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domingo, 30 de enero de 2011

El expresidente

Dicen los uribistas que aún quedan -si es que aún quedan uribistas. Porque a ver, a ver... ¿Juan Lozano? ¿Por cuántos días más? ¿Roy Barreras? El propio Fernando Londoño dejó hace tiempos de ser uribista. Pero bueno: dicen los uribistas que los 'talleres democráticos' que acaba de empezar a convocar el expresidente Álvaro Uribe son el equivalente de los 'consejos comunitarios' que organizaba cuando era presidente.

Pero no.

No estoy haciendo historia sino especulación, puesto que escribo esto la víspera de que se reúna el primero de los tales talleres en un templo cristiano protestante alquilado en el sur de Bogotá. Sin embargo, la cosa es evidente: para que los talleres de hoy fueran equiparables a los consejos de ayer necesitarían tres elementos esenciales, que les faltan. El primero es un presidente en ejercicio. Uno que llega al pueblo de turno rodeado de sus ministros y de sus generales y regaña a unos y a otros, y a los lugareños entusiastas les promete carreteras y puestos de salud. En segundo lugar, un reparto de cheques a cuenta del Estado ("agüita pa' mi gente..."). Y en tercer lugar, la transmisión en directo del evento por los canales públicos de la televisión. El Uribe de hoy ya no es el todopoderoso presidente de ayer: es un político que no tiene puesto, que no tiene programa, que ni siquiera tiene partido, que ni siquiera es candidato a nada, que carece de avión presidencial para llegar a los sitios y de chequera oficial para repartir auxilios, y cuyos excolaboradores están presos o buscan asilo diplomático o "principio de oportunidad" para aliviar sus penas ante la justicia.

Cómo serán de distintos los talleres de ahora de los consejos de entonces que los conservadores han anunciado que no piensan asistir: dicen que ellos tienen "agenda propia". No quiero ser ofensivo: pero no puedo menos que recordar las proverbiales ratas que abandonan los barcos que se hunden.

Apuesto a que no va ni Moreno de Caro.

Lo de los talleres es apenas el síntoma de algo más serio: la desaparición del uribismo, que durante ocho interminables años pareció inexpugnable. ¿No era acaso Uribe el más grande presidente que habían visto los siglos? Pues bastó con el fallo de la Corte Constitucional por el cual Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia que no puede aspirar a volver a ser presidente para que todo su poder se evaporara. Todos los demás pueden. Gaviria puede, Belisario puede, Pastrana puede. Hasta Samper puede. E incluso los difuntos: aunque en cuerpo ajeno -el de sus nietos-, Carlos Lleras y el general Rojas Pinilla pueden. Y Juan Manuel Santos, por supuesto, puede. Solo Uribe no puede. Uribe es el primer expresidente de Colombia al que en verdad puede aplicársele el título de expresidente. El primero que queda completamente desprovisto de todo vestigio de poder político una vez salido del Palacio presidencial, al cual se aferró hasta el mediodía del 7 de agosto literalmente mordiendo las alfombras, que luego hubo que cambiar. Y ahí estuvo presente, caso sin precedentes en la historia de Colombia, en el estrado en el que su sucesor prestaba juramento y tomaba posesión del cargo. Uribe rebañó hasta las escurrajas su poder presidencial. Y desapareció de un golpe, más o menos como había aparecido hace ocho años: como por arte de birlibirloque.

Pues el uribismo no existe. No es "un cuerpo de doctrina", como pomposamente lo llamaba el columnista de El Tiempo José Obdulio Gaviria (tal vez el último uribista que queda; porque ¿qué le queda a él, si no), y como ha podido serlo, pongamos por caso, el peronismo, que sobrevivió al derrocamiento de Perón, y a su exilio, y a su muerte, y a su viuda, y todavía manda en la Argentina. Y tampoco es una tendencia política ni mucho menos un partido a la manera del PRI mexicano, que gobernó setenta años. El uribismo no es, sino que fue, un oportunismo. Y se acabó. Ya hasta el 'Uribito' Arias buscó puesto en la cátedra. Y es probable que los talleres estos en los que el expresidente Uribe funge como "ayudante" no levanten ni siquiera los votos suficientes para elegir concejal de Bogotá a Tomás Uribe, o a Jerónimo.

Del uribismo prepotente no queda hoy más que un señor prematuramente jubilado, desesperado y loco, reducido a mandar al aire por Twitter micromensajes de menos de 140 caracteres: frases breves, del estilo de la famosa "le-rom-po-la-ca-ra-marica".

Si fueran más largas, nadie las leería.

Lentos positivos

Han pasado dos años y medio desde que estalló el escándalo de 11 muchachos de Soacha presentados por miembros de la Brigada 30 como combatientes ilegales muertos en combate en Ocaña. Desde ese momento, comenzaron a aparecer casos similares en distintos lugares del país, hasta que el tema concentró toda la atención del gobierno, de organismos internacionales, de derechos humanos y de la prensa.

Hoy es un hecho que el fenómeno decreció drásticamente: de 566 falsos positivos en 2007 se pasó a tan solo cinco que presuntamente ocurrieron el año pasado, según la Fiscalía (el Cinep registra siete). El Ministerio de Defensa eliminó como criterio de desempeño para evaluar a sus oficiales el body count (conteo de bajas, que contribuyó a estimular los falsos positivos) y privilegió las desmovilizaciones y las capturas. Se crearon una Comisión de Inspección Inmediata, que visita las unidades militares sobre las que hay quejas por violaciones a los derechos humanos, y la Jefatura de Derechos Humanos del Ejército, que recibe denuncias de la población. El año pasado donde más hubo fue en el Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Magdalena Medio, Chocó, Norte de Santander y sur de Bolívar. Además, según el general Emilio Torres, director de la unidad, "en derechos humanos, hemos capacitado a más de ciento veintiocho mil uniformados".

Pese a estos avances, las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía avanzan lentamente por falta de recursos, de personal, por la dificultad para llegar a los sitios donde ocurrieron los hechos y porque, según el responsable de la unidad, algunos militares se resisten a entregar información.

Las cifras son dicientes: de 1.487 casos tan solo se ha producido fallo condenatorio para 66 (en otros 21 hubo sentencia absolutoria). En total, en solo 5,7 por ciento de los casos se ha llegado a alguna decisión judicial; todos los demás están en una fase previa. Al día de hoy, hay 791 personas vinculadas a las investigaciones, de las cuales se han capturado 247 miembros del Ejército, uno de la Policía, uno del DAS, 16 civiles y nueve exintegrantes de las AUC. Absueltas hay 58 personas.

El fiscal Hernando Castañeda, jefe de la Unidad de Derechos Humanos, dice que las dificultades van desde acceder a las áreas, porque hay guerrilla o son lugares remotos, hasta la complejidad de investigar un pelotón entero. Y menciona dificultades con los militares: "Hay zonas en las que necesitamos seguridad de la misma fuerza pública con la que justamente tienen que ver los homicidios. Y por otro lado, muchas evidencias están en las guarniciones militares donde necesitamos ver los archivos y a veces nos encontramos con oficiales que hasta que no reciben la orden del superior, no entregan la información", dice Castañeda.

En el Ministerio de Defensa tienen otra visión. "El ministro Rodrigo Rivera le mandó cartas al Fiscal anterior (Guillermo Mendoza) ofreciéndole ayuda y pidiéndole que le dijera cuáles eran los problemas más comunes que encontraba en las Fuerzas Militares para investigar. Todavía no hemos recibido respuesta concreta: creemos que la interinidad en la Fiscalía no ayudó mucho a resolver el tema", dijo a SEMANA una fuente que, por su cargo, pidió la reserva de su nombre.

Human Rights Watch reconoció la disminución de estos casos en Colombia, pero señaló problemas: "Los tribunales militares remitieron 266 casos durante 2009, pero tan solo siete entre enero y septiembre de 2010", dijo en un reciente reporte.

El resultado es que solo muy lentamente se avanza hacia el esclarecimiento de las circunstancias en las que murieron las 2.679 personas -de las cuales 135 tenían menos de 18 años- que habrían sido asesinadas extrajudicialmente. A cada uno de los 20 fiscales de la Unidad de Derechos Humanos le tocan unos setenta casos de falsos positivos. Y no hay suficiente dinero para los desplazamientos, los recursos técnicos, ni para contratar más investigadores.

Los falsos positivos pusieron a Colombia en la picota internacional, y nada devolverá a la vida a sus víctimas. Lo único más grave que podría pasar es que su esclarecimiento y el castigo a los responsables se empolven en los anaqueles de la justicia.


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viernes, 28 de enero de 2011

Farc aceptan protocolos para la liberación de cinco secuestrados

En la mañana de este viernes se conoció que las Farc aceptaron los protocolos de seguridad, que garantizarían la liberación de tres uniformados y dos civiles. Se espera que luego de una reunión que sostienen a esta hora la exsenadora Piedad Córdoba, un representante del CICR, Eduardo Pizarro, nombrado facilitador del Gobierno para las liberaciones, y el ministro consejero de la Embajada de Brasil en Bogotá, se conozca la fecha en que se produciría la operación.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, la exsenadora Piedad Córdoba replicó un mensaje en el que se anuncia que el proceso comenzaría este fin de semana.

Cabe recordar que hace apenas unos días, y después de más de un mes de haber anunciado la liberación de tres uniformados y dos civiles secuestrados, las Farc aseguraron estar listas para iniciar la liberación unilateral que prometieron.

En un comunicado recibido por la cadena venezolana Telesur, consideraron como fundamental la difusión de los protocolos de seguridad que garantizarán la operación, acordardos por el gobierno colombiano junto al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Esto es fundamental, ya que el Ejército ha intensificado sus operaciones en los posibles escenarios de las mismas", señalaron las Farc en el comunicado.

Cabe recordar que los cinco secuestrados que las Farc anunciaron que entregarán son el mayor de la Policía Guillermo Solórzano, el cabo del Ejército Salín Sanmiguel, el infante de Marina Henry López Martínez y los concejales Marcos Vaquero y Armando Acuña.

Al inicio de esta semana, la exsenadora Piedad Córdoba agradeció al presidente Juan Manuel Santos por haber dado, hasta ahora, las garantías necesarias para que se dé la liberación.

Y es que los primeros días de este año el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Colombia, Christophe Beney, advirtió que el Gobierno debía comprometerse a cesar las operaciones militares durante 36 horas en la zona donde se desarrolle la liberación de los cinco secuestrados en poder de las Farc.

Luego de la reunión entre Beney y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se anunció que se afectarán “las operaciones de la fuerza pública durante un término de 36 horas y en un ámbito geográfico por establecer, pero que debe ser absolutamente razonable y proporcional a las estrictas necesidades de seguridad de este proceso”.

Sin embargo, advirtió que el cese no incluye los patrullajes de la Policía Nacional en los centros urbanos “donde tiene que cumplir con su labor”, y aclaró que antes de que inicie el proceso se notificará al Ministerio de Defensa con mínimo 23 horas de anticipación para iniciar la cuenta regresiva y adelantar así las acciones correspondientes al cumplimiento de lo acordado con el CICR.

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La justicia chilena investigará las circunstancias en que murió Allende

A 37 años del golpe de estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende, la justicia chilena investigará por primera vez las causas de su muerte. Entre tanto, resurge entre grupos de derechos humanos la tesis de que no se suicidó tras el ataque al palacio presidencial de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

La atención se centró en la figura del fallecido mandatario luego que la fiscal judicial de la corte de Apelaciones, Beatriz Pedrals, incluyera su caso entre 726 causas no aclaradas de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar de Augusto Pinochet, quien gobernó entre 1973 y 1990 luego de derrocar al gobierno de Allende.

