“El Gobierno piensa que militarizar es la solución. No. La solución es darle oportunidades al campesino…”, afirma Omaira Giraldo con tono enérgico al preguntarle sobre los procesos de recuperación de la comunidad en condición de desplazamiento de Santa Ana, un corregimiento del municipio de Granada, en el oriente antioqueño, que sufrió los rigores de la guerra y fue testigo de excepción de un intenso choque de fuerzas.
Santa Ana fue escenario de un conflicto que se llevó de allí a cientos de personas que hoy están muertas, desaparecidas o desplazadas. Omaira, quien alguna vez fue la inspectora del corregimiento, fue la única figura pública y durante mucho tiempo representó la legitimidad de un Estado ilegítimo, pues sus funciones se limitaban al mero acto de presencia, tal como ella lo afirma: “¿Qué podía hacer yo como inspectora ante el conflicto que se vivía? Nada. Simplemente ver, oír y callar. Y es muy duro callar cuando uno lo que quiere es gritar y defender. Es muy difícil, pero para proteger la vida hay que hacerlo”.
Este centro zonal se encuentra a 24 kilómetros del casco urbano del municipio. Para llegar allí hacen falta más de dos horas de camino por una sinuosa trocha que se abre paso entre los rústicos paisajes de la cuenca de la quebrada Tafetanes. Es uno de esos lugares de los que fácilmente se trae en la cabeza una primera impresión, pues la mirada viene previamente viciada con la mención de este corregimiento en los medios masivos de comunicación, que lo señalaron durante mucho tiempo como el refugio de grupos guerrilleros.
Territorio de conflicto
Desde la década de los noventa, el frente “Carlos Alirio Buitrago” del Eln hizo presencia en la zona, donde ya operaba el noveno frente de las Farc. Al parecer varios motivos llevaron a estos grupos hasta la localidad: su ubicación estratégica, el difícil acceso, la cercanía a la autopista Medellín-Bogotá y —según algunos investigadores— la posible construcción de embalses y sus prometedores ingresos fueron los condicionantes para que se instalaran allí; sumado esto a un abandono casi total por parte del Estado. La parafernalia mediática que hizo visible a esta localidad ante el país se inició con las liberaciones de secuestrados que los grupos guerrilleros efectuaron desde allí.
El primero de noviembre de 1997 se produjo una de ellas, se trataba de tres comisionados de la OEA que fueron raptados por el Eln una semana antes, mientras se aprestaban a servir como veedores de las elecciones de alcaldes y gobernadores del 27 de octubre. Esta noticia gozó de un interés internacional y los medios de comunicación —nacionales y extranjeros— mostraron cómo en medio de este caserío, remontado en los parajes de la Cordillera Central, se escondían los insurgentes y mantenían ocultos a los secuestrados.
Casi cuatro años más tarde, el 30 de junio de 2001, se repitió la historia, esta vez con la liberación de 26 policías rehenes de las Farc que hacían parte de un grupo de más de 300 uniformados que liberarían en el marco de las negociaciones de paz del presidente Andrés Pastrana con las Farc.
Siempre que los medios se fijaban en Santa Ana, lo hacían para informar sucesos del conflicto, reafirmando cada vez más la imagen de santuario de guerrilleros que se había concebido ya. Esto llevó a la creencia generalizada de que todos los que habitaban allí necesariamente formaban parte de los grupos al margen de la ley.
La vulnerabilidad y la desprotección de Santa Ana, sumadas a la errónea imagen distorsionada con el paso de los años, hicieron que el Ejército y los grupos paramilitares se ensañaran y emprendieran una arremetida cruel y violenta contra los pobladores de esta zona. Según los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y tortura, “la categoría de ‘enemigo interno’, aplicada a toda persona de la que se considera que apoya a la guerrilla de una u otra forma (incluso si los insurgentes utilizan la fuerza para obtener, por ejemplo, alimentos o dinero de los civiles), se ha hecho extensiva, al parecer, a todos los que expresan insatisfacción ante la situación política, económica y social, sobre todo en las zonas rurales”.
Los representantes de la ONU fueron informados de que la finalidad de esta estrategia es la de privar a los guerrilleros de sus bases. En palabras de un observador no gubernamental, consiste en “luchar contra los insurgentes luchando contra la población civil”. La implementación de este sistema de defensa provocó en poco tiempo un éxodo masivo de campesinos que huían para salvar sus vidas, hasta el punto que entre enero y diciembre del 2002, Santa Ana se convirtió en un pueblo fantasma.
