La defensa de derechos humanos en 75 días del gobierno Santos

Informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos advierte que la situación sigue crítica y tiende a empeorar.

El pasado lunes fue asesinado por sicarios en el municipio de Manaure el líder social Juan Carlos Arredondo Lozada, miembro del movimiento indígena wayuu y fundador del Polo Democrático en La Guajira. El miércoles, en el barrio Obrero de Apartadó (Antioquia) fue baleado Fernando Enamorado, líder campesino de la Asociación de Víctimas y Restitución de Tierras y Bienes en la región. Dos hechos que corroboran la actual situación de amenaza que afrontan los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos en el país, pese al “nuevo lenguaje” y a las buenas intenciones expresadas por el gobierno Santos.

Según el informe ‘Las palabras y los hechos: los primeros 75 días del gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de la defensa de los derechos humanos’, elaborado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (ver recuadro) y presentado este miércoles en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 22 activistas, un periodista y un juez murieron durante los primeros dos meses y medio del nuevo mandato.

El documento señala que si bien se ha implementado un nuevo acercamiento y despliegue de acciones para acercarse a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y se ha propuesto una ley de tierras y de reparación a las víctimas, la realidad de vulneración de líderes sociales y comunitarios, sindicalistas, periodistas, indígenas, afros, de las organizaciones de mujeres y reclamantes de tierras, sigue siendo crítica y, en algunos casos, parece mostrar tendencia a incrementarse.

El informe, conocido por El Espectador, advierte además que “la falta de una estrategia adecuada y eficaz para enfrentar y desmantelar estructuras económicas, políticas y militares del narcoparamilitarismo evidencia que éste comienza a poner en riesgo los propósitos del Gobierno relacionados con la restitución de tierras y la reparación a las víctimas, generando dudas sobre la efectividad de la misma”.

Asimismo, señala que “tampoco se conocen medidas eficaces para combatir la impunidad en la que se encuentran crímenes graves contra los derechos humanos, y permanecen los obstáculos que han impedido la verdad y la sanción de crímenes cometidos en los años recientes, tales como los relacionados con la parapolítica, las ejecuciones extrajudiciales, la yidispolítica y las persecuciones ordenadas por el DAS”.

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos cree también que “la falta de imparcialidad e independencia de los actuales candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General, así como la ausencia de medidas para garantizar la eficacia de los procesos de juzgamiento de crímenes en que están implicados miembros de las Fuerzas Armadas y la continuidad en la dirección del DAS de Felipe Muñoz, impiden avanzar en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos en este período”. Y concluye el informe: “Si el Gobierno no toma medidas eficaces para enfrentar las causas de esas violaciones, la realidad de las mismas continuará su tendencia de seguir inmune a las palabras y los buenos propósitos expresados”.

En sus líneas iniciales, el documento expresa que “los anuncios de desarmar la palabra han sido bien acogidos por la sociedad colombiana y la comunidad internacional, sobre todo después de los ocho años de brutales persecuciones, asesinatos, campañas de desprestigio y acoso por parte del anterior gobierno y sus agencias de inteligencia”, dice.

Seguidamente —con nombres y fechas— se hace una reseña de todos los casos de asesinatos, amenazas y otro tipo de agresiones físicas que desde el pasado 7 de agosto, día de inicio del gobierno Santos, se han realizado contra defensores de derechos humanos, líderes de comunidades indígenas, sindicalistas, periodistas, madres comunitarias y miembros de la comunidad LGBT.

Por ejemplo, se incluyen casos de presuntos ‘falsos positivos’, como el asesinato de Jenny Narveiz (14 años), Jimmy Ferney (9 años) y Jeferson Guiovanny Torres Jaimes (6 años), en Arauca, hecho por el cual están siendo investigados algunos miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 45 de la Octava División del Ejército, con sede en Yopal, y se denuncian “agresiones físicas o demostraciones de fuerza” en contra de organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta y la Fundación Infancia Feliz, entre otros.

El Espectador intentó conocer la opinión del vicepresidente Angelino Garzón sobre el informe de la Cooperación Colombia-Europa-Estados Unidos, pero no fue posible. Sin embargo, se puede inferir en recientes declaraciones suyas que su intención es de “mano dura” contra los violadores de los derechos humanos, palabras que, como dice el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, no han sido realmente corroboradas en los hechos. “No conozco el informe, pero es evidente que ha habido una gran cantidad de ataques contra líderes sociales y no parece existir una política para enfrentarlos”, dijo.

A su vez, el representante a la Cámara del Polo Democrático Iván Cepeda, vocero de las víctimas de agentes del Estado, se refirió al asesinato de siete militantes del Partido en los últimos meses. “Si bien es cierto que hay un cambio en el lenguaje y el discurso del Gobierno, también es cierto que no ha habido un cambio profundo en términos de garantías a los defensores de derechos humanos”.

Denuncian a Uribe en España por supuestos seguimientos ilegales

ONG españolas reclaman la responsabilidad del ex presidente en supuestos seguimientos ilegales que, según ellas, el DAS adelantó a ciudadanos de ese país.
Martes 26 Octubre 2010.

Un grupo de ONG españolas presentaron este martes una denuncia en Madrid contra el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe por supuestos seguimientos en España, a través del DAS, a unas veinte personas de estas organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos humanos.

Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia, Mauricio Valiente y Francisco Pérez Esteban, explicaron en rueda de prensa los detalles de la denuncia, que incluye también a Jorge Noguera, quien dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez.

El gobierno de Uribe, dicen los abogados de Justicia por Colombia, consideraba "objetivos de su 'guerra política'" a estas ONG y a los activistas que supuestamente fueron espiados en Madrid y otras ciudades españolas. Valiente resaltó que, según avancen las investigaciones, no descartan ampliar el contenido de la denuncia, la tipificación de los delitos e, incluso, el número de denunciados.

Ya el pasado mes de junio varias ONG colombianas y europeas instaron en Bruselas a la Eurocámara a crear una comisión especial que investigue el espionaje llevado a cabo por el DAS a defensores de derechos humanos en Europa. Todos, entre ellos la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, denunciaron ser víctimas de amenazas, escuchas telefónicas y persecución en suelo europeo. Según consta en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, explicado este martes por los abogados españoles, los servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos "para tratar de desacreditarlos". Señalaron que en ese informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas "actividades" en Europa era Villalba Chávez, enlace en Europa del "cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó" ese organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle.

Según la ONG, los agentes del DAS en Colombia y España "grabaron conversaciones telefónicas, interceptaron correos electrónicos, vigilaron actividades de solidaridad con Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales".

"Es hora de que Uribe dé la cara y asuma su responsabilidad política y judicial", subrayó Pérez Esteban, quien añadió que el Gobierno español debe pronunciarse al respecto. Este miércoles, Uribe visitará Madrid para recoger el II premio "La Puerta del Recuerdo", que le concede el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU española. Precisamente, las ONG convocaron una concentración frente al Casino de Madrid para expresar su "indignación" por la concesión de este galardón. El pasado 12 de octubre, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación a Uribe por el caso de las ‘chuzadas’. Unos días antes, el 4 de octubre, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos a Bernardo Moreno, ex secretario general de Uribe, a Jorge Noguera y a otros dos ex directores del DAS, involucrados en el mismo escándalo. EFE

Es la ilegalidad lo que hace más dañinas a las drogas": Antonio Caballero

Antonio Caballero, escritor y periodista. DEBATEAnte la posibilidad de que California legalice el consumo de marihuana, el escritor y periodista dice que esto no afectaría "ni la fuerza de las mafias, ni a Colombia". Pero admite que puede ser un paso para un cambio de conciencia frente al problema.

Lunes 25 Octubre 2010
El escritor, periodista y columnista Antonio Caballero, habló con Semana.com sobre la legalización de la droga, a propósito de las elecciones que el próximo 2 de noviembre se llevarán a cabo en el estado de California, el más grande de Estados Unidos.

¿Qué opina de las elecciones del próximo 2 de noviembre en el estado de California, donde se votará si se legaliza o no la marihuana? Me parece que el tema de la marihuana es secundario, entre otras cosas porque no están proponiendo la legalización de todas las drogas. Resolver el problema de la marihuana es resolver el problema de los consumidores, pero no afecta en nada ni la fuerza de las mafias que controlan todas las drogas, ni la peligrosidad de esas mafias, ni el recurso violento de esas mafias. Por eso no le cambia la vida ni a México, ni a Colombia.

¿Pero no sería al menos un primer paso para buscar una nueva solución al problema de las drogas? Eso sólo soluciona una parte marginal del problema. Soluciona el consumo marginal en California, que es uno de los muchos estados de Estados Unidos. La legalización sólo es útil, sólo tiene efectos para acabar con la peligrosidad de la droga, si es universal, encabezada por Estados Unidos que fueron los que la prohibieron. Pero también tiene que ser en Europa, África, Asia. El pretexto del referendo de California le ha dado pie al presidente Juan Manuel Santos para hacer la propuesta de replantear el tema global de las drogas.

¿Es hora de que Colombia cambie su política antidrogas? La hora llegó hace muchísimo tiempo. Lo de California es una cosa muy marginal. Desde hace 30 años se ha venido proponiendo, pero no he sido el único que ha dicho que esto es una insensatez. Hasta la revista The Economist, que es de derechas, lo ha dicho. En mi opinión esto tiene que pasar por dos razones: primero, porque el Estado no puede intervenir en la intimidad de las personas, y segundo, porque la ilegalidad es la que las hace dañinas. Claro, es dañino el tabaco, el alcohol, pero es mucho más dañino volverlas ilícitas.

Presión por resultados condujo a falsos positivos: Procuraduría

Por: Germán Jiménez Redacción EL TIEMPO

Acusación a 27 militares dice que Brigada tenía rezago en bajas en combate.

Por primera vez desde que estalló el escándalo de los falsos positivos, hace dos años, un organismo de control asegura que detrás de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate estuvo la presión de altos mandos por obtener más muertos en la lucha contra los grupos armados ilegales. En la acusación disciplinaria contra 2 coroneles, 2 mayores, 1 capitán, 4 suboficiales y 18 soldados por el caso de dos de los 19 jóvenes reclutados en Soacha y asesinados en el Catatumbo, la Procuraduría afirma que los falsos positivos fueron producto de un "plan criminal cuyo único propósito era satisfacer una exigencia institucional, nacida de la necesidad de mostrar a los altos mandos militares y, por qué no decirlo, al Gobierno, que la lucha contra los grupos armados ilegales se estaba ganando".

