Carta de protesta de parlamentarios franceses y europeos contra la nominación de Álvaro Uribe Vélez en Francia

Nosotros parlamentarios franceses y europeos, queremos manifestar nuestra indignación frente a la nominación del ex-presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez como profesor en Francia en la escuela Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM), en contra-parte de contratos pasados con esta institución educativa y el gobierno colombiano.

La Unión Europea y Francia, revindican ser defensores de los derechos humanos. Aceptar tal nominación seria agregar una nueva incoherencia al cumplimiento estos objetivos políticos, y dar un mal ejemplo a la educación de los jóvenes europeos.

Nos gustaría recordarles el balance del mandato del Sr. Uribe en cuanto a la defensa de los derechos humanos:

El Sr. Uribe desarrollo una política controversial de "Seguridad Democrática", que buscaba oficialmente luchar contra a la inseguridad y reforzar el Estado de Derecho. En un contexto de conflicto armado en Colombia desde hace más de 50 años, esta prometía a los soldados, primas y ventajas por cada guerrillero abatido en combate. Esta "política de cifras" catastrófica, tuvo como efecto incitar los militares a asesinar más de 3000 civiles inocentes, provenientes de barrios pobres, para disfrazarlos y presentarlos como "guerrilleros muertos en combate".

Varios casos de corrupción, asesinato y revelaciones en consecuencia de la ley "Justicia y Paz" permitieron mostrar los lazos fuertes existentes entre los escuadrones de la muerte (paramilitares) ligados a la mafia y la familia política del Sr. Uribe. Más de 120 políticos cercanos a su gobierno están siendo investigados y varias decenas están condenados por vínculos criminales. Hasta el propio primo del ex-presidente y socio político, Mario Uribe, acaba de ser condenado a siete años y medio de prisión por haberse aliado y utilizado organizaciones criminales para facilitar su elección al parlamento nacional y apropiarse ilegalmente de grandes cantidades de tierra fértil.

Colombia es hoy el segundo país (después de Sudán) con más desplazados internos en el mundo. Así este fenómeno haya comenzado antes de que Álvaro Uribe llegara al poder, se estima que 2,4 millones de personas fueron desplazadas durante su mandato. Además se cuentan con la existencia de más de mil fosas comunes en Colombia y un cementerio de N.N. de más de 2000 cuerpos no identificados situado en el departamento del Meta, "alimentado" desde el 2005 por militares. En otras regiones, reportes muestran que hornos crematorios habían sido instalados para desaparecer los cuerpos de las víctimas.

Varios casos de corrupción implicando al gobierno y la familia política de Uribe fueron descubiertos durante su mandato. Es el caso, por ejemplo, de su ex-ministro de agricultura, que esta siendo juzgado por haber desviado enormes cantidades de plata de su objetivo principal (ayudar al pequeño campesinado) para beneficiar a grandes terratenientes y contribuir indirectamente al financiamiento de la reelección del Sr. Uribe.

Bajo la presidencia del Sr. Uribe, los servicios secretos colombianos (DAS) fueron utilizados para espionar, perseguir, amenazar, estigmatizar y atacar los defensores de derechos humanos, sindicalistas, opositores políticos, periodistas, la Corte Suprema de Justicia; el reciente descubrimiento de documentos internos del DAS permitió revelar la voluntad de vigilar y desacreditar la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y las ONGs de Derechos Humanos. Entre estas organizaciones o personas, varias fueron explícitamente señaladas por el ex-presidente como "vitrina intelectual" de las FARC, poniéndolas así en peligro de muerte.

El nombramiento del Sr. Uribe al cargo de "profesor de Universidades" en l'ENIM no es fortuita. Este aparece luego que la administración colombiana, durante el mandato del Sr. Uribe, les otorgara la modernización de los centros de formación colombianos (SENA). En esta ocasión el Sr. Uribe había sido nombrado "Ingeniero Honoris Causa del ENIM". El Sr. Uribe, comprometido por varios casos graves en su país, había intentado crearse una respetabilidad, haciéndose nombrar como profesor de la Universidad de Georgetown (USA). Pero esta tentativa había creado un fuerte rechazo por parte del medio estudiantil y la sociedad civil de Estados Unidos.

Hacemos un llamado hoy a todas las ciudadanas y los ciudadanos franceses y europeos a de igual forma y que denuncien con nosotros la nominación del Sr. Álvaro Uribe al ENIM y exigimos a esta institución educativa romper rápidamente con este contrato.

Consideramos que el sistema educativo europeo no puede servir para "limpiar" las personas que han cometido violaciones de derechos humanos, y que el Sr. Uribe debe responder por las acusaciones de la cuales es responsable frente a las autoridades colombianas, o a su defecto, frente a la Corte Penal Internacional.

FIRMAN:

Jürgen Klute, diputado europeo, Alemania, Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT.

Jean-Luc Mélenchon , diputado europeo, Francia, Vicepresidente de la Comisión Asuntos Exteriores.

Martine Billard, diputada francesa, Vicepresidente del Grupo de Amistad France-Republica de Colombia.

Nikolaos Chountis, diputado europeo, Grecia, Comisión Asuntos Económicos y Monetarios.

Marie-Christine Vergiat, diputada europea, Francia, Comisión de Derechos Humanos.

Cornelia Ernst , diputada europea, Alemania, Comisión Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Gabriele Zimmer, diputada europea, Alemania, Comisión de Desarrollo.

Eva-Britt Svensson, diputada europea, Suède, Presidente de la Comisión Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Georgios Toussas, diputado europeo, Grecia, Comisión Transportes y Turismo.

Charalampos Angourakis , diputado europeo, Grecia, Comisión del Desarrollo Regional.

Bairbre de Brún, diputada europea, Reino Unido, Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

Thomas Händel , diputado europeo, Alemania, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

Willy Meyer, diputado europeo, España, Vice-presidente de la Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT.

Sabine Wils , diputada europea, Alemania, Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

Helmut Scholz, diputado europeo , Alemania, Comisión del Comercio Internacional.

Catherine Grèze, diputada europea, Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT.

Sabine Losing, diputada europea, Alemania, Comisión Asuntos Exteriores.

Miguel Portas, diputado europeo , Portugal, Comisión Crisis Financiera, Económica y Social

Jacky Henin, diputado europeo , France, Comisión de Industria, Investigación y Energía.

Raül Romeva i Rueda, diputado europeo, España, Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT.

Dominique Voynet , parlamentaria francesa, Secretaria de la Comisión de Asuntos extranjeros, defensa y fuerzas armadas.

Noël Mamère, diputado francés, Secretaria de la Comisión de Leyes.

Francois de Rugy, diputado francés, Secretaria de la Comisión Asamblea Nacional.

Jean Desessard, parlamentario francés, Comisión de Asuntos Sociales.

Ivan Renar, parlamentario francés, Vicepresidente de la Comisión de Cultura, educación y comunicación.

Marie-Christine Blandin , parlamentaria francesa, Secretaria de la Comisión de Cultura, educación y comunicación.

Michel Billout, parlamentario francés, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Europeos.

Alima Boumediene-Thierry, parlamentaria francesa, Comisión de Asuntos Europeos.

Anny Poursinoff, diputada francesa, Comisión de asuntos económicos.

Pascal Canfin, député European, France, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Parlamento europeo, 9 de Marzo de 2011

Ver : Lettre_de_parlementaires_contre_la_nomination_Uribe_en_FRANCE.pdf

http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1686:carta-de-protesta-de-parlamentarios-franceses-y-europeos-contra-la-nominacion-de-alvaro-uribe-velez-en-francia&catid=94:internacional&Itemid=427

Excomisionado de Paz sigue enredado

El excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo sigue acumulando procesos tras las declaraciones de los exjefes paramilitares que lo señalan de posibles manejos irregulares durante el proceso de paz con las Auc y supuestas falsas desmovilizaciones.

A la compulsa de copias que hizo la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía por el posible falso desarme del frente Cacica La Gaitana de las Farc en marzo del 2006 en el Tolima, ahora se suma la que realizó el Tribunal Superior de Bogotá por las declaraciones que hicieron Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, y Juan Rodrigo García, vocero del bloque Élmer Cárdenas, que lo señalaron de comprometerse con los jefes paramilitares de gestionar para que no los extraditaran.

A estos procesos se adiciona una investigación preliminar en la Contraloría General, que decidió llamar a Restrepo y al exministro Sabas Pretelt de la Vega a rendir declaración juramentada. La cita está programada para el próximo 24 de marzo.

El proceso en la Contraloría General es para determinar si durante el desarme del frente Cacica La Gaitana de las Farc se gastaron recursos públicos y analizar si hay méritos para adelantar un juicio de responsabilidad fiscal en contra de los exfuncionarios.


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Conflicto con las Farc terminará en una negociación: FF.MM.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, estimó este jueves que el conflicto con la guerrilla de las Farc va a terminar en una negociación, puesto que "no se trata de dar de baja a todos" sus integrantes.

"Yo creo que esto va a terminar o va a desencadenar en un diálogo, porque finalmente nosotros también estamos convencidos de que no se trata de dar de baja en combate a todos los miembros de las Farc", precisó Cely en diálogo con corresponsales extranjeros.

El oficial hizo este planteo tras manifestar que el énfasis de las Fuerzas Militares debe estar encaminado a combatir el narcotráfico "que es donde las Farc tienen su alimento".

Eso y "una presión militar y policial supremamente fuerte, y del gobierno, debe llevarlos a un punto de no retorno", agregó.

Las Farc, la principal guerrilla de Colombia con 46 años de lucha armada, cuenta con unos 8.000 combatientes en la actualidad, según cálculos del gobierno.

El presidente Juan Manuel Santos ha reiterado varias veces que su gobierno no ha cerrado la puerta al diálogo con las guerrillas izquierdistas, pero que para contemplar esa posibilidad éstas deben primero cesar los secuestros, los ataques y el reclutamiento de menores de edad.

