El informe de 14 páginas de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), sobre destierro en Colombia en 2010, registró una alarmante situación: cerca de 280.041 personas fueron desplazadas el año pasado en Colombia por causa del conflicto armado. Y lo más inquietante, según el reporte, es que las zonas de expulsión de desplazados coinciden con las de mayor presencia estatal a través de proyectos de seguridad militar y policial.
Al menos 91.499 de esas personas desarraigadas provienen de las regiones en donde se ha desarrollado el Plan Nacional de Consolidación Territorial, uno de los programas bandera del Gobierno, que comenzó en 2007 “con el propósito de cumplir con la consolidación de la política de Seguridad Democrática, mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva”, sostiene el documento.
Al parecer, de acuerdo con Codhes, el programa del Gobierno no ha dado grandes resultados. En 2010, por lo menos en 62 de los 86 municipios que lo integran, y se conocen como zonas CCAI (Centros de Coordinación y Atención Integral), siguen operando grupos paramilitares. A su vez, las Farc mantienen su presencia en 30 de esos municipios y el Eln en cuatro.
El reporte alerta sobre la sombría relación que existe entre el desplazamiento y el despojo de tierras en las regiones que forman parte del programa del Gobierno que plantea fortalecer la Seguridad Democrática.
Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, entre 2000 y 2010 se produjo el despojo de cerca de 6’638.195 hectáreas de tierra en Colombia por acciones violentas de grupos al margen de la ley. Y los departamentos en los que se produjo coinciden con las regiones en las que están localizadas las zonas CCAI.
El epicentro, según el informe, fueron los departamentos de Antioquia y Chocó, con un despojo de 1’852.561 hectáreas. Departamentos que están ubicados en tres zonas del programa de seguridad del Gobierno: Oriente antioqueño, bajo Cauca antioqueño y sur del Chocó.
El 26% de los territorios desterrados son de exploración y explotación minera artesanal, con inversión nacional y extranjera, y en muchos casos ilegal. Al igual que en el 16% de estos municipios que integran el programa de Gobierno existen cultivos extensivos de palma, como es la situación de San Onofre (Montes de María), Tibú (Catatumbo) y Tumaco (Nariño).
El informe, asimismo, destaca la presencia de cultivos ilícitos en estas zonas. Cruzando los datos que tiene el Sistema de Información de Monitoreo de Cultivo Ilícito (SIMCI), Codhes encontró que en 62 de los 86 municipios que integran las zonas que supuestamente ha amparado el Gobierno hay un total de 32.445 hectáreas de cultivos ilícitos, que equivalen al 48% del total de hectáreas sembradas en el país.
Igualmente, es preocupante que entre marzo de 2002 y febrero de 2011, en Colombia, han sido asesinados 44 líderes de población desplazada que tenían algún vínculo con el proceso de restitución de tierras.
Aunque hay una diferencia grande entre los datos que reportó Codhes con los de Acción Social (el registro oficial mostró sólo 86.312 personas desplazadas de 33 departamentos en 2010), los dos concuerdan, según el informe, en que las zonas de desplazamiento coinciden con las de mayor presencia de la Fuerza Pública. A la vez que en estas regiones se han fortalecido las guerrillas y han consolidado nuevos grupos paramilitares.
Para Codhes es claro también que en esas mismas zonas de desplazamiento y despojo se dinamiza la inversión extranjera y de capital nacional que mueven las locomotoras de la minería y la agricultura dedicada a los combustibles.
El panorama favorable que encontraron algunos grandes empresarios en los últimos años parece no ser el mismo que han tenido que afrontar los miles de desplazados, que viven una crisis humanitaria que se prolonga en el tiempo y se hace cada vez más compleja por los intereses que a sangre y fuego tienen los violentos. La restitución de tierras en esas condiciones podría quedar en el papel.
Redacción Judicial Elespectador.com
Al menos 91.499 de esas personas desarraigadas provienen de las regiones en donde se ha desarrollado el Plan Nacional de Consolidación Territorial, uno de los programas bandera del Gobierno, que comenzó en 2007 “con el propósito de cumplir con la consolidación de la política de Seguridad Democrática, mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva”, sostiene el documento.
Al parecer, de acuerdo con Codhes, el programa del Gobierno no ha dado grandes resultados. En 2010, por lo menos en 62 de los 86 municipios que lo integran, y se conocen como zonas CCAI (Centros de Coordinación y Atención Integral), siguen operando grupos paramilitares. A su vez, las Farc mantienen su presencia en 30 de esos municipios y el Eln en cuatro.
El reporte alerta sobre la sombría relación que existe entre el desplazamiento y el despojo de tierras en las regiones que forman parte del programa del Gobierno que plantea fortalecer la Seguridad Democrática.
Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, entre 2000 y 2010 se produjo el despojo de cerca de 6’638.195 hectáreas de tierra en Colombia por acciones violentas de grupos al margen de la ley. Y los departamentos en los que se produjo coinciden con las regiones en las que están localizadas las zonas CCAI.
El epicentro, según el informe, fueron los departamentos de Antioquia y Chocó, con un despojo de 1’852.561 hectáreas. Departamentos que están ubicados en tres zonas del programa de seguridad del Gobierno: Oriente antioqueño, bajo Cauca antioqueño y sur del Chocó.
El 26% de los territorios desterrados son de exploración y explotación minera artesanal, con inversión nacional y extranjera, y en muchos casos ilegal. Al igual que en el 16% de estos municipios que integran el programa de Gobierno existen cultivos extensivos de palma, como es la situación de San Onofre (Montes de María), Tibú (Catatumbo) y Tumaco (Nariño).
El informe, asimismo, destaca la presencia de cultivos ilícitos en estas zonas. Cruzando los datos que tiene el Sistema de Información de Monitoreo de Cultivo Ilícito (SIMCI), Codhes encontró que en 62 de los 86 municipios que integran las zonas que supuestamente ha amparado el Gobierno hay un total de 32.445 hectáreas de cultivos ilícitos, que equivalen al 48% del total de hectáreas sembradas en el país.
Igualmente, es preocupante que entre marzo de 2002 y febrero de 2011, en Colombia, han sido asesinados 44 líderes de población desplazada que tenían algún vínculo con el proceso de restitución de tierras.
Aunque hay una diferencia grande entre los datos que reportó Codhes con los de Acción Social (el registro oficial mostró sólo 86.312 personas desplazadas de 33 departamentos en 2010), los dos concuerdan, según el informe, en que las zonas de desplazamiento coinciden con las de mayor presencia de la Fuerza Pública. A la vez que en estas regiones se han fortalecido las guerrillas y han consolidado nuevos grupos paramilitares.
Para Codhes es claro también que en esas mismas zonas de desplazamiento y despojo se dinamiza la inversión extranjera y de capital nacional que mueven las locomotoras de la minería y la agricultura dedicada a los combustibles.
El panorama favorable que encontraron algunos grandes empresarios en los últimos años parece no ser el mismo que han tenido que afrontar los miles de desplazados, que viven una crisis humanitaria que se prolonga en el tiempo y se hace cada vez más compleja por los intereses que a sangre y fuego tienen los violentos. La restitución de tierras en esas condiciones podría quedar en el papel.
Redacción Judicial Elespectador.com
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