A 37 años del golpe de estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende, la justicia chilena investigará por primera vez las causas de su muerte. Entre tanto, resurge entre grupos de derechos humanos la tesis de que no se suicidó tras el ataque al palacio presidencial de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
La atención se centró en la figura del fallecido mandatario luego que la fiscal judicial de la corte de Apelaciones, Beatriz Pedrals, incluyera su caso entre 726 causas no aclaradas de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar de Augusto Pinochet, quien gobernó entre 1973 y 1990 luego de derrocar al gobierno de Allende.
"No sé si es la expresión, pero queremos judicializar todo de modo que no se diga 'quedó esta causa pendiente y dentro de 10 años vamos a investigarla'. Es simplemente para dar un corte final a todo lo que dice relación con detenidos desaparecidos y con fallecidos, sean las razones que sean", manifestó.
La muerte de Allende fue catalogada como un suicidio, y así consta en la autopsia efectuada por los médicos José Luis Vásquez y Tomás Tobar la misma noche del golpe liderado por Pinochet.
Sin embargo, un estudio realizado en 2008 por el tanatólogo Luis Ravanal -a través de una "metapericia" sobre las conclusiones de 1973- apunta a que el líder de la Unidad Popular recibió otro disparo, aparte del tiro de fusil con el que según la versión oficial se quitó la vida.
¿Magnicidio?
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, planteó el jueves que el exmandatario socialista fue asesinado.
"El nombre del compañero Salvador Allende integra el listado que entregó la agrupación, porque aquí es un magnicidio el que se cometió", sostuvo.
La investigación de Luis Ravanal se hizo a petición de los abogados Roberto Celedón y Matías Coll, quienes manifestaron dudas respecto de la autopsia en que participó José Luis Vásquez, a quien algunos cuestion por su labor ante otros casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
Aunque evita hablar directamente de un asesinato por parte de los militares que atacaron el palacio presidencial, Celedón planteó a BBC Mundo que "la conclusión del doctor Ravanal, que es muy seria y sólida, es que no hubo suicidio".
"Creemos que saber la verdad es importante y nos parece extraordinario que la fiscal judicial de la corte de Apelaciones haya solicitado esto", agregó.
Desde el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera reaccionaron dejando todo en manos de la justicia, y la ministra vocera Ena von Baer declaró que "respetamos todas las decisiones de los tribunales y (…) creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen".
Recurrir a todo
El juez Mario Carroza recibió las querellas por los 726 casos que hasta hoy no estaban en la justicia, y deberá llevar adelante las indagaciones por la muerte del que fue presidente de Chile entre 1970 y 1973.
"Pienso que es una labor más que importante, es una responsabilidad tremenda", expresó el magistrado, quien aclaró que va a extremar recursos para obtener resultados.
"(Todo) elemento, testigo, documento o antecedente que sea necesario al cual recurrir obviamente que así lo haré, por lo tanto si hay alguna persona que pueda declarar, va a ser importante", manifestó.
La muerte de Salvador Allende fue aceptada como un suicidio por su familia, basándose entre otras cosas en el relato del doctor Patricio Guijón, quien estuvo junto a él en La Moneda y dijo haber visto el momento del disparo.
Pese a esto, el abogado Roberto Celedón cree que es necesario investigar lo que pasó en 1973 con todas las diligencias necesarias, incluida la exhumación.
"La verdad sobre Allende no pertenece a la familia o a un grupo político, le corresponde al conjunto del pueblo chileno. Entonces hemos actuado con la convicción ciudadana de que la historia de Allende le pertenece a la sociedad chilena y de alguna manera a toda la comunidad internacional", indicó.
BBC
La atención se centró en la figura del fallecido mandatario luego que la fiscal judicial de la corte de Apelaciones, Beatriz Pedrals, incluyera su caso entre 726 causas no aclaradas de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar de Augusto Pinochet, quien gobernó entre 1973 y 1990 luego de derrocar al gobierno de Allende.
"No sé si es la expresión, pero queremos judicializar todo de modo que no se diga 'quedó esta causa pendiente y dentro de 10 años vamos a investigarla'. Es simplemente para dar un corte final a todo lo que dice relación con detenidos desaparecidos y con fallecidos, sean las razones que sean", manifestó.
La muerte de Allende fue catalogada como un suicidio, y así consta en la autopsia efectuada por los médicos José Luis Vásquez y Tomás Tobar la misma noche del golpe liderado por Pinochet.
Sin embargo, un estudio realizado en 2008 por el tanatólogo Luis Ravanal -a través de una "metapericia" sobre las conclusiones de 1973- apunta a que el líder de la Unidad Popular recibió otro disparo, aparte del tiro de fusil con el que según la versión oficial se quitó la vida.
¿Magnicidio?
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, planteó el jueves que el exmandatario socialista fue asesinado.
"El nombre del compañero Salvador Allende integra el listado que entregó la agrupación, porque aquí es un magnicidio el que se cometió", sostuvo.
La investigación de Luis Ravanal se hizo a petición de los abogados Roberto Celedón y Matías Coll, quienes manifestaron dudas respecto de la autopsia en que participó José Luis Vásquez, a quien algunos cuestion por su labor ante otros casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
Aunque evita hablar directamente de un asesinato por parte de los militares que atacaron el palacio presidencial, Celedón planteó a BBC Mundo que "la conclusión del doctor Ravanal, que es muy seria y sólida, es que no hubo suicidio".
"Creemos que saber la verdad es importante y nos parece extraordinario que la fiscal judicial de la corte de Apelaciones haya solicitado esto", agregó.
Desde el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera reaccionaron dejando todo en manos de la justicia, y la ministra vocera Ena von Baer declaró que "respetamos todas las decisiones de los tribunales y (…) creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen".
Recurrir a todo
El juez Mario Carroza recibió las querellas por los 726 casos que hasta hoy no estaban en la justicia, y deberá llevar adelante las indagaciones por la muerte del que fue presidente de Chile entre 1970 y 1973.
"Pienso que es una labor más que importante, es una responsabilidad tremenda", expresó el magistrado, quien aclaró que va a extremar recursos para obtener resultados.
"(Todo) elemento, testigo, documento o antecedente que sea necesario al cual recurrir obviamente que así lo haré, por lo tanto si hay alguna persona que pueda declarar, va a ser importante", manifestó.
La muerte de Salvador Allende fue aceptada como un suicidio por su familia, basándose entre otras cosas en el relato del doctor Patricio Guijón, quien estuvo junto a él en La Moneda y dijo haber visto el momento del disparo.
Pese a esto, el abogado Roberto Celedón cree que es necesario investigar lo que pasó en 1973 con todas las diligencias necesarias, incluida la exhumación.
"La verdad sobre Allende no pertenece a la familia o a un grupo político, le corresponde al conjunto del pueblo chileno. Entonces hemos actuado con la convicción ciudadana de que la historia de Allende le pertenece a la sociedad chilena y de alguna manera a toda la comunidad internacional", indicó.
BBC
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