En sus declaraciones, Cely aseguró que los golpes dados a las Farc en los últimos meses, entre ellos la muerte en un bombardeo de su jefe militar Jorge Briceño (alias Mono Jojoy), el pasado 22 de septiembre, "les ha representado un retroceso de varios años".

"Después de la muerte del Mono Jojoy se les acabó el líder desde el punto de vista armado. Ese hombre era la columna vertebral de los atentados terroristas, el que intentó llevar el accionar de las Farc nuevamente a las zonas urbanas, el que mantuvo a punta de fusilamiento el poder y quien tenía todos los recursos", dijo.

Y agregó que los jefes del grupo guerrillero muertos en combate pueden ser reemplazados, "pero eso les genera a ellos un debilitamiento".

Sin embargo, el oficial reveló que en lo que va del año han muerto en combate 52 de sus hombres y 92 quedaron heridos. De estos, 13 fallecidos y 81 lesionados fueron víctimas de minas antipersona.

En 2010, recordó Cely, 101 miembros de las Fuerzas Militares murieron como resultado de artefactos explosivos y 417 resultaron heridos.



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Álvaro Uribe y el terrorismo

No cabe duda de que cuando el ex presidente olvida el nombre de alguien o algo, automáticamente, por un acto reflejo, lo llama terrorista.

Al ex presidente Álvaro Uribe le encanta la palabra terrorismo y sus derivados. Es el vocablo que define el derrotero central de todo su universo político.

Cuando llegó a la Presidencia, declaró la inexistencia del conflicto armado interno colombiano (nada menos que el más antiguo de los que subsisten en el mundo) y de sus actores subversivos, reduciéndolos a la simple condición de “terroristas”.

No es que las FARC no sean terroristas. Evidentemente lo son porque cometen actos terroristas, pero desbordan la noción. También son, aunque ello no embone con la rudimentaria cosmogonía uribista, un grupo subversivo que aspira a derrocar al Estado.

De igual modo, el país sí padece un conflicto armado y enfrenta varios ejércitos irregulares, en lugar de una banda de fundamentalistas prestos a inmolarse en cada supermercado, como el ex mandatario pretende.

Esta prematura salida en falso fue apenas el prefacio de lo que ahora podríamos llamar “la dialéctica uribista del delirio terrorista”. A día de hoy, en el particular vocabulario del ex mandatario, terrorista es toda persona que lo critica, o cualquier entidad abstracta que funciona con independencia de sus caprichos, como el Derecho Internacional Humanitario (ya veremos por qué).

A lo largo de su vertiginosa carrera de malversación adjetival, Uribe llamó “terroristas vestidos de civil” a los miembros de la oposición, y a varias ONG’s que denunciaron la deslucida gestión de su gobierno en la protección de los derechos humanos, las acusó de “actuar al servicio del terrorismo”. Luego se dedicó a insultar a los mejores periodistas de Colombia: de Hollman Morris dijo que se escudaba en su condición de periodista “para ser permisivo cómplice del terrorismo", y a Daniel Coronell lo acusó por Twitter de “mafioso, sicario, bandido y mentiroso redomado”.

Pero aún no satisfecho con su prolijo prontuario de sandeces, decidió arremeter la semana pasada contra el Premio Nobel de Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, llamándolo “vocero y defensor de terroristas”.

Esta práctica neurótica ya nos resulta familiar. Es la manifestación de ese singular vicio del habla que se conoce como “anomia” y consiste, según el DRAE, en el “trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre”. Porque no cabe duda de que cuando el ex presidente olvida el nombre de alguien o algo, automáticamente, por un acto reflejo, lo llama terrorista.

Sin embargo, los pasatiempos de Uribe no se limitan al terrorismo dialéctico. También prohíja una fascinación incontrolada por el terrorismo judicial, es decir, por intimidar personas que lo critican con base en pruebas o hechos de conocimiento público, mediante demandas judiciales por injuria y calumnia, como ocurrió la semana pasada con el Nobel Pérez Esquivel. Se trata de un ejercicio muy de moda por estos días entre ex presidentes colombianos, el de querer limpiar con falsas causas judiciales contra periodistas y figuras que sí gozan de prestigio social, el lodazal de corrupción que dejaron tras su gobierno. Claro, el mundo al revés.

Pero volvamos al delirio terrorista verbal. En una entrevista que le concedió al diario caleño El País el domingo pasado, Uribe inauguró una nueva dimensión hasta entonces desconocida de su terrorismo dialéctico. Esta vez sus afirmaciones desbordaron la mera disfunción anómica para entrar en terrenos del surrealismo. Afirmó que “hay un terrorismo jurídico que está paralizando a las fuerzas militares”. Este terrorismo, en su entender, consiste en que no le permiten al Ejército violar el Derecho Internacional Humanitario bombardeando a los narcotraficantes y las bandas criminales, en lugar de esforzarse por capturar a sus miembros.

Pero allí no paró la psicosis. Como en una película de Luis Buñuel, Uribe se atrevió a afirmar que “frente a la Presidencia lo que yo tengo es gratitud con mis compatriotas que me permitieron ejercerla ocho años”.

¡Oígase esto! Ahora nosotros, “sus compatriotas”, fuimos quienes le permitimos acceder en forma ilegal a la Presidencia durante su segundo período, mediante la comisión del delito de cohecho. Semejante afirmación daría para una denuncia judicial masiva por calumnia, de parte de todos los colombianos que no violamos el Código Penal. ¿Cómo se atreve el ex presidente a endilgarnos a los colombianos que respetamos la ley la comisión de semejante hecho punible tan repudiable?

¿Acaso olvidó tan pronto el escándalo de la Yidispolítica? Señor Uribe, le refresco la memoria: en lo que a los colombianos que sí respetamos el ordenamiento jurídico respecta, usted solo fue presidente del país durante los primeros cuatro años. Si alguien le permitió usurpar el cargo presidencial durante otros cuatro, fueron los parlamentarios corruptos que hoy están en la cárcel porque vendieron su voto a cambio de notarías y otras dádivas, para que fuera ilegalmente aprobada en el Congreso la reforma constitucional que lo habilitó para presentarse nuevamente a elecciones.

No abuse en las entrevistas de la fama de desmemoriados que tenemos los colombianos. No olvide que la Corte Suprema de Justicia, cuando condenó a Yidis Medina, precisó que el Acto Legislativo No. 2 de 2004, ese adefesio jurídico que preparó la catástrofe que sería su segundo mandato presidencial, fue ilegítimo: "La aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas (...) La Corte Constitucional ha señalado que es posible advertir actos de desviación de poder en los trámites que cumple el Congreso de la República, resultando paradigmática tal circunstancia cuando por medio del cohecho se consigue que uno de sus miembros apoye una iniciativa que no era de su agrado y que inclusive rechazó públicamente (...) "Tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada".

De no ser porque no me regalaron el diploma de abogado (como a ciertos ex presidentes que se la pasan denunciando temerariamente por injuria y calumnia) sé que, para su fortuna, además de ser la responsabilidad penal en cabeza del sujeto activo necesariamente individual, los sujetos pasivos de los delitos deben estar determinados, razón por la cual la posibilidad de denunciarlo junto con “mis compatriotas” por “calumnia colectiva”, inexistente en este caso, pues sería otra forma de terrorismo judicial.

Nota: en medio de un país de leguleyos irredentos donde el deporte nacional es demandar por injuria y calumnia a los columnistas de opinión, aunque debería sobrar, aclaro que no estoy diciendo en esta columna que el señor Álvaro Uribe es un terrorista en los términos del artículo 343 del Código Penal, sino en sentido figurado cada vez que denigra de sus críticos, él sí tal vez en forma calumniosa, llamándolos terroristas.

Twitter: florezjose
http://iuspoliticum.blogspot.com

Bandas criminales se estarían 'tomando' bienes de los 'paras'

Las bandas criminales están apostándole a quedarse con las tierras de las víctimas de la violencia en Urabá.

Así lo denunció ayer la fiscal Nubia Stella Chávez que, frente a los magistrados de Justicia y Paz, aseguró que los bienes de varios ex paramilitares son irrecuperables no sólo por la presión armada de estos grupos sino porque una cadena de testaferros, aparecidos en los últimos meses, dificulta el que se puedan pedir las medidas cautelares para que sean entregados a las víctimas.

"Hemos encontrado que en los bienes de 'HH' y de Hazbún se han falsificado firmas. Bienes que estaban a nombre de terceros, se falsifican las firmas de personas que aparecían como propietarias y así son dejados en manos de otras personas. Y cuando se consulta con estos testaferros ellos aseguran que no fueron los que firmaron", afirmó la fiscal.

Esta denuncia se suma a la que esta semana hizo el ex coordinador de la Comisión Nacional de Reparación en Antioquia Gerardo Vega, quien aseguró que en la región opera una oficina de registro paralelo que ha llegado a legalizar la venta irregular de al menos mil predios.

Frente a la alerta, los magistrados de Justicia y Paz llamaron la atención por " el desdén de las autoridades policivas y militares para controlar este tipo de actividades ilegales".

Entre los bienes que han sido "tomados" por las bandas criminales aparece una reconocida camaronera llamada Uramar.

Según el ex jefe paramilitar, es dueño del 65 por ciento de las acciones de esta empresa, que en su momento se llamó Camerún, y que era una herramienta para la entrada y salida de fusiles o coca desde y hacia Panamá.

"Esa finca está muy bien ubicada porque está a la orilla del Caribe. Son 100 hectáreas, hay una planta con cuartos fríos, tiene toda la infraestructura necesaria para procesar el camarón. Esto el 65 por ciento es mío. Y la persona que la tiene se ha rehusado a hacer los papeles. Lo que sabemos es que las bandas están de socias con esa persona", dijo 'HH' desde Estados Unidos.

'HH' ha entregado 12 bienes avaluados en 15 mil millones de pesos a las víctimas de la violencia. En la mayoría de estos predios funcionaban proyectos productivos, que hoy, según verificaciones de la misma Fiscalía, están abandonados.

