidos.

4. Valoramos la disposición del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para llevar a feliz término esta operación humanitaria.

5. Reiteramos nuestro reconocimiento al gobierno de Brasil por su contribución y disposición permanente para la culminación exitosa de esta labor humanitaria.

6. Dentro de su misión humanitaria, Colombianas y Colombianos por la Paz continúa trabajando por la protección y garantía de los derechos de las y los presos políticos.

7. De igual manera nos anima a continuar nuestra labor la decisión del Eln de producir gestos humanitarios para avanzar en la construcción de la paz.

Agradecemos a las familias de los cautivos su voz y respaldo a nuestra gestión humanitaria.



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Una incautación polémica

La relación entre Estados Unidos y Argentina, fría y distante desde hace varios años, atraviesa una profunda crisis diplomática. Un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, que llevaba equipamiento para unos cursos de técnicas antiterroristas, se convirtió en el Caballo de Troya por medio del cual el gobierno austral terminó acusando a la administración de Obama de intentar introducir armas y drogas de forma ilegal en territorio argentino.

El avión, el C-17 Globemaster III, con capacidad de transportar hasta 77.000 kilos, aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires) el jueves pasado. La aeronave transportaba dos contenedores con material bélico que sería usado para el adiestramiento del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la unidad élite de la Policía Federal Argentina.

Minutos después de pisar suelo argentino, fue abordada por 20 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, del servicio de Aduanas y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para una inspección, liderada entre otros por el canciller Héctor Timerman y el ministro de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

Tras el operativo, que se realizó cuando los instructores norteamericanos y la tripulación aún se encontraban a bordo, hallaron ametralladoras pesadas, equipos de transmisión e interceptación telefónica y drogas y estupefacientes, que según el canciller argentino no habían sido detallados por el gobierno estadounidense, por lo cual decidieron incautarlo.

“Encontraron equipos de transmisión, mochilas militares, medicamentos —que, según los funcionarios, estaban vencidos—, pen drives, aparatos encriptadores para comunicación y varias drogas estupefacientes. Además, una valija con documentos clasificados del gobierno de Obama”, detalló una fuente del ministerio de Relaciones Exteriores, quien agregó que tras revisarse el material, los funcionarios de la embajada se retiraron y se negaron a firmar el acta de incautación.

El entrenamiento fue cancelado y el avión, con el equipo de entrenadores, regresó vacío a Estados Unidos. De manera casi automática la situación provocó reacciones de parte y parte. El sábado en la mañana, el subsecretario de Estado de EE.UU. para América Latina, Arturo Valenzuela, llamó al canciller Timerman para expresar su preocupación. Un días después, el presidente Barack Obama citaba al embajador de Argentina, Alfredo Chiaradia, para pedirle explicaciones acerca de lo que había ocurrido. “El presidente está sumamente molesto y a sus asesores les resulta sospechoso que un canciller tomara parte en la incautación”, señaló un funcionario del Departamento de Estado.

En Argentina, la relación con Estados Unidos venía provocando ya discusiones entre el gobierno y los miembros de la oposición. A comienzos de la semana pasada, el canciller había criticado al alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, por enviar a oficiales de la Policía Metropolitana a un curso financiado por Estados Unidos en El Salvador. La embajada de Estados Unidos en Argentina habría prendido las alertas entonces, e incluso el jefe de Gabinete de la ciudad, en declaraciones públicas, le pedía a la presidenta argentina, Cristina Fernández, la renuncia del canciller.

Lejos de brindar las explicaciones que le pide la administración Obama, Timerman envió un mensaje a Washington: “Las leyes argentinas deben ser cumplidas por todos sin excepción. El país formulará una protesta así como un pedido para la colaboración en la investigación sobre los motivos que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo al intentar violar las leyes argentinas, ingresando material camuflado dentro de un cargamento oficial”.

Timerman agregó: “Tal vez EE.UU. no sabía que se estaba ingresando material sin declarar. Yo no acuso al gobierno de Estados Unidos, pero les pido que colaboren por la seguridad y encontremos quiénes son los responsables del intento de ingreso de material no declarado”.

Recordó también que la embajadora Vilma Martínez, en agosto de 2010, hizo enviar nuevamente a Washington un avión con cargamento para el mismo ejercicio porque las armas traídas no coincidían con las enumeradas en las listas. Sin embargo, mientras siguen las discusiones, queda un tufillo extraño en el aire. Según algunos analistas políticos, el incidente y el comportamiento del canciller —catalogado dentro del ala más radical del kirchnerismo—, obedece a dos motivos: primero, al profundo malestar que provocó Obama al excluir a Argentina de su primera gira por Suramérica; y segundo, al deseo de despertar el sentimiento patriótico de los argentinos, y desviar la atención de problemas que afectan al gobierno (como la inflación y la inseguridad) y así realzar la imagen positiva en un año de elecciones.