Omaira dice que salió del poblado hace más de siete años porque el desplazamiento era la única manera de seguir viviendo. “Ya la situación no daba como para permanecer allá. No podía realizar proyectos para la comunidad ni ejercer mis funciones, ya no me lo permitían”.
Con la desmovilización de las autodefensas y el empeño de la Fuerza Pública por recuperar este territorio para garantizar, principalmente, la movilidad en la autopista y el consecuente repliegue de la guerrilla, se han reducido las cifras de violencia asociadas con el conflicto.
Pero el desolador panorama es algo que se mantiene y las maquinarias de la guerra todavía se mueven: constantemente patrullan con el Ejército ex guerrilleros que señalan los sitios donde se encontraban las caletas con armas y material de guerra, al igual que no dudan en acusar a los supuestos colaboradores de las guerrillas.
Retorno
El mes de enero del año pasado el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga —en nombre del Gobierno Nacional—, realizó un anunció que consideró generoso en pro de la población desplazada por la violencia; manifestó ante la Corte Constitucional que se había adicionado una partida presupuestal que asciende a los 10 mil millones de pesos, los cuales deben ser destinados a desarrollar el programa “Retornar es Vivir”, estrategia que fue lanzada en el mes de octubre de 2009 precisamente en Santa Ana, donde supuestamente retornaron la gran mayoría de sus habitantes.
El Congreso de la República consagró en la Ley 1190 de 2008 que “el Estado colombiano con todas sus jerarquías es el único responsable del proceso de recuperación de la dignidad, territorio, cultura y sostenibilidad de las víctimas por desplazamiento”. Esta norma legislativa fue adoptada después de que más de una década atrás, mediante la Ley 387 de 1997, el Congreso de la República tomara medidas para la prevención del desplazamiento forzado, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
Sin embargo, tal y como lo muestra un informe del Instituto Popular de Capacitación, “en los municipios del oriente antioqueño los procesos de retorno de población desplazada están generando más preocupaciones que alegrías. Los esfuerzos de las administraciones locales se están quedando cortos frente a las necesidades de los retornados; la coordinación con las instituciones del Estado, en este caso Acción Social, es poco funcional y los que han decidido regresar viven ahora entre penurias y privaciones”.
El riesgo de Santa Ana
Basta con una mirada al pueblo y a su cotidianidad para darse cuenta de que los procesos de retorno no prestan las suficientes garantías para ser considerados como verdaderos pasos para la restitución plena de los derechos civiles. María López, retornada a Santa Ana, dice que ya no hay tanta violencia, pero la gente está pasando grandes necesidades porque hay mucha pobreza. Las personas aún corren peligro; si bien hay una relativa calma en materia de seguridad, participan de un plan de retorno que no va más allá del recibimiento de los componentes básicos de una ayuda humanitaria.
El alcalde de Granada, Nelson Armando García Amaya, afirma que el proceso de recuperación del corregimiento no es sólo cuestión de la administración municipal o del Gobierno Nacional, que es necesario el apoyo y la colaboración de todos para volver a hacer creíble el pueblo ante el municipio, el departamento y la Nación. “Lo que estamos buscando es recuperar a Santa Ana de manera integral, para que los campesinos puedan cultivar la tierra y puedan vivir sin ninguna presión. Que sus productos se vendan a precios justos y que vuelva a ser la gran despensa agrícola que solía ser en la época de los ochenta”. Sin embargo, también reconoce que se han tenido falencias en los procesos de recuperación de las zonas afectadas por el conflicto: “lo que se ha sentido con el apoyo del Gobierno Nacional es que hay una presencia militar, pero hay que propiciar la reactivación de la economía y las oportunidades para que la gente vuelva a recuperar la confianza en las autoridades y esperamos que, a través de Acción Social, la Presidencia de la República nos siga acompañando en este proceso para garantizar e incrementar el desarrollo de esta región”.
Mientras el alcalde enfatiza que la recuperación de Santa Ana no es simplemente militar, Carlos Arturo Quintero, uno de sus habitantes y de los pocos que no abandonaron el poblado, dice que han repartido mercados y han mejorado algunas viviendas, pero también hace un reclamo a los entes estatales: “Necesitamos que el Gobierno le meta la mano al pueblo para poder salir adelante y que podamos volver a producir como hace años. Eso es lo que se pide, que el Gobierno se ponga las pilas, porque nos ha tenido olvidados. Necesitamos que se acuerden de nosotros”.