El pliego de cargos, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, comandante operativo de la desaparecida Brigada Móvil 15, y militares bajo su mando, "acordaron acabar con la vida de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, el 27 de enero del 2008 en Ocaña".Buscaban, según la Procuraduría, "que dicho homicidio les fuera reconocido como un resultado operacional por los altos mandos en consideración a que esta unidad militar no había tenido éxito desde hacía un buen tiempo".

Al coronel Rubén Darío Castro Gómez lo señala de encubrir.Los dos muchachos habían salido de Soacha, al sur de Bogotá, apenas 24 horas antes, reclutados por dos civiles que les ofrecieron dinero fácil. Según la investigación -el caso penal está estancado, en espera de que se programen audiencias para el juicio-, ese y otros crímenes con el mismo modus operandi, que provocaron la histórica purga de 27 militares, entre ellos 3 generales, hicieron parte de una "quirúrgica operación" en la que hubo asignación de tareas puntuales.Así se dividían las tareas"Unos se dedicaron a darle los visos de legalidad al operativo, produciendo los documentos necesarios para lograrlo; otros, a conseguir a las víctimas para ubicarlas en el sitio acordado para su sacrificio con la ayuda de civiles, y otros a ejecutar materialmente el homicidio".

La investigación señala al coronel Rincón como uno de los cerebros de las muertes, y a su inmediato superior, el coronel Castro, de iniciar una investigación interna, "como mero formalismo para evitar la acción de la justicia ordinaria". Dice la Procuraduría que él tuvo acceso a los informes sobre el operativo que a todas luces era irregular: la patrulla disparó 250 tiros contra los dos supuestos delincuentes, y alteró la escena.La confesión de uno de los suboficiales, Jhon Muñoz Rodríguez, y las declaraciones de los dos reclutadores fueron claves en la investigación.

Van 280 condenados por estos casos La Fiscalía sigue encontrando evidencias de ejecuciones de civiles cometidas por miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el DAS. Ha logrado sentencias en 95 casos en los que resultaron condenados 280 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos 3 coroneles del ejército, el grado más alto al que han llegado las investigaciones. 52 de los investigados aceptaron los cargos y fueron condenadas a penas de entre 15 y 20 años.

¿Tiene futuro la socialdemocracia?

El mes pasado, dos importantes sucesos marcaron el mundo de los partidos socialdemócratas. El 19 de septiembre, el partido sueco perdió duramente las elecciones. Recibió 30l.9% del voto, su peor desempeño desde 1914. Desde 1932, ha gobernado el país 80% del tiempo, y ésta es la primera vez que un partido de centroderecha gana la relección. Y para complicar el mal desempeño, un partido antinmigrante, de extrema derecha, entró al Parlamento sueco por primera vez.

¿Por qué es esto tan dramático? En 1936, Marquis Childs escribió un libro famoso, titulado Sweden: The Middle Way. Childs presentaba Suecia bajo el régimen socialdemócrata como una virtuosa vía intermedia entre dos extremos representados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Suecia era un país que efectivamente combinaba la redistribución igualitaria con la política interna democrática. Suecia ha sido, por lo menos desde los años 30, el modelo mundial de la socialdemocracia, su verdadera historia de éxito. Y así parecía mantenerse hasta hace poco. Ya no es el modelo mundial.

Entretanto, el 25 de septiembre en Gran Bretaña Ed Miliband vino desde atrás para ganar el liderazgo del Partido Laborista. Con Tony Blair el Partido Laborista se había involucrado en la remodelación radical del partido con la consigna de “the New Labour” [el nuevo partido laborista]. Blair había argumentado que el partido también debía ser una vía intermedia –no una entre capitalismo y comunismo, sino entre lo que solía ser el programa socialdemócrata de nacionalización de los sectores clave de la economía y la dominación sin rienda del mercado. Ésta era una vía intermedia bastante diferente de aquélla de Suecia en los años 30 y después.
Que el Partido Laborista eligiera a Ed Miliband por encima de su hermano mayor David Miliband, un socio clave de Tony Blair, se interpretó en Gran Bretaña y otras partes como un repudio a Blair y un retorno a un Partido Laborista más socialdemócrata (¿más sueco?). No obstante, pocos días más tarde, en su primer discurso en la conferencia laborista, Ed Miliban reafirmó una posición centrista. Y pese a que enlazó sus aseveraciones con alusiones a la importancia de lo equitativo y la solidaridad, dijo: Debemos deshojar nuestro viejo pensamiento y erguirnos por quienes creen que hay algo más en la vida que lo que es rentable.

¿Qué nos dicen estas dos elecciones del futuro de la socialdemocracia? Convencionalmente (y lo más probable es que correctamente) la socialdemocracia –como movimiento y como ideología– se vincula con el revisionismo de Eduard Bernstein, en la Alemania de finales del siglo XIX. Bernstein argumentaba en esencia que, una vez obtenido el sufragio universal (que para él era el voto masculino), los obreros podían usar las elecciones para ganar cargos para su partido, el Socialdemócrata (SPD), hasta lograr el gobierno. Una vez que ganaran poder parlamentario, el SPD podría entonces promulgar el socialismo. Y como tal, concluía, hablar de insurrección como vía al poder era innecesario y de hecho una tontería.

Lo que Bernstein definía como socialismo era poco claro en muchos aspectos, pero no obstante en el momento parecía incluir la nacionalización de los sectores clave de la economía. Desde entonces, la historia de la socialdemocracia como movimiento ha sido una de alejamientos lentos pero continuos de la política radical hacia una orientación más centrista.

Durante la Primera Guerra Mundial, los partidos repudiaron su internacionalismo teórico al alinearse en respaldo de sus gobiernos en 1914. Tras la Segunda Guerra Mundial, los partidos se aliaron con Estados Unidos en la guerra fría contra la Unión Soviética. Y en 1959, en su conferencia en Bad Godesburg, el SPD alemán repudió el marxismo por completo y oficialmente. Y declaró que habiendo comenzado como un partido de clase obrera, el Partido Socialdemócrata se ha convertido en un partido del pueblo.

En ese entonces, lo que el SPD alemán y otros partidos socialdemócratas llegaron a reivindicar fue el compromiso social conocido como Estado de bienestar. La socialdemocracia tuvo bastante éxito en este objetivo en el periodo de la gran expansión de la economía-mundo en los años 50 y 60. Y en ese tiempo se mantuvo como movimiento en el sentido de que estos partidos impulsaban el respaldo activo y la lealtad de muchas personas en su país. Sin embargo, cuando la economía-mundo entró en su largo estancamiento a partir de los años 70, los partidos socialdemócratas comenzaron a ir más allá. Dejaron de lado el énfasis en el Estado de bienestar para volverse meros promotores de una versión más suave de la primacía del mercado. La ideología del nuevo partido, de Blair, no era sino esto. El partido sueco resistió el viraje más tiempo que los otros pero finalmente sucumbió.

La consecuencia de esto, sin embargo, fue que la socialdemocracia dejó de ser un movimiento que podía convocar la lealtad y el respaldo de grandes número de personas. Se tornó una maquinaria electoral a la que le faltaba la pasión de antaño.

Aunque la socialdemocracia no sea ya un movimiento, sigue siendo aún una preferencia cultural. Los votantes siguen queriendo los desvanecientes beneficios del Estado de bienestar. Protestan regularmente cuando pierden otro más de estos beneficios, lo cual ocurre con alguna periodicidad ahora.

Finalmente, hay que decir algo de la entrada del partido antinmigrante de extrema derecha al Parlamento sueco. Los socialdemócratas nunca han sido muy fuertes en lo relacionado con los derechos de las minorías étnicas u otras –mucho menos acerca de los derechos de los inmigrantes. Los partidos socialdemócratas han tendido a ser partidos de la mayoría étnica de cada país, defendiendo su territorio contra otros trabajadores a los que veían como grupos que provocarían la reducción de salarios y empleos. La solidaridad y el internacionalismo eran consignas útiles cuando no había competencia a la vista. Suecia no enfrentó este asunto seriamente sino hasta hace poco. Y cuando lo hizo, un segmento de votantes socialdemócratas simplemente se corrió a la extrema derecha.

¿Tiene futuro la socialdemocracia? Como preferencia cultural, sí; como movimiento, no.
Traducción: Ramón Vera Herrera
© Immanuel Wallerstein
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/10/10/index.php?section=opinion&article=026a1mun
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Las llanuras sin nombre

Por: Alfredo Molano
En el Meta se encuentran cuatro cementerios de NN. Un tema que según la Fiscalía pronto será uno de los más difíciles que tendrá que enfrentar Colombia.

Si bien es cierto que nuestra larga historia de violencia ha dejado un rastro de lágrimas y sangre que se pierde en los tremedales del olvido. Si es bien sabido que uno de los más terribles dramas de nuestro conflicto interno es el que padecen los vivos, los que quedaron, las viudas y los huérfanos, también es cierto que la reconciliación y la paz han de llegar por el camino de la memoria y el reconocimiento de las víctimas, y por ese sendero vienen, a paso lento, los muertos sin rostro, aquellos que son cifras y fechas, esos difuntos que no tienen quien los llore, que no tienen ni pasado ni explicación de defunción, los cadáveres sin identificar: los N.N. Sin duda la gran mayoría de ellos se han de encontrar en aquellas zonas donde el conflicto arremetió con mayor fuerza. Este es el caso de los Llanos Orientales.

El pasado mes, en el Congreso se realizó un debate de control político denominado ‘Crisis humanitaria en los Llanos Orientales’. Un debate que fue citado por los congresistas Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez, quienes denunciaron la existencia de cuatro cementerios municipales en donde yacen cientos de muertos sin identificar.

Esta zona, la del joropo y los morichales, la del sol de los venados y el mito del centauro, ha visto pasar los bandos de uno y otro color desde la fundación misma de la República. Allí se guarneció el ejército libertador comandado por Simón Bolívar y la llanerada venezolana. En el siglo XIX, los ejércitos liberales también se arraigaron por estas tierras, donde siempre será recordado Avelino Rosas, combatiente liberal en la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Posteriormente, en la época de La Violencia, la policía chulavita y los llamados “pájaros” dejaron su marca de sangre.