"No sé si es la expresión, pero queremos judicializar todo de modo que no se diga 'quedó esta causa pendiente y dentro de 10 años vamos a investigarla'. Es simplemente para dar un corte final a todo lo que dice relación con detenidos desaparecidos y con fallecidos, sean las razones que sean", manifestó.

La muerte de Allende fue catalogada como un suicidio, y así consta en la autopsia efectuada por los médicos José Luis Vásquez y Tomás Tobar la misma noche del golpe liderado por Pinochet.

Sin embargo, un estudio realizado en 2008 por el tanatólogo Luis Ravanal -a través de una "metapericia" sobre las conclusiones de 1973- apunta a que el líder de la Unidad Popular recibió otro disparo, aparte del tiro de fusil con el que según la versión oficial se quitó la vida.

¿Magnicidio?

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, planteó el jueves que el exmandatario socialista fue asesinado.

"El nombre del compañero Salvador Allende integra el listado que entregó la agrupación, porque aquí es un magnicidio el que se cometió", sostuvo.

La investigación de Luis Ravanal se hizo a petición de los abogados Roberto Celedón y Matías Coll, quienes manifestaron dudas respecto de la autopsia en que participó José Luis Vásquez, a quien algunos cuestion por su labor ante otros casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.

Aunque evita hablar directamente de un asesinato por parte de los militares que atacaron el palacio presidencial, Celedón planteó a BBC Mundo que "la conclusión del doctor Ravanal, que es muy seria y sólida, es que no hubo suicidio".

"Creemos que saber la verdad es importante y nos parece extraordinario que la fiscal judicial de la corte de Apelaciones haya solicitado esto", agregó.

Desde el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera reaccionaron dejando todo en manos de la justicia, y la ministra vocera Ena von Baer declaró que "respetamos todas las decisiones de los tribunales y (…) creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen".

Recurrir a todo

El juez Mario Carroza recibió las querellas por los 726 casos que hasta hoy no estaban en la justicia, y deberá llevar adelante las indagaciones por la muerte del que fue presidente de Chile entre 1970 y 1973.

"Pienso que es una labor más que importante, es una responsabilidad tremenda", expresó el magistrado, quien aclaró que va a extremar recursos para obtener resultados.
"(Todo) elemento, testigo, documento o antecedente que sea necesario al cual recurrir obviamente que así lo haré, por lo tanto si hay alguna persona que pueda declarar, va a ser importante", manifestó.

La muerte de Salvador Allende fue aceptada como un suicidio por su familia, basándose entre otras cosas en el relato del doctor Patricio Guijón, quien estuvo junto a él en La Moneda y dijo haber visto el momento del disparo.

Pese a esto, el abogado Roberto Celedón cree que es necesario investigar lo que pasó en 1973 con todas las diligencias necesarias, incluida la exhumación.

"La verdad sobre Allende no pertenece a la familia o a un grupo político, le corresponde al conjunto del pueblo chileno. Entonces hemos actuado con la convicción ciudadana de que la historia de Allende le pertenece a la sociedad chilena y de alguna manera a toda la comunidad internacional", indicó.

BBC



jueves, 27 de enero de 2011

“El reconocimiento jurídico para la UP sería lo más justo”: Jahel Quiroga


La representante de las víctimas considera que es casi imposible que la justicia colombiana le devuelva la personería jurídica a ese partido. Además, insta a las Farc a buscar una salida negociada.

Jahel Quiroga es una de las sobrevivientes de la Unión Patriótica. Junto a la exconcejal Aida Abella, hoy exiliada, ha liderado la representación de las víctimas del exterminio del grupo político ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No me gusta dar entrevistas”, dice. El intento de asesinato, con un rocket, contra su amiga Aida en 1995, y el asesinato de otros copartidarios en los años siguientes, explica la presencia de varios escoltas a la entrada de su despacho. Ella aduce que a pesar de que la UP no exista jurídicamente ella aún es “militante del partido”, razón de sobra para que esté protegida.

Quiroga entró al comité de derechos humanos de la UP en 1990, cuando ya habían asesinado a muchos militantes de la organización. “Prácticamente llegué a recoger los muertos”, recuerda. Después fue concejal en Barrancabermeja, pero en 1992, sin que hubiera terminado su período, fue obligada a refugiarse en Bogotá. “Sólo quedamos vivos un compañero y yo”, agrega. A todos los mataron.

Desde entonces, la abogada, que dice pertenecer a la escuela del “realismo jurídico” en oposición al derecho de papel, es una abanderada de los procesos de justicia en los casos de violación a los derechos humanos de los integrantes la UP. A pesar de su renuencia a hablar con los medios, accedió a dar una entrevista a Semana.com, luego de que este fin de semana la UP volviera a ser noticia.

El pasado domingo se conoció que el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo Rentería y Sebastián González (cofundador del partido) entablaron una demanda ante el Consejo de Estado con la que pretenden recuperar la personería jurídica de la UP. Argumentan que el fallo del Consejo Nacional Electoral, con el que el partido dejó de existir jurídicamente, no tuvo en cuenta que éste no se presentó al debate electoral, en 2002, debido a que sus principales líderes habían sido asesinados.

La demanda en ese sentido había sido instaurada por uno de los sobrevivientes de la colectividad, Mario Upegui. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió un fallo recientemente en el que negó la solicitud, pues consideró que el partido no tenía los requisitos legales exigidos para conservar el estatus jurídico pues no superó el umbral de votación. Sin embargo, Araujo confía que con nuevos argumentos podrá conseguir lo que no consiguió Upegui.

Para Quiroga, sin embargo, recuperar la personería jurídica de la UP no puede ser de cualquier manera. Ella reclama no sólo el reconocimiento de los derechos políticos de una colectividad, sino un gesto de reparación y desagravio. Por esta razón, está más confiada en que sea la justicia internacional la que ordene al Estado colombiano otorgar nuevamente la personería jurídica a la UP, como símbolo de reparación y restitución de las miles de víctimas, que en la voluntad de la justicia colombiana.

Semana.com: ¿Cómo comenzaron las reclamaciones por los derechos de la UP?

Jahel Quiroga: Es una historia muy larga. Después de que mataron a muchos de nuestros compañeros, algunos nos vimos obligados a salir del país. Cuando regresamos fundamos la organización Reiniciar con Aida Abella Esquivel. Nos pusimos en la tarea de documentar los casos de violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la UP, y a pasar derechos de petición ante los entes de control. Fue una decepción muy grande constatar que no había nada. Al contrario, quienes denunciaron recibieron amenazas y los mataron.

En 1992, una tutela que interpuso un compañero en Cúcuta, por el derecho a la vida, sirvió para presentar nuestra demanda ante la CIDH. La Corte Constitucional ordenó a la Defensoría a hacer un estudio sobre los asesinatos de la UP. En octubre de ese año ese informe dio cuenta de 717 casos de homicidio, en los cuales solo había 10 procesos; seis absoluciones y cuatro condenas. Una impunidad gravísima reconocida por el propio Estado. Con ese informe radicamos el caso en diciembre de 1993.

En 1997, la Comisión aceptó la demanda y notificó al Estado. Fue una batalla larga, de cuatro años, difícil porque los representantes del Gobierno trabajaron mucho para que no se admitiera la demanda, pero fueron más contundentes los hechos. Todo el mundo sabía que a la UP la estaban matando y el Estado no actuó y además sus agentes estaban comprometidos.

Semana.com: ¿Desde cuándo están reclamando que se le devuelva la personería jurídica a la UP?

J.Q.: En 2003, Mario Upegui instauró una acción de nulidad de un fallo del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado ratificó la decisión del CNE. Dijo que la UP no había reunido los votos necesarios para existir jurídicamente. De ahí en adelante no se hizo nada. Hay mucha gente de la UP que no ha querido militar en ningún otro partido, que tiene la esperanza de volver con la UP. Nosotros pedimos a la CIDH que, como parte de la reparación integral de las víctimas, contemple el reconocimiento jurídico del partido, con unas condiciones especiales.

Semana.com: ¿Cuáles?

J.Q.: No vale la pena que nos den una personería jurídica para que al cabo de unos meses, después de las elecciones de octubre, vuelva y se pierda, porque no hay garantías, ni dinero. ¿Van a respetar a los candidatos de esa agrupación? El Estado debería, por ejemplo, considerar darle unos años de vigencia mientras vuelve y se recompone.

Semana.com: ¿Como exmilitante le gustaría volver a hacer política?

J.Q.: Yo no soy exmilitante. Yo milito en esta causa. A mí me gustaría. Quedaron muchas cosas frustradas en todo este tiempo. Tenemos una coordinación nacional de 1.500 víctimas. Tenemos 15 sedes regionales de desplazados de la UP. La gente me dice que hable de ese tema. Yo les digo: hablen con Mario Upegui, porque yo estoy en la búsqueda de que haya una reparación integral a las víctimas y que haya una reparación política a quienes ocuparon cargos en el Estado.

Semana.com: ¿Qué piensa de la demanda que instauró el exmagistrado Araújo?

J.Q.: A mí me parece justa. Ojalá salga con esas condiciones que le mencioné, que pueda permanecer en el tiempo mientras hay una inclusión en el espectro político, que la UP sea financiada y se garantice la seguridad de los candidatos. Sin embargo, creo que no va a ser posible toda vez que hasta ahora, siete años después de que Upegui instauró una demanda para que se restableciera el derecho a la personería jurídica, el Consejo de Estado negó esa posibilidad.

Esa petición también se la hicimos a Uribe, como parte de la solución amistosa, pero él se molestó muchísimo. Nos dijo que entonces cómo se iba a tratar a otros movimientos que habían perdido la personería jurídica. No entendió la propuesta.

Semana.com: ¿Cuál es la importancia de ese reconocimiento jurídico?

J.Q.: Es muy importante no solamente para la UP sino para la democracia colombiana. Los magistrados no pueden poner por encima la ley que dice que no se obtuvieron los votos, porque le faltó una interpretación real de los hechos y de los principios constitucionales. El caso de la UP en la CIDH es el caso más importante del hemisferio, porque exterminios por razones políticas también se han dado en otros países, pero en condiciones de dictadura. Pero este caso fue en una democracia, que se dice, es la más antigua de América, por eso debe sentar un precedente muy importante.

Semana.com: ¿Por qué la CIDH no aceptó la demanda por genocidio?

J.Q.: Soy de la escuela del realismo jurídico que se basa en los hechos. Demandamos a sabiendas de que el tratado internacional no incluye el genocidio por razones políticas. La convención dice que el genocidio se configura con los crímenes que se cometen con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones nacionales, étnicas o religiosas. No dice políticas. Pero en la génesis del tratado, la Asamblea General de la ONU si pidió recoger la experiencia de lo que había ocurrido en los juicios de Núremberg, en los que los nazis fueron juzgados por el exterminio de judíos. Pero en la asamblea de la ONU no dejaron aprobar el genocidio por razones políticas pues había países a los que no les parecía conveniente como Rusia, Estados Unidos y Pakistán, entre otros.

La UP era un grupo con identificación clara. El informe de admisibilidad de la CIDH interpretó a la luz de otros tratados y dijo que lo que ocurrió era un genocidio, pero que la definición jurídica actual no lo contempla por razones políticas. Sin embargo, los peticionarios, dijo la CIDH, han presentado hechos que tienen a caracterizar una pauta de persecución con el fin de exterminar al grupo y de diluir su fuerza política. En otras palabras admitió que sí fue un genocidio, y todos los genocidios en el fondo tienen razones políticas.

Semana.com: Uno de los argumentos con los que se ha pretendido justificar la muerte de líderes como Jaramillo Ossa o Pardo Leal es que la UP era el brazo político de las Farc. ¿Qué piensa de eso?

