Han pasado dos años y medio desde que estalló el escándalo de 11 muchachos de Soacha presentados por miembros de la Brigada 30 como combatientes ilegales muertos en combate en Ocaña. Desde ese momento, comenzaron a aparecer casos similares en distintos lugares del país, hasta que el tema concentró toda la atención del gobierno, de organismos internacionales, de derechos humanos y de la prensa.
Hoy es un hecho que el fenómeno decreció drásticamente: de 566 falsos positivos en 2007 se pasó a tan solo cinco que presuntamente ocurrieron el año pasado, según la Fiscalía (el Cinep registra siete). El Ministerio de Defensa eliminó como criterio de desempeño para evaluar a sus oficiales el body count (conteo de bajas, que contribuyó a estimular los falsos positivos) y privilegió las desmovilizaciones y las capturas. Se crearon una Comisión de Inspección Inmediata, que visita las unidades militares sobre las que hay quejas por violaciones a los derechos humanos, y la Jefatura de Derechos Humanos del Ejército, que recibe denuncias de la población. El año pasado donde más hubo fue en el Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Magdalena Medio, Chocó, Norte de Santander y sur de Bolívar. Además, según el general Emilio Torres, director de la unidad, "en derechos humanos, hemos capacitado a más de ciento veintiocho mil uniformados".
Pese a estos avances, las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía avanzan lentamente por falta de recursos, de personal, por la dificultad para llegar a los sitios donde ocurrieron los hechos y porque, según el responsable de la unidad, algunos militares se resisten a entregar información.
Las cifras son dicientes: de 1.487 casos tan solo se ha producido fallo condenatorio para 66 (en otros 21 hubo sentencia absolutoria). En total, en solo 5,7 por ciento de los casos se ha llegado a alguna decisión judicial; todos los demás están en una fase previa. Al día de hoy, hay 791 personas vinculadas a las investigaciones, de las cuales se han capturado 247 miembros del Ejército, uno de la Policía, uno del DAS, 16 civiles y nueve exintegrantes de las AUC. Absueltas hay 58 personas.
El fiscal Hernando Castañeda, jefe de la Unidad de Derechos Humanos, dice que las dificultades van desde acceder a las áreas, porque hay guerrilla o son lugares remotos, hasta la complejidad de investigar un pelotón entero. Y menciona dificultades con los militares: "Hay zonas en las que necesitamos seguridad de la misma fuerza pública con la que justamente tienen que ver los homicidios. Y por otro lado, muchas evidencias están en las guarniciones militares donde necesitamos ver los archivos y a veces nos encontramos con oficiales que hasta que no reciben la orden del superior, no entregan la información", dice Castañeda.
En el Ministerio de Defensa tienen otra visión. "El ministro Rodrigo Rivera le mandó cartas al Fiscal anterior (Guillermo Mendoza) ofreciéndole ayuda y pidiéndole que le dijera cuáles eran los problemas más comunes que encontraba en las Fuerzas Militares para investigar. Todavía no hemos recibido respuesta concreta: creemos que la interinidad en la Fiscalía no ayudó mucho a resolver el tema", dijo a SEMANA una fuente que, por su cargo, pidió la reserva de su nombre.
Human Rights Watch reconoció la disminución de estos casos en Colombia, pero señaló problemas: "Los tribunales militares remitieron 266 casos durante 2009, pero tan solo siete entre enero y septiembre de 2010", dijo en un reciente reporte.
El resultado es que solo muy lentamente se avanza hacia el esclarecimiento de las circunstancias en las que murieron las 2.679 personas -de las cuales 135 tenían menos de 18 años- que habrían sido asesinadas extrajudicialmente. A cada uno de los 20 fiscales de la Unidad de Derechos Humanos le tocan unos setenta casos de falsos positivos. Y no hay suficiente dinero para los desplazamientos, los recursos técnicos, ni para contratar más investigadores.
