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lunes, 29 de noviembre de 2010

'Cablegate' amenaza con sumir a EE. UU. en crisis diplomática mundial

Filtración de más de 250.000 documentos deja en posición muy embarazosa a Washington.
El pasado domingo un terremoto diplomático sacudió la política internacional estadounidense, pues se dieron a conocer decenas de cables que han intercambiado en los últimos años el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus 270 embajadas y consulados. Los documentos, revelados por la página de Internet 'WikiLeaks' y cinco medios de comunicación, exponen sin tapujos las percepciones que tienen los diplomáticos estadounidenses de mandatarios como Nicolas Sarkozy, de Francia; Hamid Karzai, de Afganistán; y Hugo Chávez, de Venezuela; entre otros. También contienen información sobre las preocupaciones que tiene Washington con situaciones críticas como la de Irán, Corea del Norte o Afganistán. Pero quizás lo más comprometedor es la orden del Departamento de Estado (Cancillería estadounidense) de hacerles seguimiento al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y a gobiernos con asiento permanente en el Consejo de Seguridad del organismo. Estos son, además de Estados Unidos, China, Francia, la Federación Rusa y el Reino Unido. El revuelo diplomático (el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, dijo que era el 11 de septiembre de la diplomacia) ha puesto a Washington a la defensiva, aunque su secretaria de Estado, Hillary Clinton, y sus funcionarios han estado comunicándose con otros Gobiernos desde hace unos días para explicarles lo que se avecinaba. La Casa Blanca condenó la filtración y la tildó de "peligrosa y temeraria", mientras que algunos congresistas fueron más allá y pidieron declarar a 'WikiLeaks' como una organización terrorista. "Por su naturaleza, el trabajo de campo que le llega a Washington es franco y suele ser información incompleta. No manifiesta nuestra política, ni siquiera influye a veces en las decisiones finales sobre nuestras posiciones", dijo la Casa Blanca.
Este episodio ha sido bautizado como 'Cablegate'. En la red social Twitter esta palabra se convirtió en la más popular en las últimas horas y varios analistas internacionales la adoptaron para referirse al escándalo. Menciones sobre ColombiaDel cuarto de millón de cables, Colombia aparece en 2.415 notas, de las cuales 221 son sobre prevención del terrorismo. Aparte de esta información, a la hora en la que se redactó esta noticia no se había dado a conocer el contenido de las notas que mencionan a nuestro país ni en 'WikiLeaks' ni en los cinco medios de comunicación. ELTIEMPO.COM intentó obtenerlas, pero sin éxito. Fuentes del Gobierno colombiano señalaron que diplomáticos estadounidenses han estado en contacto con ellos en los últimos días para informarles al respecto. (Haga clic aquí para ver mapa de calor sobre menciones de países en los cables) Algunas de las revelaciones de los documentos Según 'The New York Times', uno de los medios que publicó los documentos, los papeles evidencian que casi 10 años después de los ataques del 11 de septiembre "la oscura sombra del terrorismo aún domina las relaciones de Estados Unidos con el mundo". Estas son algunas revelaciones: - Muchos de los cables se centran en la preocupación de Washington respecto a que Irán se arme nuclearmente, o en tratar de identificar quiénes son los aliados paquistaníes de la organización terrorista Al-Qaida.
- Comparación del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, con Hitler; se refieren a Sarkozy como el "emperador sin ropa"; acusan de paranoico al afgano Hamid Karzai; dicen de la canciller alemana Angela Merkel que es un "teflón" político; recomiendan aislar a Chávez a nivel regional.
- Diplomáticos estadounidenses se muestran preocupados por los posibles intentos de Sarkozy de bloquear las iniciativas de la Casa Blanca a nivel internacional. - Rey Abdalá de Arabia Saudí presionaba frecuentemente a Estados Unidos para que bombardeara los complejos nucleares de Irán. "Hay que cortarle la cabeza a la serpiente", habría dicho el embajador saudí en Washington, Adel al-Jubeir. - Washington estaría molesta por alianza "intrigante" del primer ministro italiano Silvio Berlusconi y el primer ministro ruso, Vladimir Putin. Hablan de "regalos caros" y jugosos contratos en el sector energético. Berlusconi parece haberse convertido "en el vocero de Putin en Europa", revela un cable. - Diplomáticos de Estados Unidos hablaron con Corea del Sur sobre la viabilidad de una Corea única en el posible escenario de un desplome de Corea del Norte. - Funcionarios de EE. UU. alertaron a Alemania sobre no detener a agentes de la CIA involucrados en la detención de un ciudadano alemán capturado por error al ser homónimo de un supuesto terrorista. WikiLeaks y la revelación de los documentosNo es la primera vez que la página 'WikiLeaks', una organización internacional sin ánimo de lucro que revela documentos gubernamentales, remece al gobierno estadounidense. En abril de este año dio a conocer un video de 2007 en el que fuerzas estadounidenses mataban a civiles iraquíes. En julio publicó más de 76.000 documentos sobre la guerra en Afganistán y en octubre casi 400.000 sobre la guerra en Irak. Sin embargo, la revelación de este domingo puede ser la que más daño le haga a la Casa Blanca, ya que desnuda plenamente lo que se cocina entre bambalinas en la diplomacia estadounidense. Como dijo un diplomático estadounidense al portal 'Politico.com', "el mundo no se va a acabar, pero va a sonrojar a muchas personas en Washington, en embajadas y en consulados". Por temor a que Washington censurara la publicación de los documentos, 'WikiLeaks' compartió la información con cuatro de los periódicos más prestigiosos del mundo y una revista alemana -'The New York Times', 'The Guardian', 'Le Monde', 'El País' y 'Der Spiegel'-. Debido a lo delicado de los contenidos, todos los diarios publicaron una nota explicando por qué daban a conocer los documentos.
Los 251.287 mensajes cubren hasta febrero de 2010 y en gran parte están relacionados a asuntos de los últimos dos años.
Según la 'BBC' nadie ha sido acusado de filtrar los documentos a 'WikiLeaks' aunque hay sospechas de que fue un analista de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, quien fue detenido en Irak en junio y acusado de haber entregado otros documentos a la página de Internet।
ELTIEMPO.COM

Wikileaks denuncia orden de EE.UU. de 'chuzar' a la ONU

Los 250.000 documentos filtrados este domingo por la web Wikileaks revelan que el Gobierno de Estados Unidos dio instrucciones a sus diplomáticos para que espiasen a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU, entre ellos el secretario general de ese organismo, Ban Ki-moon.
El Departamento de Estado, bajo el mandato de Hillary Clinton, pidió a su personal en el extranjero que recopilara información como las tarjetas de crédito, horarios de trabajo y en algunos casos hasta datos biométricos de candidatos latinoamericanos.
Esta información forma parte de la filtración masiva de documentos diplomáticos que la web Wikileaks ha entregado a cinco publicaciones en todo el mundo y que pretendía dar a conocer este domingo a través de su propia web.
Sin embargo, Wikileaks denunció que su servidor había sido atacado y que no iba a estar operativo, por lo que la única manera de acceder a la información que ha recabado es a través de las cinco publicaciones que tuvieron los documentos previamente: El País (España), The New York Times (EE.UU.), The Guardian (Reino Unido), Der Spiegel (Alemania) y Le Monde (Francia).
Según la información publicada este domingo por estos diarios, EE.UU. quería tener casi una ficha policial de las actividades que desarrollaban algunos políticos y altos funcionarios. Especialmente llamativo es el caso de los aspirantes a la presidencia de Paraguay en las elecciones de abril de 2008.
Según explica El País, un despacho nombra a la entonces ministra de Educación, Blanca Ovelar, al ex vicepresidente Luis Alberto Castiglioni, al ex general Lino Oviedo y a Fernando Lugo, actual presidente. En el despacho el Departamento de Estado pide que de los cuatro aspirantes se recaben datos biométricos, huellas dactilares, fotografías, escáneres del iris, DNA “y otras singularidades”.
El Departamento de Estado pide además a sus diplomáticos que recaben información sobre la corrupción oficial, el lavado de dinero, las relaciones de Paraguay con Cuba, Venezuela, China, Taiwán y Rusia, y la existencia de yacimientos de hidrocarburos en la región del Chaco paraguayo.
También pide datos sobre el narcotráfico y la construcción de mezquitas en el país latinoamericano, limítrofe con Argentina, Brasil y Bolivia. El espionaje que se pide a los empleados de las embajadas y misiones abarca desde las gestiones y apariencia física de los diplomáticos iraníes y norcoreanos en Nueva York hasta los planes e intenciones del secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon.
Uno de los aspectos que llama más la atención es el espionaje a que se somete a Ban, algo que según establece la normativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es ilegal, tal y como explica The Guardian. De Ban Ki-moon se solicita información biométrica detallada, al igual que de otros altos representantes de la organización, de los que se pide detalles sobre la toma de decisiones en torno a los grandes asuntos que tienen sobre la mesa.
Washington, en general, pidió a sus diplomáticos que consiguiesen información como los números de las tarjetas de crédito, direcciones de correo, teléfonos y faxes de todos estos funcionarios.
Información de EFE Elespectador।com

Farc multiplican sus ataques y retoman la "guerra de guerrillas"

Los al menos 20 policías y militares que han muerto esta semana en diversos ataques de las Farc ponen en evidencia que el grupo guerrillero sigue muy activo y que ha vuelto a la estrategia de la "guerra de guerrillas" de antaño.
La muerte de su jefe militar, alias "Mono Jojoy", en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad en septiembre pasado "no desestructuró a las Farc", que siguen teniendo "una capacidad operativa importante", dijo el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el analista Jorge Restrepo.
A eso se suma el hecho de que las Farc "han vuelto a la guerra de guerrillas de antes, a atacar y esconderse, para evitar el contacto con el enemigo", apuntó este especialista en el conflicto armado y profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá.
Con esa nueva estrategia de fondo, la guerrilla más antigua de América Latina "ha multiplicado" sus ataques contra militares y policías, según Restrepo, con acciones como la colocación de explosivos al lado de carreteras para detonarlos al paso de convoyes de las fuerzas de seguridad.
"Retrocedimos 15 años", porque en este 2010 se están registrando unos 60 ataques armados a la semana, lo que da "unos 700 al año", una cifra "similar a la de 1994", advirtió Restrepo.
Así las cosas, el año terminará con "cerca de mil" policías y militares muertos en combates, atentados o por explosiones de minas antipersonal colocadas por las Farc, subrayó este analista.
En la misma línea, un informe reciente de la organización no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris señala que, en lo que va de año, cerca de dos mil militares han muerto o quedado heridos en acciones guerrilleras.
El Gobierno no suele difundir cifras al respecto, pero el pasado 12 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos reveló que hasta esa fecha habían muerto 174 policías.
Tras septiembre, un mes particularmente violento con alrededor de medio centenar de policías y militares fallecidos en las dos semanas previas a la muerte de "Jojoy", noviembre también está siendo trágico.
Solo en esta semana han muerto al menos 20 policías y militares en diversos ataques de la guerrilla en regiones del sur del país. En uno de ellos, en el Huila, los rebeldes asesinaron y decapitaron a dos soldados que habían quedado heridos, según el Ejército.
Este mismo sábado se produjeron tres acciones de las Farc en los departamentos de Caquetá, Nariño y Putumayo, todos en el sur, con un saldo de al menos siete muertos, entre ellos cuatro civiles.
Las Farc"están reorganizándose" alrededor de su jefe máximo, Guillermo León Saenz, alias "Alfonso Cano", sostuvo Restrepo, para quien "la guerra en Colombia se ha regionalizado y marginalizado".
De acuerdo con las investigaciones del Cerac, la guerrilla se concentra hoy en día en cuatro regiones: el Urabá (noroeste); la "media luna" alrededor de la frontera con Venezuela, donde hay "alto riesgo para la población civil; el suroeste, desde el Cauca indígena hasta Ecuador; y Meta y Caquetá (centro-sur).
En las ciudades, solamente mantienen cierta capacidad en Cali, Buenaventura y Neiva, todas en el sur, "especialmente con milicias que colocan explosivos", detalló Restrepo.
Mientras, la Corporación Nuevo Arco Iris destaca que las FARC "han recuperado territorio" en el Caquetá, Huila, Tolima y la costa pacífica, donde opera su Bloque Sur, y allí "muestran una actividad militar constante".
Los bombardeos contra cabecillas como "Jojoy" han tenido éxito, pero la violencia podría recrudecerse en un futuro de la mano de una guerrilla "dispersa, sin comando ni control", apuntó Restrepo, para quien nunca como hoy el "balance militar" a favor del Estado ha sido "tan favorable a una negociación de paz".
Pese a todo, "no creo que haya un diciembre negro", concluyó Restrepo, en referencia a la reciente advertencia de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), afín a las Farc, en el sentido de que "se presagia un fin de año intenso" en el que los rebeldes "se alistan para golpear con contundencia (a) las Fuerzas Militares".
El propio presidente Santos dijo hace una semana que, según información de inteligencia, las Farc estarían preparando ataques para vengar la muerte de "Mono Jojoy" en este fin de año।