J.Q.: Lo que pasó con la UP es algo que a este país no se le puede olvidar. Los jóvenes, los niños tienen que conocer lo que ocurrió, porque es la historia de la oposición política de este país. El presidente Uribe se la pasó diciendo que los upeístas combinaban todas las formas de lucha. Yo respondo, pues los hubieran detenido y procesado si estaban haciendo cosas ilegales. Y si hubieran sido guerrilleros entonces fue un crimen de guerra, porque la gente fue asesinada en la calle, en su trabajo, en su casa. En nuestros listados tenemos documentadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y le hemos dicho al Gobierno que si hubo algún muerto en combate, que lo saque de la lista, pero que no desvirtúe el caso.

Semana.com: ¿Cómo fue entonces la historia?

J.Q.: En 1985 hubo un acuerdo que se firmó entre el Gobierno y varios actores sociales. El gobierno de Colombia se comprometió a garantizarle a la UP el ejercicio de la política como a cualquier grupo y a hacer caer el peso de la ley a quien “conculque”, o “eluda” los derechos. Punto aparte. En el acuerdo dice que también se otorgó a las Farc la autorización para que sus directivos políticos hagan proselitismo político. Entonces, la UP era el vehículo mediante el cual estos hombres iban a actuar en la vida civil. Por eso varios de sus líderes salieron a hacer política, desarmados, como los vio este país en el Congreso: Iván Márquez, Braulio Herrera, y otros dirigentes. Decir que se combinaban las formas de lucha es una forma de estigmatizar a la UP, porque eso se estaba haciendo con la anuencia del Gobierno y como una apuesta por la paz. La justificación de los asesinatos es decir que todos eran guerrilleros, pero, o la gente no conoce, o se le olvida cómo fue que nació la UP.

Semana.com: ¿Qué pasó con Braulio Herrera?

J.Q.: Tengo entendido que está en el exilio como mucha gente. Hay cerca 500 mil personas con sus familias en esa condición, entre ellas la exdiputada Beatriz Gómez, la exconcejala Aida Abella, el exsenador Hernán Motta y la exalcaldesa de Segovia Rita Ivonne Pabón.

Semana.com: Entonces, ¿a qué cree que se debió el exterminio?

J.Q.: La razón que encontramos para que hubieran matado a tantos integrantes del grupo fue porque se convirtió rápidamente en una opción de poder. Los resultados de 1986, la primera participación de la UP en las elecciones asustó a la burguesía de este país, a los latifundistas, a los grupos económicos, a los caciques electorales. Si no hay un reconocimiento de lo que ocurrió, eso va a seguir pasando con todos los grupos políticos que se conviertan en una opción real de poder.

Semana.com: ¿Hoy qué piensa de las Farc?

J.Q.: Les solicitaría que encuentren caminos para una negociación, que busquen la paz en esa posibilidad, y no en la guerra. Sería una expresión de paz como la que intentó la UP. Las Farc tienen la capacidad política para tomar esa decisión. Creo que también tuvieron la intención de hacer política, pero por falta de garantías no fue posible. En nuestra investigación encontramos que a ellos también les mataron personas importantes. El reconocimiento de lo que ocurrió y la reparación a la UP allanarían el camino hacia la paz. Sería un referente para que confíen en que no se va a repetir y encuentren garantías. Creo que el gobierno de Santos no ha votado la llave a la solución negociada. Abogamos porque las partes conversen y encuentren una salida. Ahorraría plata que se ha invertido”, entre comillas, en una guerra, y que serviría para atender a las víctimas.

Semana.com: En 2006 se suspendió la posibilidad de una solución amistosa del litigio con el Gobierno. ¿Qué pasó?

J.Q.: Con Andrés Pastrana (1998-2002) avanzamos bastante. Hicimos una actualización de las bases de datos y mantuvimos una mesa respetuosa de diálogo, con muchas dificultades, por el imaginario que había de la UP. Pero hablamos de justicia, verdad y reparación en un momento en que esos conceptos no eran populares. Firmamos una solución amistosa con toda la solemnidad del caso. Pero llegó Uribe a fustigar a los sobrevivientes. En su primer gobierno mataron a 140 personas y fueron desplazadas unas 700 familias de Guaviare y del Tolima. Y él comenzó a decir que la combinación de las formas de lucha había matado a la UP y le imputó el título de guerrilleros a quienes no lo habían sido.

Semana.com: A propósito, ¿a cuántas víctimas representan?

J.Q.: Cuando rompimos la solución amistosa con Uribe, porque sacó una propaganda contra los dirigentes de la UP radicamos un listado de 5.500 víctimas. Pero en el último listado que enviamos a la CIDH hicimos una depuración, seleccionamos casos emblemáticos y muy documentados de homicidios, desapariciones forzadas y tortura. Esos suman 4.800. Pero tenemos un listado grandísimo de otras violaciones a los derechos humanos, como amenazas y desplazamientos.

Semana.com: ¿Cuál es el análisis que usted hace de la izquierda hoy?

J.Q.: Yo no sé cuál es la izquierda (risas). Conozco al Partido Comunista, y no bien, porque lo conozco como una víctima, pues lo han discriminado y perseguido, sobre todo en las regiones. Al Polo le mandé una carta hace dos años para que reconociera lo que había ocurrido con la UP, porque, seguramente, si se volvía una opción real de poder le podía pasar lo mismo. Pero eso no les interesó. A veces me desesperanzo porque creo que ninguno de los dirigentes de izquierda, si los hay, puede llegar al poder.

Semana.com: Finalmente, ¿cuándo esperan un fallo de la CIDH?

J.Q.: Ojalá sea pronto. No han sido años perdidos. Hemos revivido la esperanza de que haya justicia. La gente ya no se va a echar para atrás con este caso. Va a estar ahí, lo que no ocurría cuando empezamos. Porque empezamos a llamar a las víctimas cuando la CIDH admitió la demanda. Antes trabajábamos desde los escritorios. Hoy la gente tiene esperanza, algunos para hacer política nuevamente. Otros para que sean resarcidos.


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Presidente Santos condiciona eventual diálogo de paz con las Farc

Señaló que si el grupo guerrillero muestra voluntad y abandona el terrorismo, habría negociaciones.

El presidente Juan Manuel Santos está dispuesto a mantener eventuales negociaciones de paz con las Farc "si hay pruebas evidentes de su voluntad de llegar a un acuerdo, si abandonan su comportamiento terrorista".

El anuncio lo hizo, según un despacho de la agencia Efe, en una entrevista al diario francés Le Figaro y en la que señaló que esa guerrilla debe pasar "de las palabras a los actos, por ejemplo, liberando" a los secuestrados.

En el pasado el mandatario había señalado que la puerta del diálogo está cerrada y que él es el único que puede abrirla.

Santos, quien cerró este miércoles su visita a Francia reuniéndose con el presidente Nicolás Sarkozy, también dijo que Europa debe "hacer más para disminuir el consumo" de alucinógenos en sus países "a través de una ayuda más importante a las políticas de sustitución de cultivos" ilícitos y "una colaboración más eficaz en la lucha contra el blanqueo de dinero".

"La cooperación del sistema monetario internacional en el tema (del lavado de dinero) es muy insuficiente", agregó en la entrevista.

El Presidente tendrá oportunidad de hablar de este tema en mayo próximo, durante la reunión del G8 dedicada a la seguridad y la droga, a la cual Sarkozy lo invitó.

"Colombia podría aportar muchísimo con la experiencia que hemos venido acumulando en nuestra lucha contra los carteles de la droga y contra la droga", dijo Santos al término de un almuerzo de trabajo con su colega francés en el Palacio del Elíseo.

Santos y Sarkozy expidieron una declaración conjunta que se convertirá en "hoja de ruta para las próximas consultas bilaterales de alto nivel" entre los gobiernos de Bogotá y París en temas como multilateralismo, cooperación en seguridad y proyectos de desarrollo. "Acordamos que Francia y Colombia tienen que ser socios bilaterales", agregó.

Uno de los aspectos más relevantes de la declaración conjunta es que el gobierno de Sarkozy quiere apoyar el plan de restitución de tierras contenido en el proyecto de ley de víctimas.

La declaración también destaca que ambos países acordaron "reforzar la cooperación en materia de seguridad", en la "lucha contra el narcotráfico, acercamiento en materia de seguridad civil, cooperación de aduanas y seguridad portuaria y aeroportuaria".

Santos llega hoy a Davos (Suiza) para participar en el Foro Económico Mundial.

Guerrilla está lista para liberación

En un mensaje al Canal Telesur, el grupo guerrillero dijo estar listo para iniciar la liberación unilateral de cinco prisioneros (2 concejales, 2 militares y un oficial de la Policía) en su poder.

La guerrilla aseguró también que espera la difusión de los protocolos de seguridad que garantizarán el éxito de la operación.
"Esto es fundamental, ya que el Ejército ha intensificado sus operaciones en los posibles escenarios de las mismas", señaló en el comunicado.

El martes, la ex senadora Piedad Córdoba dijo que las liberaciones serán en cinco partes diferentes del país.

miércoles, 26 de enero de 2011

"Las bandas criminales son la principal amenaza para el país": general Naranjo

¿Cuál es la real amenaza que representan para la seguridad del país las llamadas BACRIM? ¿Están las FARC derrotadas? Estos y otros interrogantes se intentaron resolver en el conversatorio ‘Desafíos criminales y acción del Estado’, convocado por el Ministerio de Defensa, y en el que el jefe de esta cartera, Rodrigo Rivera, aseguró que sólo una estrecha colaboración de las Fuerzas Armadas y los diferentes Ministerios, así como con el poder judicial, permitirá la derrota de los violentos, pues no basta con el control militar si no no hay evidentes avances en “la construcción de valores democráticos”.

Y aunque recordó que el año que acaba de terminar presentó el menor registro de homicidios en los últimos 24 años, advirtió sobre “la etapa difícil” que le espera a la sociedad por los nuevos factores que hacen presencia en el panorama nacional, entre ellos las llamadas bandas criminales que, para derrotarlas, el Ministro señaló la necesidad de ampliar el número de efectivos policiales. En ese sentido, habló de “unos 20.000”, y al mismo tiempo pidió que ese crecimiento no sólo sea “cualitativo, sino cuantitativo”.

Al respecto, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijo que “las bandas criminales son la más alta prioridad (en la lucha contra el delito) y la principal amenaza (para el país)”, y señaló además que es necesario detenerlas y someterlas, de lo contrario, terminarán desafiando al Estado.

Naranjo acusó a estas nuevas bandas de ser las principales responsables del renacimiento de las masacres. “Cometieron 14 a lo largo del 2010”, dijo, y alertó sobre su capacidad de reclutamiento que las mantiene, en número, intactas desde el 2006, pese a las bajas y capturas de que han sido objeto. Y pidió no hacer más “contabilidad criminal”, sino remitirse a las condenas de que son objeto los delincuentes.

Entre tanto, el ministro de Defensa pidió fiscales y jueces suficientemente preparados para enfrentar las formas de delincuencia contemporánea, tales como la microextorsión, producto de la actividad de bandas, y rechazó la calificación de resurgimiento del paramilitarismo con que se señalan las acciones de las bandas criminales. Eso sí, dijo que si en algún caso de violencia hay comprobada vinculación de miembros de las Fuerzas Armadas, se justifica llamarlos como tales. “Si no, es una satanización”, enfatizó.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, señaló la persistencia en la lucha contra los violentos. Aseguró que las FARC no están exterminadas, sino golpeadas y en repliegue, aunque niegan su debilidad. “El narcotráfico las envenenó”, agregó Cely, para quien hay un proceso de ‘bacrimnización’ de ese grupo armado al margen de la ley, cuya mayor presencia, según dijo, está en el Nudo de Paramillo, Cauca, Nariño, Catatumbo y Caquetá. Los más recientes cálculos hablan de 7.900 integrantes de esa guerrilla.

