En el lugar señalado por los pobladores ni el pasto crecía, como si la naturaleza se negara al olvido y anunciara lo que los responsables del cementerio nunca dijeron: que allí, cubiertos con piedras de río, se encontraban 42 cadáveres sin identificar, sin flores y sin nombres, sin señales para quien los quiera ir a llorar. Fue el pasado 25 de agosto, durante un debate sobre la crisis humanitaria en los Llanos Orientales, que el representante a la Cámara Iván Cepeda, del Polo Democrático, advirtió sobre ese asunto.
Por ese entonces, se hablaba también de “la mayor fosa común” de Latinoamérica en la zona de La Macarena y de otro cementerio de N.N. en Vistahermosa. Las organizaciones de Derechos Humanos decían que se podría tratar de “falsos positivos”. El ministro Rodrigo Rivera hizo una férrea defensa de las Fuerzas Militares y afirmó que el Gobierno ofrecería todas las garantías para investigar las denuncias sobre cadáveres sin identificar en Meta y Guaviare.
El martes pasado, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía halló una “tumba colectiva” con 42 N.N. en el cementerio La Resurrección, en Granada. Allí también se establecieron unas bóvedas con 24 N.N. más, es decir, que se espera exhumar 66 cadáveres sin identificar, de los cuales 25 pertenecen a menores de edad. La cifra total de N.N. en La Resurrección es de 412. Hasta ahora, la explicación más común dice que se trata de muertos en combates entre el Ejército y las Farc, ocurridos en las zonas de Puerto Lleras y Puerto Rico en 1999.
La información provino de pobladores del municipio, quienes habían advertido que en el lugar, sin ningún tipo de señalización, había una fosa común. Un equipo de asesores del representante Iván Cepeda, así como investigadores del Cinep y otras organizaciones de Derechos Humanos, también lo habían denunciado. Por eso la Fiscalía tomó cartas en el asunto y hoy ratifica la existencia de lo que ellos denominan una “tumba colectiva”, pues los cadáveres enterrados tuvieron las diligencias legales que corresponden a su levantamiento.
“El Ejército y el CTI traen todo acá. Desde que yo estoy hace tres años, han traído entre 50 y 60 N.N.”, contó a El Espectador el sepulturero de La Resurrección. A su vez, el comandante de la VII Brigada del Ejército, general Jairo Salguero, también dio su versión: “El Ejercito contrarrestó la acción de los bandidos que se tomaron los pueblos hace más de diez años. Los cadáveres fueron legalizados según las normas y nosotros tenemos el croquis que demuestra que el lugar donde fueron enterrados estaba identificado”, señaló.
Para Cepeda, la aparición de esta tumba colectiva demuestra que tanto el Polo Democrático como las organizaciones de Derechos Humanos tenían razón cuando señalaron la existencia de una crisis humanitaria en los Llanos Orientales: “Esto podría llevar a Colombia a tener plena conciencia de la inutilidad de la guerra, a la necesidad de buscar una salida política a este conflicto armado”, afirmó el representante.
Por su parte, el sacerdote jesuita Javier Giraldo señaló que el hecho de que no hubiera ninguna señalización en la tumba expresa una intención de ocultar los cuerpos: “Lo que estamos viendo es sólo la punta del iceberg de un fenómeno de enormes dimensiones en Colombia, que es la sepultura anónima de víctimas, algunas de combatientes reales y otros falsos. No descartamos que entre los cuerpos encontrados existan casos de falsos positivos”, sentenció Giraldo.
El reporte de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía sobre el censo nacional de N.N. arrojó que al 15 de diciembre la cuenta llega a 11.403 cuerpos sin identificar, información que ha sido brindada por 302 municipios, de los 1.103 que tiene el país. Palabras más, palabras menos, todo indica que el tema de los N.N. en Colombia apenas comienza y que seguramente de ello se desprenderá una parte de la memoria que permanece oculta.
Alfredo Molano Jimeno / Enviado especial, Granada EL ESPECTADOR
Por ese entonces, se hablaba también de “la mayor fosa común” de Latinoamérica en la zona de La Macarena y de otro cementerio de N.N. en Vistahermosa. Las organizaciones de Derechos Humanos decían que se podría tratar de “falsos positivos”. El ministro Rodrigo Rivera hizo una férrea defensa de las Fuerzas Militares y afirmó que el Gobierno ofrecería todas las garantías para investigar las denuncias sobre cadáveres sin identificar en Meta y Guaviare.
El martes pasado, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía halló una “tumba colectiva” con 42 N.N. en el cementerio La Resurrección, en Granada. Allí también se establecieron unas bóvedas con 24 N.N. más, es decir, que se espera exhumar 66 cadáveres sin identificar, de los cuales 25 pertenecen a menores de edad. La cifra total de N.N. en La Resurrección es de 412. Hasta ahora, la explicación más común dice que se trata de muertos en combates entre el Ejército y las Farc, ocurridos en las zonas de Puerto Lleras y Puerto Rico en 1999.
La información provino de pobladores del municipio, quienes habían advertido que en el lugar, sin ningún tipo de señalización, había una fosa común. Un equipo de asesores del representante Iván Cepeda, así como investigadores del Cinep y otras organizaciones de Derechos Humanos, también lo habían denunciado. Por eso la Fiscalía tomó cartas en el asunto y hoy ratifica la existencia de lo que ellos denominan una “tumba colectiva”, pues los cadáveres enterrados tuvieron las diligencias legales que corresponden a su levantamiento.
“El Ejército y el CTI traen todo acá. Desde que yo estoy hace tres años, han traído entre 50 y 60 N.N.”, contó a El Espectador el sepulturero de La Resurrección. A su vez, el comandante de la VII Brigada del Ejército, general Jairo Salguero, también dio su versión: “El Ejercito contrarrestó la acción de los bandidos que se tomaron los pueblos hace más de diez años. Los cadáveres fueron legalizados según las normas y nosotros tenemos el croquis que demuestra que el lugar donde fueron enterrados estaba identificado”, señaló.
Para Cepeda, la aparición de esta tumba colectiva demuestra que tanto el Polo Democrático como las organizaciones de Derechos Humanos tenían razón cuando señalaron la existencia de una crisis humanitaria en los Llanos Orientales: “Esto podría llevar a Colombia a tener plena conciencia de la inutilidad de la guerra, a la necesidad de buscar una salida política a este conflicto armado”, afirmó el representante.
Por su parte, el sacerdote jesuita Javier Giraldo señaló que el hecho de que no hubiera ninguna señalización en la tumba expresa una intención de ocultar los cuerpos: “Lo que estamos viendo es sólo la punta del iceberg de un fenómeno de enormes dimensiones en Colombia, que es la sepultura anónima de víctimas, algunas de combatientes reales y otros falsos. No descartamos que entre los cuerpos encontrados existan casos de falsos positivos”, sentenció Giraldo.
El reporte de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía sobre el censo nacional de N.N. arrojó que al 15 de diciembre la cuenta llega a 11.403 cuerpos sin identificar, información que ha sido brindada por 302 municipios, de los 1.103 que tiene el país. Palabras más, palabras menos, todo indica que el tema de los N.N. en Colombia apenas comienza y que seguramente de ello se desprenderá una parte de la memoria que permanece oculta.
Alfredo Molano Jimeno / Enviado especial, Granada EL ESPECTADOR
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