Los falsos positivos pusieron a Colombia en la picota internacional, y nada devolverá a la vida a sus víctimas. Lo único más grave que podría pasar es que su esclarecimiento y el castigo a los responsables se empolven en los anaqueles de la justicia.
www.semana.com
Hoy es un hecho que el fenómeno decreció drásticamente: de 566 falsos positivos en 2007 se pasó a tan solo cinco que presuntamente ocurrieron el año pasado, según la Fiscalía (el Cinep registra siete). El Ministerio de Defensa eliminó como criterio de desempeño para evaluar a sus oficiales el body count (conteo de bajas, que contribuyó a estimular los falsos positivos) y privilegió las desmovilizaciones y las capturas. Se crearon una Comisión de Inspección Inmediata, que visita las unidades militares sobre las que hay quejas por violaciones a los derechos humanos, y la Jefatura de Derechos Humanos del Ejército, que recibe denuncias de la población. El año pasado donde más hubo fue en el Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Magdalena Medio, Chocó, Norte de Santander y sur de Bolívar. Además, según el general Emilio Torres, director de la unidad, "en derechos humanos, hemos capacitado a más de ciento veintiocho mil uniformados".
Pese a estos avances, las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía avanzan lentamente por falta de recursos, de personal, por la dificultad para llegar a los sitios donde ocurrieron los hechos y porque, según el responsable de la unidad, algunos militares se resisten a entregar información.
Las cifras son dicientes: de 1.487 casos tan solo se ha producido fallo condenatorio para 66 (en otros 21 hubo sentencia absolutoria). En total, en solo 5,7 por ciento de los casos se ha llegado a alguna decisión judicial; todos los demás están en una fase previa. Al día de hoy, hay 791 personas vinculadas a las investigaciones, de las cuales se han capturado 247 miembros del Ejército, uno de la Policía, uno del DAS, 16 civiles y nueve exintegrantes de las AUC. Absueltas hay 58 personas.
El fiscal Hernando Castañeda, jefe de la Unidad de Derechos Humanos, dice que las dificultades van desde acceder a las áreas, porque hay guerrilla o son lugares remotos, hasta la complejidad de investigar un pelotón entero. Y menciona dificultades con los militares: "Hay zonas en las que necesitamos seguridad de la misma fuerza pública con la que justamente tienen que ver los homicidios. Y por otro lado, muchas evidencias están en las guarniciones militares donde necesitamos ver los archivos y a veces nos encontramos con oficiales que hasta que no reciben la orden del superior, no entregan la información", dice Castañeda.
En el Ministerio de Defensa tienen otra visión. "El ministro Rodrigo Rivera le mandó cartas al Fiscal anterior (Guillermo Mendoza) ofreciéndole ayuda y pidiéndole que le dijera cuáles eran los problemas más comunes que encontraba en las Fuerzas Militares para investigar. Todavía no hemos recibido respuesta concreta: creemos que la interinidad en la Fiscalía no ayudó mucho a resolver el tema", dijo a SEMANA una fuente que, por su cargo, pidió la reserva de su nombre.
Human Rights Watch reconoció la disminución de estos casos en Colombia, pero señaló problemas: "Los tribunales militares remitieron 266 casos durante 2009, pero tan solo siete entre enero y septiembre de 2010", dijo en un reciente reporte.
El resultado es que solo muy lentamente se avanza hacia el esclarecimiento de las circunstancias en las que murieron las 2.679 personas -de las cuales 135 tenían menos de 18 años- que habrían sido asesinadas extrajudicialmente. A cada uno de los 20 fiscales de la Unidad de Derechos Humanos le tocan unos setenta casos de falsos positivos. Y no hay suficiente dinero para los desplazamientos, los recursos técnicos, ni para contratar más investigadores.
Los falsos positivos pusieron a Colombia en la picota internacional, y nada devolverá a la vida a sus víctimas. Lo único más grave que podría pasar es que su esclarecimiento y el castigo a los responsables se empolven en los anaqueles de la justicia.
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