La Ley del Llano, proclamada por guerrilleros liberales como Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, Eduardo Fonseca y Bernardo Giraldo, fue el caldo de cultivo para el nacimiento de las Farc, que extendieron sus dominios por todo el territorio llanero. En los años 80 y 90 el narcotráfico y el paramilitarismo arremetieron con figuras como Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue seguido por personajes como Héctor Buitrago, alias Tripas; Miguel Arroyave, Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, y el temido Martín Llanos. La historia de esta región ha sido escrita con sangre y plomo. Una guerra histórica sembrada de cadáveres que no tienen quien los llore.

Un tema que apenas ahora deja entrever sus dedos, pero que sin duda será uno de los grandes retos de la justicia colombiana, pues según Luis González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hace falta información y recursos para poder asumirlo. “Son muertos que han dejado los años de violencia, necesitamos implementar un plan de choque para identificar y recuperar los N.N. Esto nos lleva a una profunda reflexión: ¿Qué va a hacer Colombia para recuperar la memoria de estos años de violencia?”.

Cementerio de La Macarena
Este cementerio fue la mecha que prendió el debate cuando se aseguró que allí había una fosa común con 2.000 cuerpos, información que fue desvirtuada. En este cementerio, que funciona desde 1989, la Fiscalía halló 464 N.N enterrados en fosas individuales y colectivas, de entre dos a seis cuerpos. Sin embargo, ya se han identificado cerca de 100 cuerpos. Según el defensor del pueblo del Meta, Eduardo González, producto de una visita regional se pudo establecer que allí no existe una fosa común con cerca de 2.000 cadáveres, tal y como lo anunció el sepulturero del cementerio, quien posteriormente se retractó de esta afirmación. El cementerio se encuentra al lado de las instalaciones de la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército), que operan ahí desde 2003, por lo que no se descarta que allí haya casos de falsos positivos. Según el sistema de búsqueda de personas del Gobierno, en este municipio se han registrado 53 casos de desaparición forzada, lo que podría complementar la información que permita la identificación de los N.N.

San José del Guaviare
El cementerio privado Jardines del Paraíso está situado en el casco urbano de San José del Guaviare. Allí la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación realizó una inspección judicial para determinar el número de fosas de N.N. y advirtió de la existencia de 460 fosas individuales de cadáveres sin identificar. Una cifra que se encuentra plasmada en los libros de registro del cementerio. Según el Personero de este municipio, el 30% de los habitantes de San José del Guaviare tienen un desaparecido en su familia. El sepulturero de este campo santo advirtió que muchos están sepultados en fosas colectivas, puesto que no hay campo para tanto muerto.

Los santos inocentes

Por Antonio Caballero
OPINIÓN. Me parece difícil de creer que los Estados Unidos, que son el primer consumidor de drogas ilegales en el mundo, no tengan injerencia en su propio mercado.
Sábado 16 Octubre 2010

Sergio Muñoz Bata es un prestigioso periodista mexicano que vive y trabaja en Estados Unidos, donde ha sido miembro de la Junta Editorial del diario Los Angeles Times y profesor de periodismo científico en el Instituto de las Américas de La Jolla, California. Es columnista habitual de El Tiempo y de 10 o 12 diarios más en todo el continente, y con regularidad dicta seminarios en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y acaba de publicar -en El Tiempo y en 12 diarios más- un duro artículo poniéndonos los puntos sobre las íes a quienes osamos nutrir la irrespetuosa sospecha de que los Estados Unidos pueden tener algo que ver con el narcotráfico. Pues resulta que, para sorpresa de muchos, no tienen nada que ver. Son simples consumidores inocentes, víctimas de la malevolencia de los extranjeros.

Muñoz Bata se tomó el trabajo de llamar a la DEA para cerciorarse fuera de toda duda. Preguntó: "¿Cómo se distribuyen las drogas en este país?" (Estados Unidos). La respuesta fue enfática: "La estructura de control está en México. Pero los carteles mexicanos cuentan con redes de mayoristas que disponen de redes a distintos niveles hasta llegar al narcomenudeo en la calle". Insistió Muñoz Bata, acucioso investigador (pues no en balde es profesor de periodismo científico): "¿Significa eso que los mexicanos controlan toda la venta de drogas en Estados Unidos?". La respuesta, inapelable: "Sí, porque la mayor parte de la marihuana, las anfetaminas y la cocaína vienen de México y se distribuyen a través de las redes de las que ya hablamos".

Un periodista mediocre se hubiera contentado con eso: una respuesta de la DEA, nada menos. Mas no así el infatigable Muñoz Bata, que nos sigue narrando las peripecias de su tarea investigativa: "Buscando otra perspectiva, también hablé sobre el tema con el ex presidente de Colombia César Gaviria, a quien le tocó lidiar, con éxito (el subrayado, admirativo, es mío), con el temible Pablo Escobar. '¿Sabe usted los nombres de los jefes del narcotráfico en Estados Unidos?', le pregunté. 'No', me contestó".Muñoz Bata no indagó más allá. Si los nombres de los capos norteamericanos no los conocen ni un ex presidente de Colombia ni la mismísima DEA, que es la encargada de perseguirlos, es porque evidentemente no existen.

Pero yo no quedé convencido. Tal vez soy uno de esos que Muñoz Bata describe como "individuos que, por ignorancia, ideología o por mala leche, escriben disparates" con el objeto de "difundir desinformación". Pero es que me parece difícil creer que los Estados Unidos, que no sólo son el primer consumidor de drogas prohibidas del mundo (y, de pasada, el primer productor y exportador de marihuana, como por lo visto ignora el funcionario de la DEA que habló con Muñoz Bata) sino que inventaron su consumo masivo (Vietnam, la contracultura hippie) y a continuación lo prohibieron (Nixon) garantizando con ello su descomunal rentabilidad, me parece difícil creer que no tengan ninguna injerencia en su propio mercado. Los Estados Unidos controlan la distribución de infinidad de cosas en el mundo entero (y, para empezar, claro, en su propio territorio): automóviles y cereales, bebidas gaseosas y computadores, películas y armas, soldados, presos, dólares, información, desinformación, contrainformación; ¿y no controlan la distribución de drogas? Ese ingente mercado, en ese inmenso país, con sus fronteras protegidas por muros de hormigón con miradores artillados y costas defendidas por las más poderosas fuerzas navales del mundo, ¿de verdad está en manos de extranjeros? ¿De un puñado de rebeldes afganos, de guerrilleros colombianos, de mafiosos mexicanos? ¿Ni un gringo? ¿Ni un aduanero gringo, ni un policía gringo, ni un político gringo, ni un juez gringo, ni siquiera un banquero gringo? ¿Y eso en las narices de la DEA, el FBI, el FTA, la Patrulla Fronteriza, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con sus cientos de bases militares? ¿En las narices de los periodistas de Los Angeles Times, sagaces como linces?

De veras: no lo creo.

Me parece más fácil creer que Sergio Muñoz Bata, prestigioso profesor de periodismo científico, ya sea por ignorancia, por ideología o por mala leche, ha escrito un disparate.

¿Se reactiva el conflicto armado colombiano?

Esta es la pregunta que se vienen haciendo muchos conocedores de la situación colombiana ante la ofensiva lanzada por las FARC-EP durante el último mes en distintas regiones del país y que ha dejado un saldo de más de 30 policías muertos en lo que va de agosto. En este contexto cabe hacer las siguientes reflexiones:

1- Las recientes acciones armadas de la guerrilla no deben verse como hechos retaliatorios enmarcados en revanchas operacionales, las dinámicas tácticas de la guerrilla no responden a lógicas de venganza como lo manifiestan reiteradamente los militares y políticos colombianos, sino a planes militares de frentes y bloques guerrilleros.

2- Parte de la responsabilidad en las bajas oficiales, puede deberse al clima triunfalista que instalaron funcionarios políticos y oficiales militares en la opinión y en la fuerza pública colombiana, ya que desde hace dos años vienen afirmando de manera reiterada y sostenida en distintos foros que el conflicto armado se encontraba en su fase terminal, que se había iniciado el “fin del fin”, que la guerrilla era una serpiente moribunda (deben saber que es muy difícil hacer la autopsia sin el cadáver) y algunos llegaron a sostener que Colombia se encontraba en un escenario de post conflicto.

3-La guerrilla parece haberse adaptado a las modalidades operativas de la fuerza pública y ahora es esta, la que debe descifrar las tácticas operacionales de la insurgencia.

4- Debe abrirse un debate nacional en el que se aborden las causas que han dado origen y posibilitan la existencia de la insurgencia. Para de este modo entender que el conflicto es social, por lo cual su salida debe ser política y no militar, de lo contrario se estaría poniendo la carreta a tirar de los bueyes. Los colombianos y los latinoamericanos en general debemos entender que organizaciones político-militares como las FARC-EP y el ELN, no son causantes de la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, la privatización de la educación y la salud pública, el aumento del comercio informal y de la criminalidad organizada en Colombia, sino todo lo contrario, son una consecuencia directa de estas situaciones.

Luis Fernando Trejos Rosero

LO QUE VA DE URIBE A SANTOS

Ante la virtual victoria presidencial del candidato del uribismo (Juan Manuel Santos), en la segunda vuelta eleccionaria en Colombia, vale la pena hacer las siguientes reflexiones.

Juan Manuel Santos es muy diferente a Álvaro Uribe, en la forma no en el fondo. Santos pertenece por herencia sanguínea (linaje) a la elite política colombiana, es miembro de una familia de ex - presidentes y dueños de medios masivos de comunicación, a diferencia del actual mandatario, cuya familia “emergió” política y socialmente rodeada por una sombra permanente de ilegalidad, su padre y él, han sido señalados de tener vínculos con narcotraficantes del Departamento de Antioquia (Cartel de Medellín) y su hermano Santiago, recientemente ha sido señalado por un ex – coronel de la Policía colombiana, de coordinar y dirigir un grupo paramilitar denominando los 12 apóstoles en el Municipio de Caucasia, Antioquia.

Si bien Uribe, es Liberal de formación, su discurso y práctica política siempre han sido de extrema derecha (Católica y neoliberal), a diferencia de Santos, que ha transitado por todas las tendencias políticas que le han garantizado espacios burocráticos, de ahí, que haya participado como ministro en gobiernos liberales y conservadores indistintamente, incluso en algún momento llegó a autodenominarse el representante de la “tercera vía” (Tony Blair) en Colombia.