El drama es evidente en algunas familias que ya han regresado pero no cuentan con un acompañamiento en este proceso, no hay asistencia directa rural. Además, el panorama que encuentran al llegar no puede ser más desalentador: casas destruidas, parcelas convertidas en matorrales, caminos intransitables, veredas minadas. Un territorio que no tiene las condiciones para recibirlos nuevamente.
Por otro lado, se encuentran las nulas posibilidades económicas en un comercio acabado y con pocas posibilidades de reactivación. A pesar de que se tenga tan buen concepto de la figura del retorno, es necesaria una total presencia por parte de los actores sociales para velar porque este proceso se dé exitosamente; en muchas ocasiones el regreso de los campesinos a sus tierras se está realizando sin ningún tipo de condiciones aptas.
Por lo menos en el caso de Santa Ana, la única garantía ofrecida hasta hace poco era el mejoramiento de vivienda, que consistía en la entrega de algunas tejas, adobes y —en pocas ocasiones— cemento para rehacer los muros de las casas, que en su mayoría estaban derribadas por la explosión de minas y pipetas o por el abandono durante años. Rosember Duque Salazar, presidente de la Corporación Amigos por Santa Ana y representante de la colonia residente en Medellín, reconoce que la recuperación militar es importante, incluso necesaria; pero afirma que en las ciudades hay familias que quieren regresar, pero que las garantías que se están ofreciendo para el retorno son muy pocas.
“A la gente le están dando apoyo por tres meses, un año, pero no es suficiente; hay que buscar una recuperación de raíz, proyectos de aplicación real que garanticen la estadía a largo plazo”, agrega.
Una santaneña residente en Cali, Emilse López, dejó el pueblo hace nueve años porque —según ella— quería que sus hijos tuvieran otras expectativas de vida y no iba a permitir que la violencia se los arrebatara como pasó con muchos otros adolescentes. No tiene pensado regresar, pero asegura que “es muy bueno que quieran que la gente retorne. Hay que tratar de que los campesinos vuelvan a sus tierras, habiten de nuevo sus casas y que se generen oportunidades para volver a cultivar, fomentar la agricultura para mejorar el campo y el pueblo”.
En eso parece estar de acuerdo con Rosember, quien hace un llamado al Gobierno Nacional para que de nuevo se fije en el corregimiento: “Santa Ana se recuperó en materia de seguridad gracias a la política de Seguridad Democrática, pero aquí no es suficiente la mera presencia militar; hay que trabajar en la recuperación social y económica local, en la generación de ingresos para los campesinos”.
Por otro lado, Rosalba Galeano, quien también permaneció allí a pesar de las serias dificultades de orden público, reclama por la falta de beneficios para quienes nunca partieron: “Me parece muy mal hecho por parte del Gobierno porque sólo entregan ayudas a las personas que se fueron y que están retornando, pero no hay nada para los que siempre permanecimos aquí, los que nunca abandonamos el pueblito, que también estamos en las mismas condiciones y tenemos las mismas necesidades. Aquí estamos personas que hemos seguido luchando y falta que nos apoyen, porque también nuestras condiciones económicas son muy regulares”.
Ella argumenta que la presencia del Estado ahora no es muy diferente a la que había hace algunos años. Sin embargo, agradece la recuperación por parte del Gobierno, a la vez que pide más presencia de instituciones oficiales: “sinceramente uno siente que está resucitando con la recuperación del pueblo, pero todavía falta mucho. El Estado tiene que ayudarnos para que Santa Ana vuelva a ser lo que era antes. Primero que todo, estamos sin vías, porque llegar acá siempre es muy difícil, además que es un peligro por esa carretera; y también hay que buscar que le brinden apoyo económico a la gente, porque vivimos en extrema pobreza. Aquí la base de la economía es la caña y ya con lo que estamos vendiendo no alcanzamos siquiera a pagarles a los trabajadores”.
Asunto de todos
La gente regresa paulatinamente, aunque la tensión se mantiene. Cerca del 90% de los habitantes de Santa Ana y las veredas cercanas no han regresado; muchos lograron establecerse en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena; otros tantos temen regresar. Tan sólo la colonia de Santa Ana residente en Medellín suma más de mil personas.