Sobre el ELN, el comandante de las Fuerzas Militares dijo que sobrevivían de financiarse gracias al narcotráfico y denunció su alianza con las FARC para intercambiar, entre otros, explosivos. “El ELN no tiene más de 2.000 hombres”, dijo el alto oficial.

Denunció además la utilización de comunidades indígenas, como escudo, por parte de frentes de las FARC en Cauca. Aseguró que en varias oportunidades hombres de ese grupo guerrillero, ante la inminente llegada de las tropas oficiales, toman niños y los ponen a ondear sábanas blancas, lo que obliga a cancelar las operaciones militares.

El director de la Policía, general Óscar Naranjo, se refirió además a la situación de secuestro en el país. Dijo que junto al descenso vertical en ese delito (3.800 personas estaban cautivas en el 2001, mientras los actuales reportes hablan de 226 en el 2009 y 260 en el 2010) se redujeron las exigencias de los secuestradores y el tiempo que mantienen en su poder a las víctimas.

Sin embargo, también habló sobre otra situación que en la actualidad resulta bastante preocupante. Y es lo que tiene que ver con los demoledores efectos de la promoción del consumo interno de drogas y de la gravedad del microtráfico. Calificó además como “modelo siciliano” la pequeña extorsión, agravada por la actitud de la ciudadanía que considera sus contribuciones como de cuantía pequeña y como retribución a una prestación de servicios.

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Denuncian el desplazamiento de unos 700 indígenas y campesinos en Cauca y Antioquia

Al menos 700 indígenas y campesinos dejaron sus tierras en dos regiones de Colombia para ponerse a salvo de los combates de militares con las FARC y huir de presiones de esa guerrilla, denunciaron fuentes aborígenes y gubernamentales.

En un primer caso, cerca de 200 aborígenes paeces del resguardo de Huellas dejaron sus domicilios rurales en el asentamiento Los Chorros, explicó en un comunicado la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Esta ONG advirtió de que los desplazados se establecieron en el campo de fútbol de la aldea vecina de La Chivera.

El desplazamiento fue causado por enfrentamientos entre tropas del Ejército y guerrilleros de las FARC, que se desataron a primera hora del pasado día 22 en las montañas de Caloto.

La ACIN indicó que los combates dejaron dos muertos entre la comunidad indígena, una anciana que falleció por una afección cardíaca agravada por el "estruendo de los combates" y un líder de 31 años, de nombre Alderson Dagua y quien el año pasado ejerció como autoridad tradicional de su comunidad.

Dagua apareció con un traje de uniformado sobre las prendas que vestía, lo que llevó a las autoridades militares a asegurar la responsabilidad de las FARC en el homicidio, versión rechazada por la ACIN.

Además, la ACIN también denunció que los combates han causado daños en bienes de los indígenas, entre ellos tres casas, una de las cuales quedó "destruida completamente", y algunos cultivos de maíz.

Los enfrentamientos y bombardeos han continuado y se han extendido a cinco parajes del Resguardo de Huellas, agregó la misma fuente.

El otro desplazamiento se desató en las zonas rurales de Anorí y fue atribuido por autoridades locales a presiones de las FARC.

El secretario local de Gobierno, Alexánder Restrepo, dijo a Caracol Radio que al menos 500 campesinos se desplazaron al casco urbano de la población.

Unos 250 de ellos ya han sido censados por la Personería, dijo Restrepo, y apuntó: "todavía falta otro tanto por censar, calculamos que otras 250 personas".

El desplazamiento fue presionado por las FARC, según testimonios de los campesinos, quienes indicaron que los guerrilleros exigen que se suspenda la fumigación aérea de plantaciones de matas de coca y se retome una central hidroeléctrica suspendida por una invasión de tierras en el área del proyecto.

Los dos casos de desarraigo son los primeros masivos que se presentan este año en el país.

EFE.



En el 2010 hubo 7.200 muertes por sicarios

Según la Policía, en 47% de los asesinatos ocurridos en el país el año pasado se pagó por el crimen.
Al menos el 47 por ciento de los 15.400 asesinatos registrados en el país durante el 2010 fueron cometidos por sicarios. Eso es lo que dicen los estudios de la Policía Nacional, que ubican la llamada 'violencia instrumental' (es decir, que el asesino cumple órdenes de un tercero) como la primera causa de homicidios en Colombia.

Según reveló el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, en el conversatorio 'Desafíos criminales y acción del Estado', realizado en Bogotá, casi cuatro de cada diez muertes tienen que ver con riñas (intolerancia); un cinco por ciento, con violencia en hurtos y un 1,3 por ciento, con violencia intrafamiliar. Las muertes por el conflicto son cada vez más marginales. No llegan al 4 por ciento.

Aunque no hay estadísticas concretas, las vendettas y ajustes de cuentas entre narcos siguen representando el motor de las muertes por encargo en Colombia.

Ciudades como Cali y Medellín tienen las cifras más altas de crímenes cometidos por sicarios, así como las más poderosas 'oficinas de cobro', que mueven sus asesinos a otras zonas y al exterior. De hecho, esta semana, en un foro sobre criminalidad en Houston (EE. UU.), se dio una alerta por la presencia de sicarios colombianos trabajando para narcos de México, Venezuela, Ecuador y Panamá.

El más reciente caso en Bogotá ocurrió el martes en la tarde. Las autoridades creen que el atentado contra la abogada Lina Piedad Sierra Ariza, atacada por dos sicarios en moto y quien recibió varias heridas, tiene que ver con las actividades del interno que acababa de visitar en La Picota: un señalado testaferro del capo Daniel 'el Loco' Barrera.

"Las ciudades se han visto afectadas por el sicariato y el traslado a lo urbano de la guerra por el control de territorios para tráfico y microtráfico", dice el general José Roberto León, director de
Seguridad Ciudadana.

En el Valle hay por lo menos 10 grandes bandas de sicarios que trabajan para los narcos del Pacífico y cuyo rastro criminal llega hasta España (ver notas anexas). En Medellín, los capos de la 'Oficina de Envigado' siguen siendo el eslabón más alto en una cadena criminal que empezó como 'oficina de cobro' y que ahora se perfila como uno de los grandes carteles del país.

Pero además de las bandas de asesinos de los narcos, hay una proporción importante de crímenes que corresponden a ajustes de cuentas personales, líos económicos y pasionales que ejecutan asesinos que se venden hasta por sumas irrisorias. "Hay casos en los que se mata por 50 mil pesos", afirma el general León.

En el centro de Bogotá, indigentes son usados como sicarios por quienes pelean el control de las ollas, pero el grueso de asesinatos por sicariato es de las bandas.

La preocupación es tan grande que en los proyectos de seguridad que el Gobierno presentó al Congreso hay dos medidas claves para frenar a los sicarios: el aumento de penas para menores (el año pasado fueron capturados casi 500 por homicidio) y para los que los utilizan; y el aumento de la pena hasta 12 años para porte ilegal y fabricación de armas, que hoy son excarcelables.

'Los Tres Puntillas', banda en 8 países

La banda de sicarios 'los Tres Puntillas', cuya existencia fue revelada por EL TIEMPO en el 2007, tuvo el año pasado su capítulo en España, con la captura en Madrid de Henry Norberto Valdés Marín, 'Pollo'. Este hombre es señalado de ser el jefe logístico de la banda, que, según la Policía, envía sicarios a 8 países. En Colombia se le atribuyen al menos 200 crímenes.

'Bandas pueden ponernos en jaque'

El director de la Policía, general Óscar Naranjo, reiteró ayer que las bandas emergentes, de las que hacen parte desmovili-
zados, son hoy la mayor amenaza para la seguridad en Colombia. "Si no las paramos ya, podrían ponernos en jaque", agregó.
Recordó que esos grupos cometieron el año pasado 14 masacres y que hacen presencia en 152 municipios. Insistió en que no son paramilitares y que por lo tanto sus miembros solo deben ser sometidos a la justicia. "Sería un gran error premiar a los narcos dándoles ropaje político", dijo. Volvió a recordar que la lucha del Estado a la producción de coca ha debilitado a la mafia y que, al desmejorar su capacidad exportadora, está incentivando el consumo interno. "El microconsumo es el macroproblema".

En Medellín y Cali usan menores

Medellín y Cali. En la capital de Antioquia las autoridades reconocen que las bandas más organizadas ya disponen de escuadrones de hombres destinados a la extorsión, el fleteo, control de plazas de vicio y al 'ajuste de cuentas' por encargo. En Medellín hay una estrecha relación entre bandas, homicidios y narcotráfico que es alimentada por un mercado negro de armas cortas y largas que son alquiladas por los mismos jefes de las bandas para 'vueltas'.

En esa ciudad y en Cali, hay preocupación por el uso de menores como asesinos. Los llaman 'carritos' y algunos de ellos aseguran que reciben pagos de hasta dos millones de pesos por cometer los crímenes, por los que muchas veces no son procesados.

Restricción de motos en Barranquilla tiene que ver con violencia

Barranquilla. Que en el 46 por ciento de los delitos cometidos en Barranquilla los autores se movilizaran en motocicletas fue uno de los argumentos del alcalde Alejandro Char para defender un decreto distrital que amplía las restricciones para estos vehículos.
Bajar el sicariato fue uno de los objetivos de las medidas iniciales.

Entre otras cosas, el nuevo decreto aumenta el número de zonas con restricción para el tránsito de motos, les mantiene prohibida la circulación entre las 11 de la noche y las 5 la mañana y restringe el parrillero a familiares del conductor, que obligatoriamente debe ser el dueño del vehículo.

Las medidas han provocado protestas de los motociclistas desde el pasado viernes y ayer incluyeron vandalismo. Por lo menos 55 han sido capturados, acusados de atacar con piedras 4 buses articulados del sistema Transmetro, a vehículos de las empresas de transporte urbano y a varias Supertiendas Olímpica, de propiedad de la familia del alcalde Char.

En Barranquilla y su área metropolitana ejercen el mototaxismo 25.000 motociclistas. El director de la Fundación Nacional Centro Integral del Motociclista (Funalcim), Mario Martínez, califica el decreto como "descabellado" y cuestiona que no haya sido concertado. Los motociclistas alegan, además, que si bien entre el numeroso grupo de conductores hay mafias y que hay quienes utilizan estos vehículos para cometer delitos, por ellos no pueden pagar los que se ganan la vida ejerciendo el mototaxismo.

A pesar de las protestas, Char atribuye la disminución de un 50 por ciento de los homicidios en los primeros días de este año, al comparar con el mismo periodo del 2010, a las medidas que se han tomado y que incluyen las restricciones para las motos.

La Alcaldía y la Policía dicen que mientras en los primeros días del 2010 hubo 34 homicidios, en los del 2011, 17.

REDACCIÓN JUSTICIA

martes, 25 de enero de 2011

EE.UU. dará 500 millones de dólares a México para luchar contra narcos

La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, anunció este lunes que su país entregará a México en 2011 un total de 500 millones de dólares para luchar contra el crimen organizado, como parte de la Iniciativa Mérida, el programa estadounidense de ayuda bilateral contra el narcotráfico.

Clinton, quien visitó la ciudad mexicana de Guanajuato, localizada a 360 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, para reunirse con su homóloga mexicana, Patricia Espinosa, indicó en una conferencia de prensa que EE.UU. y México tienen una "responsabilidad compartida" en el problema del crimen organizado y el narcotráfico.