Uribe ha sustentado gran parte de su popularidad en un fuerte populismo edificado sobre su figura carismática. Y precisamente carisma es de lo que carece Santos, su origen elitista le impide integrarse con “el pueblo”, de ahí que su imagen dependa en gran medida de la sombra y bendición de Álvaro Uribe.

Las relaciones con Estados Unidos se mantendrán inalterables, de hecho, Santos como ministro de defensa (de Uribe) inició las gestiones tendientes al establecimiento de las bases militares norteamericanas en Colombia y defendió públicamente la agresión militar colombiana en territorio ecuatoriano, además, al igual que Uribe, es un confeso y ferviente enemigo de Hugo Chávez y de instancias de integración regional como UNASUR por lo cual, Colombia se mantendrá de espaldas a la región.

Sólo resta esperar con mucha resignación que culminen sus cuatro años de mandato (lo más seguro es que sean 8), si es que desde la civilidad el actual presidente no promueve otra reforma constitucional que permita su reelección dentro de cuatro años, y que los colombianos entendamos que el desempleo, la desigual distribución de la tierra, la inseguridad urbana, los desplazados, la crisis de las instituciones, la falta de garantías políticas y sociales, la ausencia estatal en muchas regiones del país, el narcotráfico, la impunidad, el clientelismo, la falta de garantías para el ejercicio de la actividad sindical y la defensa de los Derechos Humanos, entre otras situaciones, no son consecuencia de la insurgencia armada, sino todo lo contrario, su causa, y Juan Manuel Santos es garantía de que en Colombia todo será peor.

Luis Fernando Trejos Rosero

¿QUE PASÓ CON ELN?

En esta época preelectoral en Colombia es sabido el papel determinante que juegan las FARC, tanto para mantener a un gobierno, como para precipitar su salida. En los últimos meses no es poco lo que se ha venido especulando sobre su actual situación político-militar y sus proyecciones en el corto y mediano plazo. Pero algo que llama la atención es que casi ningún analista o medio de comunicación hable de la segunda organización guerrillera del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta situación ha sido abordada anteriormente desde dos ópticas, una política y otra militar, pero teniendo en cuenta que el conflicto armado colombiano es de carácter político-militar se hace difícil separar estas dos caras de una misma moneda, ya que en este tipo de confrontaciones lo militar se convierte en el elemento dinamizador de lo político, es decir, a mayor capacidad y operatividad militar, mayores serán los espacios de interacción política que genere el actor en cuestión.

A continuación trataré de enunciar y analizar los factores que a mi modo de ver han determinado el proceso de retroceso político y militar que ha llevado al ELN a una especie de invisibilidad dentro y fuera de Colombia.

1- Si bien su composición militante hasta fines de los años ochentas y principios de los noventas estuvo marcada por la participación de profesionales y estudiantes universitarios, el ELN no logró consolidar una presencia operativa estable en las ciudades colombianas, salvo Barrancabermeja, Cúcuta y algunas comunas de Medellín y Bucaramanga (todas perdidas con los paramilitares), por lo general sus frentes urbanos terminaron siendo una extensión logística de los frentes rurales, a diferencia de las FARC (Red Urbana Antonio Nariño y un dispositivo importante de frentes rurales en Cundinamarca), el ELN no pudo construir una estructura permanente en la ciudad de Bogota, lo que lo mantuvo alejado del mayor centro político -administrativo y poblacional de Colombia. Al no haber logrado operar militarmente en las ciudades, los frentes urbanos concentraron sus esfuerzos en la realización de trabajo político - organizativo en sindicatos, universidades y espacios sociales de diverso tipo. El problema en este caso se presento porque en los espacios urbanos la financiación está directamente ligada al factor militar. La actividad militar continua es la que genera la percepción de poder en la población y esta percepción es la que hace que la gente pague extorsiones (vacunas) o “colabore” económica o materialmente con la causa y guarde silencio. Al no poder financiarse de manera autónoma, los frentes urbanos empezaron a depender económicamente de las estructuras rurales, las que en muchas ocasiones difícilmente generaban sus propios ingresos.

2 - El ELN no logró consolidar una fuente nacional de financiación estable, lo que llevó a que mientras los frentes ubicados en zonas de explotación petrolera y minera (Arauca y Norte de Santander) o de tránsito de oleoductos gozaran de ingresos económicos fijos con bajos costos políticos y de imagen, otros frentes se dedicaran a secuestrar y extorsionar indiscriminadamente (lo que generó la fundación de grupos paramilitares en muchas regiones), esto, sin tener en cuenta el impacto que sobre su legitimidad política producirían estas acciones delincuenciales. A finales de los años noventas con la especialización lograda por los organismos estatales antisecuestro (GAULA) y la implementación de los planes candado en las principales ciudades del país, la gran mayoría de los frentes rurales del ELN entraron en serios procesos de crisis económica, lo que produjo la parálisis total de varios. A diferencia de las FARC que desde los años ochentas inició el cobro de impuestos (gramaje) a los cultivadores de coca el sur del país, especialmente en el Caquetá y luego de su octava Conferencia (1993) entró de lleno en todas las fases de producción de la cocaína, proporcionándose una fuente fija de altos ingresos económicos, posibilitando así su crecimiento, expansión y desarrollo político-militar.

3- El ELN no logró dar el salto en lo militar, nunca pudo pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, no pudo construir los batallones que se planteó en su Tercer Congreso (1996), sólo en Arauca, el Catatumbo, el Sur de Bolívar y el Oriente Antioqueño hubo intentos reales. En gran parte debido a la falta de cuadros militares, ésta organización no pudo establecer una escuela militar permanente a nivel nacional, que le permitiera producir y renovar constantemente mandos militares. Por otra parte la falta de recursos hizo que algunos frentes no lograran ni siquiera construir destacamentos militares (24 hombres), y en los frentes de guerra se crearan “compañías” (que debían tener 90 hombres) con menos de 50 integrantes, por falta de armas (fusiles), municiones y personal. En muchos casos la operatividad militar se redujo a acciones de sabotaje económico (voladura de oleoductos, torres de conducción eléctrica y paros de trasporte) y acciones de finanzas, no es casual que las acciones militares más grandes realizadas por ELN durante los años noventa, hayan sido tres secuestros masivos (El avión Fokker de avianca, la Iglesia de la María en Cali y los pescadores deportivos en la Cienaga del Torno).

4- El ELN Perdió la guerra con el ejército, las FARC y los grupos paramilitares, estos últimos lograron arrebatarles regiones históricas al ELN, como Barrancabermeja que fuera un bastión urbano de esta guerrilla, las comunas de Medellín, gran parte del Magdalena Medio, las zonas planas del Sur de Bolívar, toda la Costa Atlántica y el oriente antioqueño, en esta zona desapareció el que fuera uno de sus frentes emblemáticos, el Carlos y Alirio Buitrago, que en sus mejores momentos llegó a tener más de 400 hombres en armas. Sólo pudo hacerles frente en igualdad de condiciones a sus enemigos en Arauca y las partes altas del Catatumbo el Sur de Bolívar.

5- Su debilidad económica y militar no permitió que por lo menos se conociera su propuesta política de Convención Nacional (espacio de diálogo entre la insurgencia y la sociedad civil que serviría para elaborar el proyecto de país que se plantearía posteriormente al gobierno de turno en un eventual proceso de paz), el uso reiterado del secuestro como medio de financiación hizo que fuera incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y se debilitara su imagen a nivel nacional e internacional.

En la actualidad se encuentra en el peor momento político de su historia, ya que no representa una amenaza real a la estabilidad institucional del Estado, su capacidad militar está bastante restringida y se circunscribe a tres áreas geográficas específicas, el Departamento de Arauca (Frente de Guerra Oriental), el Sur de Bolívar (Área Darío Ramírez Castro) y el Catatumbo (Frente de Guerra Nororiental), no tiene influencia política o militar sobre ninguna ciudad importante y se encuentra marginado del debate político nacional, por lo cual su futuro se presenta bastante incierto y confuso. En caso de entrar en un proceso de negociación, tendría que desarmarse y reinsertarse incondicionalmente y luego sentarse a recibir lo que el gobierno quiera entregarles (beneficios jurídicos y económicos personales), sin que se produzca ningún tipo de cambio o reforma sustancial en el modelo político – económico del país, o pueden continuar la guerra obligándose a ligarse al narcotráfico de manera activa (ya está sucediendo en Nariño y Cauca) para poder mantener muchas estructuras debilitadas por la falta de recursos humanos y económicos, rematando lo que queda de su imagen política (esperando que no se produzcan casos de degeneración ideológica como le sucedió a muchos comandantes de las FARC en el sur del país) y esperando retomar algún tipo de iniciativa militar que les permita negociar no desde un estado de postración sino solamente de debilidad militar, algún tipo de reforma o cambio político sustancial, por lo menos en las comunidades rurales en las que todavía es un actor central.

Luis Fernando Trejos Rosero

ESTADOS UNIDOS 7 – COLOMBIA 0

Después de una sistemática serie de derrotas y fracasos en el plano internacional, el gobierno colombiano acaba de anotarse su más grande victoria diplomática en los últimos 7 años. La aceptación total e irrestricta del acuerdo que le permite a los Estados Unidos instalar permanentemente a militares de su país en bases colombianas. El gobierno colombiano celebra este acuerdo destacando que los militares norteamericanos tendrán total impunidad, perdón, libertad de acción, ya que ante la comisión de cualquier delito ellos sólo responderán ante la justicia norteamericana en suelo norteamericano, tal como los dos asesores militares que violaron a una menor de edad en el Tolima hace tres años y cuya investigación se encuentra todavía en fase preliminar (continúan en su trabajo y están libres) en la certera e implacable justicia del norte.

Desde ahora los Estados Unidos podrán afianzar y profundizar su política antidrogas, la misma que ha sido un total fracaso, ya que en más de 15 años de continuo diseño, financiación y dirección de la misma, no han logrado que Colombia deje de ser el mayor productor mundial de cocaína, y que toda la cocaína del mundo se produzca en la región andina y que el mayor mercado de destino de la cocaína colombiana sean los Estados Unidos.

Otro de los puntos en los que Colombia se beneficia con dicho acuerdo, es que ante la clandestinidad del mismo, el gobierno colombiano no ha podido (y no podrá) garantizarle a ningún país vecino que desde dichas bases no se violará la soberanía de ningún Estado de la región, sin importarle las consecuencias comerciales (caso Venezuela), diplomáticas (Ecuador, Bolivia) y sociales de dicha decisión. Como se ha venido evidenciando en las últimas reuniones de la OEA y UNASUR, Colombia se aísla cada vez más de la región y se entrega con mayor pasión e intensidad a los designios estadounidenses.

