Las preguntas van desde la prohibición de los juegos de azar y contenidos de medios de comunicación.
Se trata de la tercera consulta que se realizaría en el gobierno de Correa. Las dos anteriores permitieron al régimen la instalación de una Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución que entró en vigencia en el 2008 y a la que se pretende reformar mediante referendo.
"Jamás temeremos al veredicto del pueblo en las urnas" dijo Correa en enlace nacional para dar a conocer las 10 interrogantes que entregó a la Corte Constitucional para su calificación, tras reconocer el caos en el que se desenvuelve la administración de justicia.
"Tenemos que decir con mucho dolor, que el Consejo de la Judicatura no ha funcionado (...) por los compromisos, por la timidez, por la falta de decisión, etc." dijo el Mandatario tras pedir a los ciudadanos que "confíen en el Gobierno de manos limpias".
Cinco de los planteamientos oficialistas son enmiendas constitucionales relacionadas con los plazos de caducidad de la prisión preventiva, mantener las medidas alternativas de detención para delitos menores y modificar la composición del Consejo de la Judicatura.
En este capítulo se pretende también que los votantes se pronuncien sobre sustituir el pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica compuesta por tres delegados designados por el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y por la Función de Transparencia y Control Social, para que en 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y reestructure el sistema judicial.
Además se pide que el pueblo decida en las urnas si se debe prohibir que las instituciones financieras y las empresas de comunicación privadas, así como sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional.
Estos dos planteamientos llevan a que la oposición califique el proceso como un intento gubernamental para acumular poder y "meterle la mano a la justicia".
El Asambleísta César Montúfar, que anunció promoverá el "NO", a la iniciativa presidencial calificó las preguntas como "tramposas y mañosas" y consideró que aprobarlas sería "un cheque en blanco para el Presidente".
La opositora y ex candidata presidencial Cynthia Viteri alertó que la intencionalidad gubernamental es la de "controlar los medios, perseguir a los empresarios y controlar a la administración de justicia.
Una segunda parte de la consulta contiene cinco preguntas sobre temas que deberán entrar en vigencia inmediata si la ciudadanía las aprueba.
Entre ellas se plantea si está o no de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado; en prohibir juegos de azar, tales como casinos y salas de juego; en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales; y si se debe considerar un delito la no afiliación a la Seguridad Social.
Una quinta pregunta puntualiza si "con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
Según Correa "deben ser los ciudadanos y no los dueños de los medios los que decidan si quieren una ley de comunicación o no la quieren".
MAGGY AYALA SAMANIEGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
QUITO
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