Agencia EFE Elespectador।com

sábado, 27 de noviembre de 2010

Evo Morales: Farc son pretexto de EE.UU. para la presencia militar

El presidente boliviano, Evo Morales, cuestionó a las Farc al sostener que no puede creer que sus miembros "todavía piensen que la lucha armada es un instrumento de liberación... ahora la revolución se hace con voto, no con la bala".

El presidente Evo Morales aseguró este viernes que las Farc se han convertido en el pretexto de Estados Unidos para su presencia militar en la región. "Lamento mucho decir que las Farc son el instrumento para que Estados Unidos garantice una presencia militar en Colombia y por tanto en Latinoamérica", dijo Morales en rueda de prensa.
Morales cuestionó a las Farc al sostener que no puede creer que sus miembros "todavía piensen que la lucha armada es un instrumento de liberación... ahora la revolución se hace con voto, no con la bala"। Agregó que Estados Unidos tiene una política "anti-ALBA" en referencia al Acuerdo Bolivariano para las Américas conformado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas por lo que propuso a su par venezolano Hugo Chávez realizar una reunión de emergencia del ALBA posiblemente para fin de año। Anunció también que se está preparando una escuela del ALBA para las fuerzas armadas, con lo que se va a "proyectar la liberación definitiva que las fuerzas armadas del ALBA".
AP

La fuga a Panamá

Solo la premura de Álvaro Uribe ante la desesperación de la ex directora del DAS puede explicar la decisión del presidente Ricardo Martinelli de concederle asilo sin oír al Gobierno colombiano। Ya no bastaba "llenarla de contratos" para que guardara silencio, como María del Pilar Hurtado le confesó a Daniel Coronell. Entonces Uribe le habría recomendado que "era hora de que pensara en pedir asilo político", y ella le agregó al periodista: "un asilo no es posible sin contactos". Por su parte, ya el mismo Uribe ha reconocido haber "compartido y apoyado que busquen asilo". Este uso indebido de instrumentos internacionales con el propósito de entrabar la justicia -como aconteció con la extradición de jefes paramilitares- puede resultarles contraproducente a sus impulsores.Las explicaciones del Gobierno panameño resultan insólitas. Darle asilo a quien tenía la responsabilidad de una entidad inmersa en una cadena de delitos, cuando la ex procuradora de Panamá ha sido condenada por hechos algo similares, constituye una cínica contradicción y una escandalosa intervención en un proceso judicial colombiano a favor del ex presidente y en contra del Estado. Argumentar para ello un "razonable temor" por la seguridad de la ex funcionaria resulta sorprendente cuando el Gobierno de Panamá no ha vacilado en devolver a indígenas y campesinos que han buscado refugio en ese país para escapar de masacres. Anunciar la decisión como un aporte a la estabilidad resulta una burla de Martinelli. ¿O revela acaso una insinuación de Uribe si se conoce la verdad?Diversos sectores de ambos países piden que se revoque la medida y anuncian demandas en Panamá, en el sistema interamericano y hasta en la Corte Penal Internacional. Es de esperar que las alertas del Gobierno colombiano a sus homólogos se conviertan en una estrategia diplomática que frene otros asilos que al parecer estaban en camino. Ojalá que la visita del ex presidente colombiano a Porfirio Lobo y la Orden Gran Cruz con Placa de Oro, "por su contribución a la democracia latinoamericana" que se le otorgó, no vayan acompañadas de nuevas fugas, ahora hacia Honduras. En buena hora, Costa Rica ha negado las solicitudes de refugio a Sabas Pretelt y a Mario Uribe.Si Álvaro Uribe no ordenó nada ilegal, como lo sostiene, debería instar a sus funcionarios para que respondan ante la justicia. Ayudarlos a que la evadan, lo inculpa. E involucrar a gobernantes amigos o afines para protegerse y encubrir su entorno abre un peligroso frente que afecta la integración con los vecinos.Difíciles eran ya las relaciones con la población panameña. Cada declaración de Uribe sobre el destaponamiento del Darién disparaba los temores de muy diversos sectores por el costo ambiental, el incremento de la migración y la inseguridad en la frontera. En ese país existe un fuerte rechazo a todo lo que pueda involucrarlos en la problemática colombiana. Ahora el malestar no solo se ha incrementado en Panamá, sino que se ha tornado recíproco por la injerencia indebida del presidente panameño en asuntos de Colombia."No nos podemos venir lanza en ristre contra Panamá" dijo la Canciller colombiana, y agregó que al gobierno vecino le quedó "clara la insatisfacción" y que analizará si el hecho amerita una nota de protesta. La situación exige una diplomacia que prevenga la acumulación de malestar social en Panamá contra Colombia y actuar sobre sus causas antes de que se deterioren las relaciones, que no son solo intergubernamentales. Ya la Colombia de Uribe tuvo que vivir costosas experiencias, fruto, entre otras cosas, de la injerencia confrontacional y la insensibilidad presidencial ante las preocupaciones de países vecinos.

viernes, 26 de noviembre de 2010

Unasur arranca en Guyana con acuerdo para bloquear intentos golpistas


Las delegaciones firmarían un acuerdo para reaccionar conjuntamente a intentos de golpes de Estado.
La proposición, que aceptarían los 12 países miembros de Unasur, incluye el cierre inmediato de fronteras y bloqueos comerciales en la que ha sido llamada la cláusula democrática.
El encuentro también servirá para elegir al próximo secretario general de Unasur, cargo acéfalo desde la muerte del ex presidente argentino Néstor Kirchner, el 27 de octubre pasado.
En la baraja se encuentran los nombres de presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y el ex presidente uruguayo Tabaré Vásquez.
También Guyana asume hoy la presidencia pro tempore de Unasur, en reemplazo de Ecuador, y se pondrán en marcha los consejos ministeriales.
Se espera que, además del presidente Juan Manuel Santos, quien partió de Bogotá hacia Georgetown, capital de Guyana, poco antes de las seis de la mañana, asistan los mandatarios de Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela, además del de Guyana.

