El 4 de julio de 1991 se promulgó la nueva Constitución de Colombia, un hecho que partió en dos la historia del país y marcó un nuevo rumbo en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Antonio Navarro Wolf, actual gobernador de Nariño y en ese entonces guerrillero desmovilizado del M-19, fue junto a Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado uno de los miembros del triunvirato que presidió la construcción de la nueva carta política.
Hoy, a ocho días de que se conmemoren los 20 años de la Constitución del 91, Navarro Wolff habla en El Espectador de sus conquistas, sus falencias, las reformas hechas y las que están por venir, convencido de que el nuevo marco institucional que se le dio a la nación no justifica la lucha armada; que la Carta, por sí sola, no es suficiente para cambiar la realidad y se necesita poder político para ello, poder que muchas veces ha sido mal utilizado, incluso por la izquierda que él representa.
Veinte años después de promulgada la Constitución de 1991, ¿cuál fue el legado que le dejó al país?
El país cambió mucho. Priorizó el que las instituciones son para los ciudadanos y no para el poder, con instrumentos como la carta de derechos, la Corte Constitucional y la tutela. Un cambio filosófico que tiene que ver con la vida práctica de los colombianos. El ejercicio de la política también cambió. Antes de 1991, fuera de los partidos Liberal y Conservador, no había salvación. Nadie en 150 años pudo ser presidente fuera de éstos. La Constitución abrió la política para los movimientos cívicos, los grupos significativos de ciudadanos y aquellos que quisieran y pudieran conseguir apoyo popular. Antes vivíamos en estado de sitio permanente. Hoy no hay presidente que pueda abusar de los estados de excepción. La independencia de las ramas del poder público ha dado resultados como la prohibición de la tercera elección de Uribe o el juicio a decenas de congresistas. Se generó también un respeto y reconocimiento a las minorías, estableciéndose una democracia mucho más moderna.
¿Por qué si la Constitución del 91 se erigió como una carta de paz, no se ha podido llegar a ella?
Hay quienes dicen: la paz es una materia que no se cumplió. Pero es que con la Constituyente no sólo se desmovilizaron tres organizaciones guerrilleras sino que se estableció un marco institucional que hace que hoy no tenga ni sentido histórico ni justificación el alzamiento armado. Esa es una contribución para la paz que no se ha valorado.
Parece que las Farc no lo entienden así…
Hay problemas que explican que sigue habiendo lucha armada y creo que el más importante de todos es la existencia de un millón de familias pobres en zonas marginales. Allá es donde están los cultivos ilícitos y los grupos armados. Si no hacemos una política para incorporar esas familias a la vida digna y al desarrollo, vamos a seguir teniendo una debilidad que permite la supervivencia de la lucha armada. Pero definitivamente con la Constitución del 91, con las instituciones que tenemos, no hay ninguna razón para la lucha armada. Las Farc deberían entregar las armas, incorporarse a la sociedad y dejar de ser los jefes de campaña de la derecha.
¿Qué piensa de los remiendos que se le han hecho a la Carta en estos 20 años? ¿Asistimos a su desmonte?
Se le han hecho 30 reformas, la mayoría inocuas. La más negativa, en mi criterio, es el debilitamiento de las transferencias a las entidades territoriales. Nosotros dijimos: la descentralización tiene que ser con recursos, pero hubo dos reformas que limitaron eso. La otra que no me gusta es la reelección inmediata del presidente porque permite hacer campaña desde la silla presidencial y eso lleva a abusos del poder.
¿Debería tramitarse una nueva reforma para eliminar la reelección?
Yo preferiría que fuera como la de los alcaldes y gobernadores, es decir, no consecutiva.
¿La reelección de Uribe rompió el equilibrio de poderes?
Lo debilitó, pero no tanto, gracias al diseño, por ejemplo, de conformación de la Corte Constitucional. Ese diseño ha demostrado ser un acierto. Pese a haber tenido ocho años el poder, Uribe no fue capaz de lograr que la Corte aceptara un tercer período.
De esos 30 cambios que se le han hecho a la Constitución, ¿hay alguno bueno?
Sin duda, por ejemplo, la reforma para organizar los partidos, porque si bien se acabó con el bipartidismo, eran tan laxos los mecanismos para crearlos que llegamos a tener como 80. Y una democracia con ese número de partidos no sería coherente.