EFE

Mininterior presentó nueva política de indultos y desmovilización para guerrilleros

Este lunes, el Ministerio del Interior y de Justicia fijó los nuevos parámetros para conceder el beneficio jurídico de indulto a guerrilleros desmovilizados.

“Ninguna persona que esté condenada por delitos atroces, de barbarie, terrorismo, secuestro, homicidio o actos que se consideren de lesa humanidad volverá a ser indultada por delitos políticos. No procederán más indultos para aquellas personas que estén condenadas por los delitos que les he mencionado”, indicó el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.

La nueva política está definida en el decreto 4619, del 13 de diciembre de 2010. Esta determina que no se concederán indultos a los ex guerrilleros que habiendo cometido delitos políticos (rebelión) -que son indultables-, hayan cometido otros delitos que no son indultables.


Este decreto además contempla que los guerrilleros capturados, que se encuentren privados de la libertad con anterioridad al 4 de abril de 2008, podrán desmovilizarse desde los centros de reclusión, sólo hasta el 13 de marzo del presente año. En otras palabras, el Decreto 1059 de 2008, que permite esta desmovilización desde las cárceles, pierde su vigencia.

“A partir del 13 de marzo quedan derogados los decretos que permitían la desmovilización de aquellas personas que estaban en centros de reclusión. Significa eso que a estas personas les resta hasta el día 13 de marzo para tramitar su solicitud”, dijo Vargas Lleras.

El Ministro señaló que los guerrilleros combatientes siempre tendrán la posibilidad de desmovilizarse en virtud del Decreto 128 de 2003, siempre y cuando asuman los compromisos que éste exige:

El guerrillero que quiera desmovilizarse deberá presentarse ante las autoridades policivas, judiciales o administrativas, deponer las armas y manifestar su voluntad de reintegrarse a la vida civil.

Deberá comprometerse a colaborar activamente con las autoridades para el desmantelamiento del grupo.

Si este guerrillero sólo ha incurrido en el delito político de rebelión, que se configura por la sola pertenencia a un grupo insurgente, podrá solicitar el beneficio jurídico del indulto.

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A la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó adelantar públicamente el proceso que se desarrolla contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por las interceptaciones y persecuciones ilegales que adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad – Das – en contra de opositores del gobierno, defensores de derechos humanos, periodistas y Magistrados, entre otros


El fallo del Tribunal responde a la tutela presentada en el mes de diciembre por Luis Guillermo Pérez, miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH, luego que la propia Comisión de Acusaciones le negara la solicitud de adelantar de manera pública la mencionada investigación.

A juicio de la Sala, “La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, está obligada constitucional y legalmente a adelantar las investigaciones por fuero presidencial de manera pública, permitiendo el acceso general al expediente y realizando sus deliberaciones de cara a la Nación.”

De tal manera establece, que adelantar bajo reserva de sumario la investigación contra Uribe Vélez, implica una restricción al principio de publicidad y los fines constitucionales del proceso penal como “…aproximación razonable a la verdad, realización de la justicia y estricto respeto de los derechos de las partes intervinientes”, incluidas las eventuales víctimas de las conductas denunciadas.

Rueda de Prensa Juzgados Especializados de la 32 con 7a Viernes 21 de Enero

El paramilitarismo y la mafia parecieran estar reemplazando al estado municipal en Medellín

Nuestra institución ha venido realizando un análisis permanente al estado actual del conflicto urbano en la ciudad de Medellín y los resultados que arroja ese seguimiento no podrían ser más dicientes y nefastos, la realidad es que las cosas no han cambiado; la lucha armada por el control de la ciudad metropolitana continúa a pesar de la supuesta “disminución en el número de homicidios” y de que se realizaron treguas, pactos y posibles acuerdos entre la institucionalidad, representada en el ente Municipal, y las estructuras del paramilitarismo y la mafia

Víctimas del conflicto

Igualmente se sigue observando que en esta ciudad las verdades a medias son las que prevalecen, aunque con esto se sacrifique la credibilidad institucional y social y se siga menguando tan precaria democracia. En síntesis, la ciudad está capturada y arrodillada por la ilegalidad para-mafiosa.

Los resultados del análisis citado son:

* La mayor parte de la periferia y centro están en manos de estructuras para-mafiosas que controlan a más de 350 bandas paramilitares (antiguas bandas de delincuencia común y organizada).

* La disputa militar no es sólo por el microtráfico o llamado tráfico interno de estupefacientes; esta lucha por el poder ilegal involucra territorios y corredores estratégicos, vacunas, apuestas ilegales, poder político, contrabando, extorsiones, paga-diarios, sicariato, control social, presupuesto público, tráfico de armas, prostitución, lavado de activos, en fin, todo lo que represente ingresos a las rentas ilegales.

* Se siguen presentado pactaciones entre lo legal y lo ilegal, buscando con esto “mejorar” la seguridad de la ciudad, teniendo como precedente que los pactos o treguas se presentan previamente a eventos especiales que son importantes para Medellín o ante la afluencia de turistas en la época decembrina.

* La disminución de los homicidios con respecto al 2009 (2.019, asesinatos, supuestamente que se cometieron en el año 2010) no es tan clara o transparente si se tiene en cuenta que la modalidad empleada por la ilegalidad es la de aplicar la desaparición forzada, ¿Qué extraño que no se haga referencia a los desaparecidos en el año 2010? ¿Será que estos no hacen parte de las cifras oficiales? ¿Será que se le olvida a la institucionalidad que hay asesinos convertidos en carniceros profesionales que son expertos en desmembrar cuerpos humanos y desaparecerlos sin dejar ningún tipo de huella?

* Aumentó el número de desapariciones forzadas (hasta el 31 de octubre de 2010 la Personería de Medellín informaba de 669 casos denunciados). Se debe tener en cuenta que por el miedo que reina en las comunas, muchas de estas desapariciones no son reportadas ante autoridad competente, estamos convencidos que hoy no existe un registro real de las desapariciones forzadas en la ciudad, si este registro se pudiera realizar con la metodología adecuada, las cifras de homicidios se elevarían considerablemente y mostraría la dimensión real de la catástrofe humanitaria que se vive.

* Sigue creciendo el desplazamiento forzado intraurbano (hasta el 31 de octubre de 2010, la Personería de Medellín informaba de 1.321 declaraciones de personas víctimas de desplazamiento forzado Intraurbano). Es necesario aclarar que las cifras de desplazamiento forzado intraurbano son mayores, toda vez que muchas familias no han elevado la respectiva denuncia debido al temor ante posibles represalias de las organizaciones paramilitares.

Teniendo en cuenta lo anterior, es lamentable tener que informar a la opinión pública que la “estrategia” de seguridad y convivencia basada en represión a ciertas estructuras para-mafiosas (a las que pertenece alias Valenciano) y el favorecimiento por medio de la pactación a otras estructuras ilegales (la de alias Sebastián), buscando con esta inclinación de la balanza que estos criminales tengan la hegemonía y control bajo un único poder ilegal (el nuevo patrón), lo que permitiría una regulación de la violencia llevándola a niveles “aceptables” en la ciudad, ha sido y será un estruendoso fracaso.

Lo más aberrante es que en Medellín se sigue aplicando la estrategia de seguridad y convivencia basada en el apoyo de la ilegalidad lo que lleva a que la ciudad continúe en la construcción de un modelo de seguridad y convivencia denominado “para- tranquilidad urbana” que no es otra cosa que la pacificación de Medellín a sangre y fuego y el dominio de ésta por parte de la ilegalidad paramilitar y mafiosa.

Señor Alcalde, le reiteramos las siguientes solicitudes: Convoque a un grupo de ciudadanos y ciudadanas, representantes de los diversos sectores sociales, políticos, culturales y económicos, a conformar un consejo de estrategia urbana, que rediseñe las actuales políticas con las que se ha pretendido combatir el paramilitarismo y la mafia en la ciudad.

Construya con una institucionalidad realmente depurada y los ciudadanos y ciudadanas de Medellín, un pacto democrático que desmonte el proyecto para-mafioso de extrema derecha que controla la periferia y centro de la ciudad.

LUIS FERNANDO QUIJANO MORENO PRESIDENTE CORPADES CELULAR: 3182431226 Correo electrónico: presidenciacorpades@gmail.com

lunes, 24 de enero de 2011

No podemos seguir en esta orgía de sangre

No pasa un día sin que haya una víctima mortal por el conflicto social y armado que vive Colombia, campesinos, obreros, estudiantes, defensores de los derechos humanos, guerrilleros, paramilitares, soldados o policías, de todas formas seres humanos, que pierden la vida. No podemos seguir en esta orgía de sangre , tenemos que buscar una solución política al conflicto que vivimos desde hace más de 60 años.

Damos a conocer los resultados de los combates del 13 al 19 de enero de 2011, según los medios de comunicación nacional de Colombia.


13/01 : FARC destruyen la finca del alcalde del municipio de Barrancas, Guajira.

http://www.caracol.com.co

13/01 : Prisionero de guerra del ELN, gravemente enfermo de cáncer en el estomago, muere en la carcel Modelo de Bucaramanga en estado de abandono medico por parte del INPEC.


14/01 : Atribuyen a las FARC ataque a la casa del alcalde de Puerto Asís, Putumayo.

http://www.estadao.com.br

15/01 : Choques entre columna de las FARC y Brigada Móvil n. 24 del Ejercito en la quebrada de Naí, cerca de la hidroeléctrica de Urrá: al menos 2 soldados muertos.

http://www.eluniversal.com.co


15/01 : Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia (FEDEGAN), reconoce estar asustado por el nivel de control que tienen las FARC en varios departamentos.

http://www.caracol.com.co

16/01 : Varios combates y choques entra las FARC y el Ejército se presentan en diferentes lugares del Tolima.

http://www.caracol.com.co

17/01 : Gravemente heridos y amputados quedaron 2 soldados profesionales de la IX Brigada del Ejército, al caer en un campo minado de las FARC en la vereda Quebradón, Huila.

http://www.lanacion.com.co


18/01 : En medio de fuertes combates entre las FARC y soldados de la IX Brigada del Ejército cerca del municipio de Algeciras, Huila, cae 1 guerrillera.

http://www.diariodelhuila.com

19/01 : Ataque con explosivos, posiblemente de las FARC, contra la vía férrea de la multinacional carbonífera Cerrejón en la Guajira.

http://www.elespectador.com


Tomado de:
http://www.anncol.eu/noticias-del-mundo/4/---no-podemos-seguir-en-esta-org%C3%ADa-de-sangre1127



El imperio que Golborne ayudó a construir

La expresión the chilean way, acuñada durante el rescate de los 33 mineros de Copiapó por el presidente Sebastián Piñera, dejó abiertas todas las interpretaciones posibles, ya sean semánticas o pragmáticas. ¿A qué se refería Piñera con esa expresión? ¿Es lo mismo hacer las cosas by the chilean way que “a la chilena”? ¿O se refería Piñera a su propio modo de hacer negocios y especular en la Bolsa, o quizá a la chapuza encubierta de alta gestión empresarial que pasa en la trastienda, pero se cubre con una buena publicidad y marketing ? Puede ser también que the chilean way sea la versión local del modelo globalizador de mercado, con una dosis de picardía, que es un poco trampa, pequeño engaño, que en política y economía se amplifica como coima y corrupción. Hoy ya tenemos más señales para comprender la ambigua expresión de Piñera. Al observar algunos trucos entre La Moneda y el Congreso, los anuncios sesgados sobre supuestas grandes y hasta revolucionarias reformas en la salud y educación, o la doble privatización de las sanitarias. Pero también están en aquella nueva forma de gobernar, que, en palabras filtradas por WikiLeaks de un informe de la embajada de Estados Unidos en Chile, están en el filo de lo legal y lo ético. Ocurrió con la venta de las acciones de Lan, de Chilevisión, de Colo Colo, y parece también suceder en el resto de su gobierno, compuesto por ex gerentes, directores y accionistas de grandes corporaciones.

