Desempleo o “reordenamiento laboral”; trabajadores “disponibles” o parados… como se le quiera llamar al proceso traumático que viene, es igual: para el gobierno de Raúl Castro y para los 11 millones de cubanos, llegó el día D.
Después de muchos preparativos, el martes arrancó oficialmente el mayor proceso de eliminación de empleos estatales de la historia de la revolución. Comenzó por los ministerios de la Industria Azucarera, Agricultura, Construcción, Salud Pública y en el sector del Turismo, luego vendrán los demás. En los próximos seis meses desaparecerán 500.000 puestos de trabajo, primera fase de un plan para limpiar las “plantillas infladas” durante medio siglo de políticas igualitaristas. El propósito es que en los próximos tres años el Estado se deshaga de 1,3 millones de empleados y funcionarios, el 25 % del total.
La reconversión es de calibre pesado, o al decir de un economista cubano, “digna de un ‘ajuste’ del Fondo Monetario Internacional”: lo estipulado es que se compense a los trabajadores “sobrantes” a razón de un mes de salario por cada diez años trabajados, en algunos casos puntuales con alguna ayuda extra.
El salario medio en Cuba es de aproximadamente 410 pesos cubanos (equivalente a 14 euros), y aunque mucha gente no puede vivir de su sueldo llega a fin de mes gracias a lo que “resuelve” en su centro laboral. “Es fácil de entender que salir fuera del circuito estatal representa saltar al vacío”, señala un académico.
El Estado ya ha dicho que sólo puede hacer una oferta de empleo, y no a todos, en sectores como el de la agricultura o la construcción. El que no acepte la propuesta ha de buscarse la vida como pueda en el sector privado o cooperativo, que ahora el gobierno impulsará como alternativa al problema social que se avecina.
Según estimaciones oficiales, en 2011 se acabará definitivamente con 146.000 puestos de trabajo estatales y otros 351.000 funcionarios públicos “pasarán a otras formas de empleo independiente”. Se pretende que en los próximos meses 100.000 personas pasen a ejercer diferentes trabajos por cuenta propia y que para 2016 el 50% de los cubanos ya estén en el sector privado. Algo nada sencillo y que, de lograrse, supondrá un verdadero cambio estructural —y aún más de mentalidad— en un país donde, hasta el martes, el 90% de la economía era controlada por el Estado.
Tema peliagudo es cómo y quién decide qué trabajadores se marchan. Cuba es quizás el único país del mundo en el que el sindicato único —la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)— toma partido activamente en este proceso y aconseja a la empresa qué trabajadores no son “idóneos” para seguir en determinado puesto. En cada centro laboral se ha creado una “comisión de expertos”, integrada por entre cinco y siete personas, incluidas un representante de la CTC y uno de la administración, que hace la evaluación y propone a la dirección de la empresa u organismo la lista fatal. La decisión que tomen éstos es inapelable.
Tensiones hay y considerables. En algunos hoteles e instalaciones turísticas, donde los empleos son muy apreciados y ya han comenzado los despidos, las discusiones entre la plantilla, el sindicato y el resto de los “factores” han sido bravas, de saltar chispas. El secretario general de la CTC, Salvador Mesa, pidió recientemente que las “comisiones de idoneidad” sean “verdaderos representantes de los trabajadores para evitar males como el favoritismo, el nepotismo, el paternalismo y la falta de profundidad en los análisis”. El gobierno asegura que nadie quedará desamparado, pero insiste en que no se volverá a las políticas paternalistas del pasado.
Mauricio Vincent / Especial de ‘El País’ La Habana
Después de muchos preparativos, el martes arrancó oficialmente el mayor proceso de eliminación de empleos estatales de la historia de la revolución. Comenzó por los ministerios de la Industria Azucarera, Agricultura, Construcción, Salud Pública y en el sector del Turismo, luego vendrán los demás. En los próximos seis meses desaparecerán 500.000 puestos de trabajo, primera fase de un plan para limpiar las “plantillas infladas” durante medio siglo de políticas igualitaristas. El propósito es que en los próximos tres años el Estado se deshaga de 1,3 millones de empleados y funcionarios, el 25 % del total.
La reconversión es de calibre pesado, o al decir de un economista cubano, “digna de un ‘ajuste’ del Fondo Monetario Internacional”: lo estipulado es que se compense a los trabajadores “sobrantes” a razón de un mes de salario por cada diez años trabajados, en algunos casos puntuales con alguna ayuda extra.
El salario medio en Cuba es de aproximadamente 410 pesos cubanos (equivalente a 14 euros), y aunque mucha gente no puede vivir de su sueldo llega a fin de mes gracias a lo que “resuelve” en su centro laboral. “Es fácil de entender que salir fuera del circuito estatal representa saltar al vacío”, señala un académico.
El Estado ya ha dicho que sólo puede hacer una oferta de empleo, y no a todos, en sectores como el de la agricultura o la construcción. El que no acepte la propuesta ha de buscarse la vida como pueda en el sector privado o cooperativo, que ahora el gobierno impulsará como alternativa al problema social que se avecina.
Según estimaciones oficiales, en 2011 se acabará definitivamente con 146.000 puestos de trabajo estatales y otros 351.000 funcionarios públicos “pasarán a otras formas de empleo independiente”. Se pretende que en los próximos meses 100.000 personas pasen a ejercer diferentes trabajos por cuenta propia y que para 2016 el 50% de los cubanos ya estén en el sector privado. Algo nada sencillo y que, de lograrse, supondrá un verdadero cambio estructural —y aún más de mentalidad— en un país donde, hasta el martes, el 90% de la economía era controlada por el Estado.
Tema peliagudo es cómo y quién decide qué trabajadores se marchan. Cuba es quizás el único país del mundo en el que el sindicato único —la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)— toma partido activamente en este proceso y aconseja a la empresa qué trabajadores no son “idóneos” para seguir en determinado puesto. En cada centro laboral se ha creado una “comisión de expertos”, integrada por entre cinco y siete personas, incluidas un representante de la CTC y uno de la administración, que hace la evaluación y propone a la dirección de la empresa u organismo la lista fatal. La decisión que tomen éstos es inapelable.
Tensiones hay y considerables. En algunos hoteles e instalaciones turísticas, donde los empleos son muy apreciados y ya han comenzado los despidos, las discusiones entre la plantilla, el sindicato y el resto de los “factores” han sido bravas, de saltar chispas. El secretario general de la CTC, Salvador Mesa, pidió recientemente que las “comisiones de idoneidad” sean “verdaderos representantes de los trabajadores para evitar males como el favoritismo, el nepotismo, el paternalismo y la falta de profundidad en los análisis”. El gobierno asegura que nadie quedará desamparado, pero insiste en que no se volverá a las políticas paternalistas del pasado.
Mauricio Vincent / Especial de ‘El País’ La Habana
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