El espíritu laborioso y comerciante del granadino y la solidaridad de sus paisanos exitosos en este sector de la economía que les brinda empleo, hacen poco atractivo el retorno. Según reportes, 89 personas residen actualmente en el sector urbano de Santa Ana y 472 en las once veredas que conforman el centro zonal. Antes de 2001, se calcula, ocupaban la zona unos 4.500 habitantes.
Monseñor Darío Gómez Zuluaga, vicario de la diócesis Sonsón-Rionegro, dice que “volver a creer, volver a tener esperanzas es muy importante para la gente. Hay que mantener el desarrollo de esta historia y no repetir la historia que ya pasó. Hay que seguir el camino de la recuperación”. Para él y para la parroquia son muy importantes los procesos de retorno, teniendo en cuenta que los representantes de la Iglesia católica nunca se han ausentado del lugar por considerarse un apoyo necesario para quienes allí permanecen.
Él ve con buenos ojos el retorno. La ex inspectora Giraldo, por su parte, reclama con un tono un poco menos optimista: “llevamos casi diez años desde el desplazamiento que se presentó y realmente no veo una mejoría significativa, el pueblo sigue caído”.
Lo que queda claro es que entregar materiales para la reconstrucción es necesario, pero no es suficiente; los habitantes, desplazados y retornados de Santa Ana expresan que hace falta un mayor compromiso de todos para afianzar los procesos de rehabilitación de las tierras afectadas. El mero desarrollismo material sólo gestará asuntos paternalistas, se debe garantizar una presencia eficaz y permanente de las condiciones mínimas para recuperar la economía y el tejido social de las zonas que sufren el fenómeno del desplazamiento.
Lo principal es garantizar oportunidades para el crecimiento que propicien el desarrollo colectivo, instrumentos de reconciliación y recuperación de la dinámica social, figuras de interacción efectivas que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida y el progreso rural en pro de las víctimas.
Omaira, a pesar de haber sido su representante durante años, dice que “al Estado realmente no le interesa el progreso de Santa Ana, al campesino hay que acompañarlo, hay que aportarle. Ya no se puede hablar simplemente de formular proyectos, sino de ejecutarlos, de llegar y trabajar de la mano. No es asunto de unos o de otros, es asunto de todos”.
Fernando López Quiceno Elespectador.com
Santa Ana fue escenario de un conflicto que se llevó de allí a cientos de personas que hoy están muertas, desaparecidas o desplazadas. Omaira, quien alguna vez fue la inspectora del corregimiento, fue la única figura pública y durante mucho tiempo representó la legitimidad de un Estado ilegítimo, pues sus funciones se limitaban al mero acto de presencia, tal como ella lo afirma: “¿Qué podía hacer yo como inspectora ante el conflicto que se vivía? Nada. Simplemente ver, oír y callar. Y es muy duro callar cuando uno lo que quiere es gritar y defender. Es muy difícil, pero para proteger la vida hay que hacerlo”.
Este centro zonal se encuentra a 24 kilómetros del casco urbano del municipio. Para llegar allí hacen falta más de dos horas de camino por una sinuosa trocha que se abre paso entre los rústicos paisajes de la cuenca de la quebrada Tafetanes. Es uno de esos lugares de los que fácilmente se trae en la cabeza una primera impresión, pues la mirada viene previamente viciada con la mención de este corregimiento en los medios masivos de comunicación, que lo señalaron durante mucho tiempo como el refugio de grupos guerrilleros.
Territorio de conflicto
Desde la década de los noventa, el frente “Carlos Alirio Buitrago” del Eln hizo presencia en la zona, donde ya operaba el noveno frente de las Farc. Al parecer varios motivos llevaron a estos grupos hasta la localidad: su ubicación estratégica, el difícil acceso, la cercanía a la autopista Medellín-Bogotá y —según algunos investigadores— la posible construcción de embalses y sus prometedores ingresos fueron los condicionantes para que se instalaran allí; sumado esto a un abandono casi total por parte del Estado. La parafernalia mediática que hizo visible a esta localidad ante el país se inició con las liberaciones de secuestrados que los grupos guerrilleros efectuaron desde allí.
