Informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos advierte que la situación sigue crítica y tiende a empeorar.
El pasado lunes fue asesinado por sicarios en el municipio de Manaure el líder social Juan Carlos Arredondo Lozada, miembro del movimiento indígena wayuu y fundador del Polo Democrático en La Guajira. El miércoles, en el barrio Obrero de Apartadó (Antioquia) fue baleado Fernando Enamorado, líder campesino de la Asociación de Víctimas y Restitución de Tierras y Bienes en la región. Dos hechos que corroboran la actual situación de amenaza que afrontan los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos en el país, pese al “nuevo lenguaje” y a las buenas intenciones expresadas por el gobierno Santos.
Según el informe ‘Las palabras y los hechos: los primeros 75 días del gobierno de Juan Manuel Santos y la situación de la defensa de los derechos humanos’, elaborado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (ver recuadro) y presentado este miércoles en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 22 activistas, un periodista y un juez murieron durante los primeros dos meses y medio del nuevo mandato.
El documento señala que si bien se ha implementado un nuevo acercamiento y despliegue de acciones para acercarse a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y se ha propuesto una ley de tierras y de reparación a las víctimas, la realidad de vulneración de líderes sociales y comunitarios, sindicalistas, periodistas, indígenas, afros, de las organizaciones de mujeres y reclamantes de tierras, sigue siendo crítica y, en algunos casos, parece mostrar tendencia a incrementarse.
El informe, conocido por El Espectador, advierte además que “la falta de una estrategia adecuada y eficaz para enfrentar y desmantelar estructuras económicas, políticas y militares del narcoparamilitarismo evidencia que éste comienza a poner en riesgo los propósitos del Gobierno relacionados con la restitución de tierras y la reparación a las víctimas, generando dudas sobre la efectividad de la misma”.
Asimismo, señala que “tampoco se conocen medidas eficaces para combatir la impunidad en la que se encuentran crímenes graves contra los derechos humanos, y permanecen los obstáculos que han impedido la verdad y la sanción de crímenes cometidos en los años recientes, tales como los relacionados con la parapolítica, las ejecuciones extrajudiciales, la yidispolítica y las persecuciones ordenadas por el DAS”.
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos cree también que “la falta de imparcialidad e independencia de los actuales candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General, así como la ausencia de medidas para garantizar la eficacia de los procesos de juzgamiento de crímenes en que están implicados miembros de las Fuerzas Armadas y la continuidad en la dirección del DAS de Felipe Muñoz, impiden avanzar en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos en este período”. Y concluye el informe: “Si el Gobierno no toma medidas eficaces para enfrentar las causas de esas violaciones, la realidad de las mismas continuará su tendencia de seguir inmune a las palabras y los buenos propósitos expresados”.
En sus líneas iniciales, el documento expresa que “los anuncios de desarmar la palabra han sido bien acogidos por la sociedad colombiana y la comunidad internacional, sobre todo después de los ocho años de brutales persecuciones, asesinatos, campañas de desprestigio y acoso por parte del anterior gobierno y sus agencias de inteligencia”, dice.
Seguidamente —con nombres y fechas— se hace una reseña de todos los casos de asesinatos, amenazas y otro tipo de agresiones físicas que desde el pasado 7 de agosto, día de inicio del gobierno Santos, se han realizado contra defensores de derechos humanos, líderes de comunidades indígenas, sindicalistas, periodistas, madres comunitarias y miembros de la comunidad LGBT.
Por ejemplo, se incluyen casos de presuntos ‘falsos positivos’, como el asesinato de Jenny Narveiz (14 años), Jimmy Ferney (9 años) y Jeferson Guiovanny Torres Jaimes (6 años), en Arauca, hecho por el cual están siendo investigados algunos miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 45 de la Octava División del Ejército, con sede en Yopal, y se denuncian “agresiones físicas o demostraciones de fuerza” en contra de organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta y la Fundación Infancia Feliz, entre otros.
El Espectador intentó conocer la opinión del vicepresidente Angelino Garzón sobre el informe de la Cooperación Colombia-Europa-Estados Unidos, pero no fue posible. Sin embargo, se puede inferir en recientes declaraciones suyas que su intención es de “mano dura” contra los violadores de los derechos humanos, palabras que, como dice el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, no han sido realmente corroboradas en los hechos. “No conozco el informe, pero es evidente que ha habido una gran cantidad de ataques contra líderes sociales y no parece existir una política para enfrentarlos”, dijo.
A su vez, el representante a la Cámara del Polo Democrático Iván Cepeda, vocero de las víctimas de agentes del Estado, se refirió al asesinato de siete militantes del Partido en los últimos meses. “Si bien es cierto que hay un cambio en el lenguaje y el discurso del Gobierno, también es cierto que no ha habido un cambio profundo en términos de garantías a los defensores de derechos humanos”.
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