¿Es acertado acabar con las inhabilidades de los congresistas para votar reformas constitucionales?
Es un riesgo. Hay evidentemente elementos en la Constitución que los favorecen directamente. Le pongo un caso: la doble instancia para reemplazar el juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia. Se necesita, por supuesto, la doble instancia, pero dejar el diseño en manos del Congreso puede terminar beneficiando a senadores y representantes. Allí habría un elemento de inhabilidad. Ahora, para decirlo en una frase, creo que la Constitución, 20 años después, sigue tan campante que demuestra que fue hecha con espíritu de generosidad, en la búsqueda del acierto y con cosas que salieron bien y otras que, naturalmente, hay que corregir.
¿Qué no salió bien?
El diseño de las contralorías. Eso no está funcionando porque se hace una alianza entre un alcalde y unos concejales, y se nombra un contralor que termina por no controlar a nadie. Parte de los problemas que estamos viendo hoy es por la debilidad de los órganos de control contra la corrupción.
La gran queja de hoy es que le faltó desarrollo al tema de la justicia, que hoy no opera. ¿Qué faltó?
Sí opera y mucho más que en aquel tiempo, pero a veces se nos olvidan las cosas. Escuchaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia diciendo que se necesitaban muchos más jueces, lo cual es probable, pero es que no recordamos cómo eran los despachos judiciales en 1990: unas casas viejas con cientos de expedientes, unos encima de otros, y unos funcionarios trabajando con las uñas. El esfuerzo que se hizo para modernizar la justicia, para dotarla de instrumentos y de espacios adecuados, fue grande. En aquella época teníamos a los jueces arrodillados ante el cartel de Medellín. Con la Constitución se logró recuperar la posibilidad de juzgar a los carteles y a los delincuentes organizados. Aunque siempre van a faltar cosas, la justicia que tenemos hoy es más moderna y eficaz que la de hace 20 años.
Y quizá también más politizada…
La politización está en el Consejo Superior de la Judicatura. Eso ha funcionado bastante mal. Se volvió una cuota de los congresistas, bajándole la calidad a un cuerpo que tiene que jugar un papel clave en la autonomía de la Rama Judicial. Hoy se está hablando de una reforma a ese ente, la cual tiene toda la razón.
Hay quienes dicen que la única manera de reformar a la justicia es a través de una constituyente, ¿es viable?
Creo que es tan excepcional el momento de la Constituyente de 1991, que no debemos hacer como el aprendiz de hechicería y volver a tratar de hacer el conjuro para repetir ese momento. No es fácil hacer mejoras a la Carta con nuevas constituyentes. El momento no es de pensamiento de avanzada sino de retroceso. Yo soy amigo de que hagamos las reformas que se necesiten por las vías establecidas y dejemos eso de una constituyente quizá para más adelante.
¿Cree que fue un error que los constituyentes quedaran inhabilitados para ser congresistas después de la Constituyente?
Al contrario, fue un acierto. El error fue no haber obligado a listas únicas por partido. Si hubiéramos tenido una elección a Congreso en 1991 con listas únicas, otro hubiera sido el resultado y hubiéramos resuelto el lío del clientelismo, uno de los más graves problemas de la política colombiana, esa relación personal entre elegido y electores a cambio de favores.
Si bien la tutela fue un gran avance, ¿no cree que falta desarrollar otros mecanismos de participación, como la revocatoria del mandato y otras herramientas que hoy no se aplican?
La democracia participativa, que era una gran ganancia en ese momento, poco se ha usado y diría que está sin estrenar, pero allí está y puede ser aplicada.
Lo que la carta dejó para desarrollar
Una concepción que existe es que la Constitución dejó muchos puntos en veremos, mucho por desarrollar...
Así es y, por ejemplo, el estatuto del trabajo no se ha expedido por la vigencia del pensamiento neoliberal. Lo que pasa es que hay unos que creen que la Constitución por sí sola es capaz de cambiar la realidad, cuando lo que establece es un marco de cambios que lo que necesita es poder político que los ejecute, los desarrolle y los implemente. Ese poder ha funcionado en ciertos temas y en otros no. La Constitución sola no puede hacer milagros. El voto popular, las condiciones que llevan a elegir los poderes reales del Estado es lo fundamental. Quienes desde la izquierda critican a la Constitución porque permitió espacios para el neoliberalismo, le están echando la culpa al sofá. ¿Quién tiene la culpa de la crisis en el Polo Democrático o en el Partido Verde? ¿La Constitución? No, la tienen los integrantes de esos dos partidos.