El primero de noviembre de 1997 se produjo una de ellas, se trataba de tres comisionados de la OEA que fueron raptados por el Eln una semana antes, mientras se aprestaban a servir como veedores de las elecciones de alcaldes y gobernadores del 27 de octubre. Esta noticia gozó de un interés internacional y los medios de comunicación —nacionales y extranjeros— mostraron cómo en medio de este caserío, remontado en los parajes de la Cordillera Central, se escondían los insurgentes y mantenían ocultos a los secuestrados.
Casi cuatro años más tarde, el 30 de junio de 2001, se repitió la historia, esta vez con la liberación de 26 policías rehenes de las Farc que hacían parte de un grupo de más de 300 uniformados que liberarían en el marco de las negociaciones de paz del presidente Andrés Pastrana con las Farc.
Siempre que los medios se fijaban en Santa Ana, lo hacían para informar sucesos del conflicto, reafirmando cada vez más la imagen de santuario de guerrilleros que se había concebido ya. Esto llevó a la creencia generalizada de que todos los que habitaban allí necesariamente formaban parte de los grupos al margen de la ley.
La vulnerabilidad y la desprotección de Santa Ana, sumadas a la errónea imagen distorsionada con el paso de los años, hicieron que el Ejército y los grupos paramilitares se ensañaran y emprendieran una arremetida cruel y violenta contra los pobladores de esta zona. Según los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y tortura, “la categoría de ‘enemigo interno’, aplicada a toda persona de la que se considera que apoya a la guerrilla de una u otra forma (incluso si los insurgentes utilizan la fuerza para obtener, por ejemplo, alimentos o dinero de los civiles), se ha hecho extensiva, al parecer, a todos los que expresan insatisfacción ante la situación política, económica y social, sobre todo en las zonas rurales”.
Los representantes de la ONU fueron informados de que la finalidad de esta estrategia es la de privar a los guerrilleros de sus bases. En palabras de un observador no gubernamental, consiste en “luchar contra los insurgentes luchando contra la población civil”. La implementación de este sistema de defensa provocó en poco tiempo un éxodo masivo de campesinos que huían para salvar sus vidas, hasta el punto que entre enero y diciembre del 2002, Santa Ana se convirtió en un pueblo fantasma.
Omaira dice que salió del poblado hace más de siete años porque el desplazamiento era la única manera de seguir viviendo. “Ya la situación no daba como para permanecer allá. No podía realizar proyectos para la comunidad ni ejercer mis funciones, ya no me lo permitían”.
Con la desmovilización de las autodefensas y el empeño de la Fuerza Pública por recuperar este territorio para garantizar, principalmente, la movilidad en la autopista y el consecuente repliegue de la guerrilla, se han reducido las cifras de violencia asociadas con el conflicto.
Pero el desolador panorama es algo que se mantiene y las maquinarias de la guerra todavía se mueven: constantemente patrullan con el Ejército ex guerrilleros que señalan los sitios donde se encontraban las caletas con armas y material de guerra, al igual que no dudan en acusar a los supuestos colaboradores de las guerrillas.
Retorno
El mes de enero del año pasado el entonces ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga —en nombre del Gobierno Nacional—, realizó un anunció que consideró generoso en pro de la población desplazada por la violencia; manifestó ante la Corte Constitucional que se había adicionado una partida presupuestal que asciende a los 10 mil millones de pesos, los cuales deben ser destinados a desarrollar el programa “Retornar es Vivir”, estrategia que fue lanzada en el mes de octubre de 2009 precisamente en Santa Ana, donde supuestamente retornaron la gran mayoría de sus habitantes.
El Congreso de la República consagró en la Ley 1190 de 2008 que “el Estado colombiano con todas sus jerarquías es el único responsable del proceso de recuperación de la dignidad, territorio, cultura y sostenibilidad de las víctimas por desplazamiento”. Esta norma legislativa fue adoptada después de que más de una década atrás, mediante la Ley 387 de 1997, el Congreso de la República tomara medidas para la prevención del desplazamiento forzado, atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
Sin embargo, tal y como lo muestra un informe del Instituto Popular de Capacitación, “en los municipios del oriente antioqueño los procesos de retorno de población desplazada están generando más preocupaciones que alegrías. Los esfuerzos de las administraciones locales se están quedando cortos frente a las necesidades de los retornados; la coordinación con las instituciones del Estado, en este caso Acción Social, es poco funcional y los que han decidido regresar viven ahora entre penurias y privaciones”.