Con la firma de este acuerdo deben estar temblando las FARC, que según el gobierno son las únicas causantes de los males habidos y por haber en Colombia, ellas son las causantes de la pobreza estructural del país, de la desigual acumulación de riqueza, de la corrupción sistémica, del olvido histórico del campo, de la vergonzosa acumulación de tierras productivas en poquísimas manos, de más de tres millones de desplazados internos, de 25.000 desaparecidos forzados, del renacer paramilitar, del narcotráfico, del tener del desempleo más alto de la región, de no clasificar al mundial de fútbol, de que no llueva y recientemente se investiga su participación en la explicites sexual de los videos de Shakira. Con la llegada de más militares norteamericanos (ya hay 1400 en suelo colombiano), todas estas situaciones deben desaparecer y el gobierno no tendrá que verse obligado (una hecatombe) a volver a estigmatizar a la oposición, no tendrá que utilizar a la policía secreta del Estado para espiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los periodistas y políticos opositores ni a los sindicalistas y defensores de Derechos Humanos, ya no volverá a apoyar sus lineamientos estratégicos en políticos que tienen estrechos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo , no volverá a quitarle recursos a los campesinos pobres (Carimagua, Agro Ingreso Seguro) para dárselo a los grandes ganaderos y agroindustriales que apoyaron su elección y posterior reelección, no tendrá que volver a utilizar el servicio diplomático como asilo de delincuentes, los militares ya no tendrán que asesinar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate (2.000 falsos positivos investigados por la fiscalía) por la presión de entregar resultados en la lucha contrainsurgente para que los Estados Unidos sigan financiándola, ahora los hijos del presidente no utilizarán las influencias que su situación de hijos del presidente les otorga para hacer negocios pocos éticos y enriquecerse desmedidamente.

Con la firma de este acuerdo los colombianos seremos completamente felices porque esta firma representa el fin del narcotráfico (¿qué pasará con la DEA y todas las agencias antinarcóticos de los Estados Unidos?) y el terrorismo de izquierda, el de derecha no es tan malo, hay que recordar que ese suple al Estado en su ausencia y sólo persigue fines nobles y altruistas (defender la propiedad privada, el catolicismo y el libre mercado, pilares de la civilización occidental) que son los mismos de la gran mayoría de los colombianos de bien, los que gracias a la seguridad democrática han podido volver a sus fincas y haciendas, han podido retomar sus actividades en el campo, volver a la ganadería, a sus humildes cultivos de palma africana.

CHIVO EXPIATORIO

Una serie de hechos recientes hacen pensar que los Estados Unidos han iniciado un proceso de reorganización de sus fuerzas políticas y militares en America Latina con el fin de recuperar el terreno perdido en la última década, debido a la elección democrática de gobiernos populares y soberanos.

La principal estrategia de esta reorganización de fuerzas se centra en una satanización por todos los medios posibles del proceso revolucionario venezolano y sus aliados. El golpe de Estado en Honduras fue el primero de una serie de movimientos que buscan generar la desestabilización de aquellos regimenes legítimos que han manifestado abiertamente su rechazo a la política exterior norteamericana. No es casual que el más reciente argumento esgrimido por los golpistas hondureños para justificar lo injustificable, es que Honduras se estaba convirtiendo en una colonia venezolana. De lo que no hablan los golpistas, es de los beneficios (especialmente energéticos) que por vía de cooperación recibe Honduras por pertenecer a la Alternativa Bolivariana para las Américas. Precisamente Colombia aprobará la presencia de más militares norteamericanos (en la actualidad hay 1.600) en tres de sus bases aéreas. Y en momentos en que este tema generaba una fuerte controversia a nivel interno y regional, el gobierno de Colombia hacía público un video en el que el comandante militar de las Farc-Ep, Jorge Briceño, le manifiesta a sus combatientes que su organización entregó dinero (algunos dólares) a la campaña del entonces candidato a la presidencia del Ecuador, Rafael Correa. Lo extraño de dicho video, es que, el mismo, se encontraba en poder de las autoridades colombianas desde el mes de mayo, ¿por qué hacerlo público sólo hasta ahora? ¿Por qué no entregaron la totalidad del video?, hay que recordar que desde el ataque de las Fuerzas Armadas colombianas a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano, el gobierno de Uribe inició una agresiva campaña mediática tendiente a desacreditar al gobierno ecuatoriano y relacionarlo a toda costa con la guerrilla colombiana.

Esta semana el Departamento de Estado Americano manifestó que en la Guajira venezolana (frontera con Colombia), había presencia de células de la organización político-militar libanesa Hezbolá. Este anuncio coincidió con la caída en la ciudad de Cartagena, al norte de Colombia, de un avión militar israelí (noticia que no fue registrada por ningún medio colombiano), hay que recordar que Israel ha manifestado reiteradamente su “molestia y preocupación” por la cooperación comercial y energética que Venezuela sostiene con Irán, de hecho, ese es uno de los temas centrales en la agenda del canciller israelí quien se encuentra de visita por estos días en la región.

Todo indica que ante la imposibilidad de que algún país de la región (salvo el servil gobierno de Colombia, el mismo que recibió a una delegación de los golpistas hondureños y manifestó les manifestó su simpatía) declarara a las organizaciones guerrilleras colombianas como grupos terroristas (lo que justificaría una agresión directa contra Ecuador y Venezuela, en el marco de su lucha preventiva contra el terrorismo), han decidido ahora importar o inventar “terroristas” en la frontera colombo-venezolana. Estados Unidos sabe bien que Venezuela es el eslabón más fuerte de la cadena de nuevos gobiernos de izquierda (los reales) que han emergido en Latinoamérica para escribir soberanamente su propia historia.

Luis Fernando Trejos Rosero

CERO Y VAN…….

Hace pocos días la política exterior del gobierno colombiano sufrió la más reciente de una ya larga serie de derrotas en el plano diplomático y de sus relaciones internacionales. A finales de mayo del año en curso, el parlamento canadiense se rehusó a ratificar un tratado de libre comercio con Colombia, debido a los altos niveles de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se han venido presentado durante los 7 años de mandato del actual gobierno. De nada sirvió la presencia del presidente Uribe frente a los legisladores canadienses, las pruebas y cifras esgrimidas en su contra fueron contundentes (1625 falsos positivos, sindicalistas muertos, la parapolítica, el escándalo del DAS, desplazamiento forzado, etc.).

Este hecho vino a desnudar la total ausencia de una política exterior seria y coherente por parte del gobierno colombiano, ya que durante los últimos 7 años, esta ha girado casi exclusivamente en torno a la ratificación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, hecho que hasta este momento no ha sucedió (por el alto número de sindicalistas muertos en Colombia), de hecho, de nada han valido los sucesivos viajes del presidente Uribe a Washington, ya que la bancada demócrata de ese país le ha manifestado una y otra vez que la ratificación de dicho tratado no es una prioridad para ellos.

Si a esto se suman las dos resoluciones de la Organización de Estados Americanos, en las que este organismo multilateral rechazó unánimemente el ataque que realizaron las Fuerzas Armadas colombianas con apoyo de militares norteamericanos a un campamento de las FARC-EP ubicado en territorio ecuatoriano y la negativa de todos los países de la región (excepto Estados Unidos) de declarar como grupo terrorista a dicha organización armada. Se puede apreciar que su afán por regionalizar un conflicto armado que a toda costa busca desconocer y minimizar también ha fracasado.

Otro rasgo característico de la diplomacia colombiana durante estos últimos 7 años ha sido la reiterada utilización del servicio exterior para pagar favores políticos y esconder a delincuentes, no es casual que el ex embajador de Colombia en Chile Salvador Arana, se encuentre preso (acusado de nexos con los paramilitares de Sucre y estar involucrado en la muerte de un alcalde) después de haber estado prófugo por más de un año, que el ex cónsul de Colombia en Milán y ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge Noguera, esté privado de la libertad por nexos con grupos paramilitares “que rayaron casi en la militancia”, según el ente acusador, o que el ex embajador en Republica Dominicana Juan José Chaux, haya tenido que renunciar y entregarse a la fiscalía por mantener estrechas relaciones con narcotraficantes del suroccidente colombiano y de haber sido uno de los organizadores de una reunión de emisarios paramilitares en la casa de Nariño (sede de gobierno), o que en estos momentos se cierna un manto de sospecha sobre el embajador de Colombia en México Juan Camilo Osorio, porque durante su paso por la dirección de la Fiscalía General de la Nación, se cerraron una gran cantidad de investigaciones contra los grupos paramilitares y se expulsó de de esta institución a los fiscales que adelantaban dichas investigaciones.

Habría que preguntarle a la cancillería colombiana qué méritos o experiencia académica, diplomática o laboral, bueno, salvo ser uribistas furibundos, tienen, por tomar sólo unos cuantos casos, los embajadores y ex embajadores de Colombia en Sudáfrica (un comentarista deportivo), en Republica Dominicana (un ex general que salió del ejército en medio del escándalo de los falsos positivos), el cónsul de Colombia en Santiago de Chile (joven precoz en el tema de las relaciones internacionales, comparable sólo con el famoso jurista holandés Hugo Grocio), o en que quedaron las acusaciones de un embajador saliente de Colombia en Chile, quien acuso públicamente a su sucesor de haber tenido vínculos con un cartel de la droga. Lo más seguro es que estas preguntas queden sin respuesta y que por deducción se encuentre un hilo conductor que una a estas personas con las campañas de elección y reelección del actual gobierno o con los grupos paramilitares ligados al narcotráfico y el papel determinante que estos jugaron en la primera fase de la política de seguridad democrática.


Les aclaro nuevamente a los lectores que el hecho de criticar la política exterior del gobierno no me hace enemigo de Colombia o simpatizante del terrorismo y que quedarme callado y aplaudir ciega y acráticamente las políticas del presidente Uribe no me convierten en un patriota o un mejor ciudadano. La crítica y el poder disentir con argumentos e ideas claras son componentes indispensables de cualquier democracia real.

