Observadores nacionales e internacionales coinciden en el rearme de grupos paramilitares.
La apuesta por la paz del país que hizo el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe con la desmovilización de paramilitares "ha hecho agua por donde usted mire". Al menos así lo considera Ariel Fernando Ávila Martínez, coordinador del Observatorio de la Corporación Nuevo Arco Iris.
"Ha sido un rotundo fracaso en todos los aspectos. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación, no hay una política de desmovilización para los mandos medios, muchas de las estructuras y muchos se han rearmado, es decir, en esencia no ha dado ningún resultado", enfatizó Ávila Martínez.
En el tercer informe del Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) y la Ley de Justicia y Paz del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) se ratifica la apreciación de Arco Iris.
Según CITpax, que le ha hecho seguimiento al proceso de Justicia y Paz, la reorganización de las estructuras armadas ilegales se dio a través de "segundos o terceros mandos de antiguos bloques o frentes de las Auc", así como de familiares de ex jefes paramilitares extraditados o capturados.
Los desmovilizados rasos tampoco están exentos de la 'tentación' de volver a armarse.
Para Ariel Ávila el problema es estructural. Aunque admite que "hay muchos que no han delinquido, que no están en la ilegalidad, para ellos no hay una salida, ese programa psicosocial es una burla, no les atiende nada. La sociedad tampoco los ha aceptado, es muy difícil que consigan un trabajo, con familias de tres o cuatro hijos, llegan hasta a aguantar hambre", dijo Ávila Martínez.
"Si estudiamos y vamos al programa psicosocial, el Gobierno nos paga 380.000 pesos mensuales", contó un desmovilizado, que sabe que con ese dinero no sostiene a su familia, y por eso gestionó para acceder a un proyecto productivo.
El curso de sistemas que hizo en el SENA lo habilitó para recibir cinco millones de pesos con los que montó un café Internet con el que busca salir adelante.
Pero otros han preferido, o los han obligado a retornar a los grupos armados, dice el desmovilizado mientras mira con desconfianza a su alrededor, aún temeroso de la guerra.
Según la Policía Meta, en el 2009 asesinaron a nueve desmovilizados en este departamento, dos de ellos reinsertados de las Farc. Y en lo corrido de este año han matado a cuatro ex 'paras'.
Desarme, un reto para el Estado
El proyecto de Ley que discute en este momento el Congreso de la República para sacar del limbo jurídico a los desmovilizados tiene aspectos a favor y en contra.
"Es una manera de fomentar la permanencia en el programa de reinserción de los desmovilizados que están haciendo la tarea", dijo David Turizo, asesor de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Pero también admite que en caso de aprobarse, como se prevé, será un reto para el Estado.
"No hay capacidad de las instituciones para procesar todas las órdenes de captura que se vendrían encima, ni las cárceles tienen capacidad para albergar a tanta gente", advirtió Turizo.
El problema más grave tendrá que afrontarlo la Fiscalía, y algunos se preguntan cómo va a hacer para que cerca de 29.000 desmovilizados rindan versión.
"De los 32.000 paramilitares desmovilizados, el Gobierno ha postulado a cerca de 3.400, y de esos sólo están en versión libre cerca de 200", precisó Ariel Ávila, de Arco Iris.
Para David Turizo, "ningún proceso de paz se firma para irse a la cárcel"; no obstante, piensa que el proyecto de Ley, pese a sus dificultades, "es pertinente y tiene viabilidad".
El hecho de crear un mecanismo que facilite conocer la verdad "real y no sólo la jurídica, es un mecanismo de reparación a las víctimas", dijo Turizo.
La apuesta por la paz del país que hizo el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe con la desmovilización de paramilitares "ha hecho agua por donde usted mire". Al menos así lo considera Ariel Fernando Ávila Martínez, coordinador del Observatorio de la Corporación Nuevo Arco Iris.
"Ha sido un rotundo fracaso en todos los aspectos. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación, no hay una política de desmovilización para los mandos medios, muchas de las estructuras y muchos se han rearmado, es decir, en esencia no ha dado ningún resultado", enfatizó Ávila Martínez.
En el tercer informe del Observatorio Internacional sobre el proceso de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) y la Ley de Justicia y Paz del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) se ratifica la apreciación de Arco Iris.
Según CITpax, que le ha hecho seguimiento al proceso de Justicia y Paz, la reorganización de las estructuras armadas ilegales se dio a través de "segundos o terceros mandos de antiguos bloques o frentes de las Auc", así como de familiares de ex jefes paramilitares extraditados o capturados.
Los desmovilizados rasos tampoco están exentos de la 'tentación' de volver a armarse.
Para Ariel Ávila el problema es estructural. Aunque admite que "hay muchos que no han delinquido, que no están en la ilegalidad, para ellos no hay una salida, ese programa psicosocial es una burla, no les atiende nada. La sociedad tampoco los ha aceptado, es muy difícil que consigan un trabajo, con familias de tres o cuatro hijos, llegan hasta a aguantar hambre", dijo Ávila Martínez.
"Si estudiamos y vamos al programa psicosocial, el Gobierno nos paga 380.000 pesos mensuales", contó un desmovilizado, que sabe que con ese dinero no sostiene a su familia, y por eso gestionó para acceder a un proyecto productivo.
El curso de sistemas que hizo en el SENA lo habilitó para recibir cinco millones de pesos con los que montó un café Internet con el que busca salir adelante.
Pero otros han preferido, o los han obligado a retornar a los grupos armados, dice el desmovilizado mientras mira con desconfianza a su alrededor, aún temeroso de la guerra.
Según la Policía Meta, en el 2009 asesinaron a nueve desmovilizados en este departamento, dos de ellos reinsertados de las Farc. Y en lo corrido de este año han matado a cuatro ex 'paras'.
Desarme, un reto para el Estado
El proyecto de Ley que discute en este momento el Congreso de la República para sacar del limbo jurídico a los desmovilizados tiene aspectos a favor y en contra.
"Es una manera de fomentar la permanencia en el programa de reinserción de los desmovilizados que están haciendo la tarea", dijo David Turizo, asesor de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Pero también admite que en caso de aprobarse, como se prevé, será un reto para el Estado.
"No hay capacidad de las instituciones para procesar todas las órdenes de captura que se vendrían encima, ni las cárceles tienen capacidad para albergar a tanta gente", advirtió Turizo.
El problema más grave tendrá que afrontarlo la Fiscalía, y algunos se preguntan cómo va a hacer para que cerca de 29.000 desmovilizados rindan versión.
"De los 32.000 paramilitares desmovilizados, el Gobierno ha postulado a cerca de 3.400, y de esos sólo están en versión libre cerca de 200", precisó Ariel Ávila, de Arco Iris.
Para David Turizo, "ningún proceso de paz se firma para irse a la cárcel"; no obstante, piensa que el proyecto de Ley, pese a sus dificultades, "es pertinente y tiene viabilidad".
El hecho de crear un mecanismo que facilite conocer la verdad "real y no sólo la jurídica, es un mecanismo de reparación a las víctimas", dijo Turizo.
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