Nicolás Cuéllar Ramírez/Buenos Aires Elespectador.com

ONU preocupada por refugiados en frontera colombo-ecuatoriana

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se dijo el lunes preocupado por la situación de unos 56.000 refugiados colombianos en la frontera colombo-ecuatoriana, y se comprometió a seguir apoyando los esfuerzos de Quito para atender a esa población.

"Me preocupa mucho también la situación de derechos humanos de los refugiados en la frontera común. Espero que el gobierno del Ecuador preste especial atención en proteger" sus derechos, dijo Ban en una rueda de prensa en Quito junto con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

El diplomático señaló que la asistencia a los desplazados de la violencia en Colombia "es un gran desafío para Ecuador", a cuyo gobierno agradeció "por preocuparse del bienestar" de estas personas junto con Naciones Unidas.

"El equipo de Naciones Unidas, del Acnur, va a seguir trabajando este tema. Hay alrededor de 34 millones de refugiados en todo el mundo, es un desafío que necesita muchos recursos financieros", indicó el secretario general.

Ban anunció que discutirá esta cuestión con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, para "para ver cómo podemos mejorar los sistemas" de atención.

Por su parte, Correa afirmó que "Ecuador es el país con la mayor cantidad de refugiados de América Latina y probablemente el que mejor integra y trata" a esa población "en el mundo entero", y denunció que su gobierno enfrenta obstáculos internos para asistirlos.

"Esto no es sencillo, señor secretario, tenemos grupos que se oponen a esto, que quieren explotar la xenofobia, que para qué destinamos recursos a esto", declaró el mandatario.

Sin embargo, "quiero reiterarle el compromiso del gobierno de seguir manteniendo la política humanitaria de atención a los refugiados del lamentable y triste conflicto colombiano", garantizó Correa.



AFP Elespectador.com

EE.UU. pidió un mes más para estudiar inmunidad de Uribe

La portavoz del Departamento de Estado Virginia Staab informó que, este lunes, el Departamento de Justicia solicitó al juez John Bates 30 días adicionales para estudiar si se el otorga inmunidad al expresidente Álvaro Uribe, cuyo testimonio es requerido por la justicia de Estados Unidos en el juicio que se le adelanta a la compañía Drummond por presuntos vínculos con paramilitares. Así las cosas, la fecha límite para tomar una decisión será el 11 de marzo.

El 26 de octubre del año pasado, el tribunal federal del Distrito de Columbia emitió una orden de comparecencia, que el despacho de abogados le hizo llegar el pasado 3 de noviembre a Uribe a la Universidad de Georgetown, donde dicta clases.

Sin embargo, el exmandatario no se presentó a tal diligencia y, recientemente, su abogado defensor dijo que el exjefe de Estado cuenta con una inmunidad que no lo obliga a comparecer.



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La CIDH exige al Gobierno que proteja a los habitantes del Cauca

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los combates entre grupos armados ilegales y el Ejército en Cauca, y exigió al Gobierno tomar medidas para proteger a la población civil.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los enfrentamientos armados en las localidades de El Vergel y El Pedregal, en los que resultó herida de bala una persona para la que la Comisión había pedido protección al Gobierno.

El organismo consideró de "suma gravedad" que el Estado no haya adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de las 179 familias que viven en esta zona, para las que había solicitado protección en agosto del año pasado.

"La CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las familias beneficiarias de estas medidas", indicó en un comunicado.

Así mismo, solicitó al Gobierno que "impida que continúen teniendo lugar enfrentamientos armados que pongan en riesgo la vida de la población civil de la zona".

Según la información recibida por la CIDH, el pasado 3 de febrero el Ejército se instaló a pocos metros de la escuela de la vereda El Pedregal y las zonas aledañas, donde se enfrentó con miembros de la guerrilla durante dos días.

Durante el combate, Rocío Coicue Campo, beneficiaria de medidas de protección cautelar por parte de la Comisión, resultó herida de gravedad por un impacto de bala en la cabeza.
La solicitud de estas medidas indicaba que estas familias estaban en una situación de "peligro extremo" como consecuencia del conflicto armado.

Los habitantes de esta región ya habían sido víctimas de desplazamiento forzado y de lesiones a causa de disparos, recuerda la CIDH, y señala que en los últimos tres meses las amenazas se habían incrementado.

En particular, el 25 y el 28 de diciembre del 2010 y el 17 de enero del 2011, dos miembros de la comunidad fueron amenazados por miembros del Ejército, quienes presuntamente acusaron a los habitantes de colaborar con la guerrilla.

El CIDH precisó, además, que varios profesores de la escuela de la zona fueron amenazados por el grupo ilegal "Águilas Negras" con mensajes de texto a sus teléfonos celulares.


EFE