Un informe de la Contraloría sobre la Onemi durante los meses posteriores al terremoto y maremoto trae bastantes sorpresas sobre the chilean way , entre las que aparece de forma indirecta la manera de actuar -presumimos que también “a la chilena”- del holding Cencosud, empresa de Horst Paulmann, ciudadano alemán nacionalizado chileno por gracia parlamentaria y cuyo gerente general fue hasta el verano pasado el actual biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, elevado desde el rescate minero a la categoría de principal delfín de Piñera y refrendado por la política-espectáculo con un 90 por ciento del apoyo ciudadano.

Según ese informe de Contraloría, que halló todo tipo de irregularidades en las operaciones de la Onemi, desde desórdenes financieros a irregularidades en los procesos de adquisiciones, donaciones y entrega de las ayudas, hay un caso que describe de forma indirecta a la chapuza propia de la Onemi: el modo de operar de la empresa Cencosud. En una visita realizada el 30 de junio pasado al Centro de Logística del Regimiento Bellavista, los auditores de la Contraloría constataron que en una dependencia habilitada para el armado de cajas de alimentos, se encontraba una considerable cantidad de víveres adquiridos por la Onemi a la empresa Cencosud S.A., sin distribuir a las familias damnificadas. Este hecho, informó la Contraloría, “denota la falta de planificación y coordinación en el proceso de compra y distribución de esos elementos de emergencia, lo cual ha ocasionado la inmovilización de tales recursos”. Este fue sólo el primer aviso.

El segundo fue más contundente y claro. Los auditores pudieron comprobar que una buena cantidad de los alimentos a granel fue comprada por la Onemi a la empresa Jumbo (Cencosud), los que fueron importados por el supermercado desde Argentina. Esos alimentos no distribuidos, objeto de la presente observación, dice el informe, “corresponden al saldo no utilizado en la elaboración de 44.337 cajas de alimentos, los que, según informó la Onemi a la Contraloría, lamentablemente no se pudieron utilizar, porque la carga importada desde Argentina entró en un proceso aclaratorio con respecto a su ingreso al país, problema del cual esa Contraloría tiene todos los antecedentes”.

La Contraloría buscaba irregularidades en la Oficina Nacional de Emergencia pero halló una mayor en una empresa privada fuera de su competencia. Cuando el informe salió a la luz pública, los diputados democratacristianos Aldo Cornejo, Gabriel Ascencio, Gabriel Silber y Pablo Lorenzini denunciaron ante Gonzalo Sepúlveda, director nacional de Aduanas, el fraude aduanero en que habría incurrido la empresa Jumbo al haber declarado en el manifiesto internacional de carga como “Ayuda Humanitaria” productos que posteriormente fueron vendidos al Estado sin pagar los aranceles correspondientes.

Negocios millonarios con las donaciones

El informe de la Contraloría explica más adelante la irregularidad descubierta: Cencosud ingresó alimentos como ayuda humanitaria, los cuales vendió a la Onemi. Cencosud vendió lo que debía haber donado. “Si bien es cierto el ingreso de los alimentos adquiridos a la empresa Cencosud S.A. al territorio nacional se encuentra pendiente de aclaración, debido a que los documentos de internación indicaban que correspondían a ayuda humanitaria, sin embargo dichos productos fueron comprados por esa Oficina Nacional de Emergencia, para ser entregados a los damnificados del terremoto, por lo cual no corresponde que por la situación pendiente de aclarar por esa empresa, los bienes se mantengan en forma indefinida sin ser utilizados en el fin para el cual fueron adquiridos. Cabe precisar además, que gran parte de estos bienes ya fueron distribuidos y que el señalado saldo se encuentra almacenado en dependencias externas a la entidad”.

En concreto, dice la Contraloría de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Onemi, “se observó que se han retenido pagos a Cencosud Retail S.A., correspondientes a las facturas N 687915, 2953501 y 2963502, por $3.467.673.098, $ 2.458.249.115 y $ 581.434.494, respectivamente, todas del mes de marzo de 2010. Cabe señalar, que dichos pagos se encuentran pendientes en la Onemi debido a que los antecedentes que respaldan el cobro efectuado por el proveedor indican que bienes valorizados en un monto de $2.597.521.616, habrían sido ingresados al país desde Argentina, a través del paso aduanero Los Libertadores, no como productos importados para su venta en el país, sino que como asistencia humanitaria a la República de Chile. Lo anterior, consta en el Manifiesto Internacional de Carga y en las facturas de la Agencia de Aduanas respectiva, las que señalan que corresponden a mercaderías en donación, acogiéndose a las franquicias aduaneras dispuestas por la autoridad”.
Los pagos se mantendrán pendientes en tanto Cencosud no aclare la modalidad de ingreso de los bienes adquiridos y el pago de los derechos correspondientes, lo cual deberá ser acreditado documentadamente ante la Contraloría. En tanto, “la División de Presupuesto no efectuará pagos por cobro de mercaderías ingresadas al país bajo el régimen de donación, hasta que la empresa Cencosud regularice el ingreso de las mismas ante las autoridades aduaneras y sanitarias. Se ha resuelto mantener la observación formulada en este punto, mientras no se aclare la situación advertida”.

Al informe de la Contraloría se suma una denuncia pública hecha la segunda semana de enero por los funcionarios de Aduanas en contra de Cencosud. Solicitan a la Contraloría instruir un sumario administrativo en contra del director nacional de Aduanas, Gonzalo Sepúlveda, por permitir el ingreso de camiones de alimentos con falsos fines humanitarios durante el año 2010.

Es the chilean way operando en todo su esplendor. Está la pequeña trampa, la picardía, el engaño encubierto, la relación turbia entre lo público y privado que no sólo se circunscribe al vínculo comercial Censosud-Jumbo-Onemi, sino al vínculo entre gestión empresarial y políticas públicas.

Los cobros abusivos de “Jumbo” Golborne

El ex gerente general de Cencosud y posiblemente uno de los hombres que ayudó a levantar este holding de magnitud continental es el actual biministro de Minería y Energía, que lidera las encuestas como el político con más futuro. Pero es necesario recordar que durante la administración de Golborne en Cencosud, las políticas comerciales de este consorcio y la relación abusiva de la empresa con sus clientes desató un escándalo que llegó a los tribunales, que sancionaron a la empresa. Como Cencosud es uno de los grandes auspiciadores de la televisión y prensa escrita, el incidente fue en algunos casos silenciado y en otros deslizado bajo cuerda.

Cencosud aumentó la comisión por la mantención de la tarjeta Jumbo al más puro estilo chilean way . Lo hizo de manera no sólo unilateral y arbitraria, sino a espaldas de los clientes, que no fueron informados previamente del incremento de la comisión: a partir de marzo de 2006 subiría de 460 a 990 pesos para los clientes que tuvieran un promedio de compras inferior a 50 mil pesos mensuales durante los seis meses anteriores a esa modificación. Y como los poseedores de tarjetas Jumbo Mas se calculan en más de cuatro millones, el negocio sumaba también muchos millones. Tras millares de reclamos, los clientes de la tarjeta Jumbo junto al Sernac interpusieron, en 2006, una demanda colectiva en el 10° Juzgado Civil de Santiago. Para el Sernac, el cambio unilateral de las comisiones se estrellaba contra la Ley del Consumidor: no sólo se hacía sin el consentimiento de los clientes; la empresa inventaba nuevas cláusulas y la no respuesta por parte del consumidor, significaba la aceptación del alza.

Como Cencosud no ofreció solución efectiva tras los múltiples reclamos, el Sernac interpuso una demanda colectiva en diciembre de 2006. Exigió que se sancionara la infracción a la ley y que cesaran los cobros indebidos. Solicitó también al tribunal la devolución de lo pagado en exceso con reajustes e intereses por todo el período, o al menos desde marzo 2006 hasta cuando los consumidores hubieren expresado su consentimiento y la forma en que tales devoluciones se harían efectivas. La sentencia no pudo ser más categórica. Acoge la demanda anulando la cláusula objetada considerando que “el consumidor frente a la modificación pretendida por la demandada, nada puede hacer, imponiéndole la empresa una modificación sin su consentimiento. El silencio en los actos de consumo no constituye aceptación. Por ello no es suficiente la inactividad de los consumidores para entender que éstos han consentido en la modificación en sus contratos”, indica el fallo. La sentencia, además, ordenó a Cencosud restituir los dineros cobrados en exceso a contar del 12 de julio de 2006 a todos los clientes.

Golborne es biministro. De las políticas privadas a las políticas públicas. ¿The chilean way?

RECUADRO: El imperio que Golborne ayudó a construir

Si examinamos la reseña biográfica del biministro Laurence Golborne en la página del Ministerio de Minería, podemos leer lo siguiente: “Ha tenido una importante carrera en el mundo privado, destacándose como gerente general de Cencosud S.A. hasta el año 2009, desde donde lideró la expansión de esta compañía del retail que hoy cuenta con operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia”.

Si observamos el ranking de los grupos económicos chilenos, según la revista empresarial estadounidense Forbes, veremos que tras los clásicos consorcios chilenos -Angelini, Matte y Luksic-, en cuarto lugar aparece el grupo Solari, controlador de Falabella, con un patrimonio de 4.741 millones de dólares, y un poco más distanciado está Cencosud, con un patrimonio de 2.555 millones de dólares. Otros grandes del sector, como D&S, que comparte el grupo Ibáñez con Walmart, ha acumulado 1.679 millones de dólares, en tanto Ripley más de 800 millones.

Estos nuevos grandes grupos económicos han hecho su fortuna en Chile sobre la base del consumo masivo, el crédito y la desregulación de todos los mercados. Su expansión ha sido tal, que en pocos años se han ubicado entre los principales actores del retail latinoamericano. El año pasado, y pese a la crisis, estuvieron entre las empresas de su rubro con mayores ganancias en la región. Falabella estuvo en el tercer lugar, con utilidades, en 2009, por 392 millones de dólares y ventas por casi siete mil millones, y Cencosud, en el noveno lugar, con ganancias por 190 millones. El año pasado, el consorcio tuvo ventas en Latinoamérica por más de nueve mil millones de dólares, sólo superado por el gigante del retail de la región, el brasileño grupo Pan de Azúcar.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 727, del 21 de enero al 3 de marzo, 2011)

Brasil enfrenta el precio de la tragedia de Río

A estas alturas, la aritmética macabra de la suma de números trágicos sigue su rumbo. Los muertos por los aluviones de hace dos semanas en las sierras vecinas a Río sumaban 790 en la noche del viernes, y los desaparecidos habían ascendido a 400. Había, entre las ciudades alcanzadas por el desastre, 2180 niños abandonados en refugios, sin que nadie los buscase. Ese abandono es un indicio claro de que sus padres, y quizá los familiares más cercanos, estén en la contabilidad de los muertos y desaparecidos. En Nova Friburgo, la más devastada de las ciudades serranas, desde el martes, cuando el cielo clareó, fueron retiradas cada día 800 toneladas de barro, pedazos de árboles, piedras, basura. Eso, en el centro urbano de la ciudad. Porque en la zona rural todo seguía igual, con equipos de rescate tratando de atender a los sobrevivientes mientras recogían cadáveres. En Teresópolis la situación era la misma. Relatos de horror se sucedían. En las periferias de esas dos otrora hermosas ciudades los perros callejeros ayudaban a encontrar cadáveres de la manera más brutal posible: tratando de sacarlos del barro para comerlos.