La Cnrr prende alarmas sobre líos en desmovilización de las Auc

El mayor peligro que enfrenta la desmovilización de paramilitares y guerrilleros es el riesgo latente de que vuelvan a empuñar las armas o a delinquir. Según las cifras y las conclusiones del segundo Informe de Desarme Desmovilización y Reinserción (DDR) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), las políticas que acompañan el proceso no son suficientes para construir la paz. El Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Alto Comisionado a la Reinserción, el Icbf, el Inpec, entre otros, han tenido falencias para asegurar un proceso de desarme, reinserción, verdad, justicia y reparación real.Para el gobierno Uribe, 2006 tenía que ser el año en el que se iba a sepultar la violencia paramilitar definitivamente, pues se completaba la desmovilización de cerca de 30.000 paramilitares que había comenzado en 2003 y los varios programas, que se habían desarrollado para asegurar que los excombatientes volvieran a la vida civil, estarían ya maduros y con suficiente experiencia acumulada para operar con eficiencia.
Sin embargo, la realidad ha resultado más dura y aún hoy, cerrando el 2010, esa violencia paramilitar mutó, y las masacres, los desplazamientos obligados y las desapariciones forzadas, aún golpean importantes zonas del país.El informe de la Cnrr, que aún no ha sido publicado, pero que VerdadAbierta.com consiguió, revela que numerosas fallas en programas e instituciones gubernamentales explican estas dificultades de la reinserción y la continuación de la violencia. Sin embargo en entrevista con VerdadAbierta.com, Eduardo Pizarro, presidente de la Cnrr, resaltó que más de 50.000 personas de la guerrilla y de las Auc se han desmovilizado y que gran parte están en programas de reinserción a la vida civil. Pizarro también destacó la disminución fuerte de homicidios y secuestros desde 2002.
Pizarro también dijo que este es un momento crucial para combatir las bandas criminales e impedir que se vuelvan grandes carteles de la droga y sean incontrolables.
El trabajo se basó en cifras de la Procuraduría, Fiscalía, Policía, la Alta Consejería para la Reinsersión y Ongs como la Corporación Nuevo Arco Iris o Human Wright Watch.Las conclusiones prenden alarmas, sobre todo porque viene de una institución que por mandato sigue muy de cerca la situación de las víctimas y que colabora estrechamente con la acción estatal.Esta es una lista de los principales puntos que el informe de la Cnrr considera críticos en la política de desmovilización y reinserción.
Los límites de la Seguridad DemocráticaEl informe de la Comisión acepta que la Seguridad Democrática logró bajar los niveles de violencia, concluye que esta política, bandera del gobierno Uribe, tiene límites si se quiere alcanzar una paz duradera.Según el informe, “es una política primordialmente de seguridad, con contenidos mayoritariamente de carácter militar y, en consecuencia, no es suficiente para consolidar la estabilidad local luego de la fase de licenciamiento de tropa, individual o colectiva, que la precede”.Añade que no es “acertado afirmar que ya se logró la superación integral del fenómeno paramilitar o interpretar que los grupos rearmados son sólo un fenómeno delincuencial común”.Las cuentas que no cuadranEn junio de 2010 Frank Pearl, entonces alto comisionado para la Paz y alto consejero para la Reintegración,, dijo que sólo siete por ciento de los desmovilizados volvieron a delinquir, o sea 3.655 personas de los más de 52 mil ‘paras’ y guerrilleros que se desmovilizaron.Sin embargo la Cnrr, que se basa en cifras de las autoridades, sostiene que el número de reincidentes es mayor. Cita el informe que para diciembre de 2009 la fuerza pública había capturado a 5.890 desmovilizados. Añade que la Policía y el Ejército reportaron para la misma fecha 2.210 homicidios de desmovilizados. Es decir que sumando los dos datos, según calculó la Cnrr, “aumenta la reincidencia a 8.100 es decir el 15,5%, sobre la totalidad de desmovilizados”. Añade el estudio que la cifra de reincidentes es probablemente mucho más alta, pues del total, hay muchos que no aparecen en ninguna lista, ni la de los reconocidos en proceso de reinsersión, ni la de los investigados, ni de capturados, ni de los asesinados.Por eso dice: “Preocupa, según estos resultados, la incapacidad oficial para apreciar y reconocer la dimensión del fenómeno, más aún, cuando tiende al incremento. De igual forma, resulta discutible afirmar como explicación que se asiste al margen ‘normal’ de reincidencia en los procesos de DDR que en el mundo se pueden estimar entre el 5% y el 10%, cifra en la que se acomoda la versión gubernamental pero que se diferencia bastante del cálculo de lo realmente existente”.Por eso la Comisión le pide a la Alta Consejería para la Reintegración que haga un análisis preciso que aclare cuál es la situación actual de los desmovilizados de las Auc.El fracaso de los proyectos productivosUna de las bases para evitar el rearme de los ‘paras’ desmovilizados fue impulsar proyectos productivos que, de la mano del sector privado, tenían que asegurar empleo y un futuro sostenible a los más de 30.000 paramilitares que entregaron las armas.Sin embargo la Cnrr, citando ejemplos concretos, constató que varios los proyectos no se han podido consolidar, ya sea por falta de recursos, carencia de estudios de factibilidad o de asesores, poca estructuración y débil seguimiento, o escasa participación de los gobiernos locales. Además resalta que es “notorio a la vez la falta apoyo del sector empresarial, pues los niveles de colaboración son muy escasos”. Por eso le pide al gobierno, a las alcaldías y poderes locales asumir su responsabilidad con los desmovilizados.Críticas al proceso de Justicia y PazLa Ley de Justicia y Paz, la 975, fue la hoja de ruta del gobierno Uribe para desmovilizar a cerca de 30.000 paramilitares y para reinsertar a los guerrilleros que se han entregado las armas individualmente.El informe de la Cnrr --institución que, dicho sea de paso, fue creada por esta Ley-- es muy crítico acerca de la gestión de las distintas entidades que conforman la institucionalidad que puso en marcha la Ley 975. “Justicia y Paz ha estado marcada por la lentitud, ineficacia y reacciones en contra de la participación de la población desmovilizada, lo cual se evidencia en la ausencia de condenas, la no suficiente revelación de la verdad y la casi inexistente entrega de los bienes”.Además sostiene que el proceso ha entregado ““un nivel de resultado parcial y lento y, en lo relativo a los versionados, con problemáticas como cálculos políticos, denuncias sobre chantajes, inasistencias o negativas a continuar con las versiones”.La Comisión le pide a la Fiscalía volver más transparente el proceso de Justicia y Paz, haciendo más abiertas al público las versiones libres y fortaleciendo la participación de las víctimas, entre otros.
En entrevista con VerdadAbierta.com, Eduardo Pizarro, presidente de la Cnrr, señaló que los resultados de Justicia y Paz han sido positivos: “Gracias a las versiones libres se ha logrado avanzar enormemente en la verdad judicial. En América Latina hubo impunidad generalizada. Hubieron comisiones de la verdad que permitieron reconstruir la historia macro, pero no permitieron reconstruir las responsabilidades individuales. Colombia es el primer país en América Latina donde la memoria histórica y la verdad empírica, que determina las responsabilidades individuales, están caminando de la mano”.
La violencia no cesaLas estadísticas nacionales muestran que los principales índices de violencia han disminuido con la desmovilización de ‘paras’ y guerrilleros, sin embargo el estudio de las cifras en zonas de la Costa Caribe, los Llanos Orientales, Antioquia, Nariño, entre otros, muestran un fuerte aumento de asesinatos, desaparición, desplazamiento y masacres entre 2007 y 2009.Para la Cnrr “existen muchas dudas sobre la posibilidad de que la desmovilización de los paramilitares conduzca al desmonte de sus estructuras de poder, lo cual pone en riesgo la garantía de no repetición de las atrocidades y la sostenibilidad de la paz”.Así hay cada día nuevas víctimas, y un problema subrayado por el reporte es que el gobierno no las está reconociendo. La investigación de la sostiene que “el Estado no puede excluir o negarse, en ningún tiempo, lugar ni por ninguna circunstancia, a brindar a las víctimas del conflicto armado la atención tanto humanitaria de emergencia como a sus derechos fundamentales referidos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Cita a la Comisión Colombiana de Juristas cuyos datos revelan que entre 2006 y 2007 cerca de 1.400 personas fueron asesinadas o desaparecieron fuera de combate por razones políticas o sociales.
Una de las recomendaciones de la Comisión es que el gobierno tenga en cuenta las alertas de la Defensoría del Pueblo, tenga políticas enfocadas en las regiones más críticas.
Desmovilizados en peligroEl informe de la Cnrr muestra que claramente el gobierno no ha podido proteger con éxito los desmovilizados, un compromiso clave para evitar la reincidencia.Según la Fiscalía, 800 desmovilizados fueron asesinados entre 2007 y 2009, y la Policía sostiene que durante los últimos tres años murieron 923, “siendo la tendencia al incremento”, dice la Cnrr.Por eso, según el informe, “los mecanismos de protección para la seguridad personal de los desmovilizados no han sido los necesarios y se revela falta de capacidad del Estado para responder a fondo, con medidas adecuadas y oportunas, ante la aguda problemática de violencia que los afecta”.La Cnrr también señala que varios desmovilizados fueron asesinados por las autoridades y luego presentados como ‘positivos’. En el Caribe la Comisión recogió varias denuncias de desmovilizados atemorizados por que aseguran que “están siendo perseguidos para ser legalizados por la Policía y el Ejército”.Uno de los casos que cita el estudio es el de Manuel Santiago Angarita Sánchez, desmovilizado de los ‘paras’ de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, cuyo cadáver fue presentado en Tolima como miliciano muerto en combate por el Ejército. Varios militares fueron capturados por su presunta responsabilidad en el crimen.Niños en la guerra: muchos más que las cifras oficialesLa Cnrr también denuncia que el número de menores en la guerrilla o en las autodefensas es probablemente mucho mayor que los que se desmovilizaron oficialmente. La Cnrr sostiene que “el número de NNA (niños, niñas y adolescentes) desvinculado a raíz de estas desmovilizaciones colectivas fue minoritario en relación con los que realmente estaban enlistados, según todas las versiones existentes”.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) acogió a cerca de 1000 menores de edad desmovilizados, sin embargo la Cnrr contrasta la cifra con las de Coalico, coalición de Ongs que militan por los derechos de los niños, que afirma que podrían ser entre 8 mil y 13 mil.La Cnrr encomienda el Icbf y las instituciones gubernamentales a emprender políticas más eficaces para tener un censo preciso de los menores en el conflicto y superar la incertidumbre.Las quejas de los desmovilizados en la cárcelInvestigadores de la Cnrr, que hicieron varias visitas a centros penitenciaros y se entrevistaron con los desmovilizados presos, donde “se han podido detectar algunas dificultades e irregularidades en el tratamiento de los postulados”.Según el informe, los principales problemas de los desmovilizados, que son los que participan en las versiones libres de Justicia y Paz, los presos están hacinados (entre 25 y 60 por ciento de presos más que lo que tiene previsto la Picota de Bogotá), no cuentan con sitios adecuados para dormir,no hay condiciones sanitarias, no tienen la posibilidad de recibir visitas entre otras quejas en las cárceles de Bogotá e Itagüí.Desmovilizados y empresas de seguridad: peligro latenteLa Cnrr considera sumamente peligroso vincular desmovilizados a empresas de seguridad, “especialmente si implican armas de fuego y responsabilidad en dispositivos de control social”.La comisión encontró que en 2006, 1.500 desmovilizados estaban trabajando, entre los cuales más de 1.000 prestaban servicios de vigilancia y seguridad o como escoltas.Aunque actualmente ya no hay proyectos de reincorporación de ex ‘paras’ y guerrilleros en empresas de seguridad, la Comisión mostró que en varias regiones estas políticas llevaron desmovilizados a rearmarse y a delinquir.Uno de los casos es el de la empresa Calidad Total en Medellín que según investigaciones tenía vínculos con bandas criminales. La Cnrr también conoció varios casos en Bucaramanga en una empresa de seguridad donde desmovilizados se enfrentaron a otros empleados.

lunes, 22 de noviembre de 2010

Río de Janeiro registra quinto ataque de pistoleros en 48 horas

Cinco pistoleros bloquearon una calle de Río de Janeiro, asaltaron a los ocupantes de tres automóviles y prendieron fuego a los vehículos en el quinto ataque semejante registrado en las últimas 48 horas en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informó la policía.
Este ataque se produjo menos de un día después de que otro grupo de hombres fuertemente armados bloqueara una de las principales vías de esta ciudad brasileña, saqueara a varios conductores, incendiara dos vehículos y atacaran con granadas y tiros de fusil un vehículo de la Fuerza Aérea.
Las autoridades regionales se han abstenido hasta ahora de identificar a los autores de los ataques o de vincular los hechos, pero según fuentes policiales citadas por la prensa se trata, al parecer, de represalias por los golpes que vienen sufriendo las organizaciones que controlan el tráfico de drogas en Río de Janeiro.
El último ataque ocurrió esta mañana en Irajá, un barrio en la zona norte de Río de Janeiro, y en un local próximo a la Avenida Brasil, una de las vías más importantes de la ciudad.
Los agresores, al menos cinco hombres armados con fusiles, bloquearon la calle Itapera, despojaron de sus pertenencias a los conductores de tres vehículos que pasaban por el local y, tras obligar a los ocupantes a abandonar los automóviles, les prendieron fuego con bombas incendiarias.
El ataque generó un inmenso embotellamiento a la hora en que miles de conductores pasaban por la Avenida Brasil en dirección a sus puestos de trabajo en el centro de la ciudad, y aumentó el pánico que estos hechos están provocando en la segunda mayor urbe brasileña.
El ataque más grave se registró casi el domingo, cuando seis pistoleros bloquearon un tramo de la vía Línea Roja, asaltaron a varios conductores, quemaron dos vehículos, robaron un tercero y, en la fuga, atacaron una furgoneta oficial en la que viajaban soldados de la Fuerza Aérea.
El domingo se registró otro ataque en la autopista Presidente Dutra, que comunica Río de Janeiro con Sao Paulo y donde tres hombres armados con fusiles saquearon a los ocupantes de varios vehículos y se enfrentaron a tiros con la policía.
Según la policía, en las últimas tres semanas han sido contabilizados siete ataques en los que los asaltantes terminan incendiando los vehículos de sus víctimas.
Las autoridades no descartan que pueda tratarse de ofensivas para generar pánico por parte de narcotraficantes cercados o de una nueva modalidad criminal de delincuentes interesados en borrar cualquier tipo de prueba.
Según la prensa, organizaciones de narcotraficantes rivales negocian, al parecer, un acuerdo para concentrar sus ataques en la policía.
Las autoridades de Río de Janeiro han logrado éxitos en el combate al narcotráfico desde que comenzaron a implantar las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las barriadas pobres que antes eran dominadas por los pistoleros.
Las UPP combinan la ocupación policía de la favela con la oferta de servicios a los habitantes de las mismas, como cursos de capacitación, y han permitido expulsar a los narcotraficantes de una veintena de favelas.