"Esas propiedades no fueron expropiadas, fueron compradas, estaban a nombre mío y eso facilitaba el proceso para que entraran a Acción Social. Pero se tardaron mucho tiempo en recibirlas", dijo el ex 'para' .

También pidió que se investigue cómo se están administrando varias bananeras de ex 'paras' que él entregó.

Afrodescendientes: “La represión y discriminación son muy fuertes”

SANTIAGO.- Indignación causó en la comunidad afrodescendiente chilena el video difundido a través de redes sociales, en que se ve la detención de un ciudadano ecuatoriano por cruzar en una esquina con luz roja. Para Marta Salgado, presidenta de la alianza que reúne a organizaciones de descendientes de raza negra, lo que vio es un “hecho xenófobo”.

A juicio de Salgado, en el video se ve claramente un atentado contra la dignidad del ciudadano ecuatoriano. “No es posible que le hayan puesto esposas en los pies y en las manos, eso atenta contra la dignidad de cualquier persona, y eso no lo habrían hecho con una que no fuera negra. Eso habla de cómo los servidores públicos están tratando a los inmigrantes en Chile”, sostuvo.

La dirigente dijo, sin embargo, que el hecho no es inusual y que la discriminación y “la represión policial es muy fuerte” hacia ellos.

Salgado, presidenta también de la ONG Oro Negro, dijo que su propia familia ha sufrido actos xenófobos por parte de la policía. “En la plaza de Arica a mis hermanos, que hoy son connotados ingenieros, quisieron hacerles recoger basura que ellos no habían botado, ellos no quisieron hacerlo y los detuvieron”, dijo Salgado.

Salgado también recuerda el caso de José Corbacho, el trabajador del FOSIS que denunció haber sido despedido por el color de su piel. El revuelo que causó el caso terminó con la salida del director de la entidad en Arica y Parinacota.

“Además de Corbacho, también hemos sabido por los diarios de grupos neonazis que le han pegado a jóvenes cubanos, todo esto por ser negros, y ha habido hechos en Santiago. Cuando se realizó la Conferencia + 5 en el año 2000, a compañeros negros les pegaron por ser afrodescendientes”, recordó Marta Salgado.

Salgado dice que al momento de buscar trabajo la discriminación también existe, aunque no es tan explícita. Así ocurre, dijo, con muchas mujeres afrodescendientes que trabajan en el área doméstica u otras tienen pequeños emprendimientos. “La discriminación se da cuando estás dentro de las instituciones y te consideran sólo para un puesto de baja connotación”, sostuvo.

Marcos Fuentes T.
TERRA.cl

Piden investigar a Uribe por ‘chuzadas’

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Acusaciones por la presunta responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las interceptaciones ilegales a integrantes de la oposición y representantes de ONG.

La célula legislativa, conformada principalmente por integrantes de partidos uribistas, deberá analizar las pruebas que ha acopiado el ente investigador. No obstante, esta célula legislativa ya había abierto un proceso previo por estos hechos.

Según informó Caracol Radio, la Fiscalía pidió a la célula legislativa que indague si el exmandatario tuvo alguna relación con los seguimientos ilegales hechos en contra de defensores de derechos humanos antes del 2005.

Varios exfuncionarios del DAS han señalado que las órdenes las recibían porque se trataba de información de interés para la Presidencia.

William Romero, exsubdirector de Fuentes Humanas del DAS, entregó un informe que dice “que el 1 conoció los insumos entregados por ella”, refiriéndose a la información facilitada a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Para algunos, el número 1 hace referencia a una persona que estaba por encima de ella.

La noticia de la compulsa de copias se conoció luego de que la juez 14 Penal de Bogotá, con funciones de conocimiento, condenó a ocho años de prisión a Fernando Tabares Molina y a Jorge Lagos León, ex director y ex subdirector de Análisis del DAS, respectivamente.

La condena fue producto de un acuerdo entre las partes, pues los funcionarios decidieron colaborar con la justicia.

La investigación de la Fiscalía estableció que Tabares Molina y Lagos León incurrieron en los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.

Los dos exfuncionarios también fueron condenados al pago de 44 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que les serán conmutados por trabajo social. Lagos León y Tabares Molina están privados de la libertad desde abril del 2010. En sus declaraciones, ellos pidieron perdón a las víctimas como parte del acuerdo al que llegaron con la justicia.

La acción penal continuará contra otros exfuncionarios del DAS: Luz Marina Rodríguez Cárdenas (exdirectora operativa), Germán Ospina Arango (exdetective del grupo GONI) y Bernardo Murillo Cajamarca (jefe anticorrupción).

Los bloques fantasmas según 'HH'

El exjefe paramilitar dijo que los bloques Héroes de Tolová, Héroes de Granada, Cacique Nutibara y Pacífico no existían en las Auc y se montaron para que narcos se metieran a Justicia y Paz.

En una nueva audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz en Bogotá, Éver Veloza, alias ‘HH’, desmovilizado del Bloque Bananero, señaló que fueron varios los bloques que se colaron en el proceso de Justicia y Paz y que no eran de paramilitares.

También dijo que varios jefes 'paras' entregaron las armas como simples patrulleros para no tener que responder por sus crímenes ante los tribunales.

‘HH’, encarcelado en Estados Unidos desde 2009, añadió que el excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y el ex ministro del Interior Sabas Pretelt se comprometieron en cambiar un “articulito” para impedir la extradición de los jefes paramilitares que estaban negociando con el gobierno.

Según 'HH', el Bloque Pacífico era un grupo pequeño, de no más de 20 personas, que se encargaba de cuidar, prestar seguridad y cobrar por embarques de cocaína de Luis Hernando Gómez, alias 'Rasguño'. En el Bloque Pacífico, 144 hombres entregaron 117 armas largas, 16 cortas y 53 granadas.

Francisco Javier Zuluaga, alias 'Gordolindo', fue uno de los que se desmovilizó con este grupo. El expara, que está preso en un cárcel en Nueva York, dijo que ‘Gordolindo’ le pagó 5.000 millones de pesos a Rodrigo Zapata Sierra, alias 'Ricardo' para que lo incluyeran en las filas de las autodefensas.

'HH' denunció que Rodrigo Zapata, alias 'Ricardo', quien era el jefe del Bloque Pacífico, y se desmovilizó en el Bloque Calima como simple patrullero.

“Me di cuenta (que 'Gordolindo' entregó plata) porque ‘Gordolindo’ todavía no le había pagado a Rodrigo Zapata todo. El se quejó con Vicente Castaño”, dijo 'HH'. “Dije en presencia de Luis Carlos Restrepo que ‘Gordolindo’ no era autodefensa. El no tuvo en cuenta mi aporte y a los pocos días desmovilizó a 'Gordolindo'”, señaló el exparamilitar.

Según 'HH' el gobierno sabía que no eran paramilitares pero “estaba tapando la verdad”. Además dijo que presuntamente Iván Roberto Duque , alias ‘Ernesto Baéz’, el abogado Abelardo De la Espriella y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, recibían dinero pque el narcotraficante Juan Carlos 'El Tuso' Sierra se desmovilizara con las autodefensas.

Otro grupo que según el exparamilitar no existía y que fue creado para la desmovilización fue el Bloque Héroes de Granada de Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna'. 'HH' dijo que a principios de 2004 empezaron a reclutar gente sólo para dejara las armas unos meses después. “El Bloque Héroes de Granada no existía cuando inicialaron la etapa exploratoria y las negociaciones”, dijo.

El Bloque Héroes de Tolová, que también era de 'Don Berna', era según 'HH' un grupo pequeño del Bloque Norte, un frente que se convirtió en bloque para la desmovilización.

El Bloque Cacique Nutibara, que hace pocos días Freddy Rendón, alias 'El Alemán', calificó de montaje, era según 'HH' la Oficina de Envigado y las pandillas de los barrios de Medellín. “No eran autodefensas, pero a veces hacían trabajos para las autodefensas. Para mí el Cacique Nutibara era la Oficina de Envigado”, señaló el desmovilizado al Tribunal.

Uno de los jefes paramilitares que pasaron de agache fue Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, que según ‘HH’ era uno de los hombres de confianza de los Castaño en las finanzas, tanto legales como ilegales. ‘Lucas’ se desmovilizó como patrullero y no fue presentado a Justicia y Paz.

Las promesas incumplidas
‘HH’ también explicó que los representantes del gobierno que estaban negociando en Santa Fe de Ralito tomaron varios compromisos con los ‘paras’ que luego no cumplieron.

Uno de ellos fue el de cambiar un artículo de ley que iba a evitar la extradición de los jefes desmovilizados.

“Había preocupación por los pedidos en extradición, se puso el tema sobre la mesa. La respuesta que nos dio el señor Sabas Pretelt De la Vega y el ex comisionado de paz era que iban a hacer un cambio en un articulito del tratado de extradición. Por eso se volvió atractivo para los narcotraficantes pasarse a las autodefensas para tratar de evadir la extradición”, dijo 'HH'.


'HH' también dijo que miembros del gobierno presuntamente les sugirieron postular un máximo de personas a Justicia y Paz, para que la ley colapsara y que el congreso tuviera que diseñar otra.

No encarcelar los jefes paramilitares fue otra de las promesas del gobierno a los jefes de las Auc, según 'HH'. “Nos dijeron que nos iban a poner brazaletes, cada uno se iba a quedar en su zona con proyectos productivos”.

Testigo del plagio en Vichada cuenta cómo fue la liberación

En entrevista con Caracol Radio, Roger Bertel, uno de los 23 empleados de la empresa contratistaSouth Exploration America (SAE) que fueron secuestrados el lunes en Vichada, dijo que el secuestro comenzó a la 1:15 p. m., mientras algunos de los empleados estaban descansando, jugando dominó o durmiendo.

Indicó que los secuestradores eran cuatro mujeres y dos hombres.

“Nos llevaron arriba pa un monte. Nosotros estábamos vestidos en pantaloneta y chanclas, ninguno esperaba ese momento, no nos dejaron que nos colocáramos los overoles”, dijo.