El riesgo de Santa Ana
Basta con una mirada al pueblo y a su cotidianidad para darse cuenta de que los procesos de retorno no prestan las suficientes garantías para ser considerados como verdaderos pasos para la restitución plena de los derechos civiles. María López, retornada a Santa Ana, dice que ya no hay tanta violencia, pero la gente está pasando grandes necesidades porque hay mucha pobreza. Las personas aún corren peligro; si bien hay una relativa calma en materia de seguridad, participan de un plan de retorno que no va más allá del recibimiento de los componentes básicos de una ayuda humanitaria.
El alcalde de Granada, Nelson Armando García Amaya, afirma que el proceso de recuperación del corregimiento no es sólo cuestión de la administración municipal o del Gobierno Nacional, que es necesario el apoyo y la colaboración de todos para volver a hacer creíble el pueblo ante el municipio, el departamento y la Nación. “Lo que estamos buscando es recuperar a Santa Ana de manera integral, para que los campesinos puedan cultivar la tierra y puedan vivir sin ninguna presión. Que sus productos se vendan a precios justos y que vuelva a ser la gran despensa agrícola que solía ser en la época de los ochenta”. Sin embargo, también reconoce que se han tenido falencias en los procesos de recuperación de las zonas afectadas por el conflicto: “lo que se ha sentido con el apoyo del Gobierno Nacional es que hay una presencia militar, pero hay que propiciar la reactivación de la economía y las oportunidades para que la gente vuelva a recuperar la confianza en las autoridades y esperamos que, a través de Acción Social, la Presidencia de la República nos siga acompañando en este proceso para garantizar e incrementar el desarrollo de esta región”.
Mientras el alcalde enfatiza que la recuperación de Santa Ana no es simplemente militar, Carlos Arturo Quintero, uno de sus habitantes y de los pocos que no abandonaron el poblado, dice que han repartido mercados y han mejorado algunas viviendas, pero también hace un reclamo a los entes estatales: “Necesitamos que el Gobierno le meta la mano al pueblo para poder salir adelante y que podamos volver a producir como hace años. Eso es lo que se pide, que el Gobierno se ponga las pilas, porque nos ha tenido olvidados. Necesitamos que se acuerden de nosotros”.
El drama es evidente en algunas familias que ya han regresado pero no cuentan con un acompañamiento en este proceso, no hay asistencia directa rural. Además, el panorama que encuentran al llegar no puede ser más desalentador: casas destruidas, parcelas convertidas en matorrales, caminos intransitables, veredas minadas. Un territorio que no tiene las condiciones para recibirlos nuevamente.
Por otro lado, se encuentran las nulas posibilidades económicas en un comercio acabado y con pocas posibilidades de reactivación. A pesar de que se tenga tan buen concepto de la figura del retorno, es necesaria una total presencia por parte de los actores sociales para velar porque este proceso se dé exitosamente; en muchas ocasiones el regreso de los campesinos a sus tierras se está realizando sin ningún tipo de condiciones aptas.
Por lo menos en el caso de Santa Ana, la única garantía ofrecida hasta hace poco era el mejoramiento de vivienda, que consistía en la entrega de algunas tejas, adobes y —en pocas ocasiones— cemento para rehacer los muros de las casas, que en su mayoría estaban derribadas por la explosión de minas y pipetas o por el abandono durante años. Rosember Duque Salazar, presidente de la Corporación Amigos por Santa Ana y representante de la colonia residente en Medellín, reconoce que la recuperación militar es importante, incluso necesaria; pero afirma que en las ciudades hay familias que quieren regresar, pero que las garantías que se están ofreciendo para el retorno son muy pocas.
“A la gente le están dando apoyo por tres meses, un año, pero no es suficiente; hay que buscar una recuperación de raíz, proyectos de aplicación real que garanticen la estadía a largo plazo”, agrega.
Una santaneña residente en Cali, Emilse López, dejó el pueblo hace nueve años porque —según ella— quería que sus hijos tuvieran otras expectativas de vida y no iba a permitir que la violencia se los arrebatara como pasó con muchos otros adolescentes. No tiene pensado regresar, pero asegura que “es muy bueno que quieran que la gente retorne. Hay que tratar de que los campesinos vuelvan a sus tierras, habiten de nuevo sus casas y que se generen oportunidades para volver a cultivar, fomentar la agricultura para mejorar el campo y el pueblo”.