Regresaron las masacres

El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, le pidió al país que pusiera atención a lo que está pasando. Las masacres han vuelto. ¿Por qué lo dice? En San Francisco del Rayo, un pueblo perdido en las sabanas de Córdoba, el domingo pasado, después de las peleas de gallos, como de costumbre, los campesinos se quedaron tomando cerveza en la plaza principal. A la medianoche, hombres que llegaron a caballo mataron a seis personas. Entre ellas, un maestro, un agricultor, un ayudante de bus y un mototaxista.

Casi a la misma hora, en un barrio popular de Barranquilla, en medio de una fiesta callejera cuatro sicarios hicieron llover plomo y mataron a un niño de cinco años, a dos vendedores ambulantes y a una persona más.Dos días antes, en el otro extremo del país, el turno fue para Llorente. Los sicarios llegaron a una finca, en esa zona rural de Tumaco, y acribillaron a una mujer y a sus tres hijos, dos de ellos niños.También en otro fin de semana de este noviembre mataron a cuatro indígenas awás en Barbacoas, Nariño, y en otra finca, en la vía que de Cúcuta conduce a Puerto Santander, hombres encapuchados interrumpieron un juego de cartas y mataron a tres hermanos -uno de 13 años- y a un sobrino de 4 años.Esas son tan solo cinco de las ocho matanzas de las que habló el Defensor del Pueblo. Todas ocurrieron en una semana. Y al día siguiente de que Vólmar Pérez prendió las alarmas, se produjo otra masacre; en la carretera que de La Paz conduce a Valledupar asesinaron a rafagazos a cuatro personas que viajaban en una camioneta: la esposa de un comerciante, su hija y dos escoltas.Más allá de la tragedia que se esconde detrás de cada una de estas historias, las alarmas se han disparado por la manera como se han incrementado las estadísticas de las masacres en Colombia. En lo que va corrido del año se ha dado una matanza cada dos días. Y como van las cosas, al final del año se llegará a los niveles de 2006 o más atrás. Mientras el año pasado para octubre se habían dado 119, este año ya van 153. Es decir, un incremento de casi el 25 por ciento. Y hay meses críticos, como julio, cuando en promedio se dio una masacre por día. ¿Qué está pasando? No existe un único patrón de conducta. En Medellín, por ejemplo, matan a jóvenes en discotecas y, en el sur, a los indígenas. Y en Atlántico y Cesar, a los testaferros de narcotraficantes les están arrebatando bienes y tierras a plomo. Pero la mayoría de los asesinatos masivos son producto de la guerra entre bandas emergentes que buscan sacar de su territorio a otros grupos armados ilegales.Eso es evidente en Córdoba, por ejemplo, donde se han dado 10 masacres este año: "En 20 de los 32 municipios del departamento están Los Urabeños y Las Águilas Negras; en los otros 12, Los Paisas y Los Rastrojos. Las masacres son una manera de sembrar terror y asentarse para dominar las rutas", dice un experto de la zona que pide no ser identificado, pero tiene un mapa exacto de lo que está ocurriendo.Las bandas emergentes no son nuevas. Pero el problema es que el incremento de estadísticas como estas es un síntoma de que esos grupos siguen en ascenso. En ese sentido, hace poco la Comisión Nacional de Reparación, en una descarnada radiografía del proceso de desmovilización, dio a conocer una denuncia preocupante: el 15,5 por ciento del total de desmovilizados (8.100 en cifras) ha reincidido en delitos. El dato puede ser mucho mayor porque solo se están contando los desmovilizados capturados en flagrancia o que fueron abaleados en circunstancias irregulares. Es decir, no se incluyen los que pueden estar delinquiendo y no han sido detenidos.Y lo importante es que este porcentaje deja sin piso las explicaciones que hasta ahora había dado el gobierno para defender el proceso de desmovilización. Altos funcionario como Frank Pearl, quien hizo un trabajo serio para tratar de ponerle rumbo al proceso de los desmovilizados, y el presidente de la Comisión de Reparación, Eduardo Pizarro, dieron un parte de tranquilidad pues sostenían que el número de desmovilizados que recaía en el delito, para entonces cerca del 10 por ciento, era similar al promedio visto en otras partes del mundo. Pero el problema es que este nuevo porcentaje, de 15,5 por ciento, supera notablemente ese margen "normal" de reincidencia.Es un hecho que el país está ante un nuevo fenómeno de violencia que va más allá de la coyuntura. El gobierno es consciente de ello y por eso el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, anunció una ofensiva para el año 2010 "en contra de las bandas criminales (presentes) en 159 municipios". Pero el Estado también sabe que tiene que actuar de otra manera. En una cumbre de gobierno esta semana, en la que estuvieron ministros, altos mandos, presidentes de altas Cortes y el Fiscal General, comenzaron a debatir el problema.La palabra masacre tiene un significado muy particular en el diccionario de los colombianos. La Masacre de las Bananeras, en los años 30, marcó una era. Medio siglo después, las de La Mejor Esquina y de Segovia, en 1988, anunciaron la racha de sangre que se venía con los paramilitares. ¿Qué respuestas hay para las masacres de ahora?

sábado, 20 de noviembre de 2010

Dios los hace y ellos se juntan (se reedita la triple A).

El Parlamento de Honduras condecorará el próximo martes al expresidente Álvaro Uribe por su contribución a la democracia en América Latina, informó etse viernes una fuente del poder legislativo del país centroamericano.
La presidenta en funciones del Parlamento hondureño, Lena Gutiérrez, dijo a periodistas que Uribe será galardonado con la Orden Gran Cruz con Placa de Oro, por su contribución a la democracia latinoamericana.

Álvaro Uribe será galardonado con la Orden Gran Cruz con Placa de Oro, por su contribución a la democracia latinoamericana.
El decreto mediante el cual se acordó rendir un homenaje al exgobernante fue aprobado este jueves, según Gutiérrez. La bancada del Partido Unificación Democrática (UD, de izquierda), compuesta por cuatro diputados, de los 128 que tiene el Parlamento de Honduras, se opuso a la resolución. El expresidente también será el orador principal en una conferencia, con acceso restringido, en la Universidad Tecnológica Centroamericana, privada, sobre el futuro del emprendimiento y la identificación de oportunidades. Uribe fue uno de los primeros gobernantes del continente americano en reconocer al nuevo Gobierno de Honduras que preside Porfirio Lobo, quien asumió el 27 de enero pasado, tras la crisis política que vivió el país centroamericano derivada del golpe de Estado al entonces presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. El ex presidente llegó a Tegucigalpa a expresar su apoyo a Lobo un día después de que éste asumió el poder.
EFE.

Chávez asciende a general a militar acusado de cooperar con las Farc

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, formalizó este viernes el ascenso de un general a quien el jefe de la OEA, José Miguel Insulza, criticó por unas declaraciones y que había sido acusado de ayudar a la guerrilla de las Farc por el Gobierno del ex presidente de EE.UU. George W. Bush.

"Por disposición del ciudadano presidente de la República (...) se resuelve ascender al grado de general en jefe (el mayor rango castrense venezolano) al mayor general Henry de Jesús Rangel Silva", dice el decreto publicado en la Gaceta Oficial.
El ascenso había sido anticipado por Chávez la semana pasada, cuando criticó que Insulza no aceptara unas declaraciones que se le atribuyen al ahora jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (FAN), que el Gobierno sostiene que fueron "tergiversadas" por los medios de prensa y por la oposición. El militar habría afirmado en una entrevista que la institución castrense está "casada" con el proyecto político de Chávez y que un hipotético triunfo antichavista en las elecciones presidenciales del 2012 desataría situaciones que no serían aceptadas por los soldados.
"Sería vender el país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos", dijo Rangel Silva según el periódico caraqueño Últimas Noticias, al que concedió la entrevista. La FAN "no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida, y un comandante en jefe (el presidente de la República). Nos casamos con este proyecto de país", añadió el general, según el matutino caraqueño.
El diario estadounidense El Nuevo Herald aseguró luego que Insulza le había declarado a uno de sus periodistas que era "inaceptable" que Rangel Silva hubiera afirmado que los soldados no aceptarían un eventual gobierno opositor a Chávez. "Que un comandante del Ejército amenace con una insubordinación a priori me parece inaceptable. Correspondería a la autoridad civil que hoy día hay en Venezuela corregir eso", añadió Insulza según El Nuevo Herald, lo que Chávez calificó de "declaración gratuita".
El chileno Insulza se ha unido a "algunos voceros de aquella casta liquidada históricamente por la Revolución Bolivariana" que dirigen "toda clase de ataques contra nuestro respetado y querido compañero de armas", escribió en su columna "Las líneas de Chávez". "A ellos se han unido ciertos actores internacionales, tan lamentablemente anodinos en atención a los inútiles organismos que representan. Me refiero, concretamente, al secretario general de la OEA. Sus infelices declaraciones no son otra cosa que un irrespeto contra nuestra soberanía", agregó Chávez el pasado domingo. Ello, prosiguió el gobernante, "a sabiendas, como diplomático de largo rodaje de las consecuencias que una declaración gratuita e irresponsable podía provocar". Previamente, Chávez dijo en una alocución televisada: "El señor Insulza ha vuelto a dar lástima, a mí me da lástima él (...); no seas tan insulso, Insulza, una persona con ese cargo no debería dejarse manipular (...); insulso, irresponsable, indigno. ¡Documéntate primero!".
En el 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Rangel Silva y a Hugo Carvajal, otro alto mando militar venezolano, de estar involucrados en actividades de asistencia en labores de narcotráfico a guerrilleros de FARC, acusaciones que ambos militares venezolanos negaron reiteradamente.
EFE

jueves, 18 de noviembre de 2010

Varios diputados británicos piden la libertad de cinco presos en Colombia

DERECHOS HUMANOS. Los diputados reclaman la liberación de las sindicalistas Rosalba Gaviria y Liliany Obando; los defensores de los derechos humanos David Ravelo y Carmelo Agamez, y el profesor universitario Miguel Angel Beltrán.