Aseguró además que los soldados asignados a la seguridad se encontraban a cien metros del campamento en el que estaban los trabajadores. En un descuido, los guerrilleros ingresaron al campamento “por un lado”.

“Ellos (los soldados) estaban reunidos como a cien metros de distancia y ellos (los guerrilleros) se metieron por un lado… Porque así ellos (los soldados) se mantenían jugando parqués y mirando películas. Dijeron los mismos guerrilleros: 'Nosotros tenemos días de estar viendo el movimiento de que (sic) ellos se la pasan es jugando'”, aseguró.

Bertel aseguró que los guerrilleros no les dieron comida, ni agua. “No comida ni agua ni nada. Pero el trato si fue bien, pa qué, antes nos decían que calmados”, señaló.

El trabajador aseguró que fue la guerrilla la que los dejó en libertad, pues sólo querían a un topógrafo que llevaba varios meses trabajando en la zona.

“Ellos (los guerrilleros) decían que querían una persona de más cargo, de más rango. Entonces dijeron que era el topógrafo. Y dijeron si nos acosan con helicópteros, entonces de ahí depende la vida del topógrafo. Pero si la tropa nos sigue, de pronto a ese señor lo liberamos hoy o mañana”, aseguró Bertel.

Según el testigo, el objetivo de las FARC sólo era enviar un mensaje.

El hombre aseguró: “Nosotros llegamos solos, solos, sin nadie que nos fueran a buscar. Obviamente que ellos nos mandaron y nos dijeron váyanse tranquilos para su casa que no les pasa nada”.

La versión del comandante de las fuerzas militares

Entre tanto, el comandante de las fuerzas militares, almirante Édgar Cely, en diálogo con la misma cadena radial, reconoció que los secuestradores nunca se encontraron con las fuerzas militares, pero reiteró que sí hubo rescate gracias a la presión y el bloqueo que lograron hacerles a los guerrilleros. Cely fue enfático en decir que todo se hizo con mucho "sigilo" y "silencio", razón por la cual los plagiados no habrían escuchado sus labores.

El almirante Cely reiteró que no hubo combates, ni explosiones en la labor del rescate, pero que sí se logró hacer un cerco militar que si bien no hizo que los secuestradores se sintieran “asfixiados”, sí logró presionarlos.

“La tropa va avanzando durante toda la noche y esto va generando una presión”, señaló Cely a Caracol Radio.

El almirante Cely dijo que cuando un indígena que había sido secuestrado logró escaparse y contar los hechos, se organizó un operativo con la sección que estaba en la zona y luego se agregó un pelotón, aproximadamente unos 45 hombres, y “arrancó la persecución, pero hay que tener en cuenta que se tenía una desventaja de unas horas”.

Dijo también que a diferencia de cómo caminan las FARC, este grupo de secuestrados deja una marca, “y se va haciendo el seguimiento y se van acercando, eso es lo que pasó por tierra, es una operación que se hace con muchísimo sigilo, sin levantar ningún tipo de señal, para proteger las vidas de quienes están secuestrados”.

El comandante de las fuerzas militares aseguró que para el operativo en la parte aérea se ordenó que un avión Caravan, un aparato que mide la irradiación de calor, volara por el área para una ubicación desde el espacio del grupo.

"Ecuador jamás apoyará intervención armada en Libia"

El presidente Rafael Correa afirmó este jueves que Ecuador jamás apoyará una intervención armada en Libia y dijo que le molesta “la doble moral internacional” aplicada en el caso libio.

En declaraciones al canal de televisión Telemar, el mandatario ecuatoriano respondió a consultas sobre la crisis en Libia y respecto a Irán, con el cual Ecuador mantiene estrechas relaciones.

“Nosotros jamás vamos a apoyar una intervención armada en Libia, y sobre la decisión de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, ellos tendrán sus razones ... Molesta la doble moral internacional, porque toda sanción contra Israel es bloqueada por Estados Unidos (en ese Consejo). Israel también ha atentado contra los derechos humanos”, dijo Correa.

Aseveró que “mientras haya esa doble moral internacional, qué difícil es confiar en esas instituciones”.

Sobre las consecuencias de la crisis en Medio Oriente, Correa opinó que “pueden cerrarse oportunidades (comerciales) no solo con Libia, (sino) con Egipto, con Túnez, con todos”.

Consultado si Ecuador apoyaba una condena de la comunidad internacional a países que Estados Unidos considera que apoyan actos terroristas, entre ellos Irán, Correa respondió con una alusión al ex presidente estadounidense George W. Bush.

“Ponemos como condición que antes de condenar a cualquier país como terrorista, que lleven a Bush a la Corte Penal Internacional, ¨quién ha producido más muertes que Bush?, ¨digan quien ha producido más muertes que Bush?, que ha masacrado centenas de miles de personas en Irak”.

Ecuador e Irán han estrechado notablemente sus relaciones desde que Correa, que se define como cristiano de izquierda, llegó al poder en enero del 2007, incluso con mutuas visitas de los mandatarios de cada país.

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/ecuador-jamas-apoyara-intervencion-armada-en-libia-correa-12461

El Ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos para construir en bases colombianas

El senador Jorge Enrique Robledo le solicitó al ministro de Defensa que explicara por qué el ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos por más de 12 millones de dólares para hacer construcciones en bases militares colombianas, algunos de los cuales se firmaron luego de que la Corte Constitucional declarara inaplicable el tratado que permitía a las fuerzas estadounidenses usar y adecuar al menos 7 bases.

De acuerdo con la información publicada por el gobierno de Estados Unidos, en septiembre de 2010, entidades militares norteamericanas firmaron contratos por casi cinco millones de dólares para construir instalaciones en las bases colombianas de Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. Entre otros, hay uno firmado el 30 de septiembre por el Departamento de Defensa con la empresa HCS Group, por un valor de USD $185.681.00, cuyo objeto es prestar servicios para un “centro de operaciones de una base avanzada del Comando de Operaciones Especiales para el Sur, en Tolemaida” (“SOCSOUTH ADVANCE OPERATION BASE CENTER AT TOLEMAIDA BASE, COLOMBIA”).

El senador Robledo explicó que la finalidad de estos contratos es la misma que la del tratado que tumbó la Corte Constitucional. Señaló que no sería raro que Juan Manuel Santos, al igual que lo intentó hacer como ministro de Defensa, violara la Constitución para permitir que las fuerzas armadas estadounidenses se instalen en el territorio nacional.

Se anexa el texto de la carta.

Bogotá, 26 de enero de 2011.

Doctor RODRIGO RIVERA Ministro de defensa Ciudad

Ref.: Solicitud de información.

Atento saludo,

De acuerdo con información publicada por el gobierno de Estados Unidos, el Ejército estadounidense ha firmado más de 126 contratos por USD $12.362.907,63, para ser ejecutados en el territorio colombiano, especialmente en las bases de Tolemaida, Málaga y Larandia. Por esta razón, de manera respetuosa solicito a Usted la siguiente información:

1. ¿Cuál es el número de personal militar y civil estadounidense que hace presencia en Colombia en cumplimiento de cada uno de los acuerdos de asistencia técnica y militar firmados con Estados Unidos? Favor especificar si se trata de personal militar o civil, y las empresas privadas a las que pertenecen estos últimos. Sírvase indicar el mínimo de tiempo de estadía requerido para que el personal militar sea contabilizado en estos acuerdos.

2. ¿Cuál es el presupuesto militar que el gobierno colombiano dispone para la aplicación de estos acuerdos?

3. ¿Qué zonas del país tienen o han tenido en los últimos dos años presencia militar o civil norteamericana en desarrollo de estos acuerdos? ¿Cuáles brigadas, fijas o móviles, han recibido apoyo o asistencia militar estadounidense en ese período, tales como inteligencia, equipos, armamento y entrenamiento?

4. ¿Cuál es la participación colombiana y estadounidense en el financiamiento de estos acuerdos?

5. ¿Favor informar en detalle cuál es la presencia militar y la ayuda financiera de los Estados Unidos en la base aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la base aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el fuerte militar de Tolemaida, Nilo; el fuerte militar Larandia, Florencia; la base aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; Base naval ARC Bolívar en Cartagena; Base naval ARC Málaga en Bahía Málaga?

6. ¿A quién y cuándo se ha rendido informes sobre el desarrollo de estos acuerdos? Favor remitir copia de los mismos.

7. Según datos publicados por el Gobierno de los Estados Unidos, en cumplimiento del Federal Funding Accountability and Transparency Act, el 30 de septiembre de 2010 el Ejército de Estados Unidos firmó un contrato con la empresa HCS Group, P.C. por un valor de USD $185.681.00. En la orden de trabajo que se adjunta, aparece que el objeto del contrato es la prestación de servicios para un “centro de operaciones de una base avanzada del Comando de Operaciones Especiales para el Sur, en Tolemaida” (“SOCSOUTH AOB [Advance Operation Base] OPERATIONS CENTER AT TOLEMAIDA BASE, COLOMBIA”) Favor explicar en detalle cuál es el objeto de este contrato y remitir un informe sobre su ejecución. ¿Bajo qué fundamento jurídico Estados Unidos hace construcción militar en las bases militares en Colombia? Explique los acuerdos y sus términos para el uso de y acceso a esta construcción por parte de fuerzas de Estados Unidos después de concluida la construcción.

8. De acuerdo con información sobre el gasto público de Estados Unidos, publicada en los portales usaspending.gov y ffata.org, los contratos que se incluyen en el listado que se anexa han sido celebrados por el Ejército de Estados Unidos para ser ejecutados en Colombia. Favor informar cuál es el objeto de cada uno de estos contratos, si los mismos ya se han ejecutado y cuáles son los fundamentos legales que permiten su contratación y ejecución. Se anexa un listado de los contratos y adjunto un CD con la información de las páginas de internet.

Favor explicar en detalle cuál es el objeto de estos dos contratos y remitir un informe sobre su ejecución. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que permiten la ejecución de estos contratos en el territorio colombiano?