La tercera y principal ciudad de la sierra, Petrópolis, padeció menos. O, mejor dicho: padeció el horror con idéntica intensidad, pero en un área muy restringida. No por eso las escenas fueron menos tenebrosas. El valle del Cuiabá, donde hubo el mayor número de los 66 muertos de Petrópolis (Nova Friburgo tuvo 381, Teresópolis 316, números que valían hasta las ocho de la noche del viernes), era habitado por gente pobre y por pocas familias ricas. Era una región de casitas y ranchos colgados en los cerros de bosques y también de grandes quintas donde se criaban caballos de raza y de alto precio. Relato de un bombero que integra una de las brigadas de rescate de víctimas: “El jueves, logré localizar cuatro cadáveres humanos. Y unos 18 caballos muertos. No hubo nadie para identificar las víctimas humanas. Es probable que sus familias estén enterradas bajo lodo. Para los caballos estaban sus dueños, que los identificaban llorando. Es un mundo al revés”.

Las autoridades –alcaldes, el siempre parlante gobernador de Río, Sergio Cabral, ministros del gobierno nacional– trazan cálculos contundentes sobre las pérdidas provocadas por el cataclismo y el volumen de dinero que será necesario para reconstruir lo que sea reconstruible y tratar de darle alma nueva a los negocios de la región. También calculan cuánto se tardará para recuperar lo recuperable, y cuánto tiempo demandará la construcción de nuevas viviendas.

Lo que nadie se anima a prever es cuánto tiempo será necesario para que las víctimas se recuperen de la sensación de pánico sin fin. Muchas de las familias retornaron a los escombros de sus casas colgadas en áreas de riesgo inminente. Dicen que no tienen dónde ir. Dicen que no quieren perder lo poquito que se salvó de la furia de la tempestad. Las autoridades dicen que no tienen cómo sacarlas, a no ser por la fuerza, y admiten que nadie se anima a emplear la fuerza, aunque sea para salvarles las vidas, en un ambiente de tanta desesperación. En cualquier instante puede haber nuevos temporales. La solución ha sido, desde el viernes, cortar la luz y el agua que habían sido reconectadas en los días anteriores. Al fin y al cabo, luego de días sin luz ni agua ni comunicación alguna, quizá se hayan acostumbrado.

Difícil y delicada, en términos políticos, la situación del nuevo gobierno presidido por Dilma Rousseff. Por razones obvias –su lealtad a Lula, la necesidad de ejercer y mantener control político sobre sus ministros, y, por último, por haber integrado el gobierno anterior en el puesto de jefa de Gabinete– no le conviene, bajo ninguna hipótesis, lanzar críticas a la poca atención con que se trató la cuestión de la prevención de desastres naturales. Tampoco es conveniente, al menos por ahora, perder tiempo criticando la criminal omisión de alcaldes y gobernadores estaduales frente a la invasión desordenada de cerros y valles.

La presidenta ha sido clara, directa y dura en sus determinaciones. Exige y advirtió que exigirá acciones concretas y coordinadas. Anunció la implantación de un Plan Nacional de Prevención contra Desastres, que es muy similar al anunciado por Lula en 2005 y que jamás salió del papel.

Pero si faltaba alguien para ponerle el dedo a la llaga, ya no falta más. El secretario nacional de Políticas y Programas de Investigación y Desarrollo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Luiz Antonio Barreto de Castro, especialista en prevención de tragedias, decidió decir lo indecible. El participó del gobierno anterior. “Hablamos mucho y no hicimos nada. Hace dos años hicimos un plan de radares para entrar en la primera etapa del Programa de Aceleración de Crecimiento (la estrella del segundo gobierno de Lula), no lo logramos. Nos orientaron para que entrásemos en el PAC 2, la segunda etapa, y nada.”

Luego de eso, en agosto del año pasado su secretaría nacional oyó a diez estados brasileños y, juntos, definieron un proyecto-piloto cuyo costo se estimó en 36 millones de reales (unos 80 millones de pesos). Tampoco logró ese presupuesto. Palabras de Barreto de Castro: “Si se gastan en 2011 esos 36 millones, en 2012 quizá no haya muertos. Si hubiéramos gastado hace dos años, no habría tantos muertos en Río. No tenemos sistema de prevención y alarma, esa es la verdad”. Y repitió: “Hemos hablado mucho y no hemos hecho nada”.

Dijo eso y dimitió.

Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-160969-2011-01-23.html


Capturan en Venezuela a presunto jefe de las "Águilas Negras"

El colombiano Víctor González Sierra, presunto jefe paramilitar del grupo "Águilas Negras" y condenado en su país por "múltiples homicidios", fue capturado el sábado en Venezuela, informaron fuentes oficiales.

"Este es un duro golpe a las organizaciones criminales del narcotráfico y a este grupo que pretende usar nuestro territorio para huir de la justicia de otros gobiernos", dijo anoche el ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, en declaraciones que reproduce la página web de la estatal Radio Nacional de Venezuela.

El Aissami precisó que González Sierra, de 32 años, fue detenido "durante una operación" conjunta del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la ciudad de Maracaibo, capital del estado venezolano de Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia.

El Aissami insistió en que González Sierra fue sentenciado en Colombia "por múltiples homicidios y llegó a Venezuela para escapar de la justicia", pero fue apresado gracias a "la capacidad de respuesta y elevada operatividad" de la fuerza pública.

En los próximos días podría informarse sobre el destino de González Sierra, "quien sería extraditado a Colombia", sostuvo la emisora estatal venezolana.

El Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, entregó a Colombia hace nueve días al colombiano Nilson Terán, considerado el segundo cabecilla del frente norte del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), sentenciado en su país a 40 años de prisión por terrorismo y tráfico de drogas.

Terán fue detenido a mediados de diciembre pasado, también en Maracaibo, y entregado el pasado 14 de enero a las autoridades de Colombia.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo un día después que Chávez "está cumpliendo con su palabra" de no permitir la presencia en su país de miembros de "grupos al margen de la ley".

Santos reveló entonces que Chávez le renovó ese compromiso por última vez el 1 de enero, en Brasilia, donde ambos asistieron a los actos de investidura de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil.

La supuesta falta de colaboración de Venezuela en la lucha contra grupos ilegales motivó la ruptura de la relación bilateral en julio del año pasado, a raíz de que el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, denunció que el Gobierno de Chávez cobijaba a guerrilleros.

Solo tres días después de asumir la Presidencia, en agosto, Santos restableció las relaciones con Chávez, quien había desmentido las acusaciones, y los dos mandatarios han dado paso a una nueva etapa de colaboración, que hasta la fecha se ha saldado con la captura y entrega a Colombia de varios presuntos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares.

Venezuela expulsó de su territorio en noviembre pasado a tres presuntos guerrilleros de las Farc, dos hombres y una mujer, solicitados por la Fiscalía de Colombia por varios delitos, entre ellos rebelión, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, homicidio, secuestro y hurto calificado y agravado.

Durante todo 2010, remató la información de la estatal Radio Nacional de Venezuela, fueron arrestados 17 integrantes de carteles colombianos de tráfico de cocaína "y desde 2006 hasta el año pasado se aprehendió y deportó a 54 capos".



Agencia EFE

Unión Patriótica volvería a la actividad política

Tras 8 años de no existir, según la decisión del Consejo Nacional Electoral, la Unión Patriótica volvería a surgir como partido político.

Ante el Consejo de Estado un grupo de exmilitantes de la UP presentó una demanda para que les sea devuelta la personería jurídica.

En diálogo con Noticias Uno, el ex magistrado Jaime Araújo Rentería dijo que "hubo una interpretación equivocada de la ley porque el Consejo Electoral lo que dice es que la Unión Patriótica no tuvo ni 50 mil voto ni representación en el Congreso" pero no se partió de la base de que ese partido no se presentó al debate electoral de esa época.

Muchos de los exmilitantes esperan continuar su "tarea" en la democracia colombiana.

De tal orden son las ilusiones, que algunos aguardan, que tras la decisión del Consejo de Estado, reviva la UP y puedan entregar avales para los comicios de octubre.


Elespectador.com

¿Por qué los colombianos nos aguantamos todo?

En Barcelona, una ciudad que funciona bastante mejor que Bogotá, trataron de implantar el Pico y Placa por un día, pero los barceloneses salieron a protestar y lograron que el alcalde tumbara la medida en menos de una semana. En Ecuador, las petroleras están enfrentando importantes juicios por atentar contra el medio ambiente, por cuenta de los indígenas que salieron a protestar. En Estados Unidos, la BP quedó herida de muerte por cuenta de las protestas de cientos de pescadores que presionaron al gobierno de Obama para exigirle una millonaria indemnización y la salida de su país. Aquí en cambio, los colombianos nos seguimos aguantando todo, de manera estoica, sin protestar.

Las playas de Santa Marta las acabó la Drummond con su polvillo de carbón. ¿Alguien ha salido indignado a protestar por ese crimen ecológico? Cientos de niños tienen problemas respiratorios. ¿Acaso se escucharon las protestas de la gente? Los bogotanos seguimos aguantándonos un Pico y Placa que hace rato dejó de servir, y al cuestionado Alcalde nadie lo increpa. El problema con las losas de TransMilenio nos dejó una autopista inservible y en constante remiendo, pero el responsable de este descalabro es hoy uno de los candidatos más opcionados en las encuestas a la Alcaldía de Bogotá. ¿Quién nos entiende? El que va de primero en esos sondeos es el ex presidente Álvaro Uribe, a quien le debemos el desastre de Opain, la yidispolítica, las 'chuzadas' del DAS y el desastre del Inco, que nos devolvió al año de upa en materia de contratación y transparencia institucional.

Sin embargo, fieles a nuestra forma de no protestar cuando hay que protestar, el ex presidente Uribe anda por toda Colombia lanzando sus talleres ideológicos promovidos por La U, sobre la base de sus tres huevitos: seguridad, lucha contra la corrupción y cohesión social. Yo sí quisiera asistir a uno de esos talleres democráticos financiados por La U cuando exponga su huevito de la lucha contra la corrupción, porque me imagino que debe ser una obra maestra de la ciencia política. Sus aportes en la materia serían tan iluminantes como si pusiéramos al propio Madoff a dar talleres de responsabilidad bancaria o a Berlusconi, talleres de ética. De todas las lecturas, quisiera asistir a la que hable de su legado en esa lucha contra la corrupción en el caso del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Si fuera una de sus asistentes le preguntaría cómo fue que su gobierno consiguió otorgarle la concesión del aeropuerto a la oferta más barata (en la que coincidencialmente estaba de socio su cercano amigo William Vélez) para que después Opain empezara a pedir más dinero y la obra nos terminara costando una cifra muy superior a la más alta de las que ofertaron. Con un problemilla: con todas estas demoras y a pesar de todos los adendos, el aeropuerto que vaya a construir Opain nos va a quedar pequeño antes de que entre en funcionamiento. En esas circunstancias, lo que sí podría impartir el presidente Uribe en sus talleres ideológicos en materia de lucha contra la corrupción sería un taller sobre cómo reducir la corrupción no a sus mínimas sino a sus máximas proporciones. Ese taller podrían repartírselo con Júnior Turbay para que la cosa tenga algo de humor.

Pero no solo no protestamos, sino que terminamos reeligiendo a los políticos que nos han robado, a los alcaldes que se han enriquecido con el erario y a los que en los últimos 20 años se han aliado con los narcoparamilitares. Y como siempre, los pocos que sí protestan terminan como esos líderes de Córdoba que han sido asesinados por los paras en estos últimos meses luchando por su tierra. Lo más seguro es que en ese departamento se seguirá imponiendo la familia López Cabrales, y en Sucre los familiares de Álvaro García, así como en el Valle lo harán los títeres de Juan Carlos Martínez. Esas tres familias, a pesar de que han cohabitado a su manera con el narcoparamilitarismo siguen detentando el poder en sus regiones. Son los hombres de acero de la política colombiana: a ninguno le hace mella ni sus alianzas con el diablo, ni la precaria situación social que viven sus departamentos, ni el aumento de la violencia.