Varios diputados británicos reclamaron la liberación de cinco miembros de la sociedad civil colombiana encarcelados sin que fuesen condenados por delito alguno, según el grupo Justicia por Colombia.Los diputados reclaman la liberación de las sindicalistas Rosalba Gaviria y Liliany Obando; los defensores de los derechos humanos David Ravelo y Carmelo Agamez, y el profesor universitario Miguel Angel Beltrán, algunos de los cuales han pasado años encarcelados sin juicio, según una nota divulgada este miércoles en Londres por "Justice for Colombia", que lucha por la paz y la justicia social en ese país.
"Estas personas son hombres y mujeres inocentes que han sido encarcelados simplemente porque no están de acuerdo con el gobierno o porque critican políticas gubernamentales. Las autoridades colombianas tienen que entender que encarcelar a personas para silenciar sus opiniones es completamente inaceptable", señaló el diputado laborista británico Jim McGovern, uno de los nueve parlamentarios que han pedido la liberación de los presos. Otro diputado, el laborista Jim Sheridan, afirmó que "mientras el régimen en Bogotá siga encarcelando a sindicalistas, activistas de derechos humanos y otros líderes de la sociedad civil, el Reino Unido no debería tener relaciones normales con Colombia".
"El presidente Santos tiene que entender que la comunidad internacional no se mantendrá en silencio mientras su gobierno trate así a sus opositores", agregó Sheridan. Por otro lado, "Justice for Colombia" informó que varios académicos del Reino Unido han firmado una carta abierta al presidente de Colombia para pedirle específicamente la liberación del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán. En la misiva, firmada por más de cien académicos, se señala que Beltrán ha estado encarcelado desde mayo de 2009 sin que se le haya probado delito alguno. Beltrán, agrega la carta, ha sido acusado de "rebelión" y tildado de terrorista por el Estado colombiano."Nos preocupa seriamente el hecho de que, como tantos otros en Colombia, Beltrán haya sido detenido por sus opiniones políticas antes que por algún delito, de que se le haya privado de su libertad con el fin de silenciarle y de amedrentar a quienes como él quisieran expresar oposición", señalan.
"Creemos que la libertad académica y la libertad de expresión son derechos fundamentales, y que son los pilares de una sociedad democrática; pero la actual detención de Beltrán muestra que en Colombia no se está respetando ni la una ni la otra", agregan los académicos, que piden su libertad inmediata.
EFE

Polo denuncia asesinato de uno de sus dirigentes

El Polo Democrático Alternativo denunció este miércoles el asesinato de un dirigente en El Tarra, departamento de Norte de Santander, y quien era coordinador del Comité Ejecutivo Municipal de ese partido.

El dirigente, identificado como Miler Avendaño Peñaranda, fue asesinado el martes, en la zona rural Los Cedros, al parecer por un grupo al margen de la ley. Avendaño Peñaranda, de 28 años de edad, “era un líder social y comunitario que ejerció varios cargos en su comunidad (...), candidato al Concejo y venía trabajando por el fortalecimiento del partido en esa población” , destacó el PDA.
La presidenta de esa formación política, Clara López Obregón, condenó el crimen y recordó que con éste se eleva a doce la cifra de asesinatos de dirigentes del PDA en los últimos seis meses. López Obregón exigió del gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, garantías para los dirigentes y militantes del PDA en todo el país.
“Es urgente que se ponga fin al baño de sangre que se viene presentando en varias regiones colombianas contra militantes del PDA. El respeto a la oposición de que habla el Gobierno debe traducirse en el respeto a la vida y la garantía real de sus derechos fundamentales a los integrantes del principal partido de oposición en el país”, indicó López Obregón.
Con información de EFE Elespectador.com

Entrega de tres guerrilleros a Colombia marca nueva era con Chávez

Se trata de uno de los gestos más significativos en la nueva etapa de las relaciones bilaterales.
Este miércoles llegaron a Colombia los tres insurgentes del Eln y las Farc capturados por autoridades venezolanas en ese país.Los deportados desde Venezuela son Nilson Navarro Mojica, Osvaldo Espinosa Varón y Priscila Ayala Mateus.Al oficializar la entrega de los subversivos, acusados de homicidio, secuestro y rebelión -dos de ellos capturados en una operación antisecuestro- el Gobierno venezolano dijo que "ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad". Polémicas posturas de Chávez frente a las guerrillas colombianas, como cuando pidió reconocimiento político para ellas, le habían valido duras críticas.
Ayer, sobre las 4 de la tarde, un avión de la Policía trajo de vuelta a Nilson Navarro Mojica y a Priscila Ayala Mateus, señalados de pertenecer al Eln, y a Oswaldo Espinosa Barón, supuesto integrante de las Farc.Una comisión de la Interpol viajó a Caracas para recibirlos en el aeropuerto de Maiquetía, y en la base antinarcóticos de la Policía en Colombia fueron recibidos por la Dijín y del DAS.
Espinosa Barón debió ser llevado en una ambulancia, pues en el momento de la captura, el 2 de octubre pasado en El Piñal (Estado Táchira), sufrió heridas de bala. Hay quienes consideran que el gesto de Chávez al entregar a Colombia a los tres insurgentes se da en reciprocidad por la decisión del presidente Juan Manuel Santos de entregarle a Venezuela y no a Estados Unidos al señalado narcotraficante Walid Makled que, según autoridades, tiene información privilegiada sobre el Gobierno venezolano que EE. UU. quería.
"Si Colombia queda satisfecha con eso, le están metiendo los dedos en la boca", opina el analista Rafael Nieto.Pero para el también analista Alfredo Rangel, este gesto es un gran avance, cuando hace apenas cuatro meses se estaba hablando de una posible "guerra" entre los dos países. "Esto podría anticipar que en adelante va a haber un tratamiento equitativo de lado y lado en seguridad", añade. Otros cuatro colombianos capturados en septiembre en Carabobo junto con Navarro y Ayala, durante el rescate del venezolano Abraham Younes Haffar, no fueron deportados porque no son requeridos aquí.
ProntuarioNilson Navarro Mojica, de 39 años Jefe de la compañía Omaira Montoya del domingo laín. La captura de este jefe del Eln (izq. en la foto) fue el 7 de octubre en Carabobo (Venezuela), durante el rescate del ciudadano venezolano Abraham Younes Haffar, secuestrado en septiembre. Tiene 3 órdenes de captura por rebelión, homicidio agravado y secuestro.
Priscila Ayala Mateus, de 39 añosuno de los 20 delincuentes más buscados en Arauca. Es señalada de pertenecer al grupo del Eln del que hace parte Navarro (su pareja) en Venezuela. Permanecía en el vecino país desde el 2005. Es una de los 20 delincuentes más buscadas en Arauca y por ella ofrecían 15 millones de pesos de recompensa.

Oswaldo Espinosa Barón, de 41 añosalias de 'Farit' o 'Farías', Lleva 20 años en las Farc. Se había traslado en el 2008 a Venezuela aunque tenía circular roja de Interpol desde el 2002. Fue capturado el 2 de octubre en El Piñal (Táchira), en un enfrentamiento en el que resultó herido. En Colombia había sido capturado en dos ocasiones: en 1993 y 1994.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Chávez extraditará a Colombia primer grupo de guerrilleros de Farc y Eln

Altas fuentes de la Presidencia de la República le confirmaron a Elespectador.com que el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, se comprometió con las autoridades colombianas en la extradición de un grupo de guerrilleros.

Aunque no se ha confirmado el número de subversivos que enviará Chávez, trascendió que son de las filas de Farc y el Eln.
Se espera que en las próximas horas se confirme la metodología a utilizar para el proceso que se debe surtir con el fin de recibir en Colombia a los capturados en el vecino país.
La entrega se da como parte del avance en las relaciones que se restablecieron entre Colombia y Venezuela, tras una serie de encuentros entre los mandatarios Juan Manuel Santos y Hugo Chávez.
Elespectador.com

martes, 16 de noviembre de 2010

Ejército boliviano se declara antiimperialista, anticapitalista, socialista y comunitario

El comandante del Ejército boliviano, Antonio Cueto, afirmó el domingo que esa entidad castrense se declara antiimperialista, anticapitalista, socialista, comunitario y aseguró que no se debe permitir que ningún poder externo se imponga en este país andino amazónico.
En su discurso de celebración del Bicentenario de creación del Ejército, en una ceremonia que se realizó en el patio de honor del Colegio Militar con la asistencia del presidente Evo Morales, Cueto dijo que las Fuerzas Armadas actuarán con dignidad y soberanía.
"Nuestro aporte institucional fue fundamental para la construcción de Bolivia especialmente los momentos de inflexión tanto interna como externa por eso nuestro Ejército ostenta orgulloso la insignia de fundador de la patria", remarcó.
Dijo que el Ejército celebra orgulloso su Bicentenario convertido en el crisol de la nacionalidad, al recordar que entre sus filas están incorporados bolivianos y bolivianas de todas las regiones, "comprometidos con el actual proceso y conscientes de su realidad". Aseguró que la nueva Constitución Política del Estado, que goza de legitimidad porque fue elaborada sin injerencia externa y aprobada por el 70% de la población, establece que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente soberano, democrático e intercultural."Lo anterior da lugar a que el Ejército surja como una institución socialista, comunitaria y como tal nos declaramos antiimperialistas, porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga, queremos y debemos actuar con soberanía y vivir con dignidad", consideró.
Dijo que también se declara anticapitalista, porque ese sistema está destruyendo a la Madre Tierra y pidió unir todos los esfuerzos y capacidades para defender el medio ambiente. A su juicio, los anteriores "gobiernos neoliberales" pactaron con el sistema capitalista, buscando la destrucción de las Fuerzas Armadas con planes que disminuían progresivamente su capacidad operativa."Por otro lado la Carta Magna también establece que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo es por eso que mantenemos relaciones con todos los ejércitos del mundo", argumentó.
El comandante del Ejército boliviano dijo que las Fuerzas Armadas preservaran el legítimo derecho a la defensa del territorio nacional, de los recursos naturales, como la madera, el oro, los hidrocarburos y el litio, entre otros."En preservación de la soberanía no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia la instalación de bases militares de potencias extranjeras en nuestro territorio", sentenció. En esa dirección y "con la finalidad de lavar el honor del Ejército", solicitó a las autoridades actúen en consecuencia, aplicando la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz en contra de "quienes entregaron (a Estados Unidos) para desactivar misiles militares, que fueron adquiridos para la defensa del Estado"."El Ejército de Bolivia ha iniciado un proceso que conlleva concretar cambios estructurales al interior de nuestra institución de esa manera consultando a la sociedad civil, gobernantes, movimientos sociales y con el asesoramiento de países amigos que han tenido experiencias similares se ha realizado seminarios con el objetivo definir los pasos a seguir dentro del proceso de cambio", puntualizó."El Ejército va al lado de los movimientos sociales buscando que se cumpla con la política del Vivir Bien porque el Ejército emerge del pueblo y se debe a él porque es su esencia trabajando con el pueblo y para el pueblo", agregó.

Comunistas venezolanos piden que Gobierno explique pago salarial fraccionado

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), aliado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que lidera el presidente Hugo Chávez, pidió hoy que el Gobierno explique por qué decidió el pago fraccionado de las utilidades o los aguinaldos navideños.