9. Favor remitir un informe que describa en detalle las actividades de construcción y modernización que en los dos últimos años se han realizado en las bases militares colombianas y que se han financiado con recursos de Estados Unidos o donados por este país. Favor especificar el monto de cada una de las actividades y los fundamentos jurídicos que permiten su ejecución.

La presente solicitud se fundamenta en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

Jorge Enrique Robledo Senador

http://www.moir.org.co/A-pesar-del-fallo-de-la-corte.html

La guerra en el Cauca

El miedo domina por estos días a los caucanos. Los ataques de la guerrilla en diferentes zonas del departamento aumentan con el paso de los días y la respuesta de las autoridades pareciera no ser suficiente para contener las acciones de los violentos. En los últimos cinco días, seis ataques, emboscadas y hostigamientos se han presentado en el departamento del Cauca.

La racha comenzó el sábado 26 de febrero, con la muerte de un uniformado durante el ataque de un reducto de las Farc al puesto de Policía de Caldono, otra tierra con nombre de guerra. Dos días después, en la misma localidad, el patrullero Róbinson Osorio perdió la vida, luego de que miembros de esa guerrilla lanzaran una granada contra las instalaciones del Concejo Municipal.

Ese mismo día, en López de Micay, un lanchero y un suboficial murieron cuando las Farc cargaron una lancha con artefactos explosivos y la hicieron estallar en momentos en que pasaba por un puesto de control de la Infantería de Marina.

Pasaron sólo 24 horas antes de que la guerrilla atacara de nuevo. Esta vez en el nororiente caucano, en una zona no muy diferente donde habitan los indígenas Nasa, en el resguardo de Huellas (Caloto). Un helicóptero que llevaba dinero con destino al Banco Agrario fue asaltado en tierra, dejando cuatro policías y dos civiles muertos.

Cerca de $250 millones se transportaban ese día en la aeronave. La entrega del dinero al banco era coordinada por Nidier González, el auxiliar operativo de una empresa de valores. Su padre, don Javier González , recuerda que la última vez que vio a su hijo fue el domingo. El martes a mediodía recibió la noticia a través de una emisora local. “Le insistí tres veces a su celular, pero nunca me contestó”, dice su voz lenta y apagada, mientras a su espalda los amigos despiden a su hijo.

Javier Fernández, indígena de la comunidad Nasa y representante del resguardo de Huellas Caloto, vive cerca a la cancha de fútbol donde se perpetró el atraco al helicóptero. Estaba dentro de su casa cuando sonaron los disparos. Por instinto se lanzó al suelo para evitar ser alcanzado por las balas. “Cuando salí, ya estaban los cuerpos tirados”, recuerda aún con la zozobra de seguir viviendo en una zona de la que sólo queda un pueblo fantasma: “Habitualmente aquí en Caloto a las 9 de la noche uno salía al parque y encontraba gente por ahí recochando, pero ahora las calles están solitarias”.

La historia de ataques al Banco Agrario es sorprendente. El 15 de septiembre de 2009, las Farc detonaron un artefacto explosivo en la sede del Banco en Corinto. “Iban por $200 millones y sólo se llevaron $1 millón en monedas”, dicen los titulares de prensa de esa época. En abril de 2010, esa misma sede despertó con sus instalaciones destruidas.

A todos estos ataques se sumaron el miércoles dos hostigamientos más de la guerrilla en los municipios de Silvia y Santander de Quilichao, hechos que por fortuna no dejaron víctimas mortales.

La guerra en el Cauca se debate entre el narcotráfico, el control territorial y la minería ilegal, tal como lo denunció el propio gobernador del Cauca: “Nosotros estamos siendo asediados por una minería ilegal que está haciendo a través de esas actividades lavado de activos y que fuera de eso está contaminando el ambiente. Existen 60 retroexcavadoras”.

En 2010, por estos mismos meses, el frente 30 de las Farc, que opera en la zona, tuvo más de 14 enfrentamientos con miembros del Batallón José Hilario López del Ejército, lo cual perturbó la tranquilidad de los pobladores de Jambaló, Mondomo, Toribío, Caldono, Cajibío, Miranda, El Tambo, Corinto, Inzá y Caloto, municipios declarados en alerta temprana por los actos de alteración al orden público.

El Cauca se convierte en una zona difícil de interpretar. Tras el asalto al helicóptero en Caloto, el gobernador del departamento, Guillermo Alberto González, advirtió que existía una “alianza maldita entre bacrim, guerrilla y narcotraficantes. Esa es una zona por donde circulan múltiples caminos, en donde hay tráfico de marihuana, una de altísimo valor que se produce en la parte alta de Corinto, más la coca que circula por toda la parte de más arriba”.

Pero la guerra no termina ahí. En Popayán, la capital caucana, hasta hace unos días circularon panfletos firmados por ‘Los Rastrojos’, que decían: “Los niños buenos se acuestan temprano, los malos los acostamos nosotros”, haciendo alusión a una serie de personas señaladas de consumir drogas, pertenecer a pandillas o ejercer la prostitución. Pocos días después aparecieron asesinadas tres mujeres en la Comuna Cinco y seis jóvenes en la Comuna Siete, según denunció la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

Ante la arremetida de los violentos, que parecen estar ensañados con el Cauca, el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, aseguró ayer que se intensificaron las operaciones ofensivas en el departamento, específicamente en Caloto y Caldono. “Las Farc están delinquiendo en pequeños grupos, de igual manera la Fuerza Pública se ha adecuado en números lógicos para combatirlos”, dijo el alto oficial.


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Bacrim son un reto mayúsculo para Colombia, señala EE. UU.

Estados Unidos alertó sobre los peligros que representan las llamadas bacrim o bandas criminales para la lucha contra las drogas en Colombia. Esas organizaciones, que surgieron de la alianza entre narcos y antiguos 'paras', son ahora un "reto mayúsculo" para las autoridades en el país.

En el informe anual sobre la lucha contra el narcotráfico, que el presidente Barack Obama entregó al Congreso de ese país, el Departamento de Estado destaca que las bandas "compiten y colaboran" en el comercio de droga con las Farc.

El informe las señala de corromper a funcionarios públicos -menciona el caso de Ramiro Antury, un abogado militar que fue arrestado por pasarle información a la organización 'los Rastrojos'- y de haber desatado una ola de violencia que se ha expandido a las principales ciudades.

El informe también alerta sobre el litoral Pacífico colombiano y sugiere expandir operaciones navales y de guardacostas en esa zona, donde se han concentrado los intereses de bandas, guerrilla y narcos.

Al hacer su evaluación, el Departamento de Estado destaca que la producción de coca en el país viene en descenso desde hace dos años y que esta tendencia también es evidente en el reporte de la ONU.

En el 2009, recuerda EE. UU., se presentó una disminución del 3 por ciento de los cultivos en comparación con el 2008 (de 19.000 a 16.000), y dice que la producción potencial de coca pura ha caído en un 61 por ciento desde el 2001. En el 2010, agrega, Colombia erradicó 146.000 nuevas hectáreas de coca y decomisó 226 toneladas métricas del alcaloide.

El informe menciona que las metas de erradicación manual previstas para el 2010 (70 mil hectáreas) no se pudieron cumplir (se erradicaron 45 mil) y constituye una caída frente a las 61.000 que se destruyeron en el 2009.

El Departamento de Estado atribuye este descenso a "retrasos en la entrega de fondos, preocupación por las condiciones de seguridad y la dispersión de la coca a cultivos más pequeños".

El Departamento de Estado sugiere que se deben proporcionar recursos adicionales al Plan Nacional de Consolidación, con el fin de mejorar la seguridad, desarrollar infraestructura y crear oportunidades económicas en regiones que históricamente han estado en manos de terroristas y criminales.

En ese sentido, destaca las propuestas del gobierno de Juan Manuel Santos, que busca ligar el Plan de Consolidación con la reforma de la Ley de Tierras.

El informe también sostiene que el Gobierno debe asegurarse de que los fondos que se entregan para la erradicación manual no sufran interrupciones y de mantener el declive en producción y en cultivos de coca.

Insuficientes esfuerzos de Bolivia, Venezuela y Perú

EFE. EE. UU. también valora lucha antidrogas en Ecuador, pero critica la de Bolivia y Perú, que se han consolidado como segundo y tercer mayores productores de cocaína. El Departamento de Estado considera los esfuerzos de ambos países como insuficientes. El informe también define como "inadecuada" la cooperación venezolana y la sitúa entre las principales naciones utilizadas para el tránsito de drogas, por aire, mar y tierra.

www.eltiempo.com

ONU: Bandas criminales son el principal impulsor del terror en Colombia

Las nuevas bandas criminales fueron el principal impulsor del terror en Colombia y provocaron un incremento del 40 por ciento de las masacres en 2010, según la ONU, que, al tiempo, destacó avances en las políticas de derechos humanos desde que Juan Manuel Santos asumió la Presidencia.

Éstas son algunas de las conclusiones del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presentado hoy en Bogotá y en el que se evidencia que, si bien el conflicto armado sigue siendo uno de los mayores generadores de violencia, las nuevas bandas se presentan como la mayor amenaza.

El representante en Colombia de la ONU, Christian Salazar, dijo que estos grupos, también denominados ‘bacrim’ por el gobierno, cometieron "homicidios, amenazas, extorsiones, actos de violencia sexual y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos".

Salazar consideró "particularmente preocupante" el aumento del 40 por ciento de las masacres el año pasado, la mayoría a manos de estas bandas.

Para el funcionario, estas organizaciones, nacidas a partir de la desmovilización en 2006 de las AUC, tienen "elementos de continuidad" con los antiguos paramilitares.

"Muchos mandos medios de las AUC tomaron posiciones clave en estos nuevos grupos", dijo, al expresar que alrededor del 50 por ciento de los actuales jefes provienen de los escuadrones de la muerte.