Protestar en Colombia no solo desafía la cultura establecida, sino que lo convierte a uno en un perro a cuadros. Uno no encuentra ni los lugares precisos, ni las instituciones que reciban esa protesta y la tomen en serio. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que cuando van a protestar por una cuenta de gas o de luz que supera lo normal, lo primero que hace la persona encarcagada es darle a uno a entender que la protesta no es válida y que uno es el equivocado? Las veces que yo he hecho el reclamo me ha tocado prácticamente probar que no soy una antisocial que quiere robarle chichiguas a la empresa en cuestión. ¿Han intentado hacer un reclamo en Comcel o en Movistar sin terminar convertidos en una especie de apátridas?

Cuando ni siquiera las protestas cotidianas tienen cabida ni eco, es un síntoma preocupante de que la protesta no es valorada por la sociedad ni por las instituciones. Ahora, si lo único que hay para valorar realmente son esas tres güevas de Uribe, desde ya siento mi protesta, así me tachen de que estoy atentando contra todo un 'triplevarón'.

María Jimena Duzán



La redefinición del enemigo

Leí con lupa el mensaje de año nuevo de alias 'Alfonso Cano', comandante de las Farc. Señala una y otra vez a paramilitares y mafiosos como los causantes de la tragedia reciente del país, se despacha contra los latifundistas, asegura que la reparación de las víctimas y la ley de tierras son esenciales para cimentar la reconciliación nacional. No menciona al presidente Santos, tampoco les dedica un párrafo a los militares.

¿Tiene esto algún significado? ¿Quiere Cano, en este periodo, exaltar como principales enemigos a los usurpadores de las tierras y a quienes se asociaron con mafias y paramilitares para apoderarse del poder local en muchas regiones del país? ¿Quiere establecer alguna diferencia entre estas fuerzas y el gobierno de Santos? ¿Quiere buscar un entendimiento con esta administración?

No voy a sacar conclusiones apresuradas del discurso de Cano. Es muy difícil que una guerrilla poco dada a la reflexión sea capaz de dar semejante viraje en su pensamiento. Pero una cosa es cierta: el principal obstáculo para las reformas políticas y sociales que el país requiere es una derecha violenta que ha establecido mil lazos con las mafias y con grupos armados ilegales.

En los últimos años hemos visto, además, que la única manera de enfrentar al enjambre de políticos y empresarios vinculados a la ilegalidad y a las mafias es apelando a la opinión pública y a la justicia. Es consiguiendo su aislamiento político y llevándolos a los estrados judiciales como se les puede derrotar. La cosa no es con armas.

Si la guerrilla comprendiera esta situación, tendría razones suficientes para buscar unas negociaciones de paz. La decisión de las Farc y del ELN de saltar a la vida civil crearía un ambiente muy favorable para depurar a las instituciones de agentes que le disparan desde adentro a la democracia y que han causado una sin igual tragedia humanitaria.

Ahora bien, al lado de leves señales de cambio en las Farc se producen cambios en las prioridades del gobierno en materia de seguridad. Santos sabe que los neoparamilitares o bandas criminales son la amenaza mayor de la ciudadanía y el Estado. Sabe que el narcotráfico y la violencia urbana asociada a estas bandas han hecho saltar las tasas de homicidio en las grandes ciudades y están multiplicando las acciones delincuenciales.

El gobierno está dando signos de una reestructuración de la política de seguridad, disponiendo fuerzas y orientando recursos para frenar la proliferación de estas bandas y conjurar el grave deterioro que está sufriendo la tranquilidad en regiones y ciudades asediadas por esta nueva generación de paramilitares.

¿Será que tanto las Farc como el gobierno de Santos están en camino a redefinir el enemigo? Si así fuera, encontraríamos por fin las llaves para abrir las puertas de la paz. Al cambiar la percepción de los contendientes en un conflicto, cambia dramáticamente la confrontación. Esa es una ley inexorable de la guerra.

Si la guerrilla concluye que ahora el enemigo principal es esa parte de la dirigencia regional y nacional comprometida hasta el cuello con la violencia ilegal y mafiosa y siente que Santos puede tomar distancia de esas fuerzas, podría buscar afanosamente una salida negociada para el conflicto.

A la vez, si el presidente Santos considera que un alto al fuego y unas verdaderas negociaciones de paz con las guerrillas le sirven para concentrar los mayores esfuerzos en el combate a los neoparamilitares y para sacar adelante las reformas que se ha propuesto, puede hacer una oferta de paz atractiva para la insurgencia.

Eso no quiere decir que las Farc vayan a declinar sus críticas y ataques al gobierno y mucho menos que Santos se vaya a olvidar de que las guerrillas seguirán siendo una amenaza a la seguridad nacional y a la sociedad entera hasta que no se desmovilicen y entren de lleno en la vida civil del país. Solo quiere decir que las partes han cambiado por el momento sus prioridades.

Leon Valencia.


domingo, 23 de enero de 2011

Gobierno busca a 5 mil ex paramilitares cuyo paradero es desconocido

No son los mismos que han vuelto a la ilegalidad y que aparecen reportados en las listas de capturados, especialmente en las operaciones contra las nuevas bandas. Se trata de una población que, por razones que se desconocen, decidió no atender los llamados de la Consejería para la Reintegración a reportarse y retomar el proceso de regreso a la vida civil.

Hasta finales del año pasado, esa decisión era voluntaria y alejarse de los programas no implicaba más que la pérdida de algunos beneficios económicos y académicos.

Pero ahora, tras las sentencias de las Cortes Suprema y Constitucional sobre la situación jurídica de los desmovilizados de las autodefensas, ellos tienen que presentarse de manera obligatoria.

No hacerlo los expone a terminar expulsados del proceso de paz y, lo más grave, a órdenes de captura y condenas por concierto para delinquir.

Aunque no hay ninguna certeza de cuántos de esos 5 mil ex 'paras' embolatados han vuelto a la ilegalidad, entre las autoridades hay preocupación por el riesgo de que muchos ya estén o puedan terminar con las nuevas bandas.

Por eso, ya están en marcha varios programas de búsqueda. Van desde campañas para hacerles saber de la nueva situación jurídica hasta planes especiales de ubicación en las zonas del país más afectadas por los nuevos grupos surgidos tras el desarme 'para'.

La mayor parte de la que la Consejería llama 'población inactiva' está en Antioquia, donde hay más de 1.500 desmovilizados que no volvieron a aparecerse por las oficinas de Reinserción. Bogotá, Córdoba, Cesar y Meta también registran cifras importantes de ex Auc sobre los que no se tienen mayores noticias.

"Es probable que muchos hayan decidido que es mejor, para evitar estigmatizaciones, no tener nada que ver con la desmovilización -dice un alto oficial-. Pero tenerlos ubicados plenamente es clave para protegerlos a ellos y para garantizar que están cumpliendo con la desmovilización".

La Ley que saca del 'limbo jurídico' a los 'paras', aprobada a finales del 2010, dio hasta un año para que los más de 31 mil ex integrantes de las autodefensas firmen los acuerdos de 'Contribución a la Verdad y a la Reparación' y acrediten su reinserción. También deben reportar todo cambio de residencia.

Si no firman los acuerdos y cumplen los otros compromisos, quedarán vigentes las órdenes de captura por concierto para delinquir y se exponen a penas que podrían superar los siete años de cárcel.

Su garantía es reportarse
Dice el Consejero para la reintegración

Alejandro Éder, el alto consejero para la reintegración, llamó a los desmovilizados a reportarse.

"Antes ellos podían decidir si seguían o no en contacto con el Programa, pero tras la ley que sacó del limbo jurídico a los desmovilizados es una obligación", explicó. "Su mejor garantía es reportarse; así resuelven su situación jurídica y tienen de nuevo el apoyo del Estado".

Éder resaltó que el hecho de que esas personas no hayan atendido aún los llamados a entrar en contacto no implica que estén en actividades ilegales. "El país debe hacer mayores esfuerzos por desestigmatizar a los desmovilizados", dijo el Consejero, quien agregó que el éxito en el programa de Reintegración no es una bandera de un funcionario o de un Gobierno, sino un tema clave para el futuro del país porque los desmovilizados van a estar acá por décadas, aunque muchos sectores no se hayan dado por notificados".

jueves, 20 de enero de 2011

Venezuela asegura registrar mayores reservas de petróleo del mundo

El gobierno venezolano anunció este miércoles que logró un volumen de reservas de petróleo de 297.000 millones de barriles, lo cual convertiría al país en el mayor depósito de crudo del mundo, por delante de Arabia Saudita.

"A finales del año 2010 teníamos un nivel de 217.000 millones de barriles de petróleo y estamos ahorita, a principios de este año, ya en posición de certificar 297.000 millones de barriles", declaró a la prensa el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez.

Con estas nuevas cifras divulgadas por Ramírez, Venezuela sería el primer país con mayores reservas de crudo, por delante de Arabia Saudita, que cuenta con 266.000 millones de barriles, y de países como Irán o Kuwait, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Las cifras suministradas por el gobierno recogen datos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de las diferentes empresas extranjeras que trabajan en el país. Posteriormente, estos números son también certificados por la OPEP.

Ramírez recordó que cuando el presidente Hugo Chávez ganó las elecciones por primera vez en 1998, Venezuela, primer productor sudamericano de crudo, tenía un nivel de reservas de 75.000 millones de barriles de petróleo.

"Vamos a ser un país centenario en la producción de petróleo, pero a diferencia de muchos países que han agotado su base de recursos, Venezuela sigue ampliando su base de recursos", celebró el ministro.

Del total de 297.000 millones de barriles de petróleo de reservas, "220.000 millones son de la Faja del Orinoco, lo cual nos da como base de recursos un piso sólido y cierto para todo nuestro plan de expansión", se congratuló el ministro.

La faja del Orinoco, una área de 55.314 km2 situada al este de Venezuela, es sin duda la más rica reserva de hidrocarburos del mundo. Sin embargo, el crudo que allí se extrae es pesado y extrapesado, lo cual requiere altas inversiones y logística extranjera para su extracción y refinación antes de ser comercializado.

Desde 2007, cuando el gobierno del país sudamericano recuperó el control de sus recursos petroleros, la estatal PDVSA recurre a numerosos socios foráneos para certificar reservas y explotar crudo.

Cualquier empresa extranjera tiene participación minoritaria en todos estos proyectos.

"Con estas reservas, hasta hoy (miércoles) y al ritmo de explotaciones que llevamos, Venezuela tiene petróleo para más de 200 años y no hay país en este planeta que tenga petróleo para 200 años", se felicitó Chávez en estos días.

Venezuela produce unos tres millones de barriles de crudo al día (mbd), según cifras oficiales, aunque la OPEP le atribuye una producción de unos 2,3 mbd.

Paralelamente, Ramírez aseguró que las reservas de gas probadas se sitúan ya en 195 billones de pies cúbicos (TCF, según su sigla en inglés) gracias a las perforaciones en los campos Perla, situados costa afuera, en los que el gobierno venezolano, conjuntamente con la empresa española Repsol, logró certificar 15 billones de pies cúbicos en los últimos meses.

"Vamos a seguir la campaña exploratoria en los bloques del Golfo de Venezuela (noroeste), así que en materia de petróleo y gas nuestra base de recursos se sigue ampliando", concluyó Ramírez.


AFP Elespectador.com