"Al no explicar suficientemente esta situación permitimos que sectores de la oposición manipulen para desestabilizar al Gobierno", además de que "es un derecho de los trabajadores conocer la razón de esta decisión", dijo en una rueda de prensa el secretario general del PCV, Oscar Figuera. El Gobierno anunció a comienzos de este mes que los trabajadores del sector público recibirán en tres pagos y en diferentes fechas los tres meses de salario correspondiente a utilidades o aguinaldos navideños, a diferencia del pago único o máximo en dos partes que en años anteriores recibieron la primera quincena de noviembre y la primera de diciembre.
Bajo el título "Los aguinaldos: de noche buena a noche mala", la página web Aporrea, una de las más activas de respaldo a Chávez, sostuvo que el Gobierno transformará la Nochebuena "de sus trabajadores públicos, escuálidos (opositores) y chavistas, en mala noche o noche mala".
"Estas son las cosas que los de a pie no entendemos; pero que al final se traduce en votos, votos que pueden transformar lo que pudiera ser una noche buena, en una noche mala para el Gobierno el primer domingo de diciembre de 2012", cuando Chávez buscará una nueva reelección, advirtió el texto publicado en Aporrea. Chávez anunció este domingo que destinará el equivalente a 5.769 millones de dólares, ó 3.488 millones de dólares según las dos cotizaciones oficiales que rigen en el país (de 2,6 y de 4,3 bolívares por dólar) para el pago de aguinaldos navideños para los funcionarios activos y jubilados. "Estoy aprobando hoy 15.000 millones de bolívares y eso es mucho dinero", dijo Chávez, sin precisar el número de venezolanos que forma parte del aparato estatal como empleado en activo, aunque precisó que suman 4,089 millones los jubilados y 1,5 millones los pensionados. Los 15.000 millones de bolívares garantizan "el pago de pasivos, aguinaldos, cesta-ticket (una especie de cheque para gastos diarios de alimentación) e insuficiencias de aportes patronales para los trabajadores del Estado", agregó sin hacer alusión al pago fraccionado criticado por sus aliados.
EFE

lunes, 15 de noviembre de 2010

Ingrid Betancourt elogia a Hugo Chávez

La ex candidata presidencial consideró al presidente de Venezuela un gran líder democrático.
"Lo que puedo decir es que considero a Chávez un gran líder y un líder democrático desde el momento en que ha sido elegido democráticamente", afirmó Betancourt en una extensa entrevista.

Betancourt se expresó así tras ser preguntada sobre si Chávez estaría alentando a las Farc, en cuyo poder estuvo secuestrada seis años (entre 2002 y 2008), y la reciente polémica española-venezolana sobre la presunta vinculación de la banda terrorista ETA y las FARC.
Al afirmar que desconoce esos casos, la ex rehén dijo que el jefe de Estado venezolano "no necesitó matar y secuestrar para llegar al poder", y aseveró que "él tiene que ser consecuente con eso (...) no puede alentar a grupos antidemocráticos".
"En Colombia tenemos la democracia suficiente para que aquellos que no están de acuerdo con las políticas del Gobierno presenten una alternativa y las sometan a consideración del pueblo por las vías democráticas", enfatizó.
En la entrevista, realizada la pasada semana en Buenos Aires, donde Betancourt estuvo para la presentación de su libro "No hay silencio que no termine", la ex candidata presidencial destacó que el proceso de paz con las FARC ha contribuido para socavar a la guerrilla.

sábado, 13 de noviembre de 2010

Congresistas que investigan relación de Uribe con chuzadas denuncian amenazas

Según Gonzalo Pinzón, secretario de la Comisión de Acusaciones, los congresistas Alfredo Bocanegra y Augusto Posada "han manifestado el recibo de amenazas y no han encontrado receptividad".

Viernes 12 Noviembre 2010
Dos miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigan si el ex presidente Álvaro Uribe ordenó los seguimientos ilegales a magistrados, opositores y periodistas denunciaron que han recibido amenazas. Los congresistas Alfredo Bocanegra y Augusto Posada "han manifestado el recibo de amenazas y no han encontrado receptividad", dijo a Caracol Radio el secretario de la Comisión de Acusaciones, Gonzalo Pinzón.
Agregó que los esquemas de seguridad de esos dos congresistas "son muy débiles", especialmente en el caso de Bocanegra, que no dispone de vehículo blindado. Según Pinzón, el asunto será analizado el próximo martes con el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y la dirección de la Policía Nacional. Uribe siempre ha negado haber ordenado el espionaje ilegal que el DAS hizo a opositores, periodistas, magistrados y activistas durante su gobierno. Sin embargo, la Comisión de Acusaciones determinó abrir una investigación sobre el escándalo, luego de que la ex subdirectora de Operaciones del DAS Martha Leal asegurara ante la Fiscalía que el ex director de ese organismo Andrés Peñate le ordenó hacer seguimientos a miembros de la oposición por solicitud expresa del ex mandatario.
Una veintena de funcionarios y ex funcionarios del DAS han sido detenidos y procesados por su relación con los seguimientos ilegales del DAS, uno de los mayores escándalos del gobierno de Uribe. Esta misma semana la emisora la F.m. reveló que Gustavo Sierra, ex subdirector de Análisis de Inteligencia del DAS, sostuvo ante la Fiscalía que la información sobre seguimientos se enviaba a altos funcionarios de la Casa de Nariño. Según el testimonio de Sierra, en la lista de oficinas que debían recibir la información estaban la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Cancillería, la Vicepresidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
EFE

viernes, 12 de noviembre de 2010

Las Farc afirman que Dilma Rousseff jugará papel clave para la "paz regional"

Las Farc afirmaron que la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, jugará un "papel determinante" para la "paz regional" y la "hermandad de los pueblos del continente", al destacar su trayectoria "siempre ligada a la lucha por la justicia". "Presidenta Dilma, para usted nuestro aplauso y reconocimiento", dice un comunicado firmado por el Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc y divulgado este viernes por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), afín a la guerrilla.
En el texto, fechado en las "Montañas de Colombia" el 1 de noviembre, las Farc llaman "compatriota" a Rousseff, quien ganó las elecciones en su país el pasado 31 de octubre con un 56% de los votos y será, a partir del próximo 1 de enero, la primera presidenta en la historia de Brasil.
"Permítanos adherirnos a la justificada alegría del gran pueblo de Luis Carlos Prestes (líder comunista), ante el hecho relevante de tener, por primera vez en la historia del Brasil, una presidenta; una mujer ligada siempre a la lucha por la justicia", señalan las Farc. También subrayan la "pública convicción" de Rousseff sobre la "necesidad de una salida política al conflicto interno de Colombia". Eso "ha centuplicado nuestra esperanza en la posibilidad de alcanzar la paz por la vía del diálogo y la justicia social", añade la guerrilla.
"Estamos seguros de que la nueva presidencia del Brasil jugará un papel determinante en la aclimatación de la paz regional y en la hermandad de los pueblos del continente", concluyen las Farc. Cuando era candidata presidencial, en septiembre pasado, Rousseff sostuvo que Brasil solo mediaría en una eventual negociación de paz con las Farc si el Gobierno colombiano se lo pidiera.
EFE

jueves, 11 de noviembre de 2010

Colombia se mantiene como el segundo país con más desplazados en el mundo

Según el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) hay 3,5 millones de personas registradas.
Colombia se mantiene como el segundo país con mayor número de desplazados en el mundo, con unos 3,5 millones de personas registradas, después de Sudán, donde se estima que hay unos 4 millones, aclaró este miércoles una portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur).

"Las cifras más recientes con que cuenta Acnur muestran a Colombia como el segundo país con más población desplazada en el mundo, con 3,5 millones de personas registradas por el gobierno como desplazadas, mientras en Sudán la cifra se estima alrededor de los 4 millones", señaló esta portavoz interrogada por AFP.
"En Sudán, como en muchos otros países, no hay un sistema de registro oficial de personas desplazadas y sólo existen estimaciones. En Colombia, la existencia de ese sistema de registro desde 1997 permite no sólo calcular la magnitud de las necesidades, sino identificar a las personas desplazadas que requieren asistencia del gobierno", añadió.
El gobierno de Colombia, a través de la agencia presidencial Acción Social, negó el martes que este país sea el que mayor número de desplazados registra en el mundo, al desmentir informaciones ofrecidas por la ONG colombiana Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes).Codhes aseveró el martes en Quito que Colombia ocupa el primer lugar mundial en número de desplazados, con 4,9 millones de personas.
"No existe informe alguno de Naciones Unidas que asegure que Colombia tiene el mayor desplazamiento del mundo", había aseverado Acción Social en un comunicado.
Acnur, en tanto, resaltó que en Colombia "siguiendo lineamientos fijados por la Corte Constitucional, no se excluye a las personas del registro de población desplazada sólo por haber recibido alguna asistencia del Estado, ni sólo porque retornen, se integren localmente en el lugar al que llegaron o se reubiquen, sino cuando se considere que han recuperado una vida normal".
Según Acción Social, 3.551.106 personas han sido desplazadas por el conflicto armado interno de Colombia desde 1950.
AFP Elespectador.com

miércoles, 10 de noviembre de 2010

La valija del DAS a Palacio

Gustavo Sierra Prieto es un abogado especializado en derecho penal. En dos épocas fue alto funcionario del DAS. La primera entre 1987 y 1997. La segunda entre junio de 2006 y febrero de 2009. Su último cargo fue subdirector de Análisis de la Dirección Nacional de Inteligencia. El pasado 25 de octubre, en procura de que se le aplique el principio de oportunidad dentro del escándalo de las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales, le contó a la Fiscalía cómo trabajaba el DAS para informar a la Casa de Nariño sobre los opositores políticos del Gobierno.