Para Salazar, "el móvil fundamental es la obtención de lucro económico" y por ello "ejercen control social y recrean estructuras similares a la delincuencia organizada", aunque "sin evidenciar una clara y coherente ideología o intencionalidad política".

"Son la principal amenaza al estado de derecho y a los Derechos Humanos en Colombia", remarcó, para precisar que son además los causantes de la mayoría de las masacres perpetradas en 2010.

Aclaró que sus víctimas son líderes sociales, defensores de los derechos humanos, funcionarios públicos, indígenas y aquellos que simplemente se niegan a colaborar o solicitan la restitución de las que tierras que les habían usurpado.

Asimismo, alertó del uso de niños y adolescentes en actividades delictivas, incluido el sicariato, y también por la violencia sexual contra las mujeres en este contexto de conflicto.

Salazar también informó hoy de que, según los datos aportados por la Fiscalía General y los recabados por su propia oficina, las ejecuciones extrajudiciales practicadas en su mayoría por el Ejército en los últimos años se elevarían a 3.000.

"El 89 por ciento de todos los casos que conocemos se produjo en ese lapso, de 2004 a 2008", matizó en alusión a la mitad del mandato de Uribe, quien gobernó entre 2002-2010.

El representante de la ONU se refirió así al escándalo de los ‘falsos positivos’: civiles asesinados por el Ejército y presentados como muertos en combate para justificar éxitos en la confrontación armada.

Aclaró que "las sentencias dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas, como habían sostenido algunos políticos y militares", y dejó clara la falta de colaboración de la Justicia militar.

"Ante las ejecuciones cometidas por la Fuerza Pública es imperativo que el Estado colombiano avance en los procesos judiciales (...) para esclarecer en el menor tiempo posible todas las denuncias", insistió Salazar.

En definitiva, el Alto Comisionado consideró que "el panorama de los derechos humanos durante 2010 se caracterizó por una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras que contrastan con la persistencia de serias violaciones en las diferentes regiones".

En ese sentido, reconoció el nuevo "clima político" impulsado por el gobierno de Santos, traducido "en una mejora significativa de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial y con las organizaciones de derechos humanos".

Salazar mencionó la Ley de Víctimas y el hecho de que el Gobierno mantuviera "firme su posición de no excluir a las víctimas de agentes del Estado" frente a la imposibilidad de sacar adelante esa legislación durante la gestión de Uribe.

También valoró la Ley de Tierras, por la que se espera devolver dos millones de hectáreas a despojados; pero ahí llamo la atención porque, a su juicio, ese proceso debe ir acompañado de medidas de protección.

EFE

Descartan que las FARC actúen en Chile junto a los indígenas mapuches

Así lo afirmaron el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcos Vásquez, y el general director de Carabineros en funciones, Gustavo González, al comparecer este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Ambos sostuvieron que no existe información fidedigna que permita acreditar que las FARC participan en los disturbios que se registran con cierta frecuencia en la región de la Araucanía.

En cambio, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha opinado en diversas ocasiones que sí existen indicios para vincular a las FARC con activistas mapuches.

El director general de la PDI (cuerpo civil) sostuvo que "si bien en alguna oportunidad se ha detectado a personas extranjeras, algunas españolas o francesas que han andado por los sectores, no se puede decir que sean personas que pertenezcan a alguno de estos grupos".

Por su parte, el responsable de Carabineros (cuerpo militarizado) indicó que, tras las indagaciones de los servicios especializados, resulta "delicado" afirmar que las FARC actúan en el sur de Chile "si no se tienen los antecedentes bastante concretos sobre esta materia".

"Puede que alguna persona se refiera a una situación de esta naturaleza porque en la zona se ha detectado gente que no corresponde a la etnia mapuche, más bien a extranjeros; pero no es factible sindicar a un país determinado respecto de esta materia", concluyó.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó en diciembre una resolución que declara a las FARC como organización terrorista y expresa su "repudio" a supuestos nexos entre la guerrilla y organizaciones sociales o partidos políticos chilenos.

Con ello, los diputados hacían alusión al Partido Comunista de Chile (PC). Según han informado medios locales, en un documento interno, la Fiscalía General de Colombia acusó a siete miembros de esa formación de participar y apoyar actividades de las FARC.

EFE

La guerra de las bacrim en San Andrés

Panfletos amenazantes y asesinatos es lo que ha dejado en San Andrés el paso de las temidas bandas criminales, que encontraron en la isla una ruta fácil para el tráfico de estupefacientes. Sólo el año pasado, 24 de los escasos 70 mil habitantes que tiene la isla fueron asesinados. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que para 2008 sólo se presentaron cuatro atentados.

Y en los escasos tres meses que van del año ya han sido asesinadas cuatro personas. Dos de ellas, según estadísticas de la Policía, correspondientes a un ajuste de cuentas entre ‘Los Rastrojos’, al mando de alias Chiqui, y la banda ‘Los Paisas’, liderada por alias Palma, expolicía de la región, y alias El Mello.

Según el representante a la Cámara por San Andrés, Jack Housni, la desmovilización trajo consigo un nuevo grupo de criminales que tuvo que centrar nuevas rutas para el tráfico de drogas haciendo de la isla su nuevo centro de guerra. “Son grupos que se enfocan en recalcar su supremacía para controlar las rutas de transporte y comercialización de narcóticos”, manifiesta, y comenta que lo más triste de la situación ha sido el asesinato de un menor de edad que se metió por error en una riña entre los grupos delincuenciales.

Un eterno retorno en la historia colombiana, se diría, si se piensa en la actual situación del departamento de Córdoba, en la que participan los mismos grupos con los mismos propósitos. Sin embargo, pareciera ser que los ataques en la isla han sido un poco más intimidantes, ya que panfletos con mensajes amenazantes que van dirigidos no sólo a los grupos delincuenciales, sino también a civiles y jueces, se han ido repartiendo en diferentes casas, edificios y vías públicas de la isla, engendrando miedo en la población.

Como si fuera poco, la situación ha ido produciendo, según fuentes de la Policía Nacional, que ciudadanos no involucrados con las bandas envíen, a través de dicho medio, mensajes personales de odio. Así, explica la fuente de la Policía, cualquiera que tenga una riña o una diferencia de trasfondo político, puede ser objeto de un sufragio. Particularmente, las amenazas se dan en las empresas entre directivos y operarios, ya sea por despidos, llamados de atención o memorandos.

Sin embargo, más preocupantes aún son los índices de tráfico de droga en la isla. Sólo el año pasado se incautaron 260 kilos de cocaína provenientes de las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali y Cartagena, sin contar los 893 kilos que nunca tocaron la isla por haber sido retenidos en diferentes aeropuertos de Colombia.

Por esta situación, y con el apoyo de la Cámara de Comercio, se organizó, a través de diferentes redes sociales, la marcha “Gimmi back mi San Andrés” (Dame devuelta a mi San Andrés), que busca, según Manjarrés, “recuperar el valor de vida para los habitantes y poder así seguir siendo el destino turístico de la paz”. La marcha tendrá lugar el próximo 4 de marzo. Sólo el tiempo dirá si el clamor ciudadano logra derrotar a los enemigos de la vida.




Daniella Sánchez Russo Elespectador.com

EE.UU. y su participación contraguerrillera

Entre tanto, los servicios de inteligencia de Estados Unidos participaron entre los años 2005 y 2006 en dos de cada tres operaciones exitosas contra las guerrillas en Colombia, según un cable de Wikileaks revelado por el diario El Espectador, que da cuenta de la fuerte injerencia de ese país en el conflicto nacional.

El cable diplomático hace un balance de las acciones realizadas por las Fuerzas Militares entre septiembre de 2005 y abril de 2006 y resalta el papel de la asistencia de Gobierno de EE.UU.

En ese entonces, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe avanzaba en el llamado Plan Patriota, ofensiva contra las FARC y el ELN.

El documento, escrito por el entonces embajador estadounidense William Wood y fechado el 5 de junio de 2006, indica que, en ese período de ocho meses, "el Gobierno colombiano a través de sus Fuerzas Militares había logrado la baja de 29 guerrilleros de nivel medio de las FARC y el ELN".

Según el cable de Wikileaks, las acciones tuvieron como objetivos a "comandantes de frentes, jefes de finanzas y expertos en explosivos" y "fueron posibles gracias a una asistencia en materia de inteligencia norteamericana".

El documento hace referencia a 29 operaciones exitosas, 18 de ellas contra las FARC y once contra el ELN.

De ese total, "el 30 por ciento las hizo el Gobierno colombiano de manera independiente y el 70 por ciento restante se concretó con asistencia de Estados Unidos en materia de inteligencia", según lo publica El Espectador.

Aquellas acciones permitieron "la captura de guerrilleros que se definieron como importantes para futuras operaciones, (y) llevaron a la embajada a reconocer que mientras Estados Unidos presionaba, el Ministerio de Defensa (de Colombia) apoyaba el trabajo guiado de inteligencia".

"El documento calificó las acciones como operaciones tácticas que fueron vitales para las tropas colombianas", añadió El Espectador.

Con información de EFE.

EE.UU. advierte de acciones contra Venezuela si apoya a Irán

Estados Unidos emprenderá acciones si Venezuela viola las sanciones internacionales impuestas contra Irán, advirtió este martes la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ante el Congreso, donde defendió la política de Washington de tender la mano al pueblo cubano.

"Si hubiera pruebas de que han violado las sanciones, actuaremos contra ellos", dijo Clinton durante una comparecencia en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. La jefa de la diplomacia estadounidense dijo no obstante que hasta ahora no hay pruebas de que el régimen de Hugo Chávez haya violado las sanciones impuestas contra Irán por su programa nuclear, que las potencias occidentales consideran persigue una bomba atómica.

Washington se muestra preocupado desde que, el pasado octubre en Teherán, Chávez y el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, firmaron memorandos para estrechar la cooperación bilateral comercial y energética, dos sectores iraníes afectados por la sanciones.