HUGO GARCÍA SEGURA Elespectador.com
Hoy, a ocho días de que se conmemoren los 20 años de la Constitución del 91, Navarro Wolff habla en El Espectador de sus conquistas, sus falencias, las reformas hechas y las que están por venir, convencido de que el nuevo marco institucional que se le dio a la nación no justifica la lucha armada; que la Carta, por sí sola, no es suficiente para cambiar la realidad y se necesita poder político para ello, poder que muchas veces ha sido mal utilizado, incluso por la izquierda que él representa.
Veinte años después de promulgada la Constitución de 1991, ¿cuál fue el legado que le dejó al país?
El país cambió mucho. Priorizó el que las instituciones son para los ciudadanos y no para el poder, con instrumentos como la carta de derechos, la Corte Constitucional y la tutela. Un cambio filosófico que tiene que ver con la vida práctica de los colombianos. El ejercicio de la política también cambió. Antes de 1991, fuera de los partidos Liberal y Conservador, no había salvación. Nadie en 150 años pudo ser presidente fuera de éstos. La Constitución abrió la política para los movimientos cívicos, los grupos significativos de ciudadanos y aquellos que quisieran y pudieran conseguir apoyo popular. Antes vivíamos en estado de sitio permanente. Hoy no hay presidente que pueda abusar de los estados de excepción. La independencia de las ramas del poder público ha dado resultados como la prohibición de la tercera elección de Uribe o el juicio a decenas de congresistas. Se generó también un respeto y reconocimiento a las minorías, estableciéndose una democracia mucho más moderna.
¿Por qué si la Constitución del 91 se erigió como una carta de paz, no se ha podido llegar a ella?
Hay quienes dicen: la paz es una materia que no se cumplió. Pero es que con la Constituyente no sólo se desmovilizaron tres organizaciones guerrilleras sino que se estableció un marco institucional que hace que hoy no tenga ni sentido histórico ni justificación el alzamiento armado. Esa es una contribución para la paz que no se ha valorado.
Parece que las Farc no lo entienden así…
Hay problemas que explican que sigue habiendo lucha armada y creo que el más importante de todos es la existencia de un millón de familias pobres en zonas marginales. Allá es donde están los cultivos ilícitos y los grupos armados. Si no hacemos una política para incorporar esas familias a la vida digna y al desarrollo, vamos a seguir teniendo una debilidad que permite la supervivencia de la lucha armada. Pero definitivamente con la Constitución del 91, con las instituciones que tenemos, no hay ninguna razón para la lucha armada. Las Farc deberían entregar las armas, incorporarse a la sociedad y dejar de ser los jefes de campaña de la derecha.
¿Qué piensa de los remiendos que se le han hecho a la Carta en estos 20 años? ¿Asistimos a su desmonte?
Se le han hecho 30 reformas, la mayoría inocuas. La más negativa, en mi criterio, es el debilitamiento de las transferencias a las entidades territoriales. Nosotros dijimos: la descentralización tiene que ser con recursos, pero hubo dos reformas que limitaron eso. La otra que no me gusta es la reelección inmediata del presidente porque permite hacer campaña desde la silla presidencial y eso lleva a abusos del poder.
¿Debería tramitarse una nueva reforma para eliminar la reelección?
Yo preferiría que fuera como la de los alcaldes y gobernadores, es decir, no consecutiva.
¿La reelección de Uribe rompió el equilibrio de poderes?
Lo debilitó, pero no tanto, gracias al diseño, por ejemplo, de conformación de la Corte Constitucional. Ese diseño ha demostrado ser un acierto. Pese a haber tenido ocho años el poder, Uribe no fue capaz de lograr que la Corte aceptara un tercer período.
De esos 30 cambios que se le han hecho a la Constitución, ¿hay alguno bueno?
Sin duda, por ejemplo, la reforma para organizar los partidos, porque si bien se acabó con el bipartidismo, eran tan laxos los mecanismos para crearlos que llegamos a tener como 80. Y una democracia con ese número de partidos no sería coherente.
¿Es acertado acabar con las inhabilidades de los congresistas para votar reformas constitucionales?