Sierra Prieto reveló que a comienzos de 2006, el entonces director del DAS, Andrés Peñate, ordenó la realización de una reunión llamada “Revista de Documentos”, que semanalmente, con la participación de altos funcionarios del organismo, elaboraba análisis de tipo político, internacional, de defensa y económicos, que tenían como destino, inicialmente la Secretaría General de la Presidencia, y con el paso de los días, varios ministerios, el alto comisionado de Paz y algunos de los principales consejeros de la sede presidencial.
Los trabajos estaban relacionados con los opositores del Gobierno, es decir, el Polo Democrático y el Partido Liberal, así como también análisis sobre la Corte Suprema de Justicia. Para hacerles llegar a los altos funcionarios de Palacio los reportes se utilizó un sistema llamado “Valija”, que fue copiado de la CIA de Estados Unidos, y que consistía en trasladar los documentos en un sofisticado maletín con varias claves, que era llevado a la Casa de Nariño por una agraciada detective que no conocía el contenido de los informes.
Como soporte de sus declaraciones, el abogado Sierra Prieto entregó algunos de estos reportes, en los cuales se advierte, por ejemplo, cómo eran los movimientos de la senadora Piedad Córdoba en Venezuela o México, y sobre qué hablaba en sus distintas informaciones públicas. Igual metodología se utilizaba respecto a los movimientos del senador del Polo Democrático Gustavo Petro, y los informes también incluyeron reportes sobre Wilson Borja Díaz, el periodista Carlos Lozano y el senador del Polo Alexánder López.
Según Sierra, el sistema de la valija se mantuvo durante la administración de María del Pilar Hurtado, de Joaquín Polo y de Felipe Muñoz. Pero el declarante enfatizó que cuando muchas de estas informaciones estaban en manos del ex director, Andrés Peñate, le ordenaba a su jefe de prensa que difundiera parte de estos documentos a los medios de comunicación con el fin de neutralizar las intenciones de los políticos o, por ejemplo se buscara relacionar a la congresista Piedad Córdoba con las actividades de las Farc.
En la declaración, Sierra recalcó que la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado exigía a sus subalternos información constante del senador Gustavo Petro y del director del periódico Voz, Carlos Lozano, porque según ella el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, les pedía esa información. En particular, la ex directora del DAS ordenaba que se difundieran a través de los medios de comunicación reportes que dejaban entrever alguna relación del periodista con las Farc para desprestigiarlo públicamente.
En otros apartes de la declaración, que ayer fue difundida por La FM, se expresa que desde la administración de Andrés Peñate se comenzó a pedir información desde la Casa de Nariño sobre la Corte Suprema de Justicia, resaltándose que era muy importante para el Gobierno, “sobre todo si se trataba del primo del presidente, Mario Uribe”. En otra ocasión, el día que se presentó la diligencia judicial del presidente Uribe con el magistrado Valencia Copete, se pidió la hoja de vida del jurista y de su abogado. Y añadió, el abogado Sierra Prieto, que en otra oportunidad, el asesor de María del Pilar Hurtado, llamado Jaime Polanco, quien siguió trabajando en el DAS después de la salida de ésta, pidió la hoja de vida del abogado Ramiro Bejarano. “Eso fue en febrero de 2009 porque la estaba necesitando el director, y preguntó si había alguna información de las ‘chuzadas’ a la embajada norteamericana en el gobierno de Samper, porque según él, Bejarano tenía algo que ver ahí, y también con la fuga de un extraditable de las instalaciones del DAS”.
Sierra expresó que, sin embargo, él le dijo que no tenía ninguna información al respecto. En cambio, comentó que todos los fines de semana se le enviaban dossieres al consejero presidencial, Miguel Peñaloza, para que los tuviera en cuenta durante los consejos comunales del presidente Uribe. Estos reportes, con ocho días de anticipación, identificaban quiénes iban a ir al evento, qué manifestaciones en contra se pretendía, para que de esta manera el Gobierno pudiera tener la información necesaria y preparar previamente su defensa.
De manera individual, en sobres de manila de color anaranjado, sin firma ni logotipo alguno que identificara al DAS, se enviaban análisis con destinatarios identificados por sus iniciales: BM correspondía a Bernardo Moreno; Vpresid, al vicepresidente; ACPP, al alto comisionado para la Paz; LAH, a Luis Alfonso Hoyos, de Acción Social; JME a Jorge Mario Eastman. Los destinatarios expresaban su complacencia porque la información sobre los opositores políticos era muy útil para sus diferentes actividades.
Interrogado Sierra Prieto sobre si lo sucedido con los opositores del Gobierno o los magistrados de la Corte era normal en el DAS, según su experiencia, este contestó que en otras épocas se hacían análisis de los políticos, tanto de los opositores como del Gobierno, pero que cuando volvió al organismo en 2006, encontró unas directrices de Andrés Peñate de que los análisis políticos tuvieran un énfasis marcado en la oposición. Y así continuó en la administración de María del Pilar Hurtado, cuando el énfasis fue la Corte Suprema de Justicia.
Redacción Judicial EL ESPECTADOR

Todo colombiano tendrá que ser identificado antes de ser sepultado

No podrá haber más cadáveres N. N. (del inglés no name) como único epitafio en su tumba.
El Gobierno está dispuesto a poner todas las herramientas para evitar que se repita la tragedia de los más de 35.000 muertos que, solo en los últimos años, han sido sepultados sin nombre.Eltiempo.com supo que, para darle cumplimiento a esta decisión, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, suscribirá hoy un convenio con la Registraduría y Medicina Legal.De acuerdo con el Ministerio, la operación comenzará determinando la identidad de los 35.000 que han sido sepultados en los últimos años sin establecer sus datos y cuyas cartas dactilares ya se encuentran en Medicina Legal.
La idea del Gobierno es que esos cuerpos sean exhumados para esclarecer quiénes son y entregar los restos a sus familias con el fin de que puedan darles sepultura, en los casos en que sea posible.En buena medida, el fin de los muertos N. N., que debe comenzar a darse ya, se logrará con la base de datos de la Registraduría, que incluye las huellas decadactilares de todos los colombianos mayores de edad. Son menos de 50.000 los colombianos que no han tramitado su cédula.
Las autoridades judiciales tendrán pleno acceso a la base de datos de la entidad.Solamente entre el 2007 y el 2009, Medicina Legal reportó la inhumación de 4.065 N. N. y será de rigor que identifique plenamente a las víctimas antes de ser sepultadas.Buscarán a las familiasEl proceso no parará ahí. El proyecto contempla que las autoridades busquen a los familiares para entregarles información sobre sus seres queridos y que, a la vez, la entreguen a la Justicia para las investigaciones.En la mayoría de los casos, sepultar los cuerpos sin saber de quiénes se trata entierra la posibilidad de cualquier indagación sobre las causas de los crímenes. Y la mayoría de los N. N. han sido víctimas de acciones violentas.
Este registro permitirá también conseguir información sobre miles de personas que solo figuraban como desaparecidas en los expedientes.Queda por resolver el tema de los menores, pues no están incluidos en el convenio que firma hoy el Ministerio del Interior por el problema técnico de las huellas decadactilares.Sobre buena parte de los 400 N. N. que están en el cementerio de La Macarena y que aparecían sin nombre, existían pistas sobre su identidad, incluyendo huellas digitales. Sin embargo, permanecieron años sin ser identificados porque no
había manera de cotejar las pistas con la base de la Registraduría.
32.600 víctimas de 'paras', La Fiscalía está en la búsqueda de los cuerpos.

La Unidad de Justicia y Paz tiene documentados 32.682 casos de desaparición forzada en Colombia por confesiones de 'paras'. Uno de los frentes de búsqueda son los N. N. sepultados en los cementerios, en los cuales ha localizado hasta ahora 10.048 muertos sin nombre. Antioquia, Meta y Guaviare encabezan las cifras de N. N. en cementerios. En lo corrido del proceso de Justicia y Paz, investigadores han exhumado 3.407 restos de fosas. De ellos, han entregado 1.041.

martes, 9 de noviembre de 2010

Acercamiento con Venezuela mejoró relaciones con la región: Colombia

El acercamiento de Colombia con sus vecinos, en particular Venezuela y Ecuador, tras la llegada al poder en agosto último del presidente Juan Manuel Santos, "mejoró nuestras relaciones con América Latina", afirmó el martes en París la canciller colombiana María Angela Holguín.
"Una vez que empezó el acercamiento con nuestros vecinos, mejoraron las relaciones con América Latina", sostuvo la ministra ante unos veinte diputados de la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa, interrogada insistentemente sobre las relaciones entre Bogotá y Caracas.
"Con Venezuela estamos construyendo una relación de confianza. Lo importante es que hemos alcanzado mecanismos de seguridad y de lucha contra la droga", dijo la canciller, embajadora en Venezuela entre 2002 y 2004.
"Sobre las relaciones con Venezuela, déjenme ser prudente", pidió la ministra, que subrayó la creación de una "comisión de seguridad" bilateral "en la cual hablamos de toda la información que Colombia tiene sobre las FARC, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) o los narcotraficantes".
"Estamos haciendo esfuerzos para trabajar juntos y lo seguiremos haciendo. Les daremos toda la información que tenemos", sostuvo Holguín antes de asegurar que del lado venezolano "hubo reacciones positivas".
Con Venezuela "las cosas van bien. Somos optimistas aunque no triunfalistas", dijo antes de aclarar que "trabajar en cooperación con (el presidente venezolano, Hugo) Chávez no significa que vayamos por su camino".
Colombia y Venezuela restablecieron sus lazos diplomáticos en agosto, tras la ruptura de relaciones luego de una denuncia del ex presidente colombiano Alvaro Uribe sobre una presunta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela.
El primer viaje internacional que Santos efectuó tras asumir la presidencia en agosto, fue a Brasil.
"Lo más importante es tener buenas relaciones con nuestros vecinos y con América Latina y volver a una integración con el resto del continente", sostuvo Holguín en su intervención en francés.
Interrogada varias veces sobre si Venezuela es retaguardia de las FARC o del narcotráfico, y sobre la lucha regional contra la droga, Holguín respondió que Colombia "trabaja fuertemente" con sus vecinos del Caribe, Venezuela, Brasil, América Central y Estados Unidos "para una mayor cooperación" en lo material.
"El problema es que es un inmenso negocio", respondió la ministra antes de enfatizar que "cuando hay demanda del mundo entero (la lucha contra la droga) no es evidente para Perú, Colombia o Bolivia como países productores".
"Mientras el consumo sea alto en Europa y en Estados Unidos, la producción continuará (...) Nos esforzamos mucho para intentar controlar la producción y erradicar los cultivos, aún si afuera no creen demasiado", afirmó.
Holguín indicó que la semana próxima viajará a Ecuador y se limitó a indicar que el diferendo con ese país es "un asunto delicado" pues Quito "espera una explicación sobre la operación" militar en su territorio en la que en 2008 murió un ex jefe de las FARC, Raúl Reyes.
Anticipó que tras la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de declarar inconstitucional el acuerdo alcanzado en 2009 con Washington para que militares estadounidenses usen bases colombianas, el gobierno cree "que con el tratado que tenemos, quizá no necesitemos uno nuevo".
La ministra colombiana se reunió el lunes en París con su homólogo francés, Bernard Kouchner, para preparar la visita que el 25 de enero cumplirá a Francia el presidente colombiano, que ya en julio se reunió en la capital francesa con el presidente Nicolas Sarkozy.
La canciller lamentó que las relaciones entre Francia y Colombia hayan girado "solamente" en torno al secuestro de Ingrid Betancourt, cuyo libro "No hay silencio que no termine", no leyó ni tampoco compró, confesó.
"Me lo regaló ayer el ministro Kouchner", comentó Holguín, antes de considerar que los dos países "tenemos mucho que hacer en el futuro" en asuntos como la agricultura, la educación y la tecnología.
AFP Elespectador.com

Santos dice que Chávez es "su nuevo mejor amigo"