Luis Fernando Trejos Rosero

AHORA O NUNCA

Nunca desde 1982, las FARC se habían mostrado tan proclives, al menos en su discurso, a aplicar el Derecho Internacional Humanitario, su manifestación de entregar el cadáver del capitán Guevara (fallecido en cautiverio hace 2 años), liberar unilateralmente al Cabo Moncayo (secuestrado desde hace 11 años), el comunicado dirigido a las comunidades indígenas excusándose por el asesinato de 9 indígenas de la etnia A´wa en el Departamento de Nariño a inicios de este año y su concesión de no pedir el despeje militar de ningún municipio para llevar a adelante el proceso de Acuerdo Humanitario, lo confirman. Claro que este radical cambio en su discurso se debe en gran parte a la presión militar que desde hace 2 años vienen ejerciendo en sus áreas de retaguardia estratégica las Fuerzas Militares y a su creciente desprestigio y aislamiento político nacional e internacional debido a la utilización reiterada de acciones armadas contra la población civil, su vinculación con el narcotráfico y continuar utilizando el secuestro como fuente de financiación. Estas prácticas han hecho que hasta el Partido Comunista Colombiano por primera vez en su historia, se distancie y critique públicamente a esta organización armada.

Este cuarto de hora en el que las FARC busca a toda costa mejorar su imagen y volver a ser considerados actores políticos legítimos, debe ser utilizado por la sociedad civil para presionar al gobierno para que suscriba Acuerdos Humanitarios Permanentes con esta organización armada. Si el gobierno revisara detenidamente la historia de los conflictos armados Centroamericanos (Guatemala y El Salvador), se daría cuenta que la firma de este tipo de Acuerdos fue la antesala de los diálogos y posteriores negociaciones de paz con las guerrillas de esos países. Lo preocupante es que si se tiene en cuenta el imperceptible pero sostenido ascenso en las acciones armadas de las FARC, y especialmente la realizada en el Municipio de Garzón (Huila), en la que un comando de esta organización, logro ingresar al casco urbano de dicho municipio, llegar a la sede del Consejo, secuestrar a un concejal y en su huida dar muerte a un policía, un militar y dos guardias privados, es preocupante, ya que desde el punto de vista militar y operacional, las FARC vuelven a tomarse confianza, poniendo en duda el dominio territorial del Estado en zonas que para las FARC tienen una alta carga de historia y simbolismo. Si la tendencia de estas acciones continua, me atrevo a afirmar que los gestos humanitarios de esta organización armada disminuirán exponencialmente, ya que el éxito militar revertirá la percepción que tiene la opinión pública sobre su derrota o estancamiento militar lo que en ultimas dinamizara sus posiciones políticas (el Acuerdo Humanitario) impulsando nuevamente la rueda la guerra.

Es por esto que lo humanitario no debe salir de la agenda pública, debe recibir apoyos y no estigmatizaciones por parte de la sociedad civil, más si se tienen en cuenta las declaraciones del encargado gubernamental para la desmovilización y reinserción de combatientes a la vida civil, Frank Pearl, quien en entrevista al diario el tiempo, manifestó que el conflicto armado terminará no antes de 15 o 20 años, por vía de la seguridad democrática. Por esta razón, es importante que en Colombia lo humanitario sea una política de Estado, así como lo es la seguridad, que el gobierno y la sociedad civil entiendan que la ampliación del campo humanitario no es una ampliación del terrorismo, que la apuesta incondicional al guerrerismo está socavando las instituciones públicas y la legitimidad estatal, que la elección de la guerra, polariza a la población (uribistas – terroristas) y promueve la descohesión social, manteniendo de este modo, el histórico ciclo de exclusión y violencia en el que ha vivido el país los últimos 60 años y en últimas, darnos cuenta que el camino más seguro hacia la paz no es la guerra sino lo humanitario.

Luis Fernando Trejos Rosero

DIVIDE Y REINARÁS

El fantasma de la división recorre el Polo Democrático Alternativo, parece que como tantas otras veces, las esperanzas de muchos colombianos por tener una alternativa política, al eterno bipartidismo que nos ha sido impuesto legal e ilegalmente durante más de 180 años, se verán truncadas.

Lo que más sorprende es que uno de los dirigentes políticos que invoca este fantasma sea Gustavo Petro, ex guerrillero, firme y sistemático denunciante de los vínculos entre el actual gobierno de Colombia con el narcotráfico y el paramilitarismo. Sorprende precisamente porque el senador Petro, busca desesperadamente entrar en una “coalición” política con el partido Liberal y sectores “moderados” del arribismo, perdón del uribismo, que anhelan volver a poner a su servicio la inmensa burocracia estatal que ahora les es esquiva, pero dejando claro que aplauden y legitiman la política de “Seguridad Democrática”, política que tuvo como pilar fundacional la promoción y encubrimiento del paramilitarismo y que soslaya y minimiza la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En todos los procesos políticos este tipo de volteretas es normal, pero lo cuestionable es que el Senador Petro pretenda justificar sus intenciones personales con una supuesta “falta de garantías” al interior del Polo Democrático, es extraño que una persona que deja las armas y la ilegalidad para buscar en las plazas y espacios públicos las profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que tanto necesita Colombia, ahora busque el camino fácil de la división y la descalificación, en vez de confrontar con ideas, las ideas que exponen sus contradictores dentro del partido. Que Lucho Garzón, antiguo dirigente sindical y ex alcalde de Bogotá haya iniciado esta división, no exalta a nadie, ya que su culto a su personalidad es de vieja data y sus coqueteos con ciertos sectores uribistas (en una entrevista el año anterior manifestó públicamente sus simpatías programáticas con el actual Vice presidente y la Primera Dama “la esposa de Uribe”).

Por el bien de la política y la democracia colombiana esperemos que el Senador Petro (no Lucho Garzón) asuma una posición clara y transparente frente al país y deje al Polo Democrático Alternativo por fuera sus intensas ansias de poder y nos permita seguir soñando con esta utopia llamada PDI.

Luis Fernando Trejos Rosero

EL EMPLEADO DEL AÑO

En días pasados el presidente Uribe recibió de manos de George Bush la medalla de “la libertad”, vale la pena preguntarse ¿cual libertad ha defendido el presidente Uribe en Colombia? Ante hechos como los falsos positivos, las pirámides financieras, la infiltración paramilitar en el gobierno, especialmente en la diplomacia (casos embajadas en Chile, Republica Dominicana, México, entre otras), el reciclaje paramilitar, la corrupción, etc... La respuesta salta a la vista, la libertad que defiende el presidente Uribe, es la del capital Transnacional, la de los asesores militares norteamericanos, la del clientelismo político (Yidis y Teodolindo), la de los intereses privados (Carimagua), la del libre entorpecimiento del ejercicio sindical (esto ha frenado la firma del TLC con Estados Unidos).

Bush permió a su más fiel y leal empleado en Latinoamérica, al que más ayuda militar recibe, al que mas defiende sus intereses en la región, no es gratuito que la política exterior colombiana en los últimos 6 años haya girado casi que exclusivamente en torno a la firma del TLC con los Estados Unidos y que en la actualidad hayan en suelo colombiano mas de 1.500 asesores militares norteamericanos. Es casi seguro que el día que Uribe salga de la presidencia de Colombia tendrá asegurada la secretaria general de la OEA (ya Cesar Gaviria recibió ese premio) o algún importante cargo en un ente multinacional.

Lo preocupante para el pueblo colombiano, es que el nuevo presidente de los Estados Unidos y su partido, parecen tener centrados sus intereses en Medio Oriente (Pakistán), lo que deja a Colombia en un segundo plano, afectando directamente la cantidad de fondos destinados a financiar la seguridad democrática, único pilar sobre el que se sostiene el actual gobierno de Colombia, los continuos golpes a las FARC, son más contundentes para la opinión publica que el aumento de la pobreza, las hectáreas sembradas con coca, los desplazados internos, los sindicalistas asesinados, la agresión a países vecinos, los parapoliticos y la destrucción sistemática de las instituciones políticas.

Lo grave de estas situaciones es que el presidente Uribe disminuirá las agresiones al orden público de manera coyuntural, pero profundizara las causas o razones por las cuales miles de colombianos han decidido agredir el mismo en busca de mejores condiciones de vida.

Luis Fernando Trejos Rosero

PRESENTE Y FUTURO DE LAS FARC-EP

Sin lugar a dudas los años 2007 y 2008 han sido los peores en la historia de esta guerrilla, recibió los golpes militares más contundentes por parte del Ejército colombiano (con comprobada ayuda de los Estados Unidos) y sus objetivos políticos se retrasaron por lo menos dos décadas, En este continuo pulso político-militar, entre las FARC y el gobierno, este ultimo logró canalizar el descontento popular hacia practicas crueles e inhumanas como el secuestro y el ataque continuado contra la población civil, a través de marchas multitudinarias que contaron con todo el respaldo político, mediático y logístico que el gobierno pudo ofrecer.

Por su parte las FARC no lograron dar señales de estabilidad al interior de sus fuerzas ya que el número de desertores no disminuyó y por el contrario ahora los guerrilleros no huyen solos, la liberación del ex senador Oscar Tulio Lizcano, por parte de quien estaba encargado de retenerlo, así lo confirma. En lo político, su única propuesta visible en los últimos 10 años “El canje o acuerdo humanitario” quedo prácticamente sepultado con el rescate o liberación (según la versión que quiera creerse) de Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos por parte del ejército colombiano con la asesoría y ayuda del ejército norteamericano. Y aun no logran adaptar su realidad interna a la realidad colombiana. En estos momentos se encuentran en proceso de liberar unilateralmente a 6 de los 27 “canjeables” que tiene en su poder, esto con el fin de lograr un respiro político a través de los medios, de ahí que soliciten la participación de un enviado extranjero “nacional de un país amigo”, lo mas seguro es que en esta liberación, a diferencia de las anteriores envíen o lean algún comunicado o documento en el que propongan o manifiesten su disposición a la paz y el dialogo (necesitan urgentemente mejorar su desgastada imagen).

En el futuro cercano las FARC se debaten entre lanzar una campaña militar de mediana escala en algunas áreas del territorio colombiano, con el fin de demostrarle al gobierno y a la opinión pública que no están acabadas y que por el contrario, aun mantienen un dispositivo militar importante, pero la consecuencia inmediata de esta estrategia sería la legitimación de la seguridad democrática y por ende la necesidad de su continuidad, ya que la amenaza terrorista no estaría solucionada. La otra opción de esta guerrilla, sería mantener un bajo perfil militar y tratar de aumentar su interlocución política con el fin de reorganizar su fuerza militar, la consecuencia de esta variable sería que la opinión publica percibiría su relativa inactividad como la antesala de su derrota, dándole la victoria a la seguridad democrática.