Los acuerdos incluían entre otras cosas la creación de una compañía petrolera común y la participación de la estatal Petróleos de Venezuela en un yacimiento de gas iraní. "Actualmente, nuestra información es que su relación es principalmente diplomática y comercial y no se ha movido en la dirección en la que ellos señalan", dijo Clinton.

El legislador republicano Connie Mack (Florida), quien ha señalado que desea que Venezuela sea agregado a la lista de países que patrocinan el terrorismo, presionó a Clinton, alegando que hay pruebas de que Venezuela surte combustible a Irán. "Vemos muchas declaraciones y contratos en Venezuela pero no vemos que haya todavía una concreción", respondió Clinton.

La secretaria de Estado también se mostró cauta sobre si Caracas apoya a organizaciones consideradas terroristas por Washington, como las Farc. "Estamos constantemente en busca de pruebas. Tenemos unos parámetros impuestos por el Congreso que tenemos que cumplir con respecto a las pruebas", señaló Clinton. No obstante, criticó la retórica "profundamente preocupante y deplorable" de Chávez.

Durante la audiencia, los republicanos, que ahora tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, fustigaron que el gobierno de Obama haya flexibilizado algunas sanciones contra Cuba. "Parece que hacemos concesiones y todo lo que el gobierno de Cuba quiere", afirmó el republicano cubanoestadounidense Albio Sires (Nueva Jersey).

Clinton señaló que ahora que el régimen castrista ha tenido que aplicar reformas económicas, "al pueblo de Cuba le interesa que mantengamos un enfoque positivo y les dejemos claro que el gobierno y el pueblo estadounidenses apoyan su libertad y futura democracia".

La jefa de la comisión de Relaciones Exteriores, la también cubanoestadounidense Ileana Ros-Lehtinen (Florida), criticó las "prioridades erróneas" del gobierno de Obama en América Latina, con concesiones a Cuba y falta de acción con respecto a aliados. "Nuestros socios en Colombia y Panamá han cumplido todas las exigencias, siempre cambiantes y determinadas políticamente, en cuanto a sus demorados acuerdos de libre comercio", dijo Ros-Lehtinen.

Clinton reiteró la disposición del gobierno de enviar "lo más pronto posible" al Congreso los acuerdos con Colombia y Panamá, pendientes de ratificación desde 2006 y 2007 respectivamente, una vez que se solventen los problemas que aún subsisten.


Con información de AFP

Acciones conjuntas con EE.UU.

Corría el mes de enero de 2006. Era una época de activa política electoral. La Embajada de Estados Unidos en Colombia dio cuenta de ese tenso momento, que además se vio alterado por acusaciones que hizo el gobierno Uribe contra el dirigente Liberal, Rafael Pardo, por supuestos vínculos ilegales con las Farc. Un caso que fue llevado a la Fiscalía pero que, finalmente, obligó al jefe de Estado a pedir disculpas y retirar las denuncias contra el dirigente político. La crónica de este hecho quedó registrada en un cable diplomático.

En el reporte a Washington, fechado el 23 de enero, el entonces embajador William Wood escribió que el líder político del Partido de la U, Juan Manuel Santos, había acusado a Rafael Pardo de posibles vínculos con las Farc para ir en contra del presidente Uribe. El entonces comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, reconoció que esas pruebas no parecían muy concretas, pero que de todos modos el Fiscal se había mostrado interesado en estudiarlas. Según el cable, Pardo respondió de inmediato que era un juego sucio de Uribe.

El informe especifica que la información que había recibido Santos era que Pardo quería aliarse con las Farc para asegurar la derrota de Uribe en las elecciones. Una circunstancia que motivó un comentario del entonces asesor de la Casa de Nariño, Jaime Bermúdez, citado en el cable, según el cual estaban cansados de que Pardo atacara el proceso de Justicia y Paz y que ahora que se tenía información contra el dirigente liberal, había llegado el momento de que el público escuchara a ambos lados.

En el recuento del suceso, que causó conmoción en la política colombiana, el cable añadió que el entonces comisionado Restrepo manifestó que las pruebas contra Pardo se basaban en un familiar no identificado de una persona que había estado secuestrada y en un interlocutor no identificado de las Farc. Y se hizo énfasis en que las dos identidades se mantenían en reserva por razones de seguridad. Supuestamente, añadió el cable, los testimonios estaban consignados en un cd enviado por Pardo a las Farc para concretar una reunión.

Como se vino a constatar después, todo resultó un fiasco. En el cable alcanzó a resumirse que Restrepo nunca había visto el supuesto cd y que, en cambio, algunos dirigentes políticos habían acusado a Uribe de atentar contra la democracia acusando equivocadamente a Rafael Pardo. Por eso, el cable concluye reconociendo que Uribe tuvo que pedirle disculpas a Pardo, retirando además las denuncias. Y se añadió que Pardo aceptó las disculpas, pero que no quiso reunirse con el presidente Uribe para hablar del tema.

En términos generales, el primer semestre del año 2006, además del tema electoral y la galopante crisis del proceso de paz con las autodefensas, se vio modificado por la expectativa de eventuales diálogos con las Farc, en medio de la ofensiva militar del llamado Plan Patriota. Precisamente, respecto a este último asunto, el 5 de junio de 2006 la Embajada de Estados Unidos envió un cable diplomático para documentar los últimos sucesos de la guerra e insistir en el éxito de las operaciones conjuntas en materia de inteligencia.

En ese sentido, el cable precisó que entre septiembre de 2005 y abril de 2006 el gobierno colombiano, a través de sus Fuerzas Militares, había logrado la baja de 29 guerrilleros de nivel medio de las Farc y el Eln. Esas operaciones, añadió el reporte, estuvieron concentradas en comandantes de frentes, jefes de finanzas y expertos en explosivos, y fueron posibles gracias a una asistencia en materia de inteligencia norteamericana. El documento calificó las acciones como operaciones tácticas que fueron vitales para las tropas colombianas.

Y quedó reseñado que de las 29 operaciones que se llevaron a cabo exitosamente, el 30% las hizo el gobierno colombiano de manera independiente y el 70% restante se concretó con asistencia de Estados Unidos en materia de inteligencia. Estas acciones, 18 contra las Farc y 11 contra el Eln, además de permitir la captura de guerrilleros que se definieron como importantes para futuras operaciones, llevaron a la Embajada a reconocer que mientras Estados Unidos presionaba, el Ministerio de Defensa apoyaba el trabajo guiado de inteligencia.

Al tiempo que arreciaban los combates contra las Farc, la opinión pública debatía sobre eventuales diálogos. Por eso, a mediados de 2006, la Embajada de Estados Unidos envió un cable diplomático documentando los términos de un encuentro con varios dirigentes de la izquierda colombiana, con peculiares puntos de vista. Como los comentarios de un excomisionado de Paz, en el sentido de que la guerrilla ya había pasado de una plataforma estalinista a una social democrática. Otros insistieron en que el reclamo de las Farc estaba basado en reformas políticas, programas sociales y tierras.

En medio de las especulaciones se escucharon las apreciaciones de un exguerrillero identificado con el alias de Nicolás, quien a diferencia de sus interlocutores, según el cable, recomendó presión militar para mostrarles a las Farc que no había posibilidad de que llegaran al poder con acciones de confrontación. Pero que igualmente era necesario combinar la presión militar con iniciativas sociales, económicas y políticas, como un incentivo para una eventual negociación con el gobierno.

El exguerrillero Nicolás, como adelantándose a los acontecimientos, añadió en sus intervenciones, y así quedó consignado en el cable diplomático, que con el Mono Jojoy o Alfonso Cano era difícil llegar a una negociación de paz. Con el primero porque era tan pragmático que no creía en la negociación; y con Cano, porque nunca llegaría a los diálogos por la razón opuesta, por su condición demasiado política. En medio de los dos, el exguerrillero aconsejó capturar o dar de baja a Cano y al Mono Jojoy, para que Iván Márquez tomara las riendas y negociara la paz.

Ya concluyendo el año, cuando era claro que las Farc no iban a negociar con el gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Colombia consigna en un cable diplomático los términos de un encuentro con el entonces comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Alejandro Navas —hoy comandante de las Fuerzas Militares—, donde el gobierno norteamericano se compromete a apoyar la estrategia, sobre todo en términos de inteligencia, helicópteros y comunicaciones, y se resume lo que entonces se puso en práctica y cambió el rumbo de la guerra.

El general Navas explicó cuál era la nueva estrategia, acordada con el presidente Uribe: diseminar batallones para abarcar una mayor área de operaciones, y crear nuevas compañías dedicadas a dar de baja a líderes específicos de las Farc. Ocho brigadas formando compañías relativamente pequeñas, con mucha movilidad y claros términos de seguridad, con un objetivo preciso: atacar a los principales líderes. El tiempo terminaría probando que ese fue el principio de las acciones que hoy tienen como blanco a los jefes del Secretariado.

Se cierra la opción de diálogos

En octubre de 2006, después de un atentado terrorista en la sede de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, el gobierno Uribe cerró la puerta de cualquier posibilidad de paz con las Farc.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia envió un cable diplomático que consignó en detalle este momento, precisando que el presidente Uribe, en un duro discurso había ordenado ofensiva total contra la subversión.

El informe expresa que los reportes de inteligencia aportados por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconocieron que los responsables de la acción terrorista habían sido las milicias urbanas de las Farc.

En ese sentido, dejó consignado el cable, Uribe manifestó que había sido malinterpretado su lenguaje moderado y que no podía dar signos de debilidad. Por eso, pidió sacara a las Farc de toda la zona de Florida y Pradera en el Valle y de paso capturar también a los paramilitares que se negaran a aceptar los términos de Justicia y Paz.

El entonces presidente insistió en la necesidad del apoyo de los países vecinos para combatir el terrorismo, pero el cable diplomático refiere que los principales comentarios de los medios fueron en contra de su postura.

La fallida zona de encuentro en el Valle

Antes de que se cerraran las puertas de una eventual negociación de paz entre las Farc y el gobierno Uribe, se llegó a hablar de una zona de encuentro. En un cable diplomático, la Embajada de Estados Unidos detalló los términos de esa propuesta en dos municipios del Valle del Cauca.