Es un riesgo. Hay evidentemente elementos en la Constitución que los favorecen directamente. Le pongo un caso: la doble instancia para reemplazar el juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia. Se necesita, por supuesto, la doble instancia, pero dejar el diseño en manos del Congreso puede terminar beneficiando a senadores y representantes. Allí habría un elemento de inhabilidad. Ahora, para decirlo en una frase, creo que la Constitución, 20 años después, sigue tan campante que demuestra que fue hecha con espíritu de generosidad, en la búsqueda del acierto y con cosas que salieron bien y otras que, naturalmente, hay que corregir.
¿Qué no salió bien?
El diseño de las contralorías. Eso no está funcionando porque se hace una alianza entre un alcalde y unos concejales, y se nombra un contralor que termina por no controlar a nadie. Parte de los problemas que estamos viendo hoy es por la debilidad de los órganos de control contra la corrupción.
La gran queja de hoy es que le faltó desarrollo al tema de la justicia, que hoy no opera. ¿Qué faltó?
Sí opera y mucho más que en aquel tiempo, pero a veces se nos olvidan las cosas. Escuchaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia diciendo que se necesitaban muchos más jueces, lo cual es probable, pero es que no recordamos cómo eran los despachos judiciales en 1990: unas casas viejas con cientos de expedientes, unos encima de otros, y unos funcionarios trabajando con las uñas. El esfuerzo que se hizo para modernizar la justicia, para dotarla de instrumentos y de espacios adecuados, fue grande. En aquella época teníamos a los jueces arrodillados ante el cartel de Medellín. Con la Constitución se logró recuperar la posibilidad de juzgar a los carteles y a los delincuentes organizados. Aunque siempre van a faltar cosas, la justicia que tenemos hoy es más moderna y eficaz que la de hace 20 años.
Y quizá también más politizada…
La politización está en el Consejo Superior de la Judicatura. Eso ha funcionado bastante mal. Se volvió una cuota de los congresistas, bajándole la calidad a un cuerpo que tiene que jugar un papel clave en la autonomía de la Rama Judicial. Hoy se está hablando de una reforma a ese ente, la cual tiene toda la razón.
Hay quienes dicen que la única manera de reformar a la justicia es a través de una constituyente, ¿es viable?
Creo que es tan excepcional el momento de la Constituyente de 1991, que no debemos hacer como el aprendiz de hechicería y volver a tratar de hacer el conjuro para repetir ese momento. No es fácil hacer mejoras a la Carta con nuevas constituyentes. El momento no es de pensamiento de avanzada sino de retroceso. Yo soy amigo de que hagamos las reformas que se necesiten por las vías establecidas y dejemos eso de una constituyente quizá para más adelante.
¿Cree que fue un error que los constituyentes quedaran inhabilitados para ser congresistas después de la Constituyente?
Al contrario, fue un acierto. El error fue no haber obligado a listas únicas por partido. Si hubiéramos tenido una elección a Congreso en 1991 con listas únicas, otro hubiera sido el resultado y hubiéramos resuelto el lío del clientelismo, uno de los más graves problemas de la política colombiana, esa relación personal entre elegido y electores a cambio de favores.
Si bien la tutela fue un gran avance, ¿no cree que falta desarrollar otros mecanismos de participación, como la revocatoria del mandato y otras herramientas que hoy no se aplican?
La democracia participativa, que era una gran ganancia en ese momento, poco se ha usado y diría que está sin estrenar, pero allí está y puede ser aplicada.
Lo que la carta dejó para desarrollar
Una concepción que existe es que la Constitución dejó muchos puntos en veremos, mucho por desarrollar...
Así es y, por ejemplo, el estatuto del trabajo no se ha expedido por la vigencia del pensamiento neoliberal. Lo que pasa es que hay unos que creen que la Constitución por sí sola es capaz de cambiar la realidad, cuando lo que establece es un marco de cambios que lo que necesita es poder político que los ejecute, los desarrolle y los implemente. Ese poder ha funcionado en ciertos temas y en otros no. La Constitución sola no puede hacer milagros. El voto popular, las condiciones que llevan a elegir los poderes reales del Estado es lo fundamental. Quienes desde la izquierda critican a la Constitución porque permitió espacios para el neoliberalismo, le están echando la culpa al sofá. ¿Quién tiene la culpa de la crisis en el Polo Democrático o en el Partido Verde? ¿La Constitución? No, la tienen los integrantes de esos dos partidos.
HUGO GARCÍA SEGURA Elespectador.com
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