RELACIONES INTERNACIONALESAsegura además que si bien ninguno de los dos ha sido "santo de la devoción" del otro, él decidió que de llegar a la presidencia debía mejorar las relaciones con su vecino, lo cual comenzó en agosto con el restablecimiento de los lazos diplomáticos.
Lunes 8 Noviembre 2010
El presidente Juan Manuel Santos aseguró el domingo que acordó con su colega venezolano Hugo Chávez respetar las diferencias que mantienen en distintos temas, y consideró que lo mejor que han hecho fue restablecer las relaciones bilaterales. Santos se refirió a Chávez como su "nuevo mejor amigo" y dijo que, si bien ninguno de los dos ha sido "santo de la devoción" del otro, él decidió que de llegar a la presidencia debía mejorar las relaciones con su vecino, lo cual comenzó en agosto con el restablecimiento de los lazos diplomáticos. En la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en México, Santos fue interrogado por un periodista sobre la relación actual con Venezuela. "¿Usted quiere que hable sobre mi nuevo mejor amigo?", preguntó a su vez el presidente colombiano.
Dijo que había sido una pregunta que le habían hecho en privado y que él decidía hacer un comentario en público. "Cuando yo estaba en la campaña —ustedes saben que yo no fui santo de la devoción del presidente Chávez y viceversa durante muchos años_, pero ya a puertas de la elección estábamos en la posición que era el peor mundo de todos: dos países que tienen 1.200 y pico de kilómetros de frontera sin relaciones diplomáticas, sin diálogo, sin comercio", señaló.
Consideró que lo único peor que entonces podía pasar "era una guerra", aunque aseguró que esa es una palabra "que no existe en mi diccionario, por lo menos". Santos dijo que con el
rompimiento de relaciones quienes sufren son los pueblos. Ambos gobiernos ya han designado nuevos embajadores y se ha acordado también reanudar el flujo comercial bilateral, congelado desde junio del 2009. "Establecimos muy claramente: ni él pretende que yo vaya a comenzar a pensar como piensa él, ni yo pretendo que él piense como pienso yo", dijo Santos, quien refirió que mantienen diferencias, algunas "muy marcadas", como por ejemplo sobre la manera en que funciona la democracia.
El presidente colombiano dijo que en cualquier tipo de relación sale a flote si se respetan las diferencias. "Y esa es la obligación de cualquier jefe de Estado y así lo establecimos", añadió. Refirió que ahora el comercio se ha abierto y se tienen planeadas obras conjuntas en infraestructura. Aseguró que incluso hay ahora una colaboración en materia de seguridad, y refirió que un ejemplo ocurrió hace un par de días cuando un grupo del Ejército de Liberación Nacional colombiano secuestró a una mujer en el límite fronterizo con Venezuela. Dijo que el grupo atravesó la frontera y tras una llamada de Colombia, las autoridades venezolanas "reaccionaron de inmediato y la señora está libre".
AP.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Grupos paramilitares se expanden en Rio relegando al narcotráfico

Por: AFP
Los grupos parapoliciales expanden su dominio en Rio de Janeiro, donde controlan 105 de las 250 mayores favelas, casi el doble de las dominadas por el mayor grupo de narcotraficantes, indicó un informe publicado el domingo por el diario carioca O Globo.
El reporte, realizado sobre un relevamiento del investigador Paulo Storani del Instituto Universitario de Políticas Públicas y Ciencias Policiales de la Universidad Cándido Mendes local, indica que a pesar del mayor combate de las autoridades, esos grupos, conocidos como milicias, no frenaron su expansión.
Por el contrario, superaron a la mayor facción del narcotráfico de Rio, que controla 55 de las 250 mayores favelas. Otras dos bandas menores de traficantes de drogas se dividen 35 y 31 comunidades pobres respectivamente.
"Con el debilitamiento de los bandos ligados al narcotráfico, hay una tendencia de las milicias a
continuar expandiendo su dominio territorial, lo que representa mayor poder político y aumento de la recaudación con el cobro de tasas de seguridad y otras actividades", dijo Storani, ex capitán del temido grupo Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar (PM).
Las milicias, en las que actúan policías activos o retirados, bomberos, agentes carcelarios y guardias de seguridad, desalojan a los narcos de las favelas, ocupan su lugar y luego cobran a los habitantes por servicios como televisión cable, internet, luz, transporte y gas doméstico, además de protección.
Storani resaltó que precisamente su composición, con personas ligadas al Estado y políticos, "dificulta la investigación de los crímenes".
En setiembre pasado, la Policía Civil arrestó bajo cargos de extorsión, tortura y homicidio a 15 personas vinculadas a las milicias, entre ellas seis miembros de la PM.
En mayo de 2007, poco después de asumir, el gobernador del estado de Rio, Sergio Cabral, lanzó una ofensiva masiva y sin tregua contra el crimen organizado.
La violencia urbana es un problema endémico en Rio de Janeiro donde unas dos millones de personas viven en casi mil favelas, muchas en áreas turísticas.

Paramilitar confesó que quemaba a sus víctimas en un horno

Así borraba 'el Iguano' los rastros de sus crímenes en una finca de Norte de Santander.
Para construir su casaquinta en Norte de Santander, el jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, 'el Iguano', escogió un sitio macabro.

Decidió que el mejor lugar, por su estratégica ubicación en la frontera con Venezuela, era la finca Las Palmas, que hasta entonces los paramilitares venían utilizando como fosa común para sus víctimas.Entonces, ordenó desenterrar a más de tres docenas de cadáveres. Sobre la removida tierra de Las Palmas, ubicada en el corregimiento de Banco de Arena, municipio de Puerto Santander, levantó dos casas de habitaciones y un quiosco que se convirtieron en su guarida y centro de operaciones y de fiestas.

En una celebración, reconoció Laverde, él mismo mató a otro 'para' y ordenó enterrarlo en la finca. Hoy, después de casi 6 años de estar deshabitada, desde que se desmovilizó 'el Iguano', a Las Palmas ni si quiera los saqueadores se atreven a tocarla. Ella, dicen fiscales de Justicia y Paz que conocen la historia, retrata a la perfección las prácticas criminales usadas por los 'paras' para desaparecer a sus víctimas.

Para deshacerse de los cuerpos de la fosa común, Laverde ordenó construir un horno artesanal similar a los usados para secar el tabaco. Ante los fiscales, el ex jefe 'para' dijo que en esa primera quema ardieron por más de 36 horas los cadáveres, hasta que quedaron convertidos en cenizas.

El encargado de la macabra tarea fue 'Jorge Colmillo Blanco', que estaba cumpliendo un castigo por la pérdida de una plata de las Auc. "Le di la orden. Echó los cuerpos en el horno que construyó, con ladrillo le hizo la forma al hueco, y lo rellenó con llantas y leña. Metió los cuerpos en bolsas y los quemó. Tengo entendido que estas eran víctimas desde el 2001 al 2003", dijo el desmovilizado, hoy preso en la cárcel de Itagüí.

Las Palmas se convirtió en un mito en la frontera. Si alguien era citado allá, eso equivalía casi a una pena de muerte. El jefe 'para' dice que ordenó clausurar el horno para evitar que le mandaran muertos de otros grupos de las Auc en Norte de Santander.

El horno crematorio personal del 'Iguano', a quien la justicia atribuye al menos 28 masacres y 61 desapariciones, no fue el primero de la región. La práctica comenzó en el 2001 en Juan Frío, población de Villa del Rosario. Allá ardieron al menos 180 cuerpos. Los primeros 28 venían de una fosa común que la Fiscalía ya había detectado.

"Comandantes de muchos barrios de Cúcuta, de Atalaya, del centro, que capturaban a una persona la subían allí y la mataban. El horno funcionó hasta el 2003", agregó en una de sus confesiones.

Corrupción en Colombia: un panorama gris reveló informe mundial

Además, los escándalos lo confirman. Más que normas, urge una política de Estado.
"No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. Lo mismo pasa con los mafiosos: los mafiosos no son solamente criminales, la mafia es un sistema de poder económico, un sistema de poder político, un sistema de poder religioso, un sistema de poder financiero (...) La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia, el libre mercado, destruye el normal funcionamiento del sistema".

Esta frase, pronunciada por Leoluca Orlando, diputado italiano y ex alcalde de Palermo durante una visita a Bogotá en noviembre de 2009, sintetiza de manera contundente los alcances y las implicaciones de la corrupción en el mundo.

En particular, es importante llamar la atención sobre la relación que establece entre corrupción y democracia. Las prácticas corruptas impiden materializar los principios y los objetivos del Estado Social de Derecho, en la medida en que concentran en manos de unos pocos los recursos y bienes que deberían destinarse a intereses colectivos; distorsionan la toma de decisiones a favor de intereses particulares; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado.

También es relevante señalar la vinculación que, según Orlando, existe entre la corrupción y los actores y acciones de naturaleza mafiosa. Esto es especialmente cierto para el caso colombiano, donde esta relación se ha puesto en evidencia de manera contundente en los últimos años, cuando sectores vinculados con actividades ilegales -narcotráfico y paramilitarismo- resultaron comprometidos en la captura y la reconfiguración cooptada del Estado, fenómenos evidentemente imbricados con prácticas corruptas. No en vano varios analistas colombianos han hablado de la existencia de un círculo perverso entre corrupción, violencia y narcotráfico.

Una corrupción más grave
Por ejemplo, Luis Jorge Garay se refiere a este fenómeno en los siguientes términos: "Aquello que, hasta hace algunos años se conocía como corrupción: el soborno, la adjudicación indebida de contratos, el clientelismo y el desvío de recursos públicos, ha cambiado al punto de que actualmente sólo puede analizarse y entenderse en un contexto más amplio que el tradicional, ante el papel determinante que han ejercido procesos y actores de corte mafioso".

Esto hace que la acepción tradicional de corrupción, que ha sido definida por Transparencia Internacional como "el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones", se quede corta para entender la complejidad del fenómeno en sociedades como la nuestra. Y que sea necesario abordarla como una "práctica funcional en la organización económica, política y social existente que se manifiesta bajo una lógica de interacción de agentes para la satisfacción de intereses de grupos poderosos legales e ilegales al margen del mercado y en veces de la institucionalidad, en detrimento de intereses y propósitos de la colectividad".

Además de lo anterior, hay algunas condiciones estructurales del Estado colombiano, del sistema y del ejercicio político, que se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción. Entre ellas, la concentración creciente del poder en el ejecutivo y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos; el clientelismo; la impunidad; la falta de transparencia en la financiación de la política; la 'cultura del atajo' y el 'todo vale'; una débil cultura de rendición de cuentas; el incumplimiento por parte de muchas entidades públicas del derecho de acceso a la información; fallas en el diseño de la institucionalidad estatal, e incumplimiento de la normatividad vigente.

Si nos trasladamos al ámbito empresarial, la situación no es menos preocupante. De acuerdo con el Foro Económico Mundial 2009 - 2010, el primer factor que dificulta la realización de negocios con empresas privadas en Colombia es la corrupción, por encima de motivos como los impuestos, la ineficiencia de la burocracia estatal o el crimen y la violencia.

¿Qué hacer?
El Gobierno del presidente Santos, preocupado por este problema, ha presentado al Congreso de la República un Estatuto Anticorrupción y ha expresado su compromiso de adoptar medidas para combatirlo. El Proyecto de Ley, sin duda, es un avance, pero debe ser visto como una pieza de una política integral.

Esta ha sido, precisamente, la propuesta que Transparencia por Colombia le ha hecho al Gobierno Nacional. Se debe trabajar en el diseño de una Política de Estado contra la corrupción, que involucre a todas las ramas del poder público y a los distintos niveles del gobierno, el sector privado y organizaciones no gubernamentales. Para esto se debería promover un consenso nacional sobre las prioridades y temas clave que identifique compromisos y responsabilidades, así como políticas, con su correspondiente plan de acción. Debe contemplar medidas de prevención, investigación y sanción, y propender por la integración y coordinación de todos los entes responsables de su aplicación. También, debe ajustarse al cumplimiento de las convenciones internacionales contra la corrupción, de las cuales Colombia es signataria.

Colombia tiene un buen desarrollo normativo en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la gran deuda es el cumplimiento formal y sustantivo de la norma. Pero más allá de las normas, una efectiva Política Integral de Lucha contra la Corrupción no es concebible si no contempla un fuerte componente de educación y de participación ciudadanas. Y, sobre todo, si no entendemos que todos somos, por acción o por omisión, corresponsables de la corrupción. Sólo entonces la corrupción dejará de ser una transacción de bajo riesgo y altos rendimientos y se convertirá en una de alto riesgo y bajos rendimientos.

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