Acusación a 27 militares dice que Brigada tenía rezago en bajas en combate.
Por primera vez desde que estalló el escándalo de los falsos positivos, hace dos años, un organismo de control asegura que detrás de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate estuvo la presión de altos mandos por obtener más muertos en la lucha contra los grupos armados ilegales. En la acusación disciplinaria contra 2 coroneles, 2 mayores, 1 capitán, 4 suboficiales y 18 soldados por el caso de dos de los 19 jóvenes reclutados en Soacha y asesinados en el Catatumbo, la Procuraduría afirma que los falsos positivos fueron producto de un "plan criminal cuyo único propósito era satisfacer una exigencia institucional, nacida de la necesidad de mostrar a los altos mandos militares y, por qué no decirlo, al Gobierno, que la lucha contra los grupos armados ilegales se estaba ganando".
El pliego de cargos, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, comandante operativo de la desaparecida Brigada Móvil 15, y militares bajo su mando, "acordaron acabar con la vida de Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, el 27 de enero del 2008 en Ocaña".Buscaban, según la Procuraduría, "que dicho homicidio les fuera reconocido como un resultado operacional por los altos mandos en consideración a que esta unidad militar no había tenido éxito desde hacía un buen tiempo".
Al coronel Rubén Darío Castro Gómez lo señala de encubrir.Los dos muchachos habían salido de Soacha, al sur de Bogotá, apenas 24 horas antes, reclutados por dos civiles que les ofrecieron dinero fácil. Según la investigación -el caso penal está estancado, en espera de que se programen audiencias para el juicio-, ese y otros crímenes con el mismo modus operandi, que provocaron la histórica purga de 27 militares, entre ellos 3 generales, hicieron parte de una "quirúrgica operación" en la que hubo asignación de tareas puntuales.Así se dividían las tareas"Unos se dedicaron a darle los visos de legalidad al operativo, produciendo los documentos necesarios para lograrlo; otros, a conseguir a las víctimas para ubicarlas en el sitio acordado para su sacrificio con la ayuda de civiles, y otros a ejecutar materialmente el homicidio".
La investigación señala al coronel Rincón como uno de los cerebros de las muertes, y a su inmediato superior, el coronel Castro, de iniciar una investigación interna, "como mero formalismo para evitar la acción de la justicia ordinaria". Dice la Procuraduría que él tuvo acceso a los informes sobre el operativo que a todas luces era irregular: la patrulla disparó 250 tiros contra los dos supuestos delincuentes, y alteró la escena.La confesión de uno de los suboficiales, Jhon Muñoz Rodríguez, y las declaraciones de los dos reclutadores fueron claves en la investigación.
Van 280 condenados por estos casos La Fiscalía sigue encontrando evidencias de ejecuciones de civiles cometidas por miembros de las Fuerzas Militares, la Policía y el DAS. Ha logrado sentencias en 95 casos en los que resultaron condenados 280 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos 3 coroneles del ejército, el grado más alto al que han llegado las investigaciones. 52 de los investigados aceptaron los cargos y fueron condenadas a penas de entre 15 y 20 años.
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