Como puede verse, las FARC se encuentran en una encrucijada, ya que de las decisiones que tomen en este momento dependerá en gran medida la reelección o no de Álvaro Uribe.

Luis Fernando Trejos Rosero

LA PARA(CO) DIPLOMACIA COLOMBIANA

La renuncia del embajador de Colombia en la Republica Dominicana, Juan José Chaux, por nexos con paramilitares, es un eslabón más de la larga cadena de escándalos y renuncias de agentes diplomáticos colombianos relacionados con grupos de narcotraficantes y paramilitares. Esta penosa serie de incidentes se inició con el entonces embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana (estuvo prófugo de la justicia por mas de un año), detenido en este momento por su vinculación con el asesinato del Alcalde del Municipio El Roble (Sucre) perpetrado por los paramilitares. Luego siguió la detención del entonces Cónsul de Colombia en Milán, Jorge Noguera, quien en su cargo como Director Nacional del Departamento Administrativo de Seguridad, coordinó acciones militares y de inteligencia con el Bloque Norte de los paramilitares. En entre dicho se encuentra el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, Quien como Fiscal General de la Nación ordenó el fin de varias investigaciones contra los grupos paramilitares, un claro ejemplo de su “notable” gestión fue la exoneración del General retirado, Rito Alejo del Río (hoy detenido por crímenes de Lesa Humanidad y vínculos con los paramilitares de Urabá) y en la misma línea se recuerda a la ex Canciller María Consuelo Araujo, quién dejó su cargo, al ser detenidos, su padre el ex Ministro Álvaro Araujo Noguera y su hermano el ex Senador Álvaro Araujo, ambos acusados de secuestro y de estar vinculados con el comandante paramilitar “Jorge 40”.

Lo que se debe analizar de los casos antes citados es la inmensa influencia que han tenido y tienen aún las organizaciones paramilitares ligadas al narcotráfico, dentro de las ramas del poder público colombiano, a su comprobada infiltración en seccionales de la Fiscalía (Medellín, Cúcuta, etc.), la dirección nacional del DAS, y su proselitismo armado regional que a nivel político sólo en el año 2002 les reportó la obtención de una tercera parte del Congreso y en 2003, 251 alcaldías, nueve gobernaciones y 4.000 concejales, para citar sólo unos ejemplos de cómo han logrado construir un Estado paralelo (totalitario, terrateniente, narcotraficante y mafioso), eso sí, sirviéndose de las instituciones del legalmente constituido.

Las preguntas de fondo frente a los casos señalados al inicio del artículo son: ¿Cómo han llegado a representar a Colombia ante otros Estados, personajes vinculados directa o indirectamente con organizaciones criminales? ¿Cuáles son sus meritos (además de ser uribistas) académicos, profesionales o diplomáticos para ocupar éstos puestos? Al dar una respuesta a estas preguntas se puede deducir claramente que el paramilitarismo gravita muy cerca del poder ejecutivo, porque en últimas ¿Quién es el responsable de las Relaciones Internacionales de Colombia? ¿Ante quién responde directamente la cancillería? Blanco es, la gallina lo pone...

Luis Fernando Trejos Rosero

NICARAGUA Y LAS FARC-EP UN CLARO EJEMPLO DEL PRAGMATISMO IMPERANTE EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Desde la semana pasada varios fueron los rumores que circularon en la prensa internacional sobre una supuesta reunión del mandatario nicaraguense Daniel Ortega y una delegación de alto nivel de las FARC-EP que incluiría por lo menos a un miembro del Secretariado. Lastimosamente los análisis realizados por los medios de comunicación sobre este “encuentro” se destacan por su superficialidad y declarada animadversión hacia Ortega.

La pregunta de fondo sería ¿Qué buscan Ortega y las FARC al reunirse en Managua? No es casualidad que éste encuentro se celebre en el momento en que tanto el presidente como la organización guerrillera pasan por sendas crisis de popularidad en sus respectivos países y hayan recurrido a la paz (a través de la intermediación) como estrategia de oxigenación política. Los resultados de éste tipo de estrategias pueden ser certificados recientemente por el presidente Francés Nicolas Sarcozy, quien recurría reiteradamente a la imagen de la entonces secuestrada Ingrid Betancourt cada vez que afrontaba problemas de popularidad.

Como puede verse, más que identidad revolucionaria (anti-imperialista), lo que hay detrás, es el interés pragmático de beneficiarse mutuamente, ante las recientes posturas asumidas por Ecuador y Venezuela rechazando la lucha armada, las FARC-EP necesitaban urgentemente un interlocutor internacional de peso y qué mejor que un gobierno democráticamente elegido y que además, posee una cantidad importante de misiles tierra-aire SAM 7[1], armas que en poder de las FARC-EP representarían una seria amenaza a la superioridad aérea del Ejército colombiano, lo que desplazaría nuevamente el centro de gravedad del conflicto. Por el lado de Ortega, éste levantaría la bandera de la paz colombiana dejada por Chávez, seria posible que las FARC-EP en una maniobra que implicaría una logística importante (vía costa pacífica, por la que sale gran cantidad de cocaína) entregara algún secuestrado al gobierno nicaraguense, generando una dinámica mediática internacional que beneficiaría políticamente a los dos actores comprometidos.

Sólo el tiempo dirá si esta reunión se realizó y de haber sido así, si fue motivada por el idealismo revolucionario o el más duro pragmatismo político.

Luis Fernando Trejos Rosero

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[1] Precisamente esta semana el embajador Norteamericano en Nicaragua, le propuso el gobierno sandinista intercambiar estos mísiles por dotación medica para su sistema de salud pública, ya que le preocupa que estas armas caigan en manos de “grupos terroristas”.

MARCHITIS AGUDA

Este parece ser el último mal que padecemos los colombianos, unas incesantes ganas de marchar por todos aquellos temas que proponga directa e indirectamente el gobierno. Creer que la marcha del 20 de julio surgió de una propuesta espontánea de un ex-secuestrado es algo un poco ingenuo. Basta ver la logística y publicidad aportada por el gobierno en Colombia y por las embajadas y consulados en el exterior, sumado al impresionante cubrimiento de los medios masivos de comunicación, para confirmarlo.

No por criticar esta marcha estoy a favor del secuestro o de quienes lo practican, o no soy un buen colombiano, rechazo categóricamente la inclusión de civiles en la guerra. Pero cabría preguntarnos ¿sólo la guerrilla secuestra en Colombia? ¿Qué pasa con los desaparecidos forzados? Mi crítica radica en utilizar causas justas y legítimas para promover intereses de gobierno. ¿Por qué antes de rechazar los efectos de la guerra no marchamos contra las causas que la perpetúan? ¿Es la guerrilla el único actor armado generador de violencia en Colombia?

Es curioso ver el empeño del gobierno por terminar con la guerrilla, ¿pero por qué no hace lo mismo con el paramilitarismo? ¿Será por qué no quiere pisarse la cola? ¿Cómo avanza frente a la verdad, justicia y reparación la Ley de Justicia y Paz? ¿Quién esta detrás de las masacres ocurridas en Guaviare, Meta y Córdoba en lo corrido de este año? ¿Quién o quienes están tras la muerte de 28 sindicalistas este año? Discúlpenme los uribistas por mostrar las cifras y hechos de los que no les gusta enterarse, pero en Colombia suceden muchas cosas más de las que nos muestran los medios (especialmente RCN) y la paz no se conseguirá a través del odio, la exclusión y la estigmatización de los opositores y aquellos que no comparten las políticas gubernamentales.

Lo que yo propondría es que antes de marchar ciegamente por motivos coyunturales lo hagamos rechazando los problemas estructurales que generan la violencia que posibilita la existencia de las FARC, grupos como las AUC, bandas de narcotraficantes y de delincuentes comunes, que son los que ejecutan actos tan atroces como el secuestro.

Luis Fernando Trejos Rosero

CONTUNDENTE

Esta es la palabra perfecta para definir la operación militar que liberó a 15 secuestrados de manos de las FARC-EP. En una acción militar digna de la filmografía estadounidense, la guerrilla antes citada se quedo sin el último recurso político con el que contaba para interlocutar nacional e internacionalmente. Con la liberación de Ingrid Betancourt y los tres Norteamericanos, quedan automáticamente fuera de cualquier intento de dialogo o negociación política, Francia, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos (se esfuma la idea de liberar a Simón Trinidad y Sonia). Estas son solo las consecuencias políticas de este hecho, la magnitud de las consecuencias morales y militares ameritan un articulo independiente.

Lo que se debe esperar de las FARC-EP en el futuro inmediato es una ofensiva de alcance intermedio en la que se ensañaran contra la infraestructura energética (torres de conducción eléctrica y oleoductos) y vial (voladura de puentes y bloqueo de carreteras), estas acciones pueden ser realizadas por grupos pequeños de guerrilleros, lo que les evita prolongadas planeaciones y la exposición de una fuerza viva que deben cuidar con gran ahínco. Este tipo de acciones requiere de poca inversión logística, económica y militar y proporcionan el impacto mediático que tanto necesitan en estos momentos, ya que deben enviar el mensaje urgente de que están débiles pero no derrotadas.

Hasta el momento todo indica que el Presidente Uribe puede inmortalizarse en su cargo, pero la pregunta que surge de los hechos ocurridos en los últimos seis meses es ¿Por qué el Ministro de Defensa (gran amigo de USA) ha figurado tanto? ¿Será que aún perdiendo popularidad el Presidente Uribe se asegurará de perpetuarse en el poder? Pero la verdadera pregunta es ¿Cuál será el papel de Ingrid Betancourt? Si la lógica se cumple, el Presidente se debe apresurar a ofrecerle un alto cargo en el gobierno, puede ser el de Alto Comisionado para la Paz o tal vez la Cancillería (aprovechando la inmejorable imagen de Ingrid B. en el exterior), tendremos que esperar a ver cual será su respuesta ante la avalancha mediática que generó su rescate. Ojala mantenga la “independencia” que siempre la caracterizó y se configure como una “alternativa”, en el oscuro panorama político colombiano.

Luis Fernando Trejos Rosero

GUERRA INC.