Sin embargo, en el documento, que tuvo como fuente principal el consejero presidencial Jorge Mario Eastman, manifestó que Uribe estaba dispuesto a establecer un contacto directo pero no a cualquier precio y que un acuerdo humanitario tenía que estar atado a una negociación de paz.

En el reporte se incluyen reflexiones sobre las dificultades para llegar a una negociación con este movimiento guerrillero y cómo eventualmente serían necesarias reformas a la carta política, con amnistía incluida, lo cual sería más difícil porque los grupos paramilitares solicitarían términos parecidos.

El asesor Jorge Mario Eastman formuló reparos al papel que estaba cumpliendo el exministro Álvaro Leyva, manifestando que era difícil trabajar con él porque nunca se sabía si estaba transmitiendo mensajes de la guerrilla de las Farc o si estaba trabajando por su propia cuenta.


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Polémica por aspiración reeleccionista de Daniel Ortega

El exguerrillero sandinista y actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue ungido como candidato presidencial por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para participar en las elecciones generales previstas para el 6 de noviembre. Se trata, según analistas políticos, de una candidatura ilegal, porque la Constitución nicaragüense prohíbe la reelección continua, aunque el presidente cuenta con un fallo de la Corte Suprema que declaró inaplicable para Ortega esa prohibición constitucional.

Ortega aceptó la candidatura en la convención nacional del FSLN celebrada el sábado en Managua, en la misma plaza de la Revolución en la que hace 32 años entraron triunfantes los guerrilleros que derrotaron a la dictadura somocista. Fue un acto montado a la medida del caudillo sandinista, en el que los delegados aceptaron por unanimidad la candidatura de Ortega, la única dentro del Frente Sandinista. 'Esta no es solamente una batalla de Daniel, es una batalla de todos nosotros', dijo Ortega, quien incluso declamó poemas de Rubén Darío. Esta es su sexta candidatura presidencial desde 1984. La proclamación del sábado marca el continuismo en las filas del FSLN.

Dora María Téllez, histórica comandante de la revolución y disidente del FSLN, dijo que la candidatura de Ortega es ilegal, dado que el artículo 147 de la Constitución prohíbe la reelección continua. 'Si finalmente el Consejo Supremo Electoral la inscribe, van a ser ilegales los votos que caigan ahí y van a ser refutables como nulos. Esa candidatura es inaceptable nacional e internacionalmente, porque es el fraude más grande que se está cometiendo en estas elecciones', dijo Téllez.

El Frente Sandinista tendrá que inscribir la candidatura de Ortega ante el Consejo Supremo Electoral el 9 de marzo, tal y como establece el calendario electoral. La inscripción no está exenta de controversia, no solo porque la candidatura está prohibida constitucionalmente, sino porque el mandato de los magistrados electorales venció hace un año. Ortega lo prorrogó de facto con un polémico decreto en 2009, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional.

Ortega no solo controla el órgano electoral, sino también la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados declararon inaplicable en el caso del mandatario la prohibición constitucional de ser reelegido. El fallo del Supremo, considerado ilegal por la oposición, es la única opción de Ortega para participar en los comicios, ya que fracasaron sus intenciones de reformar la Constitución. Ortega se enfrentará al expresidente Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de cárcel por corrupción y más tarde liberado por un cuestionado fallo del Supremo. Alemán ha pedido disculpas y una nueva oportunidad al electorado. Según las encuestas, el expresidente cuenta con una intención de voto del 23%, mientras que la de Ortega es del 36%.

El otro contrincante fuerte de Ortega es el empresario radiofónico Fabio Gadea, de 79 años, quien encabeza la coalición Unidad Nicaragüense por la Esperanza, conformada por partidos liberales, de centro y centro-izquierda, que aspira a repetir el escenario electoral de 1990, cuando otra gran coalición política, la Unión Nacional Opositora (UNO), encabezada por Violeta Chamorro, derrotó en las urnas a Ortega y el Frente Sandinista en un duro contexto de guerra civil. Gadea, católico y conservador, comparte fórmula presidencial con Edmundo Jarquín, abogado de centro-izquierda.


Carlos Salinas Maldonado, Managua / El País de España Elespectador.com

La hazaña del guerrillero de utilería

Raúl Agudelo Medina, Alias 'Olivo Saldaña', fue un fraude desde el comienzo. Nunca tuvo el mando que quisieron atribuirle. No es el fiero cabecilla de las Farc que han pintado. Fue, en cambio, un extorsionista y jefe de finanzas que escapó de la guerrilla en diciembre del año 2003 con 10.000 millones de pesos.

Debió sentir un gran alivio cuando la Policía lo encontró primero que sus antiguos camaradas. Lo cogieron en el centro de Pereira, pero la plata no ha aparecido. De acuerdo con los reportes de la época Olivo Saldaña venía amasando una fortuna -incluso antes de su millonaria deserción- y se quedó con el 10 por ciento de todas las extorsiones.

Este emprendedor del crimen identificó un nuevo negocio desde la cárcel.

Como el gobierno quería sazonar con desmovilizaciones guerrilleras el cuestionado proceso de paz con narcos y paramilitares, Olivo Saldaña se encargó de crear estructuras guerrilleras falsas, caracterizarlas y desmovilizarlas.

El primero se llamó el 'Frente de Milicias Urbanas Norma Patricia Galeano'. El teatral acto de entrega de unos encapuchados vistiendo camisetas del Che Guevara resultó tan celebrado que se les olvidó contar que el "comandante" de los "desmovilizados" llevaba dos años preso.

Quedaron tan contentos con la función que quisieron repetirla ampliada. En marzo de 2006, el comisionado Luis Carlos Restrepo determinó que Olivo sería "miembro representante de las Farc". Con apoyo del Estado, Olivo Saldaña fue al Tolima y armó una verosímil comparsa que bautizó 'Compañía Cacica La Gaitana'.

De acuerdo con los testimonios que están en poder de la justicia, tuvieron otro patrocinador. Se trata del narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, que habría dado 2.000 millones de pesos para el montaje.

En documentos oficiales consta que un tiempo después, Rojas Yepes trató de impugnar su extradición alegando que tenía compromisos con la oficina del alto comisionado de Paz, era miembro del 'Frente Cacica La Gaitana' y había liderado -junto con Olivo- su desmovilización.

Es cierto, les fallaron algunos detalles de ambientación. Los pretendidos subversivos (reclutados realmente en zonas pobres de Bogotá y de otras ciudades) vestían uniformes nuevos, aunque decían que venían marchando desde agrestes parajes del Tolima. Apenas unos días antes habían aprendido a hacer formaciones militares. Varios de los recipientes en los que supuestamente cocinaban brillaban como si acabaran de salir del almacén.

El cabecilla del grupo lucía una cuidada melena agarrada en colita de caballo debajo de una boina roja. Las uñas arregladas llamaron la atención de algunos, pero aún más el alias de guerra que invocó: 'Biófilo'.

El de la cola aseguró en la desmovilización que la 'Cacica La Gaitana' estaba recién conformada y tenía apenas dos o tres meses de antigüedad. Pero Olivo aseguraba que el grupo funcionaba hace seis o siete años.

Un reportero agudo le preguntó al altísimo comisionado por la contradicción, y él respondió: "Hombre, destaquemos lo positivo".

Pasado un tiempo, se vino a saber que varios de los fusiles que llevaban resultaron ser tallas en madera. (Ver documento) Tan falsas como el avión que ofrecieron entregar a pesar de que había sido decomisado dos años antes en Sucre.

A pesar de las evidentes inconsistencias, Olivo Saldaña se convirtió en testigo estrella para perseguir a algunos opositores del gobierno, señalándolos como presuntos vínculos con las Farc.

Esos procesos han venido cayendo como las historias del guerrillero de utilería.

La Fiscalía cree que Olivo no actuó solo en el montaje. Esta semana La FM reveló que por estos hechos serán investigados el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el general Lelio Suárez Tocarruncho, el coronel Jaime Joaquín Ariza y el extraditado Hugo Alberto Rojas Yepes.

Por Daniel Coronell.

"Aunque mínima, sí hay presencia de FARC en Ecuador": Mindefensa ecuatoriano

Este lunes el ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, recibió la visita de su homólogo ecuatoriano, Javier Ponce. En la reunión, que tenía como propósito, fundamentalmente, revisar mecanismos de cooperación en materia de seguridad, también se habló de la presencia de guerrilleros de las FARC en ese país.

Aunque el ministro Ponce señaló que es mínima, reconoció la presencia de guerrilleros de las FARC en Ecuador. Mientras el ministro Rivera dijo que es necesario combatir las nuevas formas de criminalidad que se están dando en la frontera de los dos países, como la migración ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando e incluso el enrolamiento de personas, particularmente jóvenes, en grupos armados ilegales.

En el encuentro se acordó una serie de medidas que buscan elevar el nivel estratégico de la relación bilateral en materia de seguridad. Entre las medidas evaluadas se destacan la cooperación del control fronterizo, lograr profundizar el intercambio de información de inteligencia, reactivar los intercambios de estudiantes y profesores en las escuelas de formación y capacitar las Fuerzas Armadas y la realización de jornadas cívicas en zonas de frontera.

El ministro Rivera resaltó el compromiso del gobierno del presidente Correa de combatir a los grupos delincuenciales transnacionales que actúan en la frontera, y agradeció la voluntad de cooperación del ministro de Defensa, Javier Ponce, de trabajar conjuntamente contra el delito que afecta la frontera.

Esta visita se hace meses después de que el ministro Rodrigo Rivera estuvo en Ecuador analizando la Comisión Binacional Fronteriza (Combifrom), la cual este lunes también examinaron y estudiaron los mecanismos para su profundización, en el marco de la cooperación en materia de seguridad y control de la frontera para enfrentar las amenazas comunes derivadas del crimen transnacional.

semana.com