En eso parece estar de acuerdo con Rosember, quien hace un llamado al Gobierno Nacional para que de nuevo se fije en el corregimiento: “Santa Ana se recuperó en materia de seguridad gracias a la política de Seguridad Democrática, pero aquí no es suficiente la mera presencia militar; hay que trabajar en la recuperación social y económica local, en la generación de ingresos para los campesinos”.
Por otro lado, Rosalba Galeano, quien también permaneció allí a pesar de las serias dificultades de orden público, reclama por la falta de beneficios para quienes nunca partieron: “Me parece muy mal hecho por parte del Gobierno porque sólo entregan ayudas a las personas que se fueron y que están retornando, pero no hay nada para los que siempre permanecimos aquí, los que nunca abandonamos el pueblito, que también estamos en las mismas condiciones y tenemos las mismas necesidades. Aquí estamos personas que hemos seguido luchando y falta que nos apoyen, porque también nuestras condiciones económicas son muy regulares”.
Ella argumenta que la presencia del Estado ahora no es muy diferente a la que había hace algunos años. Sin embargo, agradece la recuperación por parte del Gobierno, a la vez que pide más presencia de instituciones oficiales: “sinceramente uno siente que está resucitando con la recuperación del pueblo, pero todavía falta mucho. El Estado tiene que ayudarnos para que Santa Ana vuelva a ser lo que era antes. Primero que todo, estamos sin vías, porque llegar acá siempre es muy difícil, además que es un peligro por esa carretera; y también hay que buscar que le brinden apoyo económico a la gente, porque vivimos en extrema pobreza. Aquí la base de la economía es la caña y ya con lo que estamos vendiendo no alcanzamos siquiera a pagarles a los trabajadores”.
Asunto de todos
La gente regresa paulatinamente, aunque la tensión se mantiene. Cerca del 90% de los habitantes de Santa Ana y las veredas cercanas no han regresado; muchos lograron establecerse en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena; otros tantos temen regresar. Tan sólo la colonia de Santa Ana residente en Medellín suma más de mil personas.
El espíritu laborioso y comerciante del granadino y la solidaridad de sus paisanos exitosos en este sector de la economía que les brinda empleo, hacen poco atractivo el retorno. Según reportes, 89 personas residen actualmente en el sector urbano de Santa Ana y 472 en las once veredas que conforman el centro zonal. Antes de 2001, se calcula, ocupaban la zona unos 4.500 habitantes.
Monseñor Darío Gómez Zuluaga, vicario de la diócesis Sonsón-Rionegro, dice que “volver a creer, volver a tener esperanzas es muy importante para la gente. Hay que mantener el desarrollo de esta historia y no repetir la historia que ya pasó. Hay que seguir el camino de la recuperación”. Para él y para la parroquia son muy importantes los procesos de retorno, teniendo en cuenta que los representantes de la Iglesia católica nunca se han ausentado del lugar por considerarse un apoyo necesario para quienes allí permanecen.
Él ve con buenos ojos el retorno. La ex inspectora Giraldo, por su parte, reclama con un tono un poco menos optimista: “llevamos casi diez años desde el desplazamiento que se presentó y realmente no veo una mejoría significativa, el pueblo sigue caído”.
Lo que queda claro es que entregar materiales para la reconstrucción es necesario, pero no es suficiente; los habitantes, desplazados y retornados de Santa Ana expresan que hace falta un mayor compromiso de todos para afianzar los procesos de rehabilitación de las tierras afectadas. El mero desarrollismo material sólo gestará asuntos paternalistas, se debe garantizar una presencia eficaz y permanente de las condiciones mínimas para recuperar la economía y el tejido social de las zonas que sufren el fenómeno del desplazamiento.
Lo principal es garantizar oportunidades para el crecimiento que propicien el desarrollo colectivo, instrumentos de reconciliación y recuperación de la dinámica social, figuras de interacción efectivas que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida y el progreso rural en pro de las víctimas.
Omaira, a pesar de haber sido su representante durante años, dice que “al Estado realmente no le interesa el progreso de Santa Ana, al campesino hay que acompañarlo, hay que aportarle. Ya no se puede hablar simplemente de formular proyectos, sino de ejecutarlos, de llegar y trabajar de la mano. No es asunto de unos o de otros, es asunto de todos”.
Fernando López Quiceno Elespectador.com
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