Los hechos recientes en las dinámicas de la guerra en Colombia nos indican que ésta se mantendrá estable por lo menos hasta el mediano plazo. Las FARC-EP se encuentran en un periodo de reacomodación de sus estructuras militares y de comando y si bien sufrió un revés político con el público rechazo de su accionar por parte de los gobiernos de Venezuela y Ecuador (ninguno las reconoció como organización terrorista) retomaron nuevamente los contactos con Francia, lo que las oxigena una vez más en el plano internacional. Por los lados del ELN la situación es similar, hace tres meses su máximo comandante Nicolás Rodríguez, declaraba públicamente desde Caracas, que querían firmar la paz con el gobierno de Uribe y sólo condicionaban la formalización de los diálogos a no concentrar sus frentes en sitios definidos por el gobierno y no individualizar a sus militantes sino hasta el final del proceso, las dos condiciones eran políticamente viables, pero fueron rechazadas por el gobierno. La pregunta que cabe hacerse es ¿Por qué el gobierno desechó la posibilidad real y concreta de humanización (ofrecieron liberar unilateralmente a los secuestrados en su poder) y negociación que les abrió el ELN y se empeña en una guerra sin cuartel con las FARC? ¿Será que para ciertos sectores del gobierno es más funcional la guerra que la paz? Lastimosamente el resultado de este rechazo a una posibilidad de paz produce más guerra, ya que en una carta publicada en su sitio web el 26 de mayo, el ELN invita a las FARC-EP a coordinar acciones políticas y militares y terminar con las agresiones armadas que se presentan entre algunos de sus frentes, especialmente en Arauca y Cauca.

Ante este panorama nuevamente surge la pregunta ¿podrá haber paz en Colombia? Y la respuesta parecen darlas las siguientes cifras: Acnur, presentó la semana pasada un informe en el que afirma que con tres millones de desplazados, Colombia ocupa el segundo puesto en el mundo después de Sudán, en África. Según el informe, un millón de esos casos han sucedido en los últimos cinco años (…) También es el cuarto país en solicitudes de asilo (…) Los resultados de la medición anual que la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas hace sobre la extensión de los cultivos de coca. De acuerdo con estos estudios, las plantaciones crecieron el año pasado en 27 por ciento frente al año anterior, con lo que el país tendría 99.000 hectáreas sembradas (…) el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió un informe en el que asegura que en el país el 95 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos queda en la impunidad. El documento, presentado en Suiza por la Federación Internacional de Derechos Humanos, dejó a Colombia entre los peor situados junto a China, República Democrática del Congo, Zimbabwe, Sudán, Somalia, Chad y Uzbekistán (…) la revista inglesa The Economist, en el que muestra cómo en el Índice de Paz Global, que mide qué tan violentos son los países, la situación de Colombia empeoró, al pasar del puesto 116 al 130 en el mundo. Con ello quedó a sólo nueve puestos del país que tiene la situación más grave en esta materia, Irak[1].

Todas estas mediciones fueron hechas en el periodo de gobierno del presidente Uribe, estas son las otras cifras de la seguridad democrática, las que no aparecen en las encuestas, las que respaldarían su tercer gobierno y las que en últimas alimentan el conflicto y legitiman la violencia armada en Colombia.

Luis Fernando Trejos Rosero

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[1] Cifras y comentarios disponibles en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=112882

AQUÍ VAMOS OTRA VEZ

Con la muerte de Manuel Marulanda “Tirofijo”, se oyen nuevamente las campanas del ingenuo triunfalismo que rodea a la gran mayoría de los colombianos (85%) cada vez que el gobierno y los medios les hacen creer ciegamente que con la muerte de un comandante de las FARC-EP estas se encuentran ad portas de su inminente y reiterado final. Es infundado y alejado de la realidad creer que Alfonso Cano, nuevo comandante del Secretariado del Estado Mayor Central de esta organización guerrillera, por el hecho de ser “político”, negociará prontamente el desarme y desmovilización de una organización armada con más de 40 años de historia y que se sustenta en una fuerte disciplina militar, pero más que todo, su fortaleza se ha construido aprovechando la eterna pobreza rural causada por una profunda crisis agraria, la corrupción administrativa, la desigual distribución de la tierra y la riqueza, la exclusión política, entre muchas otras situaciones. El fin de la guerrilla debe ir de la mano con el fin de las causas que la alimentan y justifican.

En el caso colombiano se debe tener claro que se está frente a una guerra o conflicto de baja intensidad militar y larga duración, que gravita sobre dos ejes que son dinámicos: el político y el militar, lo que nos indica que no siempre los golpes militares determinan el curso de la guerra.

Con la muerte de Manuel Marulanda, el más beneficiado no fue el país (es absurdo creer esto), tampoco el presidente Uribe, el gran triunfador fue el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos (primo del vicepresidente y miembro de la familia dueña del grupo editorial más grande de Colombia), quien se perfila como fuerte contendor de Uribe en la carrera por la presidencia en el año 2010. No es gratuito que el Ministro de Defensa se muestre tan amable ante medios de comunicación (Revista Semana y Noticias Uno) que el presidente ha calificado públicamente de apátridas y enemigos de la democracia.

Si el gobierno y los medios tienen la razón, el próximo artículo que escriba debe ser sobre la rendición incondicional de las FARC-EP (nadie se acuerda del ELN, guerrilla que controla gran parte de Arauca, el Catatumbo y el Sur del Departamento de Bolívar), pero como no será así, escribiré sobre propuestas alternativas de humanización de la guerra.

Luis Fernando Trejos Rosero

EL OTOÑO DEL PATRIARCA

Nunca durante sus 6 años de gobierno, el presidente Uribe atravesó una situación política tan difícil como la que vive en estos momentos; si hace dos meses nadaba en gloria cuando las encuestas le daban un 85% de popularidad y entregaba sendos partes de victoria sobre la guerrilla; en la actualidad los vientos soplan en su contra, gran parte de su bancada legislativa se encuentra privada de la libertad o investigada por vínculos directos con el paramilitarismo. Es tal su desesperación, que en un intento por desmarcarse de sus antiguos aliados estratégicos y en su peculiar estilo de gobernar el país (como si fuera su hacienda, muy similar al personaje de la novela de Gabo), utilizó al Alto Comisionado para la Paz, para que propusiera la disolución de los partidos uribistas (pasando por encima del Ministro del Interior, ex presidente de un partido uribista), es decir, aquellos que en coalición apoyaron su elección y luego la reforma constitucional que permitió su reelección, los mismos que redactaron y aprobaron la Ley de Justicia y Paz, con la cual se “desmovilizaron” los paramilitares, gracias a los cuales fueron elegidos los congresistas hoy en desgracia, los mismos que le aportaron más de millón y medio de votos a la reelección.

Son tantos los signos de la oscuridad que vive el gobierno, que el presidente ha echado mano de su viejo y gastado truco de generar cortinas de humo casándose peleas con los dirigentes de la oposición o periodistas que lo critican, a los que acusará de mantener nexos con el terrorismo, haber cometido crímenes de lesa humanidad y cuanta cosa más le dicten sus asesores, lo extraño es que a pesar de ser un presidente férreo a quien “no le tiembla la mano”, nunca lleva estas acusaciones ante la justicia, por lo general se despacha contra ellos en largas entrevistas radiales y alocuciones públicas ante auditorios seleccionados. Un ingrediente nuevo en esta rutina, es que ahora los señalados no son sólo los líderes de la oposición, sino también los magistrados de las altas cortes de justicia, los mismos que investigan a sus “ex simpatizantes” (entre ellos su primo).

Algo que debe analizarse con mucha atención es la repentina extradición a los Estados Unidos de la cúpula paramilitar recluida en varias cárceles de Colombia, sobre este hecho manejo dos hipótesis. La primera apunta a una negociación bilateral entre los paras y el gobierno norteamericano, los primeros entregan rutas, dinero y delatan a narcos de poca monta a cambio de ser incluidos en programas de protección de testigos. La segunda sugiere que la negociación se dio directamente entre gobiernos, es decir ante incumplimientos en lo pactado durante las negociaciones, varios líderes paramilitares estarían contemplando seriamente la posibilidad de colaborar realmente con la justicia, es decir sacarían a la luz pública los vínculos directos que tendrían con altas esferas del gobierno central. Con la extradición el gobierno norteamericano tendría el control total sobre las declaraciones de los mandos paramilitares y protegería de cualquier escándalo o acusación a su más fiel aliado en la región.

Esperemos por el bien de Colombia que el presidente Uribe no termine como el patriarca de Gabo, solo, olvidado por los norteamericanos y rodeado de vacas.

Luis Fernando Trejos Rosero

COLOMBIA Y LA HECATOMBE

Hace unos meses el Presidente Uribe manifestó que sólo aspiraría a un tercer mandato en caso de que ocurriera una hecatombe, como es costumbre en él, no especificó a qué tipo de hecatombe se refería. Con las capturas de la semana pasada son ya 32 los congresistas encarcelados por nexos directos con los grupos paramilitares y 65 en total los investigados por el mismo motivo[1]. De estos 65 la mayoría pertenecen a partidos de la coalición uribista, de hecho, el partido Colombia Democrática, liderado por su primo Mario Uribe (preso en este momento), es el primer partido para-político en la historia de Colombia.

Ante este panorama cabría preguntarse ¿Qué espera el presidente Uribe para lanzar su tercera candidatura? ¿Acaso lo que sucede en el Congreso colombiano no es una hecatombe política? ¿Será que sin esas mayorías legislativas, elegidas a punta de fusil y con fuertes vínculos con el narcotráfico y el terrorismo tambalea la iniciativa de su tercer mandato? Es extraño que un presidente que cuenta con un ochenta por ciento de respaldo popular continué ligado indirectamente con estos personajes y no haya declarado como ilegítimas las normas que estos apoyaron y de las que él fue el gran beneficiado (reelección, ley de justicia y paz, seguridad democrática). Esperemos que la hecatombe que espera el presidente no sea una ofensiva militar de las FARC o una discusión con el presidente de Venezuela, esperemos que entienda que el fin de los problemas del país no está en el fin de la guerrilla y el aumento del gasto militar, sino en el fin de las causas que han posibilitado que esta lleve más de 40 años de vida político-militar.

Es interesante ver las similitudes de todo tipo que existen entre el presidente Uribe y el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, esperemos que por el bien de Colombia su final no sea el mismo.

Luis Fernando Trejos Rosero.

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[1] http://www.eltiempo.com/politica/